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Junio de 2008.

Soberanía, Constitución y Estado

José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx

Al silencio cómplice de las fuerzas armadas de México.

Por tratarse de la sobrevivencia de la nación, de un asunto de soberanía, el debate sobre el tema del petróleo debe llevar primero: a la profundización de los principios fundamentales: propiedad originaria; dominio directo, inalienable e imprescriptible; y explotación exclusiva y directa de los hidrocarburos; o segundo: a la convocatoria de un constituyente. No a una reforma constitucional que responda a intereses particulares, partidistas o de grupo en una clara entrega del patrimonio nacional al gran capital.

De los muchos problemas que se suscitan en torno a la soberanía, se destaca el relativo a la dialéctica entre quién es el titular de la soberanía y el del ejercicio jurídico del poder. La evolución histórica de la soberanía culmina cuando localiza al Estado como su titular. A su vez, el pueblo, titular originario de la soberanía, subsume en la Constitución su propio poder soberano.

Desde la cúspide de la Constitución, vértice de la pirámide jurídica, el principio de legalidad fluye a los poderes públicos impregnándolos de seguridad jurídica, es decir, de constitucionalidad: un individuo puede hacer todo aquello que no prohíbe la norma, en tanto que el individuo que obra en representación del Estado, únicamente puede hacer lo que la ley le ordena o autoriza.

Así las cosas, la supremacía de la Constitución presupone dos condiciones. Primero, el poder constituyente es distinto de los poderes constituidos. Segundo, la Constitución es rígida y escrita. De esta manera es como la supremacía de la Constitución responde, no sólo a que es la expresión de la soberanía, sino también a que por serlo, está por encima de todas las leyes y de todas las autoridades: es la ley que rige las leyes y que faculta a las autoridades.

Si los órganos del poder, reciben su investidura y facultades de una fuente superior a ellos mismos, la Constitución, quiere decir que su autor debe ser distinto y estar por encima de los intereses de los órganos constituidos, entre ellos en el poder revisor o Constituyente Permanente (Congreso de la Unión y legislaturas de los estados).

El origen de esta distinción se anida en la teoría de la división de los poderes que plantea la existencia de un poder más alto –Constituyente– que marca a cada uno de ellos sus facultades y competencias.

Cronológicamente se aprecia, sin duda, que el Constituyente precede a los poderes constituidos; cuando aquél ha formulado y emitido su obra en un documento único y solemne: la Constitución, desaparece del escenario jurídico del Estado, para ser sustituido por los órganos que él ha creado. El Poder Constituyente no gobierna, sino sólo expide la ley en virtud de la cual gobernarán los poderes que él ha constituido; y éstos no deben hacer otra cosa que gobernar en los términos y límites señalados por la ley emanada del Constituyente, sin que puedan en su carácter de poderes constituidos alterar en alguna forma la norma que los creó y los dotó de competencia.

Precisamente, la intangibilidad de la Constitución en relación con los poderes constituidos, significa que la Constitución es rígida, lo que se complementa con su forma escrita. Por serlo, es superior a todos los poderes constituidos. En ningún sistema constitucional se admite, pues, que cualquier órgano constituido pueda ponerle mano a la Constitución, pues tal cosa significaría la destrucción del orden constitucional.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que la soberanía, una vez que el pueblo la ejerció a través del trabajo solemne del Constituyente, reside exclusivamente en la Constitución que recoge la voluntad general que no es simplemente la suma de las voluntades particulares, ni tampoco la voluntad de todos o del mayor número. La voluntad general de que hablamos debe intervenir un elemento de moralidad, que consiste en buscar la utilidad pública.

Por tanto, las reformas que ahora pretende hacer el Constituyente Permanente para alterar los principios fundamentales de dominio directo, inalienable e imprescriptible de la nación sobre el petróleo, implican la destrucción de la Constitución, la modificación de la misma en sus decisiones políticas fundamentales –división de poderes, federalismo, municipio, democracia, derechos humanos y sociales, educación, etcétera– hechas por un órgano incompetente como lo es el poder revisor; más grave aún, integrado hoy en día por intereses ajenos a la nación y a la voluntad general.

