El golpe fascista de Calderón
RODRIGO VERA
Exsalinista y ahora crítico de las políticas neoliberales que caracterizaron a sexenios como el de Carlos Salinas de Gortari, opositor a los afanes por privatizar las industrias petrolera y eléctrica, el exsenador Manuel Bartlett Díaz sentencia: El "golpe fascista" asestado por Felipe Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas, más que a la compañía Luz y Fuerza del Centro, busca facilitar la entrega de permisos a empresas trasnacionales para que generen energía eléctrica. De hecho, apunta Bartlett, mediante esta práctica inconstitucional dichas firmas ya están generando más del 40% de la energía eléctrica que se produce en el país.
El objetivo del presidente Felipe Calderón al dar su "golpe de Estado" contra Luz y Fuerza del Centro no fue aniquilar a esta empresa paraestatal, sino más bien a su sindicato, el Mexicano de Electricistas (SME), pues se trata de un poderoso gremio, "combativo y nacionalista", que lleva años oponiéndose a los intentos gubernamentales de privatizar el sector energético del país.
Con la eliminación de ese sindicato –uno de sus principales obstáculos–, Calderón planea acelerar el otorgamiento de permisos a compañías trasnacionales, que inconstitucionalmente ya están generando más del 40% de la energía eléctrica que se produce en México.
El exsenador Manuel Bartlett Díaz, contumaz opositor a la privatización energética, llega a la anterior conclusión y agrega categórico:
"Son puras falacias eso de que se suprimió a Luz y Fuerza del Centro por su falta de eficiencia y competitividad. ¡Mentira! El objetivo de Calderón fue realmente acabar con el sindicato de la empresa".
–¿Qué razones tenía?
–El SME era el único sindicato que se oponía a la política de privatizaciones. Era el núcleo más fuerte y vital que defendía los intereses nacionales en materia energética. Así de sencillo.
Bartlett se acoda en la mesa rectangular de su despacho, de la colonia Roma, y prosigue:
"¿Sabe cuál es la única diferencia entre Luz y Fuerza y la Comisión Federal de Electricidad, las dos empresas estatales encargadas de suministrar energía eléctrica? Pues la única diferencia la hacen sus sindicatos. ¡Nada más! El sindicato de la primera empresa ha sido combativo históricamente. Era el único que tomaba sus decisiones democráticamente, mediante largos debates en asambleas. Sus miembros eran verdaderamente agremiados.
"En cambio, el de la segunda, el SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana) se convirtió en un manso gremio que sigue los dictados de los privatizadores; desde Salinas de Gortari hasta Calderón. Y esto yo se lo llegué a decir públicamente a su líder Rodríguez Alcaine: 'Entregaste la materia de trabajo a las empresas extranjeras'".
Como senador, de 2000 a 2006, Bartlett Díaz encabezó a los legisladores opuestos a la privatización de la industria petrolera y eléctrica que entonces impulsaban el presidente Vicente Fox y su secretario de Energía, Felipe Calderón. Sobre estas experiencias, Bartlett escribió dos libros: Reforma energética, un modelo privatizador y El petróleo y Pemex. Despojo a la nación.
Relata Bartlett que, en esa lucha, siempre tuvo al SME como aliado permanente:
"De pronto, hay que reconocerlo, a los legisladores nos apoyaban algunos otros sindicatos, pero el que permanentemente nos respaldó fue el de los electricistas. Su presencia y su lucha política siempre estuvieron contra las políticas entreguistas del gobierno.
"Ahora, justamente a ese sindicato es al que Calderón le asestó un golpe brutal, inhumano y fascista, mandando a la calle a sus miles de trabajadores. Todas las demás argumentaciones son puras falacias. El Ejecutivo dio un paso gravísimo para fortalecer su poder autoritario, montado en la fuerza y el engaño".
Bartlett hace una pausa. Reflexiona. Luego asegura enfático:
"Calderón es un presidente golpista. En realidad, lo que acaba de perpetrar es un verdadero golpe de Estado".
Este es un extracto de la entrevista que se publica en la edición 1720 de la revista Proceso que empezó
a circular el domingo 18 de octubre.
El objetivo del presidente Felipe Calderón al dar su "golpe de Estado" contra Luz y Fuerza del Centro no fue aniquilar a esta empresa paraestatal, sino más bien a su sindicato, el Mexicano de Electricistas (SME), pues se trata de un poderoso gremio, "combativo y nacionalista", que lleva años oponiéndose a los intentos gubernamentales de privatizar el sector energético del país.
Con la eliminación de ese sindicato –uno de sus principales obstáculos–, Calderón planea acelerar el otorgamiento de permisos a compañías trasnacionales, que inconstitucionalmente ya están generando más del 40% de la energía eléctrica que se produce en México.
El exsenador Manuel Bartlett Díaz, contumaz opositor a la privatización energética, llega a la anterior conclusión y agrega categórico:
"Son puras falacias eso de que se suprimió a Luz y Fuerza del Centro por su falta de eficiencia y competitividad. ¡Mentira! El objetivo de Calderón fue realmente acabar con el sindicato de la empresa".
