Hay otros periodistas que ha sido asesinados pero su caso no tuvo la difusión del reportero de Sinaloa.
El mismo día del crimen de Javier Valdez en Culiacán, en el municipio de Autlán, Jalisco, también ejecutaron al joven periodista Jonathan Rodríguez Córdova, quien iba acompañado de su madre, Sonia Córdoba, subdirectora del diario semanario ‘El Costeño’. Ella resultó herida luego de que un comando los sorprendió a bordo de su camioneta. Los asesinos huyeron y hasta ahora no se sabe nada de ellos.
Un día después, en el municipio de Nueva Italia, Michoacán, un comando armado secuestró al director del portal de noticias Canal 6 Media TV, Salvador Adame. De acuerdo con lugareños de ese municipio de Tierra Caliente, el periodista ya había sido amenazado por los grupos del crimen organizado que se disputan la región, entre ellos Los Viagras, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el H3. Hasta ahora se desconoce su paradero.
El caso de Javier Valdez tuvo mucha difusión a nivel nacional e internacional, gracias a la red de amigos que construyó con los años. Horas después del crimen, un grupo numeroso de periodistas realizó una manifestación a las puertas de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia, y el fin de semana otro grupo de 186 corresponsales extranjeros emitió una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para pedir no sólo justicia, sino que se termine con la impunidad.
Múltiples organizaciones civiles, reporteros, amigos y conocidos de Javier Valdez difundieron sus recuerdos, preocupaciones y demandas en todos los medios de comunicación, para que se investigue y aplique la justicia en contra de los asesinos. Todos se centraron en ese caso, pero no mencionaron a los otros reporteros desaparecidos y asesinados.
Así ocurrió con el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que por centrarse en uno solo se olvidaron de los otros. De hecho en Guerrero, al margen del movimiento de los familiares de los estudiantes de la Normal Rural, nació un grupo distinto que se hizo llamar “Los Otros” y se centró en buscar a sus desaparecidos en los cerros y montañas, donde localizaron varias fosas clandestinas.
La muerte violenta de Javier Valdez es tan importante como la de los otros 106 que han registrado organizaciones de defensa de periodistas como Artículo 19, o los 120 que tiene en su lista la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Todos nos expresan la incomodidad que representa la prensa para el crimen organizado y para los gobiernos, que se han fusionado en un solo cuerpo creando el Narcoestado.
Todos los casos de reporteros muertos, desaparecidos y desplazados evidencian la existencia de un Estado que ha fallado en su principal función que le da sentido a su permanencia: brindar seguridad a todos los ciudadanos sin excepción.
Pero también expresa la necesidad de mayores cuidados para los periodistas que viven en las zonas de mayor conflicto como es el caso de Sinaloa, donde Javier Valdez aceptó hacer una entrevista a Dámaso López Núñez –quien lucha con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán por el control del estado– para la revista Ríodoce donde trabajaba, y que quizá no debieron haber aceptado, como lo reconoció su director Ismael Bojórquez.
Con esa entrevista, Ríodoce y Javier Valdez se subieron al ring donde sólo estaban Dámaso y los hijos de El Chapo, quienes consideraron a la revista y al periodista como simpatizantes de una parte. Ese fue un error, como lo reconoce Bojórquez.
“Fue a partir de estos hechos que sentimos inseguridad, sobre todo por Javier. Ya de por sí la emboscada del 30 de septiembre, donde murieron cinco militares, había enrarecido el ambiente. Acordamos que debería irse un tiempo de la ciudad. Él mismo planteó el asunto con organismos internacionales que le propusieron enviarlo un tiempo fuera del país, pero le costaba trabajo separarse de la familia. Ríodoce tenía pendientes reportajes en otras entidades, y le propusimos que fuera él a reportearlos para que descansara de esta ciudad de mierda. Pero la falta de recursos y la desidia nos ganaron. La Jornada, luego del asesinato de Miroslava Breach en Chihuahua, le propuso algo semejante, pero tampoco se concretó. Con los días, las cosas parecían haberse calmado. La detención de Dámaso López Núñez cargaría los dados hacia un lado, y era de sentido común esperar una paz narca. Lo comentamos el mismo lunes por la mañana, antes de que lo mataran. Pero estábamos equivocados”, agregó.
En esta guerra no convencional donde los derechos humanos están en crisis y la violencia arrasa con activistas, campesinos, estudiantes, líderes políticos, colonos, empresarios, sacerdotes, profesionistas y amas de casa, los periodistas son uno de los principales blancos porque están en la primera fila y eso nos hace más vulnerables.
Pero mientras permanezca la impunidad y la colusión entre el crimen organizado y autoridades, los riesgos para toda la ciudadanía, y en especial para los periodistas, seguirán existiendo.