El sistema jurídico-político mexicano no
atempera o revierte la polarización del desarrollo ni la desigualdad
económica y social. Tampoco promueve la distribución de la riqueza. Por
el contrario, garantiza la impunidad y un Estado profundamente injusto,
aseguran académicos y especialistas
Un estudio de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) revela que, estructuralmente, el sistema
jurídico y político mexicano está diseñado para favorecer a quienes
tienen más poder económico y para mantener en la pobreza a las clases
menos favorecidas.
La desigualdad económica y social
promueve la impunidad y perpetúa la vulnerabilidad de las personas de
escasos recursos; además provoca un deterioro creciente en la calidad de
vida, asegura Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, doctor en sociología del
derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Considera que la desigualdad reduce la
actividad económica, la productividad y genera ineficiencia en la
asignación de los recursos de la sociedad, por lo que implica un menor
aprovechamiento de los mismos y un crecimiento nulo, raquítico o no
sustentable.
Se trata, dice, de un fenómeno
estructural en el que “los grupos de interés a través del sistema
político han logrado consolidar los acuerdos institucionales a favor de
las personas con mayor nivel de ingresos, lo que mina la legitimidad del
sistema político y erosiona el capital social”.
En su análisis Disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad,
el también director de la asociación civil Jurimetría, Iniciativas para
el Estado de Derecho y académico de El Colegio de Jalisco, apunta que
el sistema jurídico mexicano “no sólo no atempera o revierte la
polarización del desarrollo, la injusticia económica y social, y la
escasa distribución de la riqueza, sino que también contribuye a la
impunidad y exacerba la desigualdad”.
Zepeda Lecuona desmenuza lo que a su
juicio constituyen los ámbitos que impactan en forma decisiva en el
crecimiento de la desigualdad y el estancamiento económico en México: el
mercado de capital y sistema financiero; los oligopolios y cambio
tecnológico; el mercado de trabajo; y la brecha entre pobres y no
pobres.
En ese contexto, señala que la educación
es una de las mayores fuentes de desigualdad, al ampliar cada vez más la
brecha entre la educación de las personas de mayores ingresos y la de
los segmentos menos favorecidos. Además, añade, el rezago educativo y en
competencias traslada la desigualdad a las siguientes generaciones.
“La desigualdad reduce la productividad,
distribuye de manera ineficiente el talento y no respeta el mérito;
estanca el crecimiento económico, genera inestabilidad económica,
ineficiencia, aumenta la pobreza y contribuye al vaciamiento de la clase
media y la consecuente contracción del mercado interno”, subraya.
Este contexto, agrega el académico,
permite que la desigualdad permee las esferas de la política, los
procesos de toma de decisiones, el sistema de justicia, perpetuando así
los acuerdos institucionales y la impunidad que exacerban la
desigualdad.
Zepeda Lecuoma, quien se ha dedicado al
diagnóstico, propuestas, búsqueda y documentación de buenas prácticas
sobre el sistema de justicia desde hace 20 años, considera que desde el
punto de vista económico, el sistema jurídico debe estrechar la brecha
entre los beneficios y costos particulares, y los beneficios y costos
sociales de generar riqueza.
Mismo sistema, mayor desigualdad
Isidro Soloaga, coordinador académico del
Centro de Estudios Económicos del Colegio de México (Colmex), señala
que el modelo económico que ha prevalecido en México desde hace 25 años
es el causante de la mayor desigualdad social que permea en el país. “El
modelo económico que ha seguido el país por un cuarto de siglo no ha
generado un mayor crecimiento ni reducido la desigualdad”, subraya.
Con base en datos del Banco Mundial que
reflejan ese contraste, el académico explica en entrevista que, hasta
2008, el 10 por ciento más rico de la población acaparó el 41.3 por
ciento del ingreso, mientras que el 10 por ciento más pobre sólo obtuvo
el 1.2 por ciento.
