1. La sociedad mexicana, agraviada como pocas veces luego de 2000 por las políticas de los gobiernos panistas que han violado de manera impune derechos fundamentales de muchas personas, grupos y sectores, y de la mayoría del pueblo mexicano, ha esperado en vano en estos 10 años la intervención de la SCJN haciendo justicia, sin que haya habido más respuesta de los pretenciosos ministros que ignorar el marco constitucional de la República con tal de servir al poder, pero ahora las cosas son mucho más graves.
2. Los tres casos en cuestión tienen algo en común, pues entrañan bochornosas violaciones del gobierno de Felipe Calderón a los derechos individuales y colectivos de varios grupos de mexicanos, pero constituyen al mismo tiempo atentados de la administración de facto panista contra los intereses fundamentales de la nación y, por ende, de todos los mexicanos, en su afán de entregar riquezas estratégicas al capital trasnacional violando abiertamente lo establecido en la Constitución General: a) el atentado contra los 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, privados de su fuente de trabajo al desaparecer, sin tener facultades para ello, a Luz y Fuerza del Centro, y a los que se les han cancelado en los hechos sus derechos laborales constitucionales en un afán de Calderón y sus amigos de entregar el sector eléctrico a corporaciones extranjeras a las que los panistas se hallan asociados; b) el ataque contra los más de mil 200 trabajadores mineros de Cananea (Sonora), la más importante mina de cobre de la República, a los que se está cesando negándoseles el derecho de huelga en un afán de destruir al sindicato minero con el propósito de satisfacer los privilegios de una mafia de empresarios asociados a Germán Larrea y a Carlos Salinas de Gortari que fungen en el denominado Grupo México como prestanombres de intereses del exterior; y c) el encarcelamiento aberrante tras un proceso monstruoso de 12 detenidos políticos, la mayor parte de ellos integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, encabezados por Ignacio del Valle, por la mera pretensión del gobierno del PAN de volver a echar a andar el proyecto de destruir la comunidad de San Salvador Atenco (estado de México) para entregar sus tierras a los intereses trasnacionales ansiosos de volver a echar a andar el proyecto de construir un aeropuerto internacional en sus tierras.
3. Los ministros de la SCJN han sido negligentes al negarse a emitir su decisión sobre las cuestiones centrales planteadas por los agraviados y, como en muchos otros casos, han apostado al desgaste de su lucha tratando de evadir sus responsabilidades mediante una serie de sentencias y opiniones de diversos tribunales que sólo buscan hacer tiempo y confundir a los mexicanos, pero que hasta ahora no han logrado sacar a la SCJN del enorme desprestigio en el que se halla y de la responsabilidad que tiene de emitir fallos que habrán de ser fundamentales en el devenir del país.
4. La realidad del Poder Judicial de nuestro país no se le oculta a nadie, ya que en México, como en el resto del mundo occidental sometido a las políticas del neoliberalismo, los grupos minoritarios que detentan el poder le han asignado también al más alto tribunal el papel de ser el supremo guardián de los intereses de las compañías multinacionales.
5. Noam Chomsky escribía hace poco en Público Internacional (7/2/10) que el 21 de enero de 2010 pasaría a la historia estadunidense como uno de sus días más oscuros por el fallo aberrante de la Corte Suprema de su país de equiparar a las grandes corporaciones a personas físicas y reconocerles los mismos derechos de éstas en materia electoral y en especial el de contribuir al financiamiento de candidatos y partidos, lo que en sus palabras constituía un golpe en pleno corazón a la democracia
, pues en el futuro les sería más fácil a los consorcios comprar las elecciones e intimidar y subordinar a los funcionarios, lo que evidenciaba el papel de la Corte.
6. Este papel de perros guardianes de intereses espurios lo han desempeñado en México de manera sistemática la SCJN, que de manera constante ha fallado, al menos desde 1994, en favor de los intereses trasnacionales y de la mafia en el poder y en contra de los derechos del pueblo mexicano, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que avaló el fraude electoral de 2006 que llevó al poder en México a un gobierno ilegítimo, y que, entre otras tropelías, ha intervenido en la vida interna de los partidos.
7. Al menos desde 1994, año en que Ernesto Zedillo recompuso la integración de la Corte para formarla mayoritariamente con oscuros abogados fascistas y reaccionarios, serviles a los intereses multinacionales, ahora sometidos a los gobiernos panistas, todo dentro del proyecto de la alternancia política
impulsado por Washington, en México no ha existido un Poder Judicial autónomo, sino un tribunal de consigna que reviste las decisiones políticas como fallos jurisdiccionales, generando una situación más grave que la existente en otros periodos de nuestra historia, incluyendo los años del porfirismo o del priísmo.
