MÉXICO, D.F., 4 de marzo.- La iniciativa de reforma política presidencial, que busca fortalecer al Poder Ejecutivo, logró sacudir a los grupos parlamentarios de los dos principales partidos de oposición, PRD y PRI, que presentaron sendas propuestas desde su posición actual, dirigidas a fortalecer al Legislativo.
Esto, que parecía lo razonable desde que en el año 2000 se dio la alternancia en el Poder Ejecutivo, no había sucedido porque las tres principales fuerzas políticas no se atrevían a acotar las facultades presidenciales o a fortalecer las del Legislativo, pues todos querían mantener intactas las posibilidades de ejercer el presidencialismo que caracterizó durante 70 años al régimen priista.
Hoy, finalmente, todos los actores coinciden en que es necesario construir un nuevo orden institucional. El PRD destaca: “…la transición democrática no ha logrado un nuevo orden institucional ni un contrato social renovado, tampoco una constitucionalidad que confirme un sistema democrático”. En tanto que el PRI dice textualmente: “Hasta el momento no existe un nuevo arreglo institucional que refleje apropiadamente esta realidad política (…) En este sentido, hay que reconocer que las reglas que durante años rigieron la vida política nacional fueron diseñadas en un escenario diferente al actual (…) El actual diseño constitucional resulta insuficiente para regular los conflictos políticos de hoy en día”.
En su exposición de motivos, el PRD establece que su propuesta pretende “…fortalecer al Poder Legislativo, confiriéndole rasgos parlamentarios al sistema político, dotándolo de mecanismos de control que aumenten su capacidad para fiscalizar, evaluar y ratificar las acciones y decisiones del Poder Ejecutivo”. Por su parte, el PRI señala: “En el nuevo régimen democrático, el Poder Legislativo debe ocupar el espacio central”.
Así, en las tres iniciativas que se han entregado formalmente al Senado están claramente plasmadas las posiciones del Ejecutivo y el Legislativo. Y aunque en ellas hay propuestas positivas y atendibles, las tres adolecen de algunos problemas graves que, de no subsanarse, podrían impedir la construcción de un nuevo arreglo institucional democrático.
El problema conceptual estriba en que en un régimen presidencial la lógica que debe prevalecer es la del absoluto equilibrio entre los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para impedir que uno de ellos se convierta en hegemónico, como sucedió en México durante al menos 70 años. Ese ideal lo planteó hace mucho tiempo el propio Montesquieu: “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Y esto significa que debe haber equilibrio, sin que ninguno de los tres poderes ocupe el “espacio central”.
Justamente porque en la actualidad se otorga un poder desmesurado al Ejecutivo, cualquier reforma política debe hacer una revisión integral de las atribuciones de los tres poderes, e incluso de los órganos autónomos. Así las tres iniciativas son un buen punto de partida, aunque deben subsanarse sus carencias.
Además, aunque la iniciativa presidencial y la priista incluyen propuestas que tienen que ver con el Poder Judicial, éste y la ciudadanía no están facultados constitucionalmente para presentar iniciativas. En consecuencia, puesto que la reforma afectará directa y gravemente a dicho poder y a los ciudadanos, es preciso diseñar un mecanismo efectivo para escuchar sus propuestas y puntos de vista.
Respecto a la ciudadanía, las tres iniciativas pretenden incrementar su participación en la vida nacional, aunque en los hechos la única que verdaderamente propone fórmulas efectivas para ello es la del PRD. La presidencial se limita a las candidaturas independientes y al referéndum en el caso específico de las iniciativas de reforma constitucional preferentes que no resuelva en tiempo el Congreso; mientras que en la propuesta del PRI la ciudadanía siempre queda sujeta a la voluntad del mismo Congreso, que debe evaluar y en su caso apoyar cualquier demanda de consulta popular.
Más allá de las evidentes diferencias entre las tres iniciativas, algunas de fondo y otras más de forma, todas simplemente constituyen un buen punto de partida, por lo que todavía se requiere de mucho trabajo y discusión para lograr la construcción de la nueva institucionalidad democrática a la que todos dicen aspirar.
Por lo mismo, comprometerse a aprobar una reforma política antes de que concluya el actual periodo legislativo (al que para efectos prácticos le faltan únicamente 16 sesiones plenarias) es casi renunciar a la misma, pues seguramente será una modificación menor y de compromiso, pero no la reforma profunda que requiere la realidad actual, como todos reconocen.
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