Contra la corrupción

Ricardo Raphael

Casi tan nefasto como un régimen autoritario es una democracia corrupta.
De hecho resulta difícil distinguirles.
Ambos arrojan injusticia y arbitrariedad, los dos vulneran y desigualan, uno y otro terminan despertando rechazo y por lo tanto ilegitimidad.

Si algo hay que reclamarle a los gobiernos de la alternancia es que no hayan logrado resolver la abultada corrupción que sigue haciendo de las suyas en todos los rincones del Estado.

No importa dónde se ponga la mirada, en la policía o el ministerio público, en las aduanas o los agentes migratorios, en las obras públicas o los permisos de construcción, en las compras del gobierno o en las plazas de los maestros, en los hospitales o en los juzgados civiles.

Cada tramo de la gestión gubernamental está vulnerado por rendijas que hacen posible, para unos cuantos, apropiarse de los recursos que son de todos; que privatizan lo que debería ser público.

En este tema, tan grave como el hurto de lo ajeno es el despilfarro.
Las obras fastuosas que se han puesto de moda agravian porque igual implican arbitrariedad.
Cuando el gobernante no sabe jerarquizar prioridades y prefiere hacer demagogia con el dinero del contribuyente está corrompiendo la racionalidad y la coherencia que el gasto público merece, sobre todo en un país donde las carencias son tantas.

En esta hebra de argumentos no sorprende constatar que el principal reclamo hecho por las y los mexicanos a su democracia tiene que ver con la corrupción.
Según el Latinobarómetro de 2011, 55% de la población coloca este fenómeno como el principal problema político de nuestro recién estrenado régimen.
La misma encuesta recoge como propuesta popular la necesidad de contar con mayor transparencia; 36% la exige para el conjunto del Estado mexicano.

Contrastan con esta percepción general los muchos esfuerzos que el país ha emprendido durante la última década en favor del acceso a la información, la transparencia, el control y la fiscalización, en concreto, en favor de la rendición de cuentas.
La paradoja no puede pasar inadvertida: tanta energía para combatir la corrupción no ha dado todavía resultados satisfactorios para los gobernados.

Sería falso afirmar que los gobiernos panistas sean más corruptos que sus antecesores.
Igual de erróneo sería asumir que nada se ha hecho para enfrentar este problema traído por nuestra cultura desde los tiempos de la Colonia.
La última década se caracteriza justamente por lo contrario.
Por una enorme cantidad de instituciones, normas, procedimientos y pedagogías dispuestas, todas, para atacar la corrupción.
Acaso llegó el momento de abordar el tema desde otra perspectiva.
Probablemente la prevalencia de la corrupción se debe a que los esfuerzos invertidos en favor de la rendición de cuentas no han sido articulados de manera eficiente.

La explicación del fracaso se encuentra ciertamente en lo que Mauricio Merino, cabeza de la Red por la Rendición de Cuentas, ha llamado la fragmentación y dispersión del sistema.
No contamos todavía con cuentas claras, tampoco con responsables identificables, mucho menos con mecanismos exitosos para exigir que los sujetos autores del despilfarro o la corrupción paguen por las consecuencias de sus actos.

La fragmentación del sistema ocurre porque a nivel federal las responsabilidades se diluyen.
No se articulan de manera virtuosa, por ejemplo, las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, las de la Secretaría de la Función Pública o las que corresponden a la PGR (cuando de las irregularidades pueden derivarse delitos penales).

Luego, en el ámbito del gobierno local, la fragmentación se multiplica al infinito.
Las autoridades municipales y estatales responsables de controlar y fiscalizar están, en su gran mayoría, sometidas a los poderes que supuestamente deben vigilar.
Son territorios opacos y por tanto ostentosamente abusivos.

La Red por la Rendición de Cuentas, organismo ciudadano que se ha impuesto como misión combatir la fragmentación del sistema, presentó el viernes pasado una propuesta a todos los partidos y logró de parte de sus principales líderes un compromiso con tal agenda.

El trecho es todavía largo pero si no se recorre, la corrupción terminará deslegitimando hasta el último de los pilares de nuestra incipiente democracia.
¿Cómo hacer para que el reclamo social contra la corrupción se convierta en una exigencia eficaz por la rendición de cuentas? Responder a esta interrogante es el reto de la Red y, sin duda, del resto de los mexicanos que necesitamos ver superada la vasta impunidad que todavía nos gobierna.
Analista político