En ese sentido, el catedrático explica
que México enfrenta tres problemas graves: “Primero, no crece; segundo,
la desigualdad persiste, y, tercero, la economía política hace que los
dos primeros factores sucedan. Así, la desigualdad económica provoca que
la presión política de distintos grupos tenga distintas fuerzas de la
que la mayoría de la sociedad está excluida”, lo cual es un problema de
justicia social.
Soloaga establece que el bajo crecimiento
económico del país radica en la baja inversión, falta de buenas
oportunidades y el tipo de cambio que no es competitivo. Para que el
tipo de cambio sea competitivo tendría que ubicarse entre 14 y 15 pesos
por dólar.
Mientras tanto, el gasto público no ha
servido como motor para que las obras públicas de infraestructura sean
complementarias de la inversión privada, y los problemas focalizados en
el país contribuyen a que haya mayor pobreza y desigualdad, considera el
experto del Colmex.
Mercado de capitales y sistema financiero
Por su parte, Saúl Zepeda Lecuona,
parafraseando a Benito Juárez, indica: “a los amigos riesgo y gracia;
para el pueblo, incertidumbre a secas”. Y es que, dice, entre los
factores de la producción, el capital es el que tiene mayor
participación en el ingreso nacional: 73 por ciento contra 27 por ciento
de participación del factor trabajo, lo que indica el mayor poder de
negociación que tienen los dueños del capital frente a los trabajadores.
Apunta que en México las tasas de los
impuestos al capital y sus rendimientos son las más bajas entre los
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), y la tasa marginal del impuesto sobre la renta se ha reducido
40 por ciento en los últimos 30 años (la mayor reducción entre los
países de la OCDE en ese periodo).
Los impuestos al consumo se consideran
injustos (“regresivos”) por afectar más a quienes menos tienen, pues son
los sectores más humildes de la población quienes mayor proporción de
su ingreso dedican al consumo. Sin embargo, son este tipo de impuestos, y
los especiales, los que aportan el 54 por ciento de la tributación
nacional, en tanto que la desregulación o regulación laxa y el dogma de
no gravar las transacciones financieras aumentan la rentabilidad del
sector capitalista sin realizar las aportaciones sociales para la
redistribución de la riqueza.
Este
marco injusto de incentivos fue evidenciado cuando el grupo financiero
Bancomer fue vendido sin pagar impuestos al realizarse la transacción a
través de la bolsa de valores. Un caso de un excedente o beneficio
social no compensado a la sociedad: impunidad.
Esta inequidad en la contribución
impositiva de este poderoso sector de la economía está vinculado con el
derecho y la política fiscales en nuestro país. Los créditos en México
son poco accesibles y muy costosos. Las tasas de interés son muy altas,
comparadas con variables macroeconómicas que se han mantenido estables,
como la inflación, los salarios, entre otros.
Sin embargo, se justifican las altas
tasas de interés por los riesgos asociados a la operación económica, así
como a la probabilidad de que no pueda ejecutarse la garantía del
préstamo. Este riesgo es transferido completamente al acreditado a
través de altas tasas de interés, garantías, gastos notariales, seguros,
entre otros. Una buena parte del excedente de las tasas se convierte en
ganancias para los bancos. Una rentabilidad muy por encima de los
costos de mercado y riesgos: una transferencia excesiva de riqueza no
justificada: impunidad.
De acuerdo con el especialista los
usuarios del sistema financiero mexicano se ven obligados a transitar en
un ámbito de impunidad y vulnerabilidad, el cual se deriva de un
entramado legal que fue construido y opera en un entorno de cooptación
política.
Oligopolios y cambio tecnológico
Para el catedrático de la UNAM, la
mayoría de las fortunas más grandes de México están relacionadas con
sectores productivos desincorporados del sector paraestatal, así como
con concesiones de recursos de propiedad nacional como las
telecomunicaciones, el transporte, la extracción minera y los medios
masivos de comunicación. “Éstas y otras grandes empresas han configurado
una estructura oligopólica en diversos ámbitos de la economía
mexicana”, apunta.
