🗞 LA JORNADA
Acusa EU a Rocha de ligas con cártel; no hay evidencia: SRE y FGR
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos activos y retirados fueron señalados por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, en una imputación formal que se hizo pública ayer. El documento sostiene que los acusados “abusaron de sus cargos” para apoyar al cártel de Sinaloa en sus actividades a cambio de sobornos y, en el caso del mandatario estatal, de garantizar su elección mediante la intervención directa en el proceso con secuestros y presiones a la población.
Los cargos que les imputa la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York –la misma que en 2020 acusó, sin pruebas, de narcotráfico al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, secuestrado en enero pasado durante una intervención armada ilegal– implican penas que van de 40 años a cadena perpetua. El documento sostiene las acusaciones con base en la descripción de eventos –tanto la forma en que supuestamente opera el trasiego de drogas del cártel de Sinaloa como el modo en que tuvo lugar su intervención electoral–, sin aportar pruebas ni precisar datos.
Al final incluye una “notificación de decomiso a favor de Estados Unidos” de todas las ganancias de los acusados, sus bienes muebles, inmuebles, armas de fuego, municiones y dinero “en moneda estadunidense” que se deriven de la comisión de los delitos señalados, sin especificar qué bienes son esos ni si se encuentran en territorio estadunidense.
Los acusados, junto con Rocha Moya (76 años), ante el tribunal federal de Manhattan son: Enrique Inzunza Cázarez, senador y ex secretario de Gobierno del estado de Sinaloa (Morena); Enrique Díaz Vega, ex encargado de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez y José Antonio Dionisio Hipólito, ex mandos policiales estatales; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán (Morena), y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, ex jefe de policía de Culiacán, quien además es demandado por “secuestro con resultado de muerte”.
Las autoridades estadunidenses afirmaron que los imputados desempeñaron un papel fundamental en la ayuda al cártel de Sinaloa –uno de los ocho grupos delictivos latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por Washington– para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos.
El fiscal federal a cargo del caso, Jay Clayton, calificó al cártel de Sinaloa de “organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.
La acusación “pone de manifiesto un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en peligro la vida de los estadunidenses”, afirmó Terrance Cole, director de la agencia antidrogas (DEA, por su sigla en inglés). Los funcionarios encausados “aprovecharon sus cargos de confianza para proteger las operaciones de los cárteles, facilitando así el tráfico de drogas letales hacia nuestro país”, afirma. Menciona que el transporte se realiza “en equipaje de aviones”, sin precisar ninguna operación específica.
El Departamento de Justicia sostiene que Rocha Moya fue elegido gobernador en 2021 con la ayuda de una facción del cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de su fundador, Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, quienes, presuntamente, secuestraron e intimidaron a sus rivales a cambio de la promesa del entonces candidato a gobernador de permitir que el grupo delictivo operara con impunidad y distribuyera drogas hacia territorio estadunidense.
Díaz Vega, uno de los imputados, es señalado como la persona que entregó al cártel los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya para que Los Chapitos pudieran obligarlos a retirarse de la contienda por la gubernatura.
Pero además, “Los Chapitos ordenaron a sus integrantes y a los ciudadanos de Sinaloa que votaran por Rocha Moya. Incluso, el día de las elecciones, en junio de 2021, siguiendo órdenes de Iván Guzmán Salazar, sicarios del cártel robaron papeletas y urnas del partido opositor y secuestraron a los oponentes de Rocha Moya, obligándolos a retirarse de la contienda. Por otra parte, para influenciar aún más los resultados electorales, los mandos de la policía estatal de Sinaloa prohibieron a sus agentes acercarse a los recintos de votación el día de las elecciones, incluso si observaban actividades delictivas o recibían una denuncia sobre un delito electoral”.
