Mathieu Tourliere
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| Miguel Ángel Mancera y Rodolfo Ríos Garza, titulares del GDF y de la PGJDF, respectivamente. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO,
D.F. (apro).- Durante su comparecencia ante la Asamblea Legislativa
(ALDF), este jueves 8, el procurador Rodolfo Ríos Garza se someterá a
los cuestionamientos de los diputados locales, entre ellos, los
relacionados con el “Primer informe de negación de la justicia en el
DF”.
Se trata de un documento que recopila 11 casos de “impunidad
y malas prácticas” de la dependencia a su cargo, elaborado por víctimas
de los mismos, así como organizaciones y abogados, quienes lo
presentaron en conferencia y lo entregaron a los legisladores
capitalinos.
El más reciente de estos “casos aislados” –así los
presentó la PGJDF–, fue el multihomicidio perpetrado en un departamento
de la colonia Narvarte el pasado 31 de julio. Ahí fueron torturados y
asesinados Rubén Espinosa Becerril, fotorreportero y colaborador de Proceso, la activista Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete.
En este caso, la PGJDF fabricó una “verdad paralela” a
través de filtraciones y “notas pagadas” en algunos medios de
comunicación, con el fin de eliminar la línea de investigación que
apunta hacia el gobierno de Veracruz,
según el documento. En cambio, agrega, las versiones “filtradas”
vincularon el homicidio con la delincuencia común, un supuesto robo, el
cobro de una deuda o un tráfico de drogas.
Sin embargo, a más de dos meses del crimen, la PGJDF ha cambiado de historia varias ocasiones y aun es “incapaz” de acreditar “ni el móvil real ni la mecánica de los hechos”, señala el informe.
Además, los testimonios de los tres detenidos en el caso se contradicen y
no sostienen la versión que construyeron las autoridades, insistió hoy
Karla Micheel Salas, abogada coadyuvante de la familia de Nadia Vera.
Caso Gutiérrez de la Torre, sin diligencias
El informe de negación de justicia asegura que la PGJDF de Ricardo Ríos
Garza “nunca hizo una sola diligencia” para investigar la supuesta red
de trata de personas del líder del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la
Torre, que fue expuesta en un reportaje del equipo de investigaciones
especiales de la periodista Carmen Aristegui. En cambio, dice, la
dependencia puso en peligro a las víctimas al revelar sus identidades.
En mayo de 2014, tres víctimas de la red de trata interpusieron sus denuncias ante la PGJDF contra
el líder priista y sus supuestas operadoras. Sin embargo, de acuerdo
con el informe la Procuraduría capitalina incurrió en múltiples
violaciones al debido proceso, entre ellas, la atención de la demanda
por la fiscalía electoral en lugar de la fiscalía especializada en trata
de personas. Esas faltas desembocaron en la decisión de no ejercer
acción penal contra el político.
Caso Heaven, el más grave
El secuestro y la desaparición forzada de 12 jóvenes en el Bar Heaven
el 26 de mayo de 2013 constituyen, según el informe, “el caso más grave
de desaparición forzada, tortura, homicidio y feminicidio múltiple que
se tenga registro en nuestra ciudad”.
Sin embargo, la PGJDF “ha
pretendido dar por cerrado el caso argumentando que se encuentran
detenidas y sujetas a proceso más de 20 personas”.
De acuerdo con
el documento, durante la investigación la dependencia señaló a los
jóvenes, originarios del barrio de Tepito, como delincuentes.
Este martes, Penélope Ramírez, hermana de uno de los jóvenes víctimas,
resaltó la exigencia de determinar el móvil de la agresión y abandonar
las “verdades a medias”. Declaró que las condenas a penas de siglos de cárcel a los supuestos responsables no la satisfacen. “Yo lo que quiero es la verdad”, dijo.
San Bartolo Ameyalco, sin agua
El 21 de mayo de 2014, alrededor de mil 500 granaderos reprimieron con
violencia a los habitantes del pueblo de San Bartolo Ameyalco –en la
delegación Álvaro Obregón–, quienes defendían sus manantiales contra un proyecto que desviaría el agua hacia zonas exclusivas de la ciudad.
A raíz del enfrentamiento, 25 policías y 109 pobladores fueron heridos. Durante 11 meses, cinco personas detenidas de manera arbitraria después del enfrentamiento,
estuvieron en la cárcel acusadas de “ataque a la paz pública”, “ultraje
a la autoridad” y “lesiones contra agentes de la autoridad”.
En este lapso, la PGJDF y la Procuraduría General de la República (PGR) insistieron en mantenerlos presos, hasta
que el pasado 22 de abril, un juez federal les dictó auto de libertad
ante la ausencia de pruebas. La defensa de los detenidos denunció que la
procuraduría local mantuvo presos a los pobladores para insuflar miedo
entre los oponentes al proyecto. A más de un año de la represión, el
pueblo sufre carencias en el abastecimiento de agua.
Yakiri, de víctima a victimaria
Tras retornar la navaja contra uno de sus violadores, en diciembre de
2013, Yakiri Rubí Rubio logró salir, semidesnuda, del cuarto de hotel a
donde la llevaron sus secuestradores en la colonia Doctores. Sin saber
que su agresor fallecería a causa de la hemorragia por la herida, la
joven pidió ayuda a unos policías que la trasladaron hacia la agencia
del ministerio público 50.