Es cierto, en 1940, 1960 y 1983 hubo reformas a la Constitución en el tema petrolero, pero no significaron un cambio en la línea original del Constituyente sino que el poder revisor, en acato a su mandato, profundizó en las decisiones fundamentales al considerar los recursos en materia de petróleo propiedad de la nación y parte de nuestra soberanía.

El petróleo no es cualquier recurso, forma parte de nuestra identidad nacional, de nuestra historia, de la geopolítica mexicana, del desarrollo del país, del poder nacional, quienes lo entreguen al gran capital a través de reformas legaloides bajo el eufemismo de competitividad, modernización o apertura cometen el delito de traición a la patria.

Petróleo y migración

Humberto Hernández Haddad
humberto.hernandez.haddad@gmail.com

1. Escribo estas líneas para mis lectores desde el Foro Migración Internacional México-Estados Unidos, realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el Consejo Estatal de Población de Chihuahua y El Colegio de la Frontera Norte. Acertadamente, este foro que congrega a especialistas de todo el país, se reúne para homenajear al doctor Jorge Bustamante Fernández, el intelectual juarense que se ha convertido en un símbolo de la defensa internacional de los trabajadores migrantes como relator de la Naciones Unidas y quien ha dedicado su vida a la investigación científica de la frontera y a analizar los factores que actúan detrás del fenómeno migratorio.

2. Imponente luce Ciudad Juárez, con su nacionalismo a flor de piel, con sus 3 millones de habitantes y sus enormes plantas industriales a orillas del río Bravo. Esta ciudad es una esquina estratégica de la República y sus problemas no son de calibres locales. Pertenecen al rango de la agenda estratégica de la seguridad nacional y la política exterior de México. El producto industrial per cápita juarense coloca a esta ciudad en el rango internacional de las ciudades inscritas en las ligas mundiales, por sus logros y también por sus problemas

3. Las frías estadísticas de expulsión migratoria y de repatriaciones que se ven desde aquí causan asombro. Un promedio de medio millón de mexicanos al año abandonan el país, cruzando la frontera norte para buscar trabajo. Las deportaciones de miles de niños menores de 12 años son un capítulo de especial atención donde los tres cónsules mexicanos que asisten al foro explican el despliegue de gestiones consulares que ese fenómeno requiere. Es evidente que las valiosas investigaciones de El Colegio de la Frontera Norte debieran ser aprovechadas por las autoridades mexicanas que actúan en la frontera y el extranjero.

4. Apegado a su papel de incansable defensor de los derechos humanos de los migrantes, Jorge Bustamante dio a conocer en el foro tres datos duros: cada vez es mayor el número de menores de edad mexicanos abusados durante sus intentos de cruce indocumentado e internación en Estados Unidos; se hace necesaria una protesta de México por una nueva práctica que ha surgido durante las deportaciones de mexicanos de inyectarlos con supuestos fármacos tranquilizantes, lo cual es una violación grave a los convenios internacionales que protegen sus derechos; y como espejo de ese clima de violencia, México destaca entre los países donde se cometen los mayores abusos contra los migrantes del sur que entran a nuestro territorio buscando llegar a Estados Unidos.

5. Todo este panorama de descomposición social tiene una misma e indisoluble raíz: el desempleo. Los trabajadores que emigran van huyendo de la pobreza y de la falta de oportunidades en sus países de origen. Si además a ello se agregan factores de hambrunas, de inestabilidad política o de desastres naturales, entonces las cifras aumentan rápidamente.

6. Para México es fundamental prevenir cuatro factores que pueden afectar el bienestar de la nación. Primero, el carácter indispensable que para el desarrollo agrícola e industrial tiene el sector energético, especialmente la industria petrolera como patrimonio nacional. Segundo, la urgencia de reactivar el sistema agroalimentario del país, con fertilizantes, maquinaria y créditos, antes de que una crisis alimentaria internacional nos alcance. Tercero, se requiere de un plan de contingencia económica nacional frente a la recesión estadunidense que podría frenar las remesas de dinero de los trabajadores migratorios mexicanos, que son la segunda fuente de divisas, después del petróleo. Cuarto, la revisión y corrección del modelo económico promotor de la desigualdad, que desde 1982 desintegra a la planta industrial nacional, impulsando el desempleo y concentrando la riqueza.