🗞 CONTRAPORTADA
Pactan gobierno e IP uso se acero nacional
El gobierno federal acordó con la industria de la construcción y la vivienda fortalecer a la siderurgia nacional mediante la compra prioritaria de acero mexicano para obras públicas y privadas. La finalidad es sustituir importaciones en la medida posible y fortalecer las cadenas productivas con provedores nacionales, aseveró la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
Durante la conferencia de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el propósito es que la mayor parte del acero producido en México se adquiera en el país. Recordó que para proteger esta industria, el gobierno impuso aranceles al acero importado desde países con los cuales México no tiene acuerdos comerciales.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Sergio de la Maza, dijo que éste es un paso decisivo para fortalecer al sector y elevar el contenido nacional de las obras públicas. “Este acuerdo es clave para respaldar cerca de 90 mil empleos directos y dar certidumbre a inversiones en curso por más de 8 mil millones de dólares”.
De la Maza reconoció que 2025 fue un año muy complejo para el sector, pues se redujo la producción debido a la caída de las exportaciones por los aranceles de Estados Unidos. Aseveró que la producción de acero en 2025 alcanzó 14 millones de toneladas y el consumo interno fue de aproximadamente 28 millones de toneladas. “Ese es el espacio que tenemos para crecer y cubrirlo con producción local”.
El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Luis Rafael Méndez, dijo que este sector consume 60 por ciento del acero del país.
🗞 EL UNIVERSAL
EU pide captura
Después de que se informó que se presentaron cargos penales en Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha y otras nueve personas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que ayer se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Donald Trump.
Indicó que de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen estad solicitudes conforme a la legislación mexicana.
La SRE apuntó que en los tratados vigentes hay "provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información", por lo que se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.
"Los documentos que fueron recibidos parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición.
"Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición", detalló.
🗞 MILENIO
México batea extradición de Rocha...pero le abre carpeta
La fiscalía estadunidense ha presentado una acusación por narcotráfico en contra del actual gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, así como otros nueve funcionarios estatales. Las autoridades norteamericanas aseguran que el mandatario estatal y los oficiales del estado colaboraron con el Cártel de Sinaloa para enviar droga a los Estados Unidos.
De acuerdo con el documento judicial, los señalados enfrentan cargos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Las autoridades estadunidenses sostienen que los acusados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar la distribución de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.
“Para proteger y que creciera su imperio de tráfico de drogas, se presume que el cártel ha colaborado con políticos corruptos y autoridades, incluyendo a los acusados, quienes han abusado de su autoridad para dar apoyo al cártel, han expuesto y sujetado a víctimas a amenazas y violencia y han vendido sus cargos a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos oficiales de policía en México, incluyendo como se presume, a ciertos de los acusados, han participado directamente en la violencia y revanchas del cártel, incluyendo el asesinato de enemigos del cártel y asesinatos de individuos en México que se sospechaba que cooperaban con autoridades de EU en esta investigación”, señala Washington.
En la acusación también figuran:
Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Sinaloa
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
Dámaso Castro Zaavedra, subfiscal General de la Oficina del Fiscal General del Estado de Sinaloa
Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán
El caso incluye señalamientos adicionales contra Valenzuela Millán, a quien se le imputan delitos relacionados con el secuestro de una fuente de la DEA y un familiar de esta, hechos que derivaron en la muerte de ambas personas.
🗞 EXCÉLSIOR
Piden extradición de Rocha; FGR indagará acusación
El gobierno de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios en el estado por vínculos con el narcotráfico, y solicitó a las autoridades mexicanas su extradición.
De acuerdo con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la fiscalía de Nueva York, Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en la entidad que gobierna.
En la acusación se señala a los implicados de utilizar sus cargos públicos para proteger al Cártel de Sinaloa y asegurar el envío ininterrumpido de narcóticos hacia EU.
El fiscal de Brooklyn, Jay Clayton, junto con el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunció la apertura de una acusación formal contra Rocha y los otros nueve.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el 28 de abril recibió las solicitudes de extradición contra Rubén Rocha y nueve funcionarios más, las cuales turnó a la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, subrayó que en los documentos no se anexaron pruebas para poder determinar la responsabilidad de los acusados.
En tanto, el fiscal especial Ulises Lara explicó que la solicitud de extradición contra el gobernador Rocha Moya “no cuenta con elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes”, y anunció la apertura de una investigación.