–¿Qué razones tenía?
–El SME era el único sindicato que se oponía a la política de privatizaciones. Era el núcleo más fuerte y vital que defendía los intereses nacionales en materia energética. Así de sencillo.
Bartlett se acoda en la mesa rectangular de su despacho, de la colonia Roma, y prosigue:
"¿Sabe cuál es la única diferencia entre Luz y Fuerza y la Comisión Federal de Electricidad, las dos empresas estatales encargadas de suministrar energía eléctrica? Pues la única diferencia la hacen sus sindicatos. ¡Nada más! El sindicato de la primera empresa ha sido combativo históricamente. Era el único que tomaba sus decisiones democráticamente, mediante largos debates en asambleas. Sus miembros eran verdaderamente agremiados.
"En cambio, el de la segunda, el SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana) se convirtió en un manso gremio que sigue los dictados de los privatizadores; desde Salinas de Gortari hasta Calderón. Y esto yo se lo llegué a decir públicamente a su líder Rodríguez Alcaine: 'Entregaste la materia de trabajo a las empresas extranjeras'".
Como senador, de 2000 a 2006, Bartlett Díaz encabezó a los legisladores opuestos a la privatización de la industria petrolera y eléctrica que entonces impulsaban el presidente Vicente Fox y su secretario de Energía, Felipe Calderón. Sobre estas experiencias, Bartlett escribió dos libros: Reforma energética, un modelo privatizador y El petróleo y Pemex. Despojo a la nación.
Relata Bartlett que, en esa lucha, siempre tuvo al SME como aliado permanente:
"De pronto, hay que reconocerlo, a los legisladores nos apoyaban algunos otros sindicatos, pero el que permanentemente nos respaldó fue el de los electricistas. Su presencia y su lucha política siempre estuvieron contra las políticas entreguistas del gobierno.
"Ahora, justamente a ese sindicato es al que Calderón le asestó un golpe brutal, inhumano y fascista, mandando a la calle a sus miles de trabajadores. Todas las demás argumentaciones son puras falacias. El Ejecutivo dio un paso gravísimo para fortalecer su poder autoritario, montado en la fuerza y el engaño".
Bartlett hace una pausa. Reflexiona. Luego asegura enfático:
"Calderón es un presidente golpista. En realidad, lo que acaba de perpetrar es un verdadero golpe de Estado".
Este es un extracto de la entrevista que se publica en la edición 1720 de la revista Proceso que empezó
a circular el domingo 18 de octubre.
Calderón y la política de la fuerza
RICARDO RAVELO
El golpe contra los trabajadores electricistas confirma que la militarización de la policía y el poder conferido a las fuerzas de seguridad pública, no tienen sólo el propósito de debilitar al crimen organizado o garantizar la convivencia pacífica de los mexicanos. Es patente que, acusado de ilegitimidad, el presidente Calderón ha decidido fortalecer y usar a las fuerzas armadas –civiles o militares– también para reprimir las protestas y conflictos sociales y laborales…
La Policía Federal (PF) y su jefe supremo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya mostraron los verdaderos fines del proyecto policiaco "faccioso" de Felipe Calderón ante la inminente manifestación del "Estado fallido": disuadir, disolver y reprimir las protestas y conflictos sociales detonados por las propias incapacidades de la presente administración.
En entrevista con Proceso luego de que la Policía Federal sacó por la fuerza de sus centros de trabajo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas –con motivo de que, minutos más tarde, el jefe del Ejecutivo declararía extinguida a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro–, el investigador Erubiel Tirado formula dicho diagnóstico y explica que "el presidente Felipe Calderón precipita al país en una crisis de ingobernabilidad y, por lo tanto, requiere echar mano cada vez con mayor frecuencia de la fuerza del Ejército y de las policías".
Experto en seguridad nacional que actualmente coordina un diplomado sobre el tema en la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado sustenta inclusive su diagnóstico en síntomas que aparecieron desde principios de sexenio:
"El pacto político-militar, y una estrategia de fortalecimiento del aparato policiaco iniciada con el eje PGR-SSP, fueron puntales no sólo de una legitimación desde el poder –con un componente de fuerza una vez asegurado el monopolio estatal de la violencia–, sino que tuvieron como coartada el problema de la inseguridad que el propio Vicente Fox no supo resolver y que empañó el escenario nacional."
En un principio –redondea el especialista que obtuvo su maestría en derecho en la London School of Economics–, "la alerta era la inconformidad política. Ahora, con la crisis económica y ciertos esquemas de beneficios facciosos para algunos grupos de poder, el enfoque del manejo de la seguridad del gobierno tiende a ser represivo en contra de la inconformidad social y política, pese a que la oposición al régimen muestre debilidad estructural y visos de ser corrupta y acomodaticia."
En este escenario de descomposición, prosigue el investigador, donde la ingobernabilidad se acrecienta cada día, un personaje como Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, emerge como "una figura peligrosa a la que el propio presidente de la República alimenta con mayor poder y dinero".
