Los Abarca tendrán que declarar todo lo que saben y cómo y por qué. Tendrán que decir quiénes dentro del gobierno municipal, estatal o federal prohijaron que todo esto ocurriera.
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Ya
están frente al Ministerio Público federal los esposos Abarca: José
Luis y María de los Ángeles Pineda. Digamos que detenerlos por las
presunciones que se hace de ellos fue una de las grandes promesas del
gobierno federal y ahí están. Si. Pero ¿es todo?…
Porque
hoy sabemos que ellos son una parte importante para conocer razones y
destino de lo que ocurrió el 26 de septiembre en Iguala. Hasta este
momento, oficialmente se ha dicho que el ex presidente municipal dio la
orden de que detuvieran a los muchachos para contenerlos y evitar que
le aguaran la fiesta a su esposa como presidenta del DIF local y
posible sucesora en la alcaldía…
Lo que sigue está en el
terreno de la investigación y debe esclarecerse porque una cosa es
girar instrucciones para que se impida el paso a los jóvenes
normalistas y otra es ‘tirar a matar’ e, incluso secuestrar. ¿Quién dio
la orden de disparar? ¿Y quién dio la orden de retener a los 43
muchachos todavía desaparecidos? ¿Ellos? Si fueron ellos deberán
someterse a lo que dicte la ley. Como cualquiera otro.
...Luego
de ocurrida la noche trágica de Iguala, de pronto aparecen muchos
diciendo que “todos sabían la clase de persona que eran el señor Abarca
y su esposa” y se dice que ‘hacían y deshacían’; ‘que ambos tenían
queveres con la delincuencia organizada’ afirman, y que la señora era
‘la mandamás de los maloras regionales’ por su parentesco familiar con
personas a quienes se presume trato con criminales... Luego de ahogado
el niño…
Que lo sabían de antemano autoridades federales,
estatales y de partido: Nadie hizo nada por evitar que la carrera
política de ambos fuera en ascenso. Eso se llama desvergüenza y también
complicidad. Como también hay complicidad en una sociedad que tiene
este tipo de gobiernos y todo lo ve y todo lo calla en tanto no les
afecte de forma directa, aunque sí por el efecto de los ‘daños
colaterales’.
Los Abarca tendrán que declarar todo lo que saben
y cómo y por qué. Tendrán que decir quiénes dentro del gobierno
municipal, estatal o federal prohijaron que todo esto ocurriera;
quiénes se beneficiaban y bajo qué mandamiento. Como también el cómo
funcionan, se integran y en dónde se mueven los Guerreros Unidos.
Tanto
como saben los Abarca, lo saben muchos de quienes se beneficiaron del
gobierno municipal de Iguala: Económica o políticamente. Mucho está por
saberse todavía, y no sólo por la detención de los Abarca: Se sabrá si
en efecto la autoridad federal y el nuevo gobierno estatal están
decididos a limpiar a Guerrero de la maldición del crimen organizado y
de la corrupción inserta en la administración gubernamental.
Por
ejemplo: ¿Cómo es posible que los policías municipales que hicieron el
operativo aquella noche del 26 de septiembre habían pasado las pruebas
de control de confianza que se supone que se hace a policías en todo el
país a raíz de la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública el 2 de enero de 2009 y que al mismo tiempo se
presuma que formaban parte del grupo criminal Guerreros Unidos?
¿No
se supone que con estos controles se limpiaría a las corporaciones
policiacas de malos elementos, ya aquellos que tengan vínculos con el
crimen organizado, o con el narcotráfico o, incluso, por consumo de
enervantes? El tema es que día a día se conoce el fracaso de dicho
filtro de control no sólo porque lo realizan autoridades locales con el
alto riesgo de ‘dejar hacer-dejar pasar’.
Lo mejor será que los
exámenes de control de confianza lo realicen unidades autónomas,
integradas por profesionales y especialistas en el conocimiento del
narcotráfico, toxicidad, enfermedades mentales, de salud general,
control económico y control socioeconómico... Y que estas pruebas se
realicen sólo para el ingreso a la corporación con seguimientos
periódicos muy rigurosos... No cuando ya están contratados y se les
tiene que correr.
En fin. Que José Luis Abarca y María de los
Ángeles Pineda ya rinden su declaración. Pero los mexicanos queremos
saber, también, quién tiene responsabilidad legal por permitir que toda
la inmundicia que poco a poco se descubre en las entrañas de lo
político y lo administrativo se incorporara hasta ser parte de la
subsistencia de funcionarios todo poderosos: No sólo en Guerrero: si en
toda la República…
Porque lo de Iguala es una muestra de lo
que en muchísimos casos puede estar ocurriendo hoy en todo el país. Y
un gobierno que es gobierno tiene la responsabilidad de fortalecer a
las instituciones desde su interior y sacudir y tirar a la basura lo
que no sirva, a menos que no pueda o no quiera hacerlo.
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