7. Si la estrategia económica del no desarrollo de México continúa con el mismo sentido de desintegración que el neoliberalismo del Consenso de Washington le impuso desde hace 25 años, estaremos condenados a agotar en 10 años los yacimientos petroleros, con una extracción acelerada programada para exportar petróleo crudo y trabajadores indocumentados. Ésa es la tendencia predominante en varias regiones del país, incluyendo a los estados petroleros del sureste como Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

8. Petróleo y migración se articulan en una delicada ecuación con el sistema energético-agroalimentario-hidráulico. La posibilidad de que el precio internacional del petróleo alcance los 200 dólares por barril es real y está cercana. Y sus efectos en los precios de los alimentos serán el marco perfecto para una crisis de escasez de alimentos. El maíz será el primero en la lista de granos básicos que serán destinados a la producción de biocombustibles. Estados Unidos está dedicando ya casi la tercera parte de su producción nacional de maíz para producir etanol como combustible para el transporte.

9. Aún si dedicara la totalidad de su producción de maíz para hacer etanol, apenas si resolvería sus necesidades nacionales de gasolina en un 12%. La búsqueda de combustibles guiará la agenda política, económica y militar de Estados Unidos hasta que puedan salir de esta crisis estructural.

10. Nadie puede llamarle seriamente iniciativa de reforma energética a lo que se está discutiendo en el Senado, pues son simples iniciativas de reforma a Pemex y no a todo el sector energético, que incluiría gas, petroquímica básica, electricidad y recursos hidráulicos. Los senadores se están olvidando de analizar el impacto profundo del petróleo en la agricultura y la migración. Sería sano para ese debate petrolero, que por aseo jurídico y dignidad legislativa, el senador Francisco Labastida Ochoa se excusara de presidir la Comisión de Energía y el debate mismo, pues entraña un conflicto de interés que habiendo sido un actor central del escándalo históricamente llamado Pemexgate ahora coordine el debate para decidir el futuro de la industria petrolera. El Senado debe subsanar esa falla.

¿Y el origen?

Juan Chávez
chavezr25@hotmail.com

Los medios son culpados por los presidentes, cuando sus políticas no alcanzan las metas propuestas.

Lo hizo López Portillo, con aquella sentencia de “no pago para que me peguen”, a poco más de un año de que concluyera su sexenio.

Ahora, ha sido Felipe Calderón, cuando un periodista le preguntó que explicara su “¡ya basta!” que lanzó el viernes 9 de mayo.

Habían pasado sábado y domingo. El Día de la Madre y el domingo, pues, y supuestamente, el “¡ya basta!” parecía cosa del pasado.

No fue así. El presidente, tras de explicar que se trataba de una convocatoria y exigencia a todos, se fue a la directa contra la prensa:

“Es también una exigencia a los medios de comunicación, precisamente, para que manifiesten y divulguen las acciones que están, precisamente, deteniendo la estructura de los criminales, para que no se convierta la estrategia de los criminales en una estrategia que busca sembrar terror, en una estrategia compartida por los propios medios de comunicación”.

Ricardo Alemán, en su columna de El Universal (15-V-08) pregunta al mandatario entre admiraciones “¿¡Qué quiso decir, Presidente!?”

Los medios con esa declaración presidencial, parecieran, por acción u omisión, estar efectivamente como el presidente los ve, formando parte de “la estructura” en la que el narcotráfico sustenta su poder.

Y los medios no somos más que el espejo que refleja esa materia prima para el mundo noticioso y de la opinión pública, por supuesto, que generan los actores políticos, incluido el presidente por supuesto, y aquellos grupos o personeros que conforman la realidad diaria del país.

Los cárteles de las drogas son parte de esa fenomenología social que prensa escrita, radio, televisión e internet no hacen más que transmitir a sus lectores y audiencia.

Aquí sólo preguntaríamos:

¿Quién dimensionó el flagelo que el narco constituye para la sociedad?