8. Un régimen político no puede ser democrático ni republicano si no está sustentado en un Poder Judicial autónomo, independiente del Ejecutivo, que cuente con tribunales de derecho y no de consigna, y ése no es el caso de México, donde la SCJN y el TEPJF –que son las más altas instancias de la judicatura– no fungen más que como instrumento de los intereses económicos y políticos de la mafia en el poder.
9. El gobierno espurio de Felipe Calderón, que está entregando los recursos de la nación al exterior, no es el único responsable de la crisis nacional. Lo es también de manera significativa el Poder Judicial, que también se halla hundido en la corrupción, y sus próximos fallos van a dejar las cosas claras: el país va a observar si otorga la protección de la justicia a los mexicanos cuyos derechos han sido pisoteados o sigue obsecuente a la mafia gobernante.
10. La lucha de un pueblo que tiene, como en 1910, hambre y sed de justicia
, va a marcar de cualquier forma los meses por venir y el reclamo es absoluto. México requiere de un verdadero Poder Judicial autónomo, que actúe como un defensor de la Constitución y, asumiendo su responsabilidad fundamental, como un freno y contrapeso del poder político.
No han sido suficientes las visitas de Calderón. Tampoco las audiencias del gabinete federal en pleno ni la labor de los comisionados de Los Pinos, ni siquiera el traslado de facto del gobernador a la frontera. No se ha logrado elaborar un plan consensuado, integral, coherente y eficaz para lidiar con la violencia y la fragmentación social que corroen a este estado norteño.
A cuatro semanas del inicio de las mesas de trabajo, de los anuncios de espectaculares inversiones y gastos sociales, de la llegada de cientos de efectivos más a reforzar el operativo conjunto, el pesimismo cunde. No se ha aterrizado ningún presupuesto fuera de lo ordinario para programas de desarrollo social, atención a víctimas, recuperación de espacios públicos o prevención de adicciones. El gobierno federal trata de meter con calzador las demandas sociales al esquema de los programas ordinarios, con sus rígidas reglas de operación, mientras que, muy aparte, el gobierno del estado anuncia sus propias inversiones. Descoordinación de gobiernos; exclusión de la sociedad civil.
El ejemplo más palmario de la parálisis gubernamental lo da la mesa de derechos humanos. Aun cuando han fungido como interlocutores de las organizaciones sociales funcionarios de buen nivel de Segob y Sedena, los avances son nulos. Las y los derechohumanistas tienen que comenzar de cero en cada nueva sesión de trabajo. No hay voluntad política alguna para esclarecer las violaciones de garantías por parte de miembros de las fuerzas armadas ni mucho menos se da razón de los desaparecidos. Es el caso de los jóvenes José Ángel Alvarado Espinoza, Nitza Paola Espinoza y Rocío Espinoza, levantados por militares desde el 29 de diciembre en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Por más pruebas que se aportan, el Ejército siempre niega su participación en la desaparición forzada de los jóvenes y desconoce la existencia de militares plenamente identificados.
Ni siquiera en el aspecto más urgente de la situación, es decir, el de la inseguridad y la violencia, se ha mejorado, a pesar de las grandes declaraciones y programas como Todos somos Juárez
, lanzados pomposamente desde arriba. La ola de asesinatos y delitos comunes no ha podido ser detenida. Peor aun, hay una metástasis de la inseguridad a todo Chihuahua. Basten sólo algunos datos:
Hace dos semanas fue asesinado el alcalde del importante municipio serrano de Guadalupe y Calvo, Ramón Mendívil Sotelo. La semana pasada se dio un intenso enfrentamiento entre Ejército y un grupo de sicarios en Jiménez, al sureste de la entidad. El sábado pasado, en la ciudad de Chihuahua, hubo otro intento de juvenicidio cuando un comando atacó a un grupo de estudiantes universitarios y de bachillerato mientras celebraban una fiesta, con saldo de un muerto y varios heridos. Continúan los secuestros, extorsiones y carjackings, es decir, robo de vehículos a mano armada.
Por si fuera poco, retornan las agresiones a activistas sociales. El lunes primero por la noche fue asesinado en su despacho Ernesto Rábago Martínez, compañero de la abogada Estela Ángeles, quien ha conducido con éxito la defensa jurídica de los derechos agrarios de las comunidades rarámuris de Bakeachi y Wawachérare, en el municipio de Carichí. Pocos días antes había sido herida de bala la hija de la abogada. Ambas agresiones, aunque se atribuyan oficialmente al crimen organizado, por la forma en que fueron perpetradas y el tipo de arma utilizada, puede pensarse que, más bien, proceden de los caciques regionales, cobijados en el ambiente de violencia e impunidad que vive el estado.
