La Jornada
La mañana de ayer el reportero de La Jornada
Jesús Aranda, quien cubre la fuente de las fuerzas armadas, fue
impedido de ingresar a un congreso internacional sobre obesidad,
organizado conjuntamente por las secretarías de la Defensa Nacional
(Sedena) y de Salud, realizado en el Centro Militar de Ciencias de la
Salud, ubicado en el espacio de la antigua Escuela Médico Militar. En el
momento en que Aranda se disponía a abordar el autobús que trasladó a
los informadores del estacionamiento a la sede del encuentro, un oficial
de la Dirección General de Comunicación Social de esa dependencia le
comunicó que no podría hacerlo porque
no había sido invitado.
Como elemento de contexto es importante mencionar que desde inicios
del presente año la oficina de prensa de la Sedena dejó de enviar a La Jornada comunicados e invitaciones a sus actos públicos, sin ofrecer explicación alguna.
Lo ocurrido ayer constituye un injustificable y abierto ataque a la
libertad de expresión del reportero y de este medio, así como una
afectación al derecho a la información de los lectores de La Jornada.
Más preocupante aún, quienes tomaron la decisión de excluir a nuestro
reportero del congreso referido parecen ignorar el sentido de lo
público, como lo fue el encuentro referido y como lo son los recursos
presupuestales utilizados para la organización y realización de esas
reuniones.
Es inevitable formular la hipótesis de que los actos y las omisiones
de la Sedena que obstruyen el libre ejercicio periodístico de este
diario y de sus informadores son consecuencia de un desagrado por la
información y la línea editorial que se difunde y expresa en nuestras
páginas. Pero aun si esa suposición resultara cierta, no es
obstaculizando el acceso a ceremonias y reuniones públicas como debe
manifestarse tal desagrado, sino exponiéndolo abiertamente, para lo cual
el espacio de La Jornada siempre ha estado abierto. Es esa la
forma adecuada de ventilar las incomodidades del poder público ante el
trabajo de los medios en un espíritu republicano y democrático.
En ese mismo espíritu, gobernantes y funcionarios civiles y
militares deben comprender que el papel de los informadores no es
agradar a quienes detentan el control de las instituciones, sino contar
la realidad, y hacerlo sin compromisos con nada ni nadie más que la
verdad y los segmentos sociales que componen sus audiencias.
Desde otra perspectiva, el oficio periodístico en México se interna
por un escenario degradado e intransitable en el que, por una parte, los
reporteros son asesinados por la delincuencia organizada, como ocurrió a
nuestros compañeros Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas,
y por otra, una institución castrense impide hacer su trabajo a los
colegas de los muertos.
Es necesario y demandable que la Sedena ofrezca una explicación
pública sobre lo ocurrido ayer en el Centro Militar de Ciencias de la
Salud y sobre los intentos por excluir a este diario de las actividades
oficiales de la dependencia.
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