Gobierno de Alejandro Murat no garantiza su labor, denuncian
La
organización civil defensora de Derechos Humanos, Consorcio para el
Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, denunció que el gobierno de
Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, no ha implementado ninguna
acción seria y responsable para detener la intimidación, seguimiento,
vigilancia, campañas de desprestigio, allanamientos y robo a las
oficinas y a casas de integrantes de esta organización.
De 2011 a la fecha esta organización feminista que lleva 15 años
trabajando a favor de los derechos de las mujeres ha sido blanco de 11
allanamientos; seis de los cuales ocurrieron en lo que va de la
administración del gobernador Alejandro Murat, quien ocupa el cargo
desde diciembre de 2016.
En conferencia de prensa realizada ayer en la capital de Oaxaca, las
integrantes de Consorcio Oaxaca, Yesica Sánchez Maya, Ana María
Hernández y Pilar Muriedas Juárez, informaron que el pasado 5 de enero
la casa de Sánchez Maya fue allanada.
De acuerdo con el testimonio de la defensora los desconocidos
cortaron la cerca de seguridad, desactivando alarmas y destruyendo
chapas. Robaron su computadora, pantallas y material de seguridad de la
casa incluyendo videograbadora y modem de internet, pero dejaron otros
objetos de valor.
“Este ataque no es aislado, forma parte de una serie de agresiones
que se han acumulado en nuestra contra”, señalaron al exponer que en
seis ocasiones las oficinas de Consorcio y las casas de algunas de sus
integrantes han sido robadas.
El 2 de diciembre 2016 allanaron la casa de una de las integrantes;
el 5 de febrero 2017 alguien forzó la chapa del vehículo de otra
defensora; el 15 y 17 de ese año la casa de la hija de una de las
integrantes fue allanada; el 18 de del mismo mes desconocidos entraron a
la casa de Ana María Hernández; y días después, el 28 de febrero
intentaron forzar la chapa del vehículo de otra activista.
El 6 de abril del año pasado fue allanada a mano armada la oficina de
Consorcio Oaxaca, en esa ocasión se llevaron la bolsa de una de las
integrantes del equipo de administración que contenía dinero de la
organización y memorias USB con información laboral.
Además de los robos, las defensoras señalaron que han sido vigiladas
por hombres desconocidos, policías viales y vehículos desconocidos; que
sus comunicaciones telefónicas y digitales han sido intervenidas.
Consorcio ha interpuesto ocho denuncias penales, de las cuales cinco
fueron en el sexenio anterior y tres durante esta administración. De las
cinco del sexenio anterior una ha sido judicializada y cuando el actual
gobierno llegó, estaban en trámite cuatro, que fueron enviadas a la
reserva el 30 de marzo del 2017 por parte de la Fiscalía General del
estado.
En el caso del allanamiento y robo en el domicilio de Ana María
Hernández (28/FIDTS/2015) la organización está a la espera de que se
resuelva la apelación del presunto responsable que esta en libertad bajo
caución porque pagó una fianza de 10 mil pesos.
Denunciaron que de las tres denuncias que se han interpuesto durante
este sexenio no existe resultado alguno, la primera de ellas se
interpuso el 2 de diciembre del 2016, la segunda el 6 de abril del 2017 y
la tercera el 5 de enero del 2017, de las cuales no han tenido ningún
tipo de información, el único contacto ha sido tomar la denuncia y hacer
algunas periciales.
“No hay resultados eficaces en la investigación, lo que sin duda ha
dado el mensaje de anuencia y complicidad de este Gobierno para seguir
atacando a Consorcio Oaxaca”, señalaron las defensoras.
Cabe destacar que pese a que desde 2012 la organización es
beneficiaria de medidas de protección solicitadas a través de la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, éstas no han
sido cumplidas a cabalidad. Asimismo la Defensoría Especializada en
Protección a Periodistas, Defensores y Defensoras ha insistido en
cumplir y reforzar las medidas cautelares pero Seguridad Pública se ha
negado.
En medio de los actos intimidatorios, las defensoras
responsabilizaron al gobernador de los riesgos a su integridad y
seguridad; exigieron a la Fiscalía General que investigue y castigue a
los responsables y recordaron al Congreso del estado, al Poder Judicial y
al Poder Ejecutivo su obligación de garantizar el derecho a defender
Derechos Gumanos, así como la seguridad de las defensoras para realizar
su labor.
Datos de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
ubican a Oaxaca con 58 por ciento del total de agresiones a mujeres
defensoras a nivel nacional.
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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