Mientras en la base de la sociedad, y en sus partes medias, las personas resienten todos los días el impacto de la violencia y de la inseguridad, las elites política y económica de Chihuahua se apelmazan. El mejor síntoma de la decadencia es que, ante la emergencia, no son capaces de articular una nueva orientada al interés general. Sus planteamientos son tan simplistas como ineficaces y sus actitudes no van más allá de asegurar la reproducción de su grupo de interés, de su negocio o de su familia. Cuando la situación exige creatividad, generosidad, audacia, compromiso con todos, no dejan de pensar más que en las manidas fórmulas para sacar provecho del barco que se hunde.
En este contexto, el fin de las precampañas para gobernador y la postulación o elección de los candidatos de los diferentes partidos se ve ajena, distante, divorciada de las angustias cotidianas del pueblo. En medio de esta normalidad democrática
, lo que se votará el próximo 5 de julio es quién va a ser el ingobernador de Chihuahua.
In memoriam. Carlos Montemayor, estudioso y defensor de lenguas y de los pueblos que las hablan.
Faltan palabras para describir lo que ha sido la dramática involución de la economía en nuestro país, azotada por las garras del fantasma del neoliberalismo, la corrupción, la violencia sin límite, la descomposición social, la ingobernabilidad reinante en esos años y, para colmo de desgracias, la terrible crisis económica que aún no toca fondo.
Herederos usufructuarios de desnutrición, depresión, carencias de toda índole y duelos no elaborados, los niños marginados vienen al mundo en condiciones precarias llevadas al extremo: servicios médicos inaccesibles, escasa o nula atención prenatal (cuando no iatrogenia), alta incidencia de complicaciones peri y transnatales, inadecuado aporte nutricional y, para agravar aún más la situación, llegan a un hogar donde privan el ruido y el hacinamiento. La mayoría de ellos crecen entre una madre deprimida y un padre ausente, o bien alcohólico y violento, condenándolos al grito y al silencio, a la dolorosa experiencia de la marginalidad.
Coincido con las reflexiones de la sicoanalista francesa Françoise Dolto en cuanto a lo siguiente: La organización del lenguaje se origina siempre, en el ser humano, en la relación inicial y predominante madre-hijo, debido a la larga impotencia del niño para sobrevivir solo. Tal madre y tal niño se inducen mutuamente, por modulaciones emocionales ligadas a las variaciones de tensión, de bienestar, de malestar, que la convivencia y la especificidad de sus separaciones y sus rencuentros han organizado en articulaciones de signos, primer lenguaje-conocimiento, desconocimiento y reconocimiento mutuo se ligan a significaciones-señal sustanciales y sutiles (...) cuando un ser humano no encuentra una respuesta a las variaciones en sus sensaciones internas o en las variaciones de sus percepciones, ni respuesta a su petición de un intercambio complementario no experimentará en el encuentro a un ser en el que pueda confiar, un semejante a él por los vínculos de la connaturalidad. Resentirá esta nada como abandono en su hábito de ser humano, que no ha logrado encontrar entonces otro ser humano. Quedará sometido a sus solas tensiones internas de necesidades y deseos sin otra ayuda
.
El marginado es ese personaje que parece sumergirse cada vez más en las sombras en condiciones de extremo dolor y de un vivir infrahumano, donde desarraigo y falta de pertenencia son las coordenadas de su horizonte.
El exilio del marginado es un doble exilio, el de la exclusión del grupo al que arriban con quien no comparten ni las simbología ni la textualidad, y el otro, que pesa y gravita sobre todos nosotros: el del teatro de la crueldad.
Crueldad en la experiencia de la marginalidad, donde todo pareciera situarse en el margen, al margen, en las fronteras, en el exilio, en la exclusión, en la tierra de nadie, en el desarraigo, en la no pertenencia, en el no ha lugar
de la ley, en la fragmentación. Inframundo donde los fantasmas danzan en incesante carrusel de escenas grotescas, donde la angustia es el afecto predominante, las pérdidas y los duelos no dan tregua. Gritos y lamentos que emergen desde la oquedad, el vacío y la disonancia. Duelos negros, muy negros. Y así, entre el dolor y el desencuentro el marginado sólo sabe de hambre y miseria.
Horizonte político
José Antonio Crespo
¿Legislativo versus Ejecutivo?
En memoria del lúcido Carlos Montemayor.