Zepeda Lecuona explica que los
privilegios fiscales de estos grupos empresariales son resultado de su
influencia política en la toma de decisiones y un arreglo ventajoso con
generación de rentas indebidas.
Por ejemplo, dice, en la minería en tan
sólo 11 años (2000-2010) se extrajo de las minas mexicanas más del doble
de oro del que se extrajo en los 300 años del periodo colonial. Además
de la expansión de este sector, hasta antes del 2013 no se cobraba
ningún tipo de impuesto o regalía por la producción a boca de mina.
Enfatiza que mientras que las fortunas de
los 16 multimillonarios mexicanos se quintuplicaron (aumentaron 423.5
por ciento) entre 1996 y 2014, el producto interno bruto (PIB) per
cápita apenas aumentó 26 por ciento en el mismo periodo. La estructura
oligopólica o monopólica de diversos sectores en México traduce el poder
de mercado en un margen de ganancia muy por encima de los costos de
producción, en detrimento de los consumidores.
El cambio tecnológico es otra de las
fuentes de desigualdad, ya que genera nuevos rumbos y abre mercados
insospechados que brindan rendimientos crecientes a las empresas que
innovan y se posicionan en los mercados emergentes. Sin embargo, el
académico arguye que dejar que la mayor parte de la inversión en
tecnología e innovación se haga por parte de los particulares propicia
mayor concentración, al ser los grandes corporativos los que concentran
las oportunidades, los nuevos mercados, mayores ingresos y rentabilidad.
En ese sentido subraya que en los actores
monopólicos u oligopólicos se hace más evidente su actuación política y
la forma en que han penetrado o corrompido las instancias que se supone
deben regular su actuación y controlar su preponderancia en detrimento
de otros actores económicos y de los consumidores.
“La debilidad institucional y la
impotencia de las instancias reguladoras y protectoras de la libre
concurrencia y el derecho de competencia económica para acotar a las
empresas y hacer cumplir la normatividad en la materia han sido puestas
en evidencia durante las 2 décadas que lleva el Estado mexicano tratando
de declarar a Telmex como agente económico preponderante en el mercado
de las telecomunicaciones.”
Telmex, gracias a su preponderancia y a
su incidencia en la fijación de tarifas, ha obtenido un amplio margen de
ganancias y ha impuesto altos costos y afectaciones a los consumidores,
así como a los empresarios que intentaron competir con ese coloso y
fueron excluidos del mercado y llevados a la quiebra ante las prácticas
monopólicas impunes de dicha compañía.
Y pese a que desde 1997, Telmex fue
declarada como agente dominante por la Comisión Federal de Competencia
(Cofeco), por vía del “el amparo del siglo”), tras 5 años de litigio
obtuvo la victoria contra esa determinación, cesando las 19 obligaciones
específicas en cinco mercados relevantes que le había impuesto la
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en septiembre de 2000.
De nuevo se planteó por la autoridad la
preponderancia económica de esa empresa y se volvieron a promover
amparos. En 2014, tras una reforma constitucional en materia de
telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel)
declaró a Televisa y a Telmex como agentes preponderantes, y emitió
reglas e indicaciones que deben acatar dichos sujetos y sus filiales.
Nuevamente los amparos comenzaron a fluir en las áreas jurídicas de
dichas empresas.
El especialista de la UNAM señala que
este caso ilustra cómo el amparo es un mecanismo jurídico que, contrario
a la aspiración de su diseño original, ha devenido en una institución
social “regresiva”, pues termina por beneficiar a quienes más tienen por
ser los que pueden acceder a este costoso y complejo recurso,
excluyendo a las personas de menores ingresos.
Esta materia ha devenido en una de las
ramas más técnicas del derecho: se presenta ante autoridades judiciales
federales y suele tener una duración prolongada.