Con una fuerza policiaca de 40 mil hombres –similar a la que emplea el Ejército Mexicano en su lucha contra la delincuencia organizada desde diciembre de 2006–, afirma el académico, el gobierno de Felipe Calderón consolida "un proyecto faccioso de gobierno".
Y es que, señala, "el actual régimen atraviesa por la fase de la incapacidad y se encamina aceleradamente hacia lo que se conoce como el Estado fallido".
–¿Esto quiere decir que el país ya enfrenta una crisis de ingobernabilidad y que el sostén del régimen será el uso de la fuerza policiaca y militar? –se le pregunta.
–Se trata de una tendencia particular de gobernabilidad calderonista que empezó con la justificación y coartada de enfrentar la crisis de inseguridad del país. El apego a la legalidad y al uso de la fuerza en términos de seguridad ciudadana son aspectos que le tienen sin cuidado al régimen.
"Hay que recordar que durante casi tres años la policía federal estuvo operando de manera inconstitucional y al margen de la ley. Sus actuaciones estuvieron viciadas por la inexistencia legal. Hay que destacar aquí la complicidad del Congreso y del Poder Judicial, que no hicieron gran cosa para que esto no ocurriera.
"En ese sentido, el gobierno de Calderón tomó nota de que el miedo generado por la inseguridad creciente y la violencia proveniente del crimen organizado favorecían la adopción de medidas ilegales y autoritarias a cambio de una supuesta solución del problema."
Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1720 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 18 de octubre.
La Policía Federal (PF) y su jefe supremo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya mostraron los verdaderos fines del proyecto policiaco "faccioso" de Felipe Calderón ante la inminente manifestación del "Estado fallido": disuadir, disolver y reprimir las protestas y conflictos sociales detonados por las propias incapacidades de la presente administración.
En entrevista con Proceso luego de que la Policía Federal sacó por la fuerza de sus centros de trabajo a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas –con motivo de que, minutos más tarde, el jefe del Ejecutivo declararía extinguida a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro–, el investigador Erubiel Tirado formula dicho diagnóstico y explica que "el presidente Felipe Calderón precipita al país en una crisis de ingobernabilidad y, por lo tanto, requiere echar mano cada vez con mayor frecuencia de la fuerza del Ejército y de las policías".
Experto en seguridad nacional que actualmente coordina un diplomado sobre el tema en la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado sustenta inclusive su diagnóstico en síntomas que aparecieron desde principios de sexenio:
"El pacto político-militar, y una estrategia de fortalecimiento del aparato policiaco iniciada con el eje PGR-SSP, fueron puntales no sólo de una legitimación desde el poder –con un componente de fuerza una vez asegurado el monopolio estatal de la violencia–, sino que tuvieron como coartada el problema de la inseguridad que el propio Vicente Fox no supo resolver y que empañó el escenario nacional."
En un principio –redondea el especialista que obtuvo su maestría en derecho en la London School of Economics–, "la alerta era la inconformidad política. Ahora, con la crisis económica y ciertos esquemas de beneficios facciosos para algunos grupos de poder, el enfoque del manejo de la seguridad del gobierno tiende a ser represivo en contra de la inconformidad social y política, pese a que la oposición al régimen muestre debilidad estructural y visos de ser corrupta y acomodaticia."
En este escenario de descomposición, prosigue el investigador, donde la ingobernabilidad se acrecienta cada día, un personaje como Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, emerge como "una figura peligrosa a la que el propio presidente de la República alimenta con mayor poder y dinero".
Con una fuerza policiaca de 40 mil hombres –similar a la que emplea el Ejército Mexicano en su lucha contra la delincuencia organizada desde diciembre de 2006–, afirma el académico, el gobierno de Felipe Calderón consolida "un proyecto faccioso de gobierno".
Y es que, señala, "el actual régimen atraviesa por la fase de la incapacidad y se encamina aceleradamente hacia lo que se conoce como el Estado fallido".
–¿Esto quiere decir que el país ya enfrenta una crisis de ingobernabilidad y que el sostén del régimen será el uso de la fuerza policiaca y militar? –se le pregunta.
–Se trata de una tendencia particular de gobernabilidad calderonista que empezó con la justificación y coartada de enfrentar la crisis de inseguridad del país. El apego a la legalidad y al uso de la fuerza en términos de seguridad ciudadana son aspectos que le tienen sin cuidado al régimen.
"Hay que recordar que durante casi tres años la policía federal estuvo operando de manera inconstitucional y al margen de la ley. Sus actuaciones estuvieron viciadas por la inexistencia legal. Hay que destacar aquí la complicidad del Congreso y del Poder Judicial, que no hicieron gran cosa para que esto no ocurriera.
"En ese sentido, el gobierno de Calderón tomó nota de que el miedo generado por la inseguridad creciente y la violencia proveniente del crimen organizado favorecían la adopción de medidas ilegales y autoritarias a cambio de una supuesta solución del problema."
Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1720 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 18 de octubre.
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