El lunes 22 de mayo, plazo límite para el pago de las contraprestaciones, el IFT informó que la empresa Tecnoradio no pagó los 288 millones de pesos de contraprestación por las 37 frecuencias. Tampoco pagaron otras compañías menores como Torres Corporativo Radio, Centrado Corporativo Radio y Detochomorocho Producciones. El caso más significativo es el de Tecnoradio porque representa más del 20% del monto total de la licitación.
Tecnoradio constituye una muestra de las trampas y simulaciones que existen en el mundo de las concesiones de radio y televisión, y el papel cómplice de autoridades como la SCT.
Tras un escándalo que se ventiló entre los viejos concesionarios de radio, la licitación a favor de Tecnoradio abrió serias dudas sobre la participación de personajes vinculados al vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y dejó varias pistas sobre el grupo Radiorama, uno de los más grandes corporativos radiofónicos, como uno de los posibles beneficiarios de esta nueva subasta de estaciones AM y FM.
La licitación del IFT permitió a los “nuevos jugadores entrantes” tener un descuento de hasta el 15% en el valor del espectro. Tecnoradio se valió de esta cláusula para apostarle por las señales más valiosas en términos de mercado.
Tecnoradio resultó que no era ningún jugador nuevo ni estaba desvinculado a la red de poder. Como principal accionista y director se registró Alí Eduardo Bañuelos, quien está casado con Viviana Toscano, sobrina de Javier Pérez de Anda, propietario de Radiorama.
Estos vínculos los dio a conocer Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa y con información privilegiada sobre la red familiar en el mundo de los concesionarios de la radio. En su cuenta de Twitter, Tejado Dondé afirmó que era “de esperarse” el incumplimiento de Tecnoradio. “Optaron por perder 41 millones de pesos en garantía que los 288 millones de pesos que hubieran pagado por frecuencias por esconder grupo de interés económico”.
“Falta ver qué hace la autoridad por violar la Ley de Competencia y las Bases de Licitación”, afirmó Tejado Dondé.
Los otros especialistas en el sector han señalado que Tecnoradio prácticamente trampeó las bases de licitación y se aprovechó de las lagunas y de la actuación de las autoridades para colarse en una licitación tan importante.
La primera entidad en lavarse las manos fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabezada por Gerardo Ruiz Esparza. Irene Levy, directora de Observatel y abogada especialista en el sector, recordó que la SCT es responsable de aportarle al IFT “información que únicamente puede proporcionar el Ejecutivo federal sobre cuestiones de seguridad o a efecto de verificar la idoneidad de los inversionistas y/o su capacidad económica o cualquier otro aspecto de índole legal”.
Sin embargo, la SCT, como es su costumbre, emitió un comunicado para deslindarse de cualquier responsabilidad en el “conflicto de interés” de Tecnoradio porque la dependencia “no tiene facultad legal de avalar o prohibir la participación de empresas en licitación alguna”.
Así lo tuiteó el propio Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, funcionario que ha estado involucrado en más de un conflicto de interés por escándalos como OHL o Grupo Higa.
Irene Levy le recordó a Ruiz Esparza que algo debía saber de los ejecutivos de Tecnoradio, ya que Alí Eduardo Bañuelos aparece también como director general de Polaroid en la empresa Diamonds Electronics, una de las grandes beneficiarias de la multimillonaria compra de televisiones digitales, con sobreprecios escandalosos, que operó…ni más ni menos que la SCT de Ruiz Esparza.
Todo huele mal en torno a Tecnoradio. Los datos originales de la creación de la empresa involucraban a dos exfuncionarios federales, Carlos Lara Sumano y Alfonso Amilpa, cercanos al actual vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, quien antes ya había trabajado con concesionarios de radio como asesor jurídico.
Presuntamente, antes de la licitación, Lara Sumano y Amilpa renunciaron a sus derechos como accionistas de Tecnoradio, junto con Héctor Zires Catano, Cenopio Amilpas Godínez y Víctor Carrera Mejías. Todo el cambio de propietarios y accionistas es tan opaco y oscuro como la misma propiedad de Tecnoradio.
El hecho fundamental es que la SCT simplemente se lavó las manos de cualquier responsabilidad y el IFT afirmó, como si fuera un mero trámite más, que de las 56 frecuencias sin pago (37 que se le habían asignado a Tecnoradio), 25 se podrán asignar con una postura válida y 31 “podrán incluirse en la próxima licitación de frecuencias de radio (Licitación No. IFT-8) cuyo proceso de opinión pública se prevé dé inicio en diciembre de este año”.
¿No habrá ninguna sanción por violar la ley de competencia y las bases de licitación? ¿Este episodio de Tecnoradio no estará encubriendo a los verdaderos beneficiarios de la gran subasta de radio? ¿Está detrás Eduardo Sánchez en el negocio de las nuevas frecuencias de radio como salvoconducto transexenal?