Y rechazan reubicación de trabajadoras sexuales en el Centro
Recordarán OSC en el DF ataque de militares contra mujeres en Castaños
De la redacción
México DF, 10 julio 08 (CIMAC).- Mañana a medio día, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” AC e integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual realizarán en el Jardín de la Soledad un acto público para conmemorar por segundo año consecutivo el ataque sexual cometido en 2006 por soldados del Ejército Mexicano contra 14 trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.
Denunciarán, asimismo, las intenciones de funcionarios del Gobierno del Distrito Federal (GDF), como Héctor Serrano, subsecretario de programas delegacionales y reordenamiento de la vía pública, de reubicar a trabajadoras y trabajadores sexuales de las avenidas Circunvalación, San Pablo, Izazaga y Tlalpan, intenciones que han encontrado eco entre monjas y madrotas de la zona a pesar de no contar con un marco jurídico para hacerlo.
De igual manera, las organizaciones recordarán a todas y todos los trabajadores sexuales que han sido reprimidos por las fuerzas del orden o militares y por quienes detentan el poder y a quienes son explotados económicamente por lenones y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.
DE CASTAÑOS HASTA HOY
Recuerdan las organizaciones convocantes al acto en La Soledad que el 11 de julio de 2006 un grupo de soldados del Ejército Mexicano del pelotón MK-19, perteneciente al XIV Regimiento de Caballería Motorizado que tenían como encargo custodiar material electoral, violó en repetidas ocasiones, golpeó, simuló fusilamientos y amenazó de muerte a catorce trabajadoras sexuales de la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila.
Cuatro agresores fueron sentenciados y cuatro más quedaron en la impunidad.
La sentencia del militar Juan José Gaytán Santiago, líder del grupo, es de 21 años de prisión. Él agredió sexualmente a seis mujeres. El militar Fernando Adrián Madrid Guardiola, otro de los soldados agresores, alcanzó 31 años ocho meses de prisión. El militar Omar Alejandro Rangel Fuentes, a quien se le comprobó el delito de violación agravada a cinco de mujeres recibió el más alto de los castigos: 41 años cinco meses.
La sentencia a Ángel Antonio Hernández Niño, por 3 años nueve meses, mismos que libró al pagar una "multa" de 20 mil 843 pesos, dejó en la impunidad a este depredador sexual.
Todavía hay tres órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, entre ellos, las de Ricardo Hernández Hernández, uno de los tres prófugos, por lo que no se ha instaurado el proceso. Los otros dos prófugos son: Bardomiano Hernández García y José Raúl Ramírez. La sentencia de Norberto Francisco Vargas fue nulificada.
En el caso de Norberto González Estrada, el juez consideró suficiente el hecho de que éste habría sido el conductor de la hummer donde se trasladaron los soldados "y tiene prohibido separarse del lugar", además que existen "múltiples testimonios que lo apoyan".
Un tercer militar absuelto fue Rosendo García Jiménez, a quien la mujer agredida no pudo identificar en una diligencia de confrontación y justifica haberse encontrado en un lugar diferente a los hechos. Él no pertenecía a la base del IFE sino a Las Flores, como referencia al ser notificado, los militares dijeron "él que hace aquí, no es de nuestro destacamento".
En su momento, el juez no explicó el caso de Casimiro Ortega Hernández, absuelto por el delito de violación, no así por el delito de lesiones a policías, por lo cual tendrá que pagar 482.10 pesos.
El juez Huerta Rodríguez dejó en la impunidad a la mayoría de los agresores y el general Rubén Venzor fue destituido de la Sexta Zona Militar para administrar los costos políticos de los sucesos en los que estos personajes se vieron involucrados, señalan las organizaciones.
SIGUEN LAS AGRESIONES
Y hoy --afirman Brigada Callejera e integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual-- los crímenes y agresiones contra trabajadoras sexuales continúan sin ser atendidos y castigados.
Algunos ejemplos, detallan, son las agresiones que vivieron trabajadoras sexuales de Apizaco, Tlaxcala, el año pasado y el 23 de mayo de 2008 por parte de agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), municipal y estatal.
Así mismo, están impunes las agresiones de policías ministeriales de Guadalajara, Jalisco, contra promotoras de salud detenidas el 15 de febrero de este año, acusadas de lenocinio al utilizar condones como elemento de prueba para fincar dicha responsabilidad penal.
También están en la impunidad los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) que agredieron y detuvieron a las trabajadoras sexuales de la Cooperativa "Por mejores condiciones de trabajo y salud", el 3 de mayo pasado, día en el que con lujo de violencia fueron detenidas en la esquina de Tlalpan y Soria.
Las agresiones que sufrieron las trabajadoras sexuales de las super manzanas 63, 64 y 66 de Cancún, Quintana Roo, el pasado domingo 23 de mayo y días subsecuentes consistentes en allanamiento sin orden de cateo, agresiones físicas y amenazas de muerte.
Finalmente, las organizaciones señalan el uso corporativo que diputados perredistas, autoridades de la Delegación Cuauhtémoc y del GDF hacen de la iniciativa de Ley del sexoservicio para obligar a las trabajadoras sexuales a retirarse de las vialidades señaladas arriba, con la promesa de ayudas clientelares y financiamientos a las OSC que respalden su iniciativa, como es el caso de las religiosas de Marfil.
08/GG/CV
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