Por
Jesusa Cervantes
 |
Brindis Álvarez y su esposo. Foto: Especial
|
Como
antes, como siempre, las enormes sumas de dinero que implican las
operaciones de Pemex son objeto de todo tipo de maniobras sucias para
favorecer a empresas “amigas”, a compañeros de partido o a familiares de
funcionarios. Es el caso de la renta de la plataforma Strategic
Excellence, denunciado por la diputada Rocío Nahle, que ha generado, por
un lado, la acostumbrada operación para encubrir la ilegalidad y, por
el otro, un intento institucional por aclarar si se cometió un delito y
quiénes son los responsables.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Rosario Brindis Álvarez, la titular de la Unidad de Enlace Legislativo
de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusada de gestionar y facilitar el
proceso de adjudicación directa para que una empresa representada por su
cónyuge se quedara con un contrato de 567.5 millones de pesos, no es la
única señalada como probable integrante de una red de corrupción.
Desde
el 17 de febrero pasado la Secretaría de la Función Pública (SFP)
indaga a otros altos funcionarios de Pemex Exploración y Producción
(PEP) y, conforme avancen las indagatorias, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) tendría que explicar por qué, pese a
que el millonario contrato venció en diciembre pasado, la plataforma
rentada aún está en aguas nacionales.
Ese semanario reveló cómo se
orquestó la operación y presentó 15 documentos oficiales que muestran a
detalle cómo se configuró un procedimiento a modo que pasó de ser una
licitación internacional a una adjudicación directa del millonario
contrato (Proceso 2113).
Quien denunció el caso ante la SFP dijo a
la reportera que es muy probable que Pemex haya realizado una
“extensión” del contrato ilegal. Incluso, sostuvo, es común que se haga
eso con el argumento de que lanzar una nueva licitación retrasaría los
trabajos de la empresa.
El caso, denunciado ante la SFP el pasado 9
de febrero, llegó al Poder Legislativo el 3 de mayo, cuando la diputada
Rocío Nahle, de Morena, pidió la intervención de la Procuraduría
General de la República (PGR), la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) y del director de Pemex, este último para que suspendiera a
Brindis Álvarez mientras se realiza la indagatoria.
Dos semanas
después, el PRI, el PVEM y el PAN diluyeron la demanda, de la que sólo
quedó una simple petición a la SFP para que informe sobre el progreso de
la indagatoria.
Entre tanto, Pemex paseó a legisladores por
algunas plataformas marinas. Contra toda costumbre, incluso acudieron a
esas visitas el repartidor de hidrocarburos y dinero a los estados, Luis
Alberto Martínez Bravo, gerente de Desarrollo Social de la petrolera;
René Curiel Obscura, jefe de la oficina del director de Pemex y su
máximo representante, así como la propia Rosario Brindis Álvarez.
La
principal invitada era la denunciante del posible tráfico de
influencias, la diputada Rocío Nahle, quien primero aceptó pero
finalmente no acudió porque, como comentó a Proceso, “sería
incongruente, ya que estoy acusando a Brindis Álvarez de corrupción”.
A
pesar de los acuerdos entre el PRI, el PAN y el PVEM, no pudieron
evitar que la ASF asumiera la tarea de investigar el caso, según la
documentación que obtuvo este semanario.
Nuevas irregularidades
Antes
de que se lanzara la licitación internacional del “paquete K” de
Pemex-PEP y que finalmente fue “adjudicación directa”, Alberto Ríos
Treviño (esposo de Brindis Álvarez) conocía con detalle las necesidades
de Pemex.
Así consta en el oficio del 27 de noviembre de 2014 que
envió al subdirector de Mantenimiento y Logística de Exploración y
Producción, José Guadalupe de la Garza Saldívar, donde le habla de “la
disponibilidad” de dos plataformas por parte del consorcio de empresas
que representa, una de las cuales sería beneficiada con la adjudicada
directa: Strategic Excellence.
El contrato se celebró el 30 de
diciembre de 2015 con Delta Al Muhitat Shipping de México, S. de R.L. de
C.V., por 567.5 millones de pesos y un periodo de nueve meses: del 29
de marzo al 22 de diciembre de 2016, según informa PEP en su portal de
obligaciones de transparencia.
Las irregularidades de la citada
adjudicación iniciaron cuando México, a través de la SCT, permitió el
ingreso de la plataforma extranjera en aguas nacionales.