Se ha dicho que la iniciativa de reforma política presentada por Felipe Calderón busca restaurar el viejo presidencialismo omnímodo. No lo creo. Me parece en cambio que simplemente propone dotar al Ejecutivo de algunos nuevos elementos y atribuciones en su relación con el Legislativo, ante su evidente debilitamiento. Creo que uno de los objetivos de la reforma política es conciliar una gobernación eficaz con un control adecuado del poder. Es decir, encontrar la gobernabilidad democrática que aún no tenemos. Debe recordarse que la gobernabilidad democrática constituye un punto de equilibrio entre la autocracia (que implica una excesiva concentración del poder) y la anarquía (producto de una excesiva dispersión del poder).
Me parece que el parlamentarismo moderno logra más fácilmente ese cometido que el régimen presidencial. En países que, como México, muestran un desarrollo político tan distinto del de Estados Unidos, el presidencialismo tiende hacia alguno de los extremos de esa gama de distribución de poder (la autocracia o la anarquía), y más difícilmente logra ubicarse y sostenerse en el punto de equilibrio democrático. Cuando el Ejecutivo cuenta con mayorías en el Congreso, logra concentrar un poder excesivo, lo que puede degenerar en una autocracia. Y en tanto el Ejecutivo tiene menos presencia en el Congreso (en un gobierno dividido o minoritario), la balanza tiende a irse al otro extremo, el de la parálisis que puede derivar en un conflicto de poderes (más que en un equilibrio entre ellos), a veces estallando en una crisis constitucional (como ha ocurrido en varios países latinoamericanos, y también en nuestra historia). Emilio Rabasa lo describió así: “El hecho de compartir dos órganos distintos la representación de la volntad del pueblo, crea entre ellos un antagonismo inevitable… Pugnando cada uno por ensanchar su acción a costa del otro, el Legislativo propende a convertir el gobierno en anarquía congresional y el Ejecutivo a llevarlo a la dictadura” (La Constitución y la dictadura, 1912).
La propuesta del PRI y la del PRD van en el sentido de fortalecer al Legislativo a base de incorporar algunos elementos propios del parlamentarismo pero que, implantados bajo la rigidez del régimen presidencialista, pueden provocar un insano debilitamiento del Ejecutivo. Y así como la experiencia del presidencialismo priista nos previene para no caer en un nuevo exceso de poder Ejecutivo, lo ocurrido con la Constitución de 1857 debiera alertarnos para no ir al extremo opuesto. Como consecuencia de la dictadura santannista, los constituyentes de ’57 dieron un poder excesivo al Congreso, mismo que le dificultaba al Ejecutivo su función de gobernar. Fue lo que Emilio Rabasa llamó “congresionalismo”, es decir, lo opuesto al presidencialismo exacerbado. Precisamente por ello, el presidente Ignacio Comonfort consideró que la observancia de la Constitución “era imposible: el gobierno que ligara su suerte a ella era un gobierno perdido”. Eso desató la guerra de Reforma. Al caer el II Imperio, Benito Juárez llegó a la misma conclusión que Comonfort: “No es posible gobernar en estas condiciones, nadie obedece, a nadie puedo obligar a obedecer”. Buscó reformar la Constitución, dando mayor fuerza al Ejecutivo. El Congreso lo rechazó. Convocó entonces un plebiscito que le aprobara su reforma, para lo cual estaba impedido constitucionalmente. Reculó, y optó por seguir gobernando con poderes “metaconstitucionales”. La Constitución de 1917 en buena parte corrigió la debilidad presidencial, según había recomendado Rabasa.
Ahora la iniciativa del PRI, que contiene elementos sumamente valiosos, incluye una propuesta que podría llevarnos a un mayor debilitamiento presidencial: la moción de censura y eventual remoción de los secretarios de Estado, sin que el Ejecutivo pueda defenderse a través de la disolución del Congreso (y consecuentes elecciones extraordinarias), como ocurre en el parlamentarismo. Perú y Uruguay han incluido la moción de censura ministerial, pero acompañada de la disolución del Congreso como opción de defensa ante el embate del Legislativo contra el gabinete. ¿Estaría el PRI dispuesto a permitir una eventual disolución del Congreso, como en Perú y Uruguay, lo que nos aproximaría al parlamentarismo? Lo importante, en todo caso, es no debilitar un poder frente a otro, sino buscar el equilibro que facilite una mejor gobernabilidad democrática. Algo nada sencillo, menos en un régimen presidencial.
La iniciativa del Revolucionario, que contiene elementos sumamente valiosos, incluye una propuesta que podría llevarnos a un mayor debilitamiento presidencial.
