Por Laura Alejandra Moreno
“Les entregamos nuestro dolor, nuestra lucha y nuestra conciencia social. Las mujeres queremos ayudar a la construcción de paz”. Quienes pronunciaron estas palabras son madres, hermanas, esposas e hijas que han dedicado buena parte de sus vidas a buscar a sus familiares desaparecidos en los Llanos Orientales. Ellas, con el paso de los años, se convirtieron en buscadoras de verdad, justicia y reparación. Hace unos días compartieron sus experiencias con la Comisión de la Verdad.
Durante dos años, la mujeres que hacen parte de la Fundación Nydia Erika Bautista, dedicada a defender los derechos de las familias de víctimas de desaparición forzada en el país, recogieron las historias de 85 desaparecidos en Guaviare, Meta y Vichada. Los testimonios y la sistematicidad usada por los actores del conflicto (legales e ilegales) para cometer estos crímenes quedaron evidenciados en el informe ‘Nunca más el olvido: desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y mujeres desaparecidas en los Llanos Orientales’ que le entregó la fundación a la Comisión de la Verdad.
Las mujeres encontraron en su investigación que 7.308 habitantes de los tres departamentos fueron desaparecidos forzadamente entre 1985 y 2019. De esas desapariciones, 591 ocurrieron en el Meta durante 2002. Es decir, mínimo un desaparecido por día en ese año. Y aunque las familiares han recolectado pruebas, testimonios y pistas que puedan acercarlos a la verdad, la mayoría de casos están en la impunidad.
En el 90 por ciento de los casos la Fiscalía concluyó que los desaparecidos están muertos, pero hasta la actualidad sus familias no tienen certeza sobre qué pasó realmente con sus padres, madres, hermanos, esposas, hijas, tíos… Ni dónde se encuentran sus cuerpos. Siguen esperando a que les digan la verdad.
“Mi abuela se arriesgó a buscar a mi papá. Le entregó pruebas y pistas a la Fiscalía, pero los investigadores no han hecho algo, lo que sea, con esa información”. María José y su hermana tenían cuatro años cuando los paramilitares desaparecieron a su padre. Su abuela comenzó una búsqueda y desde hace seis años ellas se unieron a esa tarea por la verdad. “Queremos que el Estado nos escuche y nos dé una respuesta digna, que se una con nosotras en esta búsqueda”, recalcó María José durante el encuentro con la Comisión.
De los 7.308 desaparecidos en Meta, Guaviare y Vichada, apenas el 2 por ciento ha aparecido con vida y el 74 por ciento sigue en ese estatus, pero sin siquiera un rastro o una pista de su paradero. La mayoría (el 99 por ciento) son población civil: jornaleros, estudiantes, comerciantes, ‘raspachines’ de hoja de coca y víctimas de otras agresiones en el marco del conflicto armado, como el desplazamiento masivo. Según el informe de la fundación, muchos de ellos fueron estigmatizados por la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, quienes los señalaban de informantes de las guerrillas.
Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, explicó que la desaparición forzada ha sido una práctica sistemática de los actores armados en los Llanos Orientales. Durante años, ellos han militarizado la vida de las personas de esa región con el argumento de controlar pueblos y zonas rurales. Además, amenazan, torturan y reclutan jóvenes.
En medio de su búsqueda, las mujeres son revictimizadas por la Fuerza Pública al negarles acompañamiento cuando adelantan trabajos de recolección de pruebas. También le han violados derechos, como es el caso Lucila Plata. Hace 21 años le desaparecieron a su esposo y es víctima de violencia sexual por parte del Ejército.
El trabajo de estas mujeres está lleno de obstáculos, principalmente estatales pues ellas aseguran que se sienten abandonadas cuando buscan a sus familiares. La labor que adelantan es riesgosa porque buscar la verdad les ha significado exponer sus vidas. Durante las investigaciones les ocultan los cuerpos de sus seres queridos y han recibido amenazas. Incluso algunas debieron huir de sus tierras.
“Las buscadoras son revictimizadas mientras hacen su trabajo. Los grupos armados las agreden con amenazas, desplazamientos y violencia sexual”, contó Rebekka Rust, representante del programa Propaz GIZ de la cooperación alemana, organización que les ayudó a las mujeres a construir el informe.
“Al Estado no le interesa el dolor de nosotras”, reclamó Amparo Butaco después de contar la historia de su hija abusada sexualmente y desaparecida por grupos paramilitares hace 18 años en San José del Guaviare. La violencia basada en género ha sido una constante entre las desaparecidas en los Llanos Orientales, de acuerdo con el informe.
Pese a las dificultades y los riesgos, estas mujeres han emprendido una lucha colectiva por la reivindicación de sus derechos y por el esclarecimiento de la verdad. Mujeres que se convirtieron en ‘raspachines’ para saber cómo desaparecieron sus hijos; mujeres investigadoras que buscan testimonios, que van a los lugares donde sus seres queridos pudieron ser enterrados; mujeres que han sido atacadas por persistir en su búsqueda.
Todas ellas siguen el objetivo común de encontrar la verdad y están ayudando a otras mujeres, que también son víctimas. “Tenemos la esperanza de poder cerrar un día nuestro ciclo y de tener a donde llevar una flor”, concluyó Amparo.
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