En primer
término se entregó el permiso cuatro meses después de que la plataforma
de Strategic Excellence ya operaba en aguas nacionales y con un
vencimiento antes de que concluyera el contrato, según la Coordinación
General de Puertos y Marina Mercante de la propia SCT.
La
autorización para permanecer en aguas de jurisdicción nacional se otorgó
bajo el folio APAJN/081/2016, vigente del “16 de julio al 16 de octubre
de 2016”.
Cinco meses después de que concluyó oficialmente el
contrato y a siete de que venció el permiso para permanecer en aguas
nacionales, la plataforma que llegó de los Emiratos Árabes Unidos y cuya
bandera es de la República de Vanuatú, se encuentra todavía en México.
Esto
se comprobó mediante el buscador Marine Traffic, que da muestra en
tiempo real de la ubicación de las embarcaciones en todo el mundo.
Strategic Excellence está en la Sonda de Campeche, a una hora y 29
minutos de tierra firme. Proceso consultó el reporte “vigente” de
Puertos y Marina Mercante de la SCT y ahí dicha plataforma no figura,
sólo aparece reportada con un permiso de julio a octubre de 2016.
Al
consultar a quienes interpusieron la denuncia contra Brindis Álvarez,
explicaron que Pemex suele extender el contrato cuando se requiere el
servicio a fin de evitar que una nueva licitación provoque retrasos en
sus operaciones.
En ese caso Strategic Excellence, representada
por el cónyuge de la titular de Enlace Legislativo de Pemex, habría
obtenido un pago adicional de 315.17 millones de pesos por el mes de
mayo, si se toma en cuenta que el contrato oficial fue por nueve meses y
567.5 millones.
Existen otras irregularidades respecto a la renta
de esa plataforma. De acuerdo con la documentación obtenida por
Proceso, el contrato para la renta de la plataforma se entregó a Delta
Al Muhitat Shipping de México y el permiso para el ingreso a aguas
nacionales se dio a nombre de Proyectos y Cimentaciones Industriales,
pero se establece que la plataforma fue adquirida por la empresa Ocean
Marine.
Incluso se establece el 13 e abril de 2016 como “fecha de
negociación” entre el comprador Ocean Marine y el proveedor Delta Al
Muhitat Shipping de México. El valor en libros de la plataforma que
establece Delta Al Muhitar es de 49 millones 600 mil dólares.
Ocean
Marine es una empresa radicada en Campeche. Mayra Jaber Ortiz y María
Elena Juárez Gómez la constituyeron el 9 de enero de 2004 bajo el nombre
de Biconsa, S.A. de C.V., y la vendieron el 12 de diciembre de 2006 a
José Luis y José Antonio Zavala Solís. Éstos le cambiaron la razón
social el 27 de abril de 2015 a Ocean Marine, S.A. de C.V., según el
portal de la Secretaría de Economía.
Tanto Ocean Marine como
Proyectos y Cimentaciones Industriales son asiduas concursantes en las
licitaciones de PEP. La segunda tiene por lo menos 32 contratos por el
mismo servicio para el cual se contrató a Delta Al Muhitat, según el ya
citado portal de obligaciones de transparencia.
Operación de encubrimiento
El
3 de mayo la diputada Rocío Nahle presentó ante la Comisión Permanente
una denuncia por las irregularidades de la renta de la plataforma,
señalando la probable responsabilidad de Brindis Álvarez por influir
para que las empresas representadas por su cónyuge se quedaran con el
contrato de 567.5 millones de pesos.
El mismo día Nahle presentó
un punto de acuerdo en el que se demandaba que Brindis Álvarez fuera
separada de su cargo en tanto se hacían las indagaciones, que la PGR
indagara el caso, que la ASF revisara la legalidad del contrato y la SCT
detallara cómo y hasta cuándo se autorizó la permanencia en aguas
nacionales de la plataforma Strategic Excellence con bandera de la
República de Vanuatú.
Pemex reaccionó. Para la siguiente semana
organizó una visita a plataformas petroleras en Campeche. Invitó
especialmente a Nahle y a 13 diputados del PRI, el PAN y el PVEM que
forman parte de la Comisión de Energía. Nahle confirmó su asistencia,
pero no fue ni avisó de la cancelación.