Según el expediente y los documentos judiciales, la relación del gobernador sinaloense con el crimen organizado habría sido fundamental para el ascenso y el control territorial del cártel.
Delitos que se le imputan a Rocha Moya
Conspiración para la importación de narcóticos.
Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
🗞 EL HERALDO
Pide EU capturar a Rocha; FGR exige pruebas
Morena en la Cámara de Diputados afirmó que las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, deben analizarse con cautela y, hasta el momento, las consideran de carácter político ante la ausencia de pruebas.
Asimismo, señaló que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente.
“Para mí es un asunto político porque no conozco ninguna prueba*”, sostuvo el coordinador de la bancada morenista Ricardo Monreal.
Explicó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por autoridades estadounidenses fue turnada conforme a la ley a la FGR, la cual deberá revisar su contenido.
🗞 REPORTE ÍNDIGO
EEUU va por Rocha y otros políticos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló de manera formal, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (@rochamoya_), así como a otros políticos y altos mandos policiacos del estado, de conspiración con el Cártel de Sinaloa.
Los documentos dan detalles de su operación delictiva.
El gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado fueron acusados en Estados Unidos por facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de presuntos sobornos y el apoyo electoral en 2021
La acusación en contra de Rocha Moya –quien, postulado por Morena, ganó las elecciones de 2021 después de dos intentos en 1986 y 1998– fue presentada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El expediente incluye el señalamiento de que su triunfo electoral se debió a la participación del grupo conocido como “Los Chapitos”. Entre los presuntos actos con los que habría contribuido esa célula delictiva está la coacción de opositores.
Ante la revelación del máximo órgano de procuración de justicia de Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril, a las 18:00 horas, recibió solicitudes de extradición de “diversas personas” por parte del gobierno de ese país. La Cancillería mexicana aclaró que las peticiones carecen de elementos probatorios de las imputaciones.
Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo con la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo con la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”.
A su vez, el fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, confirmó que esa instancia fue notificada por parte de la Cancillería sobre las solicitudes de extradición.
La Fiscalía General de la República informa que, en este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia”, expuso Lara López.
La Fiscalía General de la República informa que, en este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia”, expuso Lara López.
Dos horas después de que las autoridades federales de Estados Unidos difundieron el señalamiento judicial, el gobernador publicó en sus cuentas oficiales de redes sociales un posicionamiento en el que rechazó las imputaciones y sostuvo que la falta de veracidad será demostrada “en el momento oportuno”. En su comunicado exclamó:
Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esta causa”.
Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esta causa”.
Entre los acusados se encuentra Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y asesor de Rocha Moya cuando este fue senador. Se trata de uno de los personajes políticos más cercanos al mandatario estatal en la última década. Después de Rocha Moya, el munícipe también emitió su rechazo a las acusaciones.
No tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público. Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”.
No tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público. Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días”.
Culiacán bajo violencia: el contexto que rodea las acusaciones en Sinaloa
Las acusaciones son reveladas tras casi dos años de violencia sistemática en Culiacán, la capital del estado. Desde la detención en julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada en un aeropuerto estadounidense, los encuentros con disparos se volvieron frecuentes en la ciudad. Además, cientos de personas fueron desplazadas de sus comunidades en toda la entidad. En varias manifestaciones y expresiones artísticas, la población clamó por la paz y le pidió cuentas al gobernador.
🗞 LA RAZÓN
EU acusa de narco a gobernador de Sinaloa y 9 más; pide Gobierno pruebas
Un expediente federal en Nueva York colocó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a funcionarios de alto nivel en el centro de una presunta conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, con apoyo directo del Cártel de Sinaloa. La acusación incluye a un senador en funciones, mandos de seguridad y autoridades municipales, a quienes señala por brindar protección, recibir sobornos y facilitar operaciones criminales.
El documento, radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, identificó a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre los implicados en una red que posiblemente colaboró con la facción de Los Chapitos para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
El Dato: La American Society of Mexico señaló que la confianza en nuestro país como socio estratégico depende de la celeridad y transparencia con la que se responda a las acusaciones.
