La Suprema Corte deberá resolver controversia interpuesta por la CNDH en contra de la Ley de Derecho de Réplica
lasillarota.com
Le comentaba en mi última colaboración de diciembre que para este
año habrá de ensancharse la agenda en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión, pues tendrán que tomarse definiciones sobre una gran
cantidad de temas aún pendientes por la reforma en la materia desde hace
dos años. Algunas de ellas tendrán que ser determinadas por el
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) y otras por el poder judicial.
Comencemos por las del Poder Judicial. Es muy posible que en los
primeros meses de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) resuelva dos amparos en revisión que interpusieron organizaciones
sociales desde la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión (LFTR).
El primero de ellos en contra de los artículos 189 y 190 referentes
al capítulo de colaboración de la justicia que faculta sin orden
judicial u otra salvaguarda, que autoridades vinculadas con la justicia
puedan realizar geolocalización en tiempo real y solicitar la retención
de datos de comunicaciones de los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones, que se considera viola la protección de datos
personales y el derecho a la privacidad.
El amparo no cuestiona la legitimidad de la utilización de este tipo
de herramientas para combatir la delincuencia, sino los términos en que
se aprobaron los artículos al determinar que se utilizarán ante
cualquier delito cuando debieran ser aquellos definidos como graves, y
que no exista ningún tipo de defensa para quien sea objeto de tal
vigilancia, así como la ausencia de controles para evitar un abuso por
parte de las autoridades y que puedan ser utilizadas con otros fines.
El segundo amparo, es el que interpuso Mardonio Carballo, escritor y
comunicador indígena, en contra del artículo 230 de la LFTR, que obliga
a los concesionarios de radiodifusión a realizar sus transmisiones en
el “idioma nacional”, restringiendo el uso de lenguas indígenas
exclusivamente a aquéllos concesionarios de uso social indígena.
De acuerdo al principal argumento del amparo, la restricción resulta
discriminatoria y contraria al derecho a la libertad de expresión, en
tanto se impide a un sector de la población indígena que no habita en
sus comunidades a acceder a información y contenidos en su lengua y
constituye una medida regresiva que viola el principio de no
discriminación, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el
derecho a la libertad de expresión en su doble dimensión: individual y
colectiva.
Lo que decida en ambos asuntos la SCJN, serán de vital importancia respecto de los derechos reclamados.
Igualmente será trascendente lo que determine este máximo tribunal
del país, respecto de la controversia constitucional que interpuso la
Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Ley de Derecho de
Réplica aprobada el año pasado en el Congreso, que es a todas luces una
ley que favorece los intereses de los dueños de los medios de
comunicación en detrimento de los ciudadanos.
La agenda regulatoria
Sobre la agenda regulatoria que deberán de desplegar tanto el IFT
(mayoritariamente) como la SCT se encuentran varios temas que serán
decisivos tanto para la competencia, la inclusión digital y los derechos
informativos.
En radiodifusión, el IFT tendrá en algún momento que determinar el
cambio de la norma en la banda de FM pasa reducir la distancia entre
frecuencias y pasar de los 800 a los 400 Khz, como ya sucede en todo el
mundo, eso permitirá contar con más frecuencias que debieran destinarse
la mayor parte de ellas al sector social y público para fortalecer el
pluralismo. El IFT ya cuenta con los estudios y resultados de la
consulta pública en el tema, por lo que no tiene ningún obstáculo para
determinar el cambio que ha sido una demanda añeja por diversos
sectores.
También deberá emitir, después del proceso de consulta pública que
termina el 20 de febrero, las bases de licitación de 191 frecuencias de
radio en FM y 66 en AM para fines comerciales que se prevé será en
marzo. En el caso de la televisión abierta digital tendrá que prescribir
si la nueva licitación de los 123 canales será de carácter nacional,
regional o local. En ambos casos será clave observar si se imponen
límites de tenencia del espectro a quienes ya operan medios electrónicos
y si ahora sí se toman en cuenta las ofertas programáticas de los
jugadores para fortalecer el pluralismo.
En cuanto a los derechos de las audiencias, el IFT deberá en este año
emitir los lineamientos que deben de cumplir los operadores. El asunto
no está fácil pues la industria se resiste a cumplirlos escudándose en
la libertad de expresión, habremos de ver si en este rubro el regulador
cumple con el deber de proteger, esto es, poner reglas para que
particulares no violen los derechos de terceros que en este caso son las
audiencias y que somos millones. En el mismo sentido, deberá de emitir
los lineamientos sobre límites de tiempo en publicidad comercial y las
sanciones respectivas sobre la publicidad engañosa, otro tema que
también será espinoso.
Sobre la inclusión digital, tres temas considero son claves, el
primero de ellos es la implementación de la red compartida mayorista con
la banda del 700 que ya quedó liberada una vez que se realizó el apagón
analógico el pasado 31 de diciembre. Las bases de licitación deberán
ser publicadas por la SCT a finales de enero, sin embargo, este proyecto
que es uno de los más ambiciosos de la reforma, se ha enfrentado a
muchos detractores, contratiempos, falta de claridad y definiciones.
Veremos qué pasa.
Junto con la red compartida también debe de impulsarse la ampliación
de la red troncal de fibra óptica para dotar de banda ancha. Apenas en
septiembre pasado el IFT aprobó la cesión de la concesión de la Comisión
Federal de Electricidad a Telecomunicaciones de México. Este proyecto
junto con el anterior tienen un retraso ya de dos años en su ejecución,
cuando son prioritarios para conectar a los millones de desconectados en
el país.
El tercer tema serán los lineamientos que deba aprobar el IFT sobre
la neutralidad de la red, aquí la batalla entre los grandes
conglomerados de telecomunicaciones y las organizaciones defensoras de
los derechos digitales será importante, pues mientras los primeros
quieren manejar el tráfico y las capacidades de la red de acuerdo a sus
planes de negocio, las organizaciones pugnan por seguir manteniendo a la
red como un espacio amplio de ejercicio de libertades de información,
expresión y desarrollo de emprendimientos.
Sin agotar todos los temas, sólo me resta mencionar la próxima
licitación de la banda AWS, proceso en el que Telefónica anunció que no
participará, por lo que se reducen los jugadores que participarán; y la
revisión que habrá de hacer el IFT para examinar las Declaratorias de
preponderancia en telecomunicaciones (América Móvil) y de radiodifusión
(Televisa) que les impuso hace dos años.
Como verá la agenda está movida, así que habrá mucha tela de donde cortar a lo largo de este 2016.