Ahí, en lugar de recibir apoyo, se
enfrentó a una cadena de graves irregularidades procesales que desembocó
en su encarcelamiento por el delito de homicidio, primero “calificado” y
luego “en exceso de legítima defensa”. En marzo de 2014, a raíz de una intensa campaña nacional e internacional, la joven recobró su libertad.
El pasado 22 de mayo, la justicia absolvió a Yakiri, pero la PGJDF apeló la decisión, ya que actuó como “representante de Luis Omar Ramírez Anaya”, uno de sus violadores que sigue actualmente en libertad, según el informe.
Defensa de delincuentes
Otro caso en que la PGJDF trató a la víctima como delincuente fue el de
Clara Tapia Herrera, quien en julio de 2011 denunció a Jorge Antonio
Iniestra, El Monstruo de Iztapalapa, porque durante años se aprovechó de ella, la manipuló física y psicológicamente y terminó por secuestrar y violar a sus hijas.
Para ese entonces, el titular de la PGJDF era Miguel Ángel Mancera, y
Rodolfo Ríos –su amigo– fungía como su secretario particular.
En
aquel caso, en lugar de reconocer a Tapia Herrera como la víctima, las
autoridades la encarcelaron durante más de tres años, bajo el argumento
de que era “una mala madre” y una “irresponsable”. De hecho, la PGJDF la presentó ante los medios de comunicación como cómplice de Iniestra.
Su abogada resaltó hoy que el “valor de algunos funcionarios” permitió a
Tapia obtener su libertad y el reconocimiento del estatuto de víctima.
La denuncia que interpuso Jesús Romero Colín contra Carlos López
Valdés, un sacerdote católico que abusó sexualmente de él durante su
niñez, se mantiene empolvado desde hace ocho años en los archivos de la procuraduría capitalina.
Además de su testimonio, Romero entregó documentación fotográfica y de
video que exhibía al hombre en conductas sexuales con varios niños.
A pesar de acudir a múltiples instancias nacionales e internacionales,
hasta la fecha la PGJDF se ha negado a citar al eclesiástico y a
fincarle cargos penales bajo la justificación de que la Iglesia goza de
una “jurisdicción especial”. Con ese argumento, la dependencia ha consignado dos veces el expediente e ignorando los reclamos de la justicia.
En el caso del estudiante y activista Carlos Sinuhé Cuevas Mejía,
asesinado con 18 disparos en Topilejo, Tlalpan, el 26 de octubre de
2011, la PGJDF se negó en investigar las líneas que conducían a un
homicidio político, pese a la existencia de elementos que corroboraban
esta versión.
El entonces procurador Mancera Espinosa afirmó que los motivos del asesinato eran pasionales –subrayó que Sinuhé tenía “un carácter irascible”— y vinculó el hecho con asuntos de drogas.
De acuerdo con el informe de “negación de justicia”, el hoy jefe de
gobierno no tomó en cuenta una bitácora que elaboró el propio
estudiante, donde reportaba las acciones de hostigamiento que
perpetraban pseudoestudiantes de la UNAM –y nietos de militares–, en su
contra.
Su madre, María de Lourdes Mejía, quien no ha abandonado
la investigación, afirmó hoy: “Todas las semanas voy a la fiscalía pero
me dan un pretexto para justificar que no investigaron”.
Detenciones arbitrarias
Tres casos más registrados en el mencionado informe exponen las
múltiples violaciones a los derechos humanos en los que incurrió la
PGJDF. Por ejemplo, en casos de manifestaciones como la del 1 de
diciembre de 2012, del 2 de octubre de 2013 y del 20 de noviembre de
2014.
En medio de las manifestaciones de repudio a la toma de
protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el 1° de
diciembre de 2012, granaderos detuvieron de manera “arbitraria y
masiva” a más de 100 personas. La PGJDF abrió averiguaciones previas
contra más de 70 por el delito de ataque a la paz pública, entre otros.
No obstante, la dependencia encabezada por Ríos Garza sólo logró
acreditar algún grado de responsabilidad contra dos de los detenidos.
En tanto, las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes quedaron documentadas en un informe de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En abril de 2014, el gobierno del Distrito Federal anunció que indemnizaría a los detenidos de manera injustificada.
Después de la marcha del 2 de octubre de 2013 estallaron
enfrentamientos en los alrededores del Paseo de la Reforma y
desembocaron en las detenciones arbitrarias de 56 personas, parte de las
cuales fueron golpeadas y torturadas. La Procuraduría abrió
averiguaciones previas contra 18, fabricándoles el delito de “ataque a
la paz pública”, según el informe.
Prácticamente todos salieron
libres luego de más un año de cárcel, ante la ausencia de evidencias y
la inadecuada integración de la averiguación previa. Sólo Abraham Cortés
permanece encarcelado.
Un caso similar fue el del pasado 20 de
noviembre, en el marco de las marchas en solidaridad por la desaparición
forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ese día, previo a la
megamarcha, un grupo de estudiantes se reunió con la intención de
bloquear el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
En la avenida Zaragoza estallaron enfrentamientos entre los jóvenes y granaderos.
Éstos los persiguieron en las calles de la colonia Federal.
Encapsularon y detuvieron de manera arbitraria a 15 de ellos y los
inculparon de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y
portación de objeto apto para agredir.
Al día siguiente, 11 de
los detenidos salieron libres bajo fianza. Cuatro fueron encarcelados en
el Reclusorio Norte. A casi un año de los acontecimientos, la PGJDF aún
no logra demostrar las imputaciones contra los estudiantes. En cambio,
según el informe, la dependencia actuó de manera dilatoria para mantener
en proceso a los cuatro acusados.
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