En su análisis, señala que el amparo es
un recursos poco accesible que genera impunidad (hay 26 causales de
improcedencia, que aumentaron con la nueva ley en 2013), por lo que en
más de 90 por ciento de los casos no se llega a resolver el fondo del
asunto: determinar si hubo o no la violación de un derecho fundamental.
Mercado de trabajo y sistema jurídico
Zepeda Lecuona anota que la participación
del trabajo en el ingreso nacional ha decrecido en los últimos 40 años,
pasando de 38 a 27 por ciento. “Esto indica la pérdida de peso y poder
de negociación de este factor, además de que la brecha salarial se ha
ampliado significativamente”.
A este contexto económico se agrega la
intermediación de las estructuras sindicales y sus líderes que carecen
de poder de negociación frente a empresas y grupos económicos
privilegiados y que no promueven los derechos laborales. Todo a cambio
de rentas extorsivas contra empresas que no cuentan con capacidad
económica ni relaciones políticas que las apoyen. Se trata del “lado
oscuro del capital social”.
Asimismo, continúa el catedrático, las
políticas públicas se han orientado a la contención salarial, por lo que
el poder adquisitivo del salario se ha erosionado, lo cual provoca
contracción del mercado interno, estancamiento del crecimiento, además
de que una proporción mínima del crecimiento de la riqueza se canaliza a
los mecanismos redistributivos.
Las estructuras de las juntas de
conciliación y arbitraje laboral siguen siendo tripartitas (patronal,
obrera y gobierno). Este modelo de justicia en un contexto corporativo y
de intermediación política y clientelar ha demostrado ser ineficaz para
compensar las asimetrías en los costos de acceso y participación en los
procesos conciliatorios, así como en los judiciales.
Brecha entre pobres y no pobres
El académico de la UNAM destaca que la
desigualdad que más afecta al desempeño económico es la que se da entre
los segmentos más bajos del ingreso, respecto del resto de la población.
“Generalmente, en los sectores de ingresos medios es donde se registra
el mayor grado de desigualdad, que genera la desaceleración del
crecimiento, denotando una “trampa de desigualdad” caracterizada porque,
a pesar de que el PIB per cápita se incrementa, el desarrollo y el
crecimiento se estancan”.
En los otros ámbitos de desigualdad e
impunidad, el mayor impacto del sistema legal en las brechas entre el
capital y el trabajo y los niveles de ingreso se refiere al diseño
institucional establecido en el marco constitucional o legal.
Sin embargo, en este ámbito los
mecanismos que magnifican la desigualdad y propician la elevada
vulnerabilidad e incertidumbre que padecen los sectores de menores
ingresos son la forma en que operan los mecanismos de aplicación de las
normas y de resolución de controversias.
Es decir, en la actualidad existen
“trampas de pobreza” que son condiciones de marginación geográfica,
alimentaria y patrimonial que retienen a millones de mexicanos en
condiciones de pobreza. Este segmento de la población está prácticamente
excluido de la vida institucional y del acceso a la justicia.
Mientras que las poblaciones de mayores
ingresos se pueden garantizar a sí mismas mayores niveles de seguridad,
certeza jurídica, educación, salud, vivienda; el resto de la población
sufre las insuficiencias y deficiencias de los servicios públicos que
provee un Estado sumamente debilitado que apenas recauda 12 por ciento
del PIB.
“Existe un estamento privilegiado
constituido por 20 por ciento de las personas de mayores ingresos, en
tanto que se excluye al 30 por ciento de los hogares con menores
ingresos, cuya situación de subsistencia los aliena y no les permite
acceder a ningún espacio de vida social o institucional. Cualquier
afectación a sus derechos queda impune al no tener acceso a mecanismos
formales de defensa.”
Así, concluye Zepeda Lecuona, el 50 por
ciento restante de la población queda en situación de vulnerabilidad
frente a las asimetrías en los procesos de generación y distribución de
la riqueza. La exclusión y vulnerabilidad de los segmentos más pobres de
la población es prácticamente generalizada, frente a un sistema de
justicia que contribuye a exacerbar la desigualdad social.
José Réyez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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