¿Quién incrementó en 40% los haberes de las fuerzas armadas, en diciembre de 2006?

¿Quién marbetó como “guerra” la acción contra los cárteles del narco?

Son tiempos difíciles, no cabe duda. Diría que al presidente Calderón se le están reventando y que desde las perspectivas desde las que él los ve, como el hombre más informado del país, hay que esperar que sus decisiones, finalmente, resulten positivas para México.

Pero no se puede dejar pasar por alto que a uno de esos medios, de nuevo en el nicho de los consentidos haya estrenado la telenovela La pantera, con la participación de elementos del Ejército en la tramoya en que se desarrolla.
Ese hecho, usted lo vivirá, amable lector, va a resultar materia de nuevo escándalo periodístico y, de nuevo, cabe la pregunta ¿Quién autorizó? La productora y una actriz de la nueva telenovela de la empresa telenovelera son quienes sostienen cómo se armó tal escenografía con soldados y helicópteros de a de veras.

Los orígenes de lo que los medios transmiten y opinan, es una cuestión de esencia. El discurso político no se da en función de lo que los medios hagan o piensen. ¿O sí? En todo caso, antes de emprenderla contra los medios valdría la pena que se meditase en los orígenes.

Por ejemplo, y para no ir lejos, en el combate a las bandas de criminales –concretamente las del narco– origen y destino parecen intocados. La tierra, que es donde los estupefacientes son sembrados y cosechados, jamás aparece en el mundo noticioso. Jamás se informa quiénes son los dueños de esas tierras productoras del mal al que las fuerzas armadas y policiales se enfrentan. Tampoco el del destino merece atención mayor. En Estados Unidos, el principal consumidor de drogas, no se sabe de una “guerra” contra quienes distribuyen las malignas yerbas y polvos.

¡Ya basta!

Jorge Meléndez Preciado
jamelendez@prodigy.net.mx


En el homenaje al policía asesinado, Edgar Millán, los rostros descompuestos de Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón evidenciaban que las cosas iban mal, pues no esperaban una respuesta tan contundente de los narcotraficantes. Entonces, el inquilino de Los Pinos sentenció: “¡Ya basta!”. Reafirmó que no cedería ante la delincuencia, seguiría adelante en su estrategia y, como desde el principio, dijo: las instituciones son más fuertes que los delincuentes.

Cinco días después, el asombro y la preocupación no amainaron en el semblante de Calderón, pues frente al representante de la Comisión Europea, Durao Barroso, no sólo reiteró el mexicano su exigencia de ¡Ya basta!, sino que ahora hasta censuró a diversos sectores mexicanos. Lo mismo a los ciudadanos que no hacen las denuncias respectivas que al Poder Judicial que, inusitadamente, a los medios que propician, según el panista, que se exalte más a los delincuentes y no los esfuerzos gubernamentales por meter en orden a los barones de la droga.

En un discurso encendido, sin precedentes, Felipe afirmó: se busca que los “ciudadanos no sean cómplices y denuncien los delitos sin solapar la existencia de criminales, ni en el barrio ni en la ciudad, ni en el comercio ni en la cámara empresarial”.

Al Poder Judicial se refirió así: las fuerzas del orden ponen en la cárcel a los malhechores y éstos salen “a los pocos meses por su propio pie”.

Y en el caso de los medios señaló: hay una exigencia “para que manifiesten y divulguen las acciones que están, precisamente deteniendo la estructura de los criminales (sic oficialista).

El reclamo sería válido, si la famosa guerra contra las mafias hubiera sido explicada, aprobada y puesta en operación con los sectores a los cuales ahora reclama Calderón. Pero no fue así. Más bien la ofensiva se desató sin la menor consulta y de manera intempestiva. Por lo tanto, es incorrecto regañar a quienes no participaron en dicha planeación.

Pero, en otro sentido, es inconveniente decirles a los ciudadanos que denuncien a los criminales. Siendo que en nuestro país, está comprobado, nueve de cada 10 delitos permanecen impunes. Y en las cárceles no están, básicamente, los malosos, sino aquellos que no tienen dinero para contratar un buen abogado.

Es cierto, una buena cantidad de jueces y agentes del Ministerio Público han posibilitado la liberación de innumerables narcotraficantes. Ello se debe a dos motivos básicos: las investigaciones y acusaciones contra esos criminales no van sustentadas correctamente; tanto así que las recientes reformas legislativas ampliaron el plazo para que los expedientes fueran integrados a plenitud. Por otro lado, algunos impartidores de justicia son los preferidos de quienes delinquen y tienen lana; frente a dicha recurrencia, jamás se ha detenido a un juez que tenga esos dudosos antecedentes. Por lo tanto, exhortar a que se comporten de mejor forma no sirve de nada. Lo que se necesita es hacer un saneamiento en el Poder Judicial.

Lo más curioso es lo referente a los medios y periodistas. En el sexenio de Vicente Fox, amigo de Felipe, fueron asesinados 30 compañeros de la tecla y hubo cuatro desaparecidos. Mientras que en la actual administración han ultimado a 11 reporteros y hay cuatro de los que no se sabe su paradero (Nelly Olivos, Forum número 177). Dicha cifra récord en Latinoamérica y la segunda en el mundo luego de Irak, no ha preocupado en siete años y seis meses a las administraciones panistas.

Pero hay más. Recordemos que el periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue sacudido en sus instalaciones, hace algún tiempo, por una bomba. Hasta la fecha, por esa agresión, no hay ninguna pesquisa ni muchos menos un responsable en la cárcel.

En el norte del país, como sucede actualmente en Culiacán, Sinaloa, donde sesionó el gabinete de seguridad nacional –antes lo hizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Tijuana, Baja California, donde continúa la matanza–, los reporteros gráficos ya no pueden hacer su tarea, ni los hombres de libreta informar sobre ninguno de los bandos en pugna: los Beltrán Leyva contra Joaquín El chapo Guzmán e Ismael El mayo Zambada. A quien dé alguna pista mínima de los bandidos, simplemente se le liquida.

Frente a esa desprotección –algo en lo que son cómplices silenciosos lo mismo la PGR que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aparte de las fuerzas llamadas del orden y la legalidad–, es imposible exigirle a medios y comunicadores que se la jueguen. ¿Por quién?

Es más, ni siquiera aquí los alientan en sus tareas. Hace poco recibieron los galardones Ortega y Gasset en Madrid, España, Sanjuana Martínez, por sus libros acerca de la pederastia, y los directivos del semanario Zeta, César René Blanco y Adela Navarro (saludos, Jesús Blancornelas). En México ni siquiera los oyen, ni los estimulan. ¿Cómo ahora pedirles cuentas y hasta reclamarles su proceder?

Los medios deben hacer su tarea: no ser complacientes con el poder político, sino críticos de sus malas acciones.

Lo que se requiere es un pacto social muy amplio –lo hemos dicho hace tiempo y lo reiteramos– para enfrentar ése y otros asuntos de capital importancia. ¿Está dispuesto Felipe a citarlo o sólo tendrá momentos de enojo y desesperación?

De yerro en yerro

Julio Pomar
pojulio2@gmail.com

Cunde la percepción pública de que el dizque gobierno de Felipe Calderón Hinojosa está yendo de yerro en yerro, por más que sus plumíferos y gatilleros de la tecla de los medios impresos y los levanta-cejas de la televisión quieran hacernos tragar la píldora de que todo le va viento en popa. La lucha contra el narcotráfico se empantana de nuevas matazones y no es el paseo triunfal que los seguidores de Calderón alardeaban, a pesar de que Desde la Fe, periódico arzobispal del Distrito Federal, consideren que las ejecuciones masivas entre sicarios son sólo la reacción de los propios narcos ante la embestida oficial del Ejército convertido en policía. No le sale nada bien a Calderón, y es una pena porque no deja de ser el jefe de la administración pública y eso nos afecta en algún grado a todos los que, aun a regañadientes, dependemos de tales autoridades.

Un yerro más se ha asomado en el panorama. El tan publicitado Plan México, o Iniciativa Mérida, para combatir al crimen organizado, que iba a contar con miles de millones de dólares de parte del gobierno de Estados Unidos, se enfrenta a una situación de derrota en los propios EU. Como bien lo hizo notar Miguel Ángel Rivera en su columna Clase Politica del 19 de mayo, en La Jornada, “cuando los presidentes de México, Felipe Calderón, y de Estados Unidos, George W. Bush, anunciaron la Iniciativa Mérida (Plan México para los vecinos) se habló de miles de millones de dólares, de pronto se redujeron a sólo 500 cuando el mandatario estadunidense hizo la solicitud de fondos al Congreso, donde la cantidad disminuyó nuevamente a 350 millones de dólares”.

Pero por añadidura, para aportar esos recortados fondos para la lucha antinarco, los legisladores estadunidenses exigen a México reformas legales y judiciales, así como la seguridad de que las fuerzas policiacas mexicanas que reciban tales fondos no serán acusadas de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Lo cual es como decirle al gobierno de Calderón que primero tiene que volver a nacer si quiere la ayuda gringa.

Lo más notorio, y grave del asunto, es que los legisladores norteamericanos plantean que México recibirá esos recortados recursos sólo si permite fiscalizaciones de Estados Unidos, lo cual implica una sola cosa: que el gobierno de Calderón se ponga de rodillas ante el de EU para merecer tales fondos, o sea, que se decida por una de dos: o renuncia a su soberanía, y se pliega y pone de rodillas ante el gran gendarme mundial, o no le otorgan esos fondos. Y en este asunto no se sabe qué será peor, porque cualquiera de las dos opciones está para llorar por la patria perdida. Calderón tiene en esto una prueba de fuego. O se va por el camino colombiano de un agresivo entreguista como Álvaro Uribe, que prostitutamente se presta a todo hacia los estadunidenses, o se detiene y decide irse con sus solas fuerzas en esta lucha por la seguridad y el combate al narco, lo cual descobijará su tan cantada saga antinarco.

Pero eso no es todo. El recorte de fondos fue aprobado solamente por la cámara baja, la de Representantes, y aún falta que el Senado yanqui le hinque el diente y lo recorte aún más. Todo ello lleva a pensar, inevitablemente, que los recortistas legisladores norteamericanos no están pensando tanto en la lucha antinarco, sino en la eficacia de la propuesta energética de Calderón. No hay ningún aviso de que así sea, pero los poderosos siempre juegan al gato y el ratón con los débiles. Es una forma encubierta, solapada, tangencial, de decir que si Pemex se privatiza, México podrá aspirar a tener todos los recursos que quiera o necesite para el antinarco, ya que en la política como en la guerra no es nuevo que se hagan movimientos simulados para engañar al adversario, o para destantear al aliado débil y someterlo a los designios del más fuerte. O sea, puede tratarse de una finta del tamaño de las que se juegan en el Super Bowl o en la NBA, que de eso algo saben los sudorosos jugadores del dream team.

De yerro en yerro, pues, se la pasa Calderón y se la seguirá pasando. Ni modo, así es la política y así se ha dejado encajonar Calderón en su alianza con los norteamericanos del poder. Que con su pan se lo coma, pero que se lo comiera él solo y no nos involucrase a todos los mexicanos, a sus instituciones y a nuestros recursos energéticos. La realidad es así de dura para quien se afloja y se amilana ante la poderosa superpotencia. Y Calderón no tiene piernas de jinete para atravesar el río revuelto de las supeditaciones a EU y llegar a la otra orilla con la soberanía mexicana a salvo de estas amenazas.

La vía zapatista

Fausto Fernández Ponte
ffponte@gmail.com

El libro Corte de caja: entrevista al subcomandante Marcos de disponibilidad pública –ocurrente en anaqueles y plúteos– de la periodista Laura Castellanos y con fotografías de Ricardo Trabulsi, tiene el insoslayable mérito de la precisión.

Y esa precisión mueve a reflexiones acerca de la razón de ser del zapatismo indio, de su naturaleza, sus alcances y objetivos estratégicos, su evolución y desarrollo, sus cortedades y potencialidades, el propio subcomandante Marcos, etcétera.