En un reciente seminario sobre la privatización de la banca el ex presidente declaró que el Estado debe retomar el control del sistema de pagos para tener un desarrollo soberano
. ¿Salinas, promotor a ultranza del libre comercio, darling del neoliberalismo, poseído antaño por una fiebre privatizadora, se nacionaliza
de pronto en este año de celebraciones patrias? Milenio tituló la nota con fanfarrias: ni neoliberalismo ni populismo, democracia republicana: Carlos Salinas
(24/2/10).
Un somero análisis del discurso del ex presidente nos hace concluir que no traiciona sus antiguas convicciones: simplemente regresa a una vieja obsesión, que le ha tomado 16 años de investigación y dos tomos de miles de páginas: el error de diciembre. Hoy, convertido en factótum de la política nacional, Salinas ventila su sed de venganza: fue Ernesto Zedillo quien dio de baja a la mayor parte del equipo financiero (el equipo que Salinas necesitaba para seguir gobernando tras bambalinas) y duplicó en un mes (diciembre, claro está) la emisión de tesobonos
: ¡un arma financiera de destrucción masiva concebida por Salinas!
En julio del año pasado comparé en estas páginas la crisis de 1995 con la situación actual, y concluí que la inusitada crisis enfrentada por Zedillo fue provocada por los excesos salinistas, y por una enorme deuda externa que había cambiado peligrosamente de manos. En lugar de un reducido grupo de bancos comerciales, con quienes antes se había negociado, Salinas convirtió a los acreedores en miles de inversionistas anónimos que cobraban intereses a través de poderosos fondos de inversión. A mitad de su sexenio, mientras negociaba entusiasmado el Tratado de Libre Comercio (TLC), Salinas cambió el perfil de la deuda y abrió la puerta para que las tesorerías de los fondos internacionales acudieran a México buscando los redituables tesobonos. Esos populares títulos de corto plazo, garantizados por el gobierno mexicano, estuvieron originalmente denominados en pesos, hasta que Salinas los convirtió a dólares. Devengaban además intereses a las elevadas tasas ofrecidas por la banca mexicana: un negocio redondo para los inversionistas, ¡y una bomba de tiempo para México!
El artefacto explotó tras los asesinatos de Posadas Ocampo, Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio, cuando los inversionistas, que buscaban utilidades y seguridad económica, sin riesgo político, iniciaron una atropellada fuga de capitales que redujo las reservas por debajo de los 6 mil millones de dólares. El país estaba quebrado, y algunos economistas discutían sotto voce la posibilidad de que Zedillo, a punto de asumir el poder, declarara una moratoria de pagos. He ahí el origen de la crisis de 1995, que Salinas insiste en atribuir a un elusivo error de diciembre del sucesor. Quince años después sabemos que la crisis no fue ocasionada por una supuesta impericia de Zedillo. Fue consecuencia de decisiones tomadas y actos (como los asesinatos políticos) ocurridos durante el gobierno de Salinas.
La privatización bancaria estuvo bien hecha, y no ocasionó la crisis de 1995
, afirma sin inmutarse el hombre que malbarató aceleradamente el sistema bancario a casabolseros
, interesados en el corto plazo, y empresarios que de la noche a la mañana se volvieron aprendices de banqueros. Salinas, hoy envuelto en la bandera de la rectoría del Estado, oculta que en 1990 privatizó la banca, y promulgó la ley que abrió la puerta a la inversión extranjera en los bancos. Miguel de la Madrid elevó a la Constitución el concepto de rectoría del Estado
, pero Salinas lo anuló 10 años después, cuando desmanteló el partido, jugó con el sistema y se lanzó a perseguir el neoliberalismo. Se trataba de complacer al Congreso estadunidense para obtener la aprobación del TLC.
¿Et tu, Salinas, regresas 20 años después a promover el desarrollo soberano
; hoy que la banca funciona con parámetros objetivos, capital, recursos técnicos y funcionarios profesionales? ¿Tú que descarrilaste un proceso iniciado en 1910 para asegurar el control gubernamental sobre la economía y los recursos naturales? Me refiero al lento proceso de consolidación de la rectoría del Estado que se inició con la Constitución de 1917, siguió su carrera ascendente hacia la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas y culminó con las reformas de Miguel de la Madrid, que insertaron un capítulo de derecho económico en la Constitución.
Qué tarde llega Salinas (el hombre que americanizó nuestro sistema jurídico) a recuperar la rectoría estatal y la soberanía; el hombre que negoció en 1991 un tramposo TLC que se extendió más allá del comercio de bienes para incluir inversiones, servicios, telecomunicaciones, servicios financieros y propiedad intelectual. ¿Et tu, Salinas?
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