La acusación también señaló al exsecretario de Administración, Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; a quienes encabezaron la Policía de Investigación. También a Marco Antonio Almanza Áviles y Alberto Jorge Contreras Núñez; al exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; a José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado.
En el ámbito municipal, el expediente colocó bajo la lupa al comandante Juan Valenzuela Millán, conocido como Juanito, a quien vinculó con acciones operativas en favor de la organización criminal y un homicidio de alto impacto.
Autoridades estadounidenses sostuvieron que, además de facilitar el tráfico, los implicados proporcionaron protección institucional al Cártel de Sinaloa, especialmente a la facción de Los Chapitos, a través de filtraciones de operativos, liberación de detenidos y uso de corporaciones policiacas para resguardar cargamentos.
El caso apunta de forma central a un acuerdo político-criminal en la elección de 2021. Según la acusación, Los Chapitos apoyaron la campaña de Rocha Moya y ordenaron a sus operadores robar boletas, intimidar votantes y secuestrar a candidatos opositores.
El documento judicial señaló que, tras el triunfo electoral, el gobernador cumplió compromisos al permitir que la organización criminal operara “con impunidad” y colocara a funcionarios afines dentro de estructuras de gobierno.
Las pruebas citadas por la fiscalía incluyen registros de pagos periódicos que, según la acusación, muestran cómo este grupo criminal distribuyó sobornos entre autoridades estatales y municipales para sostener su red de protección.
76 años tiene el gobernador Rubén Rocha Moya
De acuerdo con esas listas, los pagos mensuales más altos se dirigieron a mandos de la Policía de Investigación, con montos de hasta 300 mil pesos.
El expediente también mencionó entregas de 200 mil pesos a funcionarios vinculados con áreas de procuración de justicia, así como depósitos o pagos de hasta 100 mil pesos para jefes operativos encargados de facilitar acciones concretas en campo.
🗞 REFORMA
Exige EU entregar a Rocha por narco
Autoridades de Estados Unidos exigieron el martes pasado la entrega del Gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) por encabezar un narcogobierno en Sinaloa.
El Gobierno del Presidente Donald Trump solicitó el 28 de abril (aunque hasta ayer se difundió) la detención con fines de extradición del Mandatario morenista y otros nueve funcionarios y ex funcionarios de su círculo cercano, quienes son requeridos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por dar protección al Cártel de Sinaloa para traficar drogas y armas.
Se trata del primer Gobernador en funciones en México acusado en Estados Unidos por estos delitos.
Según el expediente presentado a la Corte de EU hace una semana (el 23 de abril), pero que hasta ayer fue difundido públicamente junto con la petición de detención y extradición, los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a EU a cambio de apoyo político y sobornos.
"Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos", se establece.
En particular, EU acusa a Rocha de haberse reunido en junio de 2021 con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y conocidos en Sinaloa como "Los Chapitos", para garantizar el apoyo del Cártel de Sinaloa para su elección. Dicho apoyo incluyó la intimidación a otros candidatos y el robo de boletas electorales en aquel año.
Además lo implican en el asesinato de un colaborador de la DEA, de nombre Alexander Meza Leon.
🗞 EL ECONOMISTA
Petróleo rebasa otra vez los US120, tras dos meses de guerra con Irán
Los precios del petróleo subieron más de 6% el miércoles, alcanzando su nivel más alto en semanas, debido a que el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán aumentó la preocupación de los inversionistas por posibles interrupciones prolongadas en el suministro de Medio Oriente.
Los datos del gobierno estadounidense mostraron una reducción semanal mayor de lo esperado en las reservas de crudo y combustible, lo que también ejerció presión al alza sobre los precios del petróleo.
Los futuros del crudo Brent para junio subieron por octava sesión consecutiva y cerraron con un alza de 6.77 dólares, o 6.08%, a 118.03 dólares el barril, el nivel más alto desde el 31 de marzo.
El referente mundial subió aún más en las operaciones posteriores al cierre, alcanzando los 120 dólares el barril por primera vez desde junio de 2022.
Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense para entrega en junio subieron 6.95 dólares, o 6.95%, hasta los 106.88 dólares por barril, el nivel más alto desde el 7 de abril.
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