Porfirio Muñoz Ledo
La contundencia con que ocurre todo género de desgracias, como las ejecuciones de 22 personas en Tlatlaya en las que se han implicado a fuerzas militares, o los decesos y desapariciones de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuyos responsables son autoridades municipales de Iguala, han despertado una cauda sin precedente de protestas y críticas internas e internacionales. La autoestima nacional sufre severo deterioro y la credibilidad del Estado se encuentra en su punto más bajo. Resulta irrisorio apelar al acatamiento del orden constitucional cuando se evidencian las más extensas violaciones a los derechos humanos.
La decisión del Ejecutivo federal de participar con la incorporación de elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas, como parte del Ejército multinacional bajo el mandato del Consejo de Seguridad, conocido habitualmente como Cascos Azules (1948), carece de fundamento, ya que ese cuerpo armado no funciona en la práctica, porque el juego de vetos lo han nulificado desde el comienzo de la organización. Lo que existen son fuerzas de paz avaladas por el propio Consejo y dirigidas, casi siempre, por generales norteamericanos con la contribución militar de diversos países. Esa es la razón por la cual México no ha intervenido en operaciones militares de la organización a pesar de que se le haya solicitado en numerosas ocasiones y de que varias veces haya sido miembro respetado del Consejo de Seguridad.
No es un recurso válido la pretensión de volver a ser miembro del Consejo con ofrecimientos de carácter militar. Desde luego que nuestra participación independiente en los debates y negociaciones que inciden en el desarrollo de la política mundial debe acrecentarse. Es menester redoblar nuestra militancia tradicional en la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la vigencia del derecho de gentes, la solución pacífica de controversias y el establecimiento de una paz durable.
La firmeza con que defendimos los derechos de otros pueblos contra agresiones externas acreditó nuestra credibilidad internacional y extendió redes de alianzas que respaldaban a los países débiles. La clave invariable de la actuación mexicana fue el vínculo entre soberanía política, desarrollo económico y seguridad internacional. Hemos colaborado notoriamente en los esfuerzos por la desnuclearización y por el desarme, hemos propuesto vías imaginativas para lograr el cese de hostilidades y la estabilidad en zonas agitadas del planeta. Ese es el origen de nuestro prestigio internacional.
La intervención del Ejecutivo en la Asamblea General apenas se refiere a la intensa participación de México en la solución de los conflictos, omite además las consecuencias que ha tenido la política neoliberal en la reducción de las capacidades internas de numerosos países para asegurar el bienestar de la población, el respeto a sus derechos fundamentales y la solución de sus trastornos internos. Malamente podríamos acogernos a la frágil trinchera de las balas en ausencia de fortaleza institucional, solvencia económica y desarrollo humano.
Nuestro país ha participado exitosamente y bajo los principios rectores de nuestra política exterior en proceso de paz y asistencia humanitaria: en los Balcanes, Cachemira, República de El Salvador, Timor Oriental y en desgracias físicas como ocurrió en Nueva Orleans en 2005 y en Haití en 2010.
No es tarde para recomponer nuestra posición geopolítica e impulsar decididamente la cooperación pacífica entre las naciones sin necesidad de incorporar personal militar en operaciones donde media el uso o la amenaza de la fuerza. Resulta paradójico que intentemos fomentar la falsa percepción de que México está en condiciones de contribuir con el envío de soldados y pertrechos de guerra al mantenimiento de los equilibrios políticos decididos por las grandes potencias. Nada más ajeno a nuestra realidad actual y a nuestra vocación pacifista. Lo congruente sería participar vigorosamente en misiones humanitarias acordes a nuestra tradición y a los principios que rigen nuestro actuar en el escenario internacional.
Comisionado para la reforma política del Distrito Federal
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