Las negociaciones sobre este Acuerdo de Asociación Transpacífico se presentan en un momento crítico de la economía mundial, que ha experimentado en muchas partes una catástrofe debido a la falta de control, la imprudencia y la irresponsabilidad de los mercados financieros. El desempleo en el mundo se calcula entre 250 y 300 millones de personas actualmente, y en México la cifra de desocupados es de casi 6 millones, en tanto que los muy inestables empleos informales son más de 14 millones. La mayoría de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales están presionando para que las deudas sean cargadas sobre la espalda de los trabajadores, y por supuesto que las corrientes antisindicales están llegando al punto extremo de pretender exterminar a los sindicatos, especialmente a los más democráticos, para que no exista organización que proteja y defienda los derechos laborales y humanos, y así cargarles más el peso y las consecuencias de la crisis y sus abusos a la clase trabajadora. Una visión miope, torpe y de muy corto plazo.
Federaciones internacionales como la Estadunidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y la de Energía, Química y Minería (ICEM), entre otras, han señalado por escrito y en diversos foros que el gobierno de México no debe ser admitido al TPP si no cambia su política económica y social hacia una que verdaderamente promueva el crecimiento económico, el empleo, la aplicación correcta de la justicia y el respeto a la autonomía y la libertad sindical.
Los miembros y líderes de estas estratégicas y poderosas federaciones están conscientes de la importancia del comercio mundial. También saben que los acuerdos de libre comercio no han mejorado el bienestar de los trabajadores del mundo, ni tampoco han contribuido a reducir las desigualdades dentro y entre los países. El comercio debe ser justo y basarse en el principio de la equidad para elevar los niveles de vida, la ocupación de calidad, la protección y la seguridad social, al mismo tiempo que defender los derechos de los trabajadores, evitar la contaminación, respetar los derechos humanos, la dignidad y la democracia.
La administración de Felipe Calderón ha sido seriamente cuestionada dentro de esas y otras organizaciones, pero con mayor fuerza ante su última solicitud de formar parte del TPP, por la falta de congruencia entre los objetivos que pregona y los negativos resultados concretos que se observan en materia de la aplicación de la justicia, inseguridad, falta de oportunidades, desigualdad, corrupción y represión contra los trabajadores y los sindicatos democráticos.
A la vista de las federaciones globales, es claro que el gobierno de México, como socio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, no ha respetado el acuerdo de cooperación laboral paralelo, ha fallado en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores y ha sido muy ineficiente e insensible hacia las preocupaciones de ellos relacionadas con los demasiado bajos salarios, la inseguridad laboral y el florecimiento de los contratos de protección patronal y de sindicatos fantasmas, algunos de los cuales están vinculados con el crimen organizado y otros tienen nexos o forman parte de los sindicatos corporativistas “oficiales o charros”. Éstos generalmente son estafadores que operan con el consentimiento del gobierno y al servicio de los empleadores para asegurarles que los sueldos y las condiciones de trabajo sean mínimos, en un descarado sistema de corrupción y complicidad verdaderamente escandaloso y vergonzoso. Por todo eso las organizaciones globales se oponen a que el gobierno de México sea aceptado dentro del Acuerdo de Asociación Transpacífica.
Es más, la política laboral de Calderón ha conducido a una mayor represión y violencia al utilizar la intimidación física y el terrorismo en contra de los activistas y líderes de las organizaciones sindicales democráticas e independientes. Su gobierno ha abusado del poder al utilizar métodos como el reconocimiento oficial o toma de nota
en contra de las dirigencias democráticas sindicales, con una estrategia discriminatoria de control de los sindicatos que no sirven a sus intereses. En la desesperación de su política antisindical en el final de su sexenio, de claros tintes fascistas, Felipe Calderón ha llegado al extremo de presionar y exigir a los diputados y senadores que aprueben su proyecto de reforma laboral, que profundizaría la explotación, la desigualdad y la inseguridad en el país.
Tiene toda la razón el prestigiado columnista y abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani, cuando expresa a ver a qué horas el gobierno deja de hacer causa común con los líderes corruptos a los que protege como si fueran un mal necesario... A ver a qué horas se suspende la guerra contra el sindicato minero y se deja de poner la fuerza del Estado al servicio del Grupo Minero México
. Esta es la realidad de la política gubernamental hacia los trabajadores mexicanos. En resumen, Calderón, candil de la calle y oscuridad de la casa.
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