El periódico local Por
Esto encabezó la nota sobre dicha visita: “Pemex, saturado de payasos
turísticos”. Asistieron funcionarios que acostumbran evadir a los
legisladores, quienes podrían solicitarles apoyo para resolver asuntos
energéticos.
En la lista oficial de visitantes que tiene este
semanario figura también Brindis Álvarez. Aunque sus allegados relataron
que evita esos encuentros, en esa ocasión hasta se tomó fotografías con
los asistentes.
Otro visitante clave fue Luis Alberto Martínez
Bravo, quien asumió el cargo de gerente de Desarrollo Social con la
llegada de José Antonio González Anaya a la dirección de Pemex y ahora
maneja la bolsa de dinero e hidrocarburos que se “donan” a municipios y
estados, y que muchas veces son gestionados por diputados federales.
Para
enfatizar la buena disposición de Pemex hacia los legisladores, a la
visita del 8 de mayo acudieron al paseo conjunto el jefe de la oficina
de la Dirección General, René Curiel Obscura, y el director jurídico de
la petrolera, Jorge Kim Villatoro.
El PRI y el PAN se encargaron
de operar desde el Poder Legislativo. Empleados de Pemex señalan que
Curiel Obscura tomó en sus manos el caso del punto de acuerdo propuesto
por la diputada Nahle. Le dijo a Brindis Álvarez: “Yo mando gente al a
cámara para manejar esto”.
Trabajadores de la empresa que piden el
anonimato por temor a represalias comentaron: “En Pemex pensaban que
podía aprobarse tal cual el punto de acuerdo, de ser así se esperaba la
renuncia de Brindis Álvarez”.
En el Senado de la República, donde
se negociaba el punto de acuerdo, el PRI tenía una pieza fuerte: Emilio
Gamboa Patrón, coordinador de la bancada. Curiel Obscura y Gamboa Patrón
fueron muy cercanos en 2006; y según los trabajadores de Pemex
consultados, hoy mantienen esa buena comunicación los secretarios
particulares de ambos: Víctor Manuel Terán y Juan José Lecanda.
El
presidente de la comisión en que recayó la discusión del punto de
acuerdo es el panista Ernesto Cordero, quien como funcionario federal
tuvo en su equipo de trabajo a Carlos Alberto Treviño Medina, hoy
coordinador de Procura y Abastecimiento para Exploración y Producción en
Pemex.
Durante la votación pública del punto de acuerdo, el 16 de
mayo, una de las opositoras al mismo y defensora de Brindis Álvarez fue
la senadora priista Diva Gastélum, quien dijo: “Los legisladores no son
Ministerio Público, y como la denuncia no ha sido resuelta, es propicio
sólo solicitar el informe a la SFP”.
La presencia de Gastélum
sorprendió, pues no forma parte de la comisión, pero se atribuyó a que
conocía el tema pues su hijo, Sergio Romero Gastélum, trabajó en
licitaciones y adjudicación de contratos de marzo de 2013 a diciembre de
2014.
Al igual que la senadora, el diputado Vidal Llerenas no
forma parte de la comisión y acudió a respaldar el punto de acuerdo en
los términos en que lo presentó su compañera de partido, Rocío Nahle.
Finalmente,
con 13 votos a favor de PRI, PAN y PVEM y tres en contra de Morena y
PRD, se aprobó únicamente pedir información a la SFP del estado que
guarda la indagatoria y que la haga llegar en los próximos 15 días.
Mientras
en el Poder Legislativo y en Pemex se operaba para que la ASF, PGR y
SCT no intervinieran, en la SFP la denuncia se abría paso. El 17 de
febrero se informó a los denunciantes: “Se ordenó el inicio de las
investigaciones de los servidores públicos de PEP” y se exigió al Área
de Quejas de Pemex que “determine lo que en derecho proceda” respecto a
Brindis Álvarez.
El pasado viernes 12 dicha área conminó por
escrito a los denunciantes a revelar cómo se enteraron de las
irregularidades y delatar a quienes se percataron de las mismas.
Les
pidió informar “circunstancia de modo, tiempo y lugar, de los hechos
señalados, es decir, precisando, cómo, cuándo y dónde sucedieron los
hechos; remita el material probatorio que pudiera tener en su poder;
señale si tiene testigos de los hechos denunciados, por lo que en caso
de contar con testigos de los hechos, indique el nombre completo de los
mismos, su área de adscripción, precisando el evento del que fueron
testigos”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario