PORTADAS EL UNIVERSAL: PRENDE FOCOS ROJOS INFLACIÓN EXCÉLSIOR: BACTERIAS SE COMEN LOS DUCTOS MILENIO: “INACEPTABLES,” LAS CONDICIONES DEL PLAN MÉRIDA LA JORNADA: NO DEL GOBIERNO A QUE EU SUPERVISE LA INICIATIVA MÉRIDA UNOMÁSUNO: MÉXICO PEOR QUE COLOMBIA
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL: PRENDE FOCOS ROJOS INFLACIÓNUn mayor pronóstico inflacionario encendió ya focos rojos en la economía. Analistas previeron para este año el mayor índice de los últimos 28 meses. Los especialistas encuestados por el Banco de México advierten que la carestía puede limitar el crecimiento. VER NOTA COMPLETA
EXCÉLSIOR: BACTERIAS SE COMEN LOS DUCTOSAl menos catorce colonias de distintas bacterias se han convertido durante años en depredadoras de gran parte de los 63 mil 340 kilómetros de ductos por los que Petróleos Mexicanos (Pemex) distribuye diariamente a todo el país petróleo crudo, gas amargo, gas dulce, gasolinas y diesel. Esos microorganismos descubiertos y combatidos por científicos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) provocan corrosión dentro y fuera de los tubos de acero y acortan su vida útil. VER NOTA COMPLETA
MILENIO: “INACEPTABLES,” LAS CONDICIONES DEL PLAN MÉRIDAEl gobierno de México rechazó las condiciones impuestas por el Congreso de Estados Unidos para otorgar los apoyos incluidos en la Iniciativa Mérida, al afirmar que cualquier esquema de seguimiento o verificación debe acordarse conjuntamente y respetar la soberanía. México no pidió asistencia unilateral, se hizo un planteamiento responsable, señala. La confianza mutua y el respeto de la soberanía, algunas de las bases del plan. VER NOTA COMPLETA
LA JORNADA: NO DEL GOBIERNO A QUE EU SUPERVISE LA INICIATIVA MÉRIDAEl secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, rechazó ayer los términos en que el Congreso de Estados Unidos pretende condicionar la Iniciativa Mérida, al considerar que la introducción de esquemas de valoración unilateral al ejercicio de los recursos son “inaceptables para nuestro país”. Estas evaluaciones ajenas a la bilateralidad “son profundamente contrarias a su objetivo y espíritu”. Su incorporación sería por ello –insistió– “inaceptable”. VER NOTA COMPLETA
UNOMÁSUNO: MÉXICO PEOR QUE COLOMBIAEl gobierno federal solo y con el apoyo de un partido no puede ganar la guerra contra el crimen organizado que tiene a México peor que a Colombia, expresó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta Salgado, quien advirtió que para salir airoso en este combate se debe “limpiar la casa” y hacer a un lado rencores y mezquindades para unidos, atacar las conductas delictivas. VER NOTA COMPLETA
Por unafuente
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El Frente Amplio Progresista (FAP) acordó formalizar ante el Congreso la realización de una consulta ciudadana sobre la reforma energética, informó el coordinador del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, señala EL UNIVERSAL. Precisó que a las 18:00 horas, en las oficinas de la Cámara de Senadores, se llevará a cabo una reunión de los seis coordinadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) , del Trabajo (PT) y Convergencia. Se preparará una propuesta formal para pedir la convocatoria a una consulta nacional sobre el tema del petróleo entre los tres partidos en las dos cámaras del Congreso y, seguramente, el miércoles se presentará el documento de manera formal, dijo, agrega EL UNIVERSAL.
Seguridad: acierto y obstinación
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Juan Camilo Mouriño, calificó ayer de “inaceptables” las condiciones planteadas por el legislativo estadunidense en el contexto del acuerdo bilateral de combate al narcotráfico y la delincuencia llamado Iniciativa Mérida o Plan México. En una declaración sobre el tema, el funcionario afirmó que “la incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendieran condicionar el ejercicio, en el desarrollo de la iniciativa, de los recursos comprometidos resultaría, al mismo tiempo, profundamente contraria a su objetivo y espíritu, y contraproducente”.
Para poner el hecho en contexto, ha de recordarse que el Senado de la nación vecina pretende imponer una serie de requisitos para la entrega al gobierno mexicano de los fondos de dicho acuerdo, entre los que destacan la certificación, por parte del Departamento de Estado estadunidense, del inicio de “reformas legales y judiciales” en nuestro país, y el establecimiento, a cargo de las autoridades de Washington, de una base de datos “para el escrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas a fin de garantizar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o (en la) corrupción”.
En efecto, tales condicionamientos son inaceptables por cuanto resultan contrarios a la soberanía nacional: permitir que un país extranjero realice el escrutinio de las fuerzas armadas mexicanas implica una escandalosa renuncia a las obligaciones básicas del Estado en materia de seguridad nacional; por otra parte, la solicitud de que una instancia del gobierno de Washington apruebe o desapruebe el desempeño de México en ámbitos como los derechos humanos y el combate a la corrupción constituye un intento por volver a los vergonzosos procesos de “certificación”, vigentes hasta hace unos años, por medio de los cuales el Departamento de Estado premiaba o castigaba a otros regímenes, e incluso los empleaba como forma de ejercer presiones intervencionistas.
La pretensión del país vecino de arrogarse el derecho de calificar a otros países siempre fue rechazada, en forma correcta, por el gobierno mexicano, y habría sido totalmente inaceptable que la presente administración se sometiese, en la materia que fuera, al escrutinio y la certificación de Washington. En ese sentido, resulta acertada la postura del gobierno mexicano al respecto, expresada por conducto del titular de Gobernación.
Por lo demás, la circunstancia de violencia creciente por la que atraviesa el país, y las manifestaciones cada vez más recurrentes del enorme poderío de las organizaciones criminales, hacen suponer que de poco o nada servirán los acuerdos bilaterales en el combate al narco, ni los correspondientes apoyos económicos, en tanto no se dé un viraje en la política de seguridad del gobierno federal. Al respecto, el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó que el rumbo que su gobierno ha seguido en la lucha contra crimen organizado, no obstante las críticas recibidas, “es la estrategia correcta”, y que “no es la acción del gobierno la que genera la violencia, sino es la violencia la que ha obligado a la acción inmediata y decidida del gobierno”. Los asertos presidenciales, sin embargo, pasan por alto que violencia y delincuencia tampoco son causas, sino efectos, y que la política de seguridad de su gobierno acusa una profunda insensibilidad respecto de sus factores originarios: pobreza, marginalidad, falta de empleo y educación, descomposición del tejido social, y una política económica que propicia la obscena concentración de la riqueza en unas cuantas manos, las aperturas salvajes de los mercados nacionales y el derrumbe de las políticas sociales.
Ante esto, es pertinente demandar al gobierno calderonista que así como rechaza, en forma acertada, los condicionamientos injerencistas de la Iniciativa Mérida, reconozca que es urgente un viraje en su estrategia de seguridad, la cual no ha abonado a la solución del problema –por el contrario, ha propiciado la intensificación de la violencia y el agravamiento sostenido de la inseguridad que padece la ciudadanía– y, al no ser acompañada de intentos efectivos de combatir las causas profundas de la delincuencia, parece destinada al fracaso.
No del gobierno a que EU supervise la iniciativa Mérida
El esquema de condiciones es "inaceptable para nuestro país", dice
"Cualquier propuesta debe ser bilateral y con respeto a las soberanías"
La demanda de drogas estadunidense repercute en la seguridad aquí
Alonso Urrutia
Nacionaliza Bolivia transportadora de hidrocarburos
El presidente Evo Morales anunció en Santa Cruz la nacionalización de Transporte de Hidrocarburos Sociedad Anónima (Transredes). La empresa tenía 50 por ciento de participación de TR-Holding, sociedad integrada por las trasnacionales Enron y Shell. La decisión se dio luego de que no se llegó a un acuerdo para la compra de las acciones en poder de las firmas extranjeras. Durante la ceremonia, el mandatario acusó a los consorcios de haber conspirado contra su gobierno desde 2006 Foto Reuters
Rosa Rojas, corresponsal
Ultiman sicarios a 11 personas en Chihuahua; a 3 las decapitaron
Dos de los pistoleros detenidos en Zapopan trabajaban para El Chapo
De los corresponsales
El gobierno no va ganando la lucha contra el narco: Espino
Aconseja revisar la estrategia y no sostenerla por "razones políticas"
Exhorta el panista al gabinete de seguridad a "cuidar más al Presidente"
Pide Ebrard al IEDF organizar la consulta sobre el tema petrolero
El instituto se declara preparado para apoyarlo
Once gobernadores rechazan la propuesta
"Oportunista", el plan de Acosta Naranjo sobre energéticos: PT
"Hace a un lado la lucha que encabeza el frente"
Elizabeth Velasco
El plátano, parábola de nuestro tiempo
Las prácticas depredadoras de corporaciones bananeras llevan al fruto hacia su extinción
Johann Hari*
Debajo de los encabezados que hablan de carestía de alimentos y gobiernos tambaleantes, existe un hecho casi inadvertido: los plátanos mueren. Este alimento, más consumido incluso que el arroz o las papas, tiene su propia forma de cáncer. Se trata de un hongo conocido como enfermedad de Panamá, que da a la fruta un color rojo ladrillo y la vuelve incomible.
Desde los años ochenta el hongo que causa la enfermedad de Panamá ha infectado plantíos en el mundo. En muchas partes de África las cosechas han caído 60 por ciento. Los científicos han advertido que la variedad Cavendish, conocida en México como tabasco, tarde o temprano se extinguirá Foto Alfredo Domínguez
Escamotea la STPS la toma de nota a Gómez Urrutia: mineros
Su relección es legal y es lo que cuenta: Pavón
Patricia Muñoz Ríos
Rayuela
Ver el campo a través del espejo de la tragedia bananera es asomarse a un futuro lamentable: el de la erosión de la biodiversidad que provoca la agricultura industrial.
Cayeron 2.4% las remesas en enero-abril, reporta el BdeM
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Exigen a la Corte no dar vueltas a amparos sobre la Ley del ISSSTE
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Luis Hernández Navarro : AI: el regreso de los hijos de Sánchez
Ana María Aragonés : Estrategia sin soberanía alimentaria
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Inaceptables, condiciones de EU a la Iniciativa Mérida
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Ganar la guerra al narcoLorenzo Córdova Vianello3 de junio de 2008
La guerra al narcotráfico decla-rada por el actual gobierno desde las primeras semanas de su gestión tiene visos de no lograr un final feliz. Por mucho que el Presidente y su gabinete argumenten que la violencia recrudecida en los meses recientes es la consecuencia de que se le está ganando la guerra al narco, lo cierto es que la percepción común apunta en el sentido contrario.
¿Puede realmente ganarse de manera definitiva la lucha al narcotráfico? Me parece que mientras la demanda de estupefacientes de nuestros vecinos del norte —los principales consumidores del mundo— se mantenga, y la prohibición del consumo de droga continúe, volviendo al narcotráfico un negocio rentable como pocos, pretender ganar esa guerra no es otra cosa más que una buena intención.
Entendámonos, no pretendo decir que ante ese fenómeno no hay otra salida más que cruzarnos de brazos y rendirnos ante lo evidente. Ello significaría pretender que el Estado claudique de su función de procurar la paz social, perseguir los delitos y someter a todos los “poderes salvajes” —como los ha definido Luigi Ferrajoli— a su potestad. El combate al crimen organizado por parte del Estado debe darse, pero para ser exitoso requiere una política racional y consciente de sus limitaciones intrínsecas y de la complejidad del problema. Sólo así puede delinearse una estrategia que pueda controlar y contrarrestar el fenómeno de la delincuencia organizada.
La mera estrategia de combatir al narco con mano dura está revelándose insuficiente e ineficaz. El uso del Ejército en tareas de policía no es la mejor estrategia para combatir el crimen organizado (con todo y que las recomendaciones —más bien exigencias— de EU planteen lo contrario). Desde las primeras semanas de la decisión del gobierno federal de utilizar a las Fuerzas Armadas en operativos permanentes contra el narcotráfico, varios expertos señalaban que el recurso del Ejército es la última carta que tiene el Estado para enfrentar la delincuencia, después de ella no hay otra; y comenzar una gestión gubernamental jugando la última carta era, para decir lo menos, arriesgado.
Ello por no hablar de la exposición a la que se coloca a las Fuerzas Armadas a hechos que dañan su prestigio y buen nombre público, como los lamentables casos de Zongolica y de la familia muerta en Sinaloa, entre otros (la presencia del Ejército en la calle implica invariablemente abusos y eso no le conviene a nadie).
Recuerdo que en un seminario realizado en Palermo en junio de 1997 el alcalde de esa ciudad, Leoluca Orlando, señalaba que sólo hasta que el Estado italiano comprendió y reconoció que la mafia constituía un problema no sólo criminal, sino fundamentalmente social, la lucha en su contra empezó a tener éxito. En efecto, la mafia —como hoy el narco en México— permeaba todas las esferas sociales; se compenetraba en política, negocios, religión y vida cotidiana. La mafia, era, señalaba Orlando, “un Estado dentro del Estado”.
Ya tampoco en nuestro caso la existencia del narcotráfico, tan difundido y arraigado a lo largo y ancho del país, responde solamente a razones criminales. Desafortunadamente, constituye una realidad que, en ocasiones, llega a ser un fenómeno social y hasta cultural (como la mafia en Sicilia). Reconocer lo anterior es el primer paso hacia un combate eficaz de ese tipo de criminalidad.
Lo anterior supone una serie de estrategias diversificadas que pasan no sólo por el reforzamiento de las acciones de combate policiaco, sino también por políticas variadas que van desde la inteligencia financiera y el combate a la corrupción hasta los proyectos de inversión y de desarrollo social en las zonas afectadas por el fenómeno criminal.
Es increíble que el máximo decomiso de dinero (los 205 millones de dólares de Zhenli Ye Gon) haya sido una mera casualidad y no resultado de la efectividad de los sistemas de inteligencia, que parecen haber olvidado que el principal poder del narcotráfico no es armado sino financiero. Y a la par es inconcebible que el combate a la corrupción y la determinación de programas de asistencia social no respondan —entre otras razones— a políticas integrales encaminadas a debilitar al crimen organizado en sus áreas de influencia.
Con todo y que se trata de fenómenos que difícilmente podrán erradicarse mientras persistan las razones que los provocan, un combate eficaz a los mismos sólo puede ser el resultado de diversificar estrategias y políticas.
Investigador y profesor de la UNAM
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