Doña Laura –es decir, el entrevistado, el subcomandante Marcos– precisa con apabullante nitidez que el fin estratégico del zapatismo indio no es tomar el poder entendido en su sentido convencional y en el entorno de la cultura política mexicana.

Precisa, con diáfana elocuencia, que no se trata del “quítate tú para ponerme yo” y disfrutar los gajes de investiduras e instituciones del poder copadas por una subclase societal conformada por profesionales de la corrupción.

También se precisa en el libro de doña Laura –un documento que, a nuestro ver, encenderá conciencias al estilo de Eduardo Galeano– que los fines del poder en México han sido monstruosamente trastocados: es ejercido por unos cuantos.
No es, pues, ejercido por todos ni para todos. Ello fomenta la simulación, el disfraz y el mimetismo, las socaliñas y las mentiras y el engaño. Tiene manifestaciones inicuas de abusos de las potestades coactivas del poder, censura y represión.

II.- Ello da origen al doble discurso; hace de éste y la demagogia una tramoya para inducir y manipular conductas colectivas, para que prevalezca impunemente el interés particular o faccioso. Por la impunidad se transita de la hipocresía al cinismo.

Así se atenta contra la esencia misma de toda modalidad o forma de organización política que se ostenta democrática o se describe a sí misma como una democracia. La vía del zapatismo indio es, en los hechos, una muy novedosa y, a su vez, antigua.

Es la vía de la renovación constante. Los caracoles –como llámansele a autonomías municipales o equivalentes– o juntas de buen gobierno. Esas instituciones son de una gran movilidad. Sus personeros duran, cuando mucho, 15 días en el cargo.

De esa guisa, mujeres y hombres asumen responsabilidades en común. Concluidos sus funciones, vuelven a sus tareas u oficios habituales en la selva, en la agricultura en las fincas abandonadas por los terratenientes y recuperadas por zapatistas.

La imagen pública del zapatismo indio y del propio ssubcomandante Marcos se sustenta todavía sobre una base de percepciones subjetivas, románticas, pueriles, distorsionadoras de la cosmovisión indígena, descontextualizadas.

Y doña Laura recoge las definiciones del propio Marcos, las cuales establecen, de vida voz, sus trascendencias propias. Ese libro antójase fiel a la tradición educativo-histórica-orientadora-explicativa del mejor periodismo trascendente.

III .- En ese sentido, este esfuerzo de la señora Castellanos (y no en menor medida, el del fotógrafo Trabulsi– es superior al, dígase, otros entrevistadores del subcomandante Marcos: Julio Scherer, un icono de nuestro periodismo, y Ricardo Rocha.

Las entrevistas realizadas por los señores Scherer y Rocha fueron para televisión, un medio difusor que por naturaleza descontextualiza hechos y sucedidos y sus protagonistas. La de don Ricardo fue patética: parecía no saber qué preguntar.
Mas no es la precisión el atributo único del libro, aunque sí el mayor, pues desmitifica con objetividad muy profesional al personaje y lo sitúa sin restarle cualidad histórica ni vigencia en un contexto que exige a gritos su comprensión historicista.
Esa comprensión historicista de lo que es, en realidad, un personaje mediático con una densa y sustanciosa miga, que suele distraer a no pocos de un fenómeno sociopolítico de enorme trascendencia: el zapatismo indio y sus definiciones.
Esas definiciones son, desde luego, antropológicas, pero a la vez se sustraen y escapan de éstas y, así, inasibles a esa ciencia, se transforman en sociológicas, políticas, étnicas, culturales e inextricablemente históricas y políticas.

Las definiciones históricas y políticas del zapatismo indio tienen subyacencias profundas, que se nutren de su vera realidad, la que conforman los componentes del contexto estructural y superestructural, y la del entorno coyuntural.

Ese zapatismo indio es, pues, telúrico. De la tierra viene. Y a los hijos de la tierra va. Mas no agótase aquí el tema. El libro de la colega Laura nos ofrece elementos para ver no sólo el proverbial bosque, sino cada árbol. Con sensibilidad y oficio.

Glosario
Plúteo: cajones de estantes para libros. Cajones con libros.