Autonomía de mujeres para cumplir Consenso de Montevideo

   CONFERENCIA REGIONAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO

   Garantizar ese derecho, requisito en implementación de acuerdos

Cimacnoticias | México, DF.- Garantizar la autonomía de las mujeres y permitir que puedan tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su cuerpo, es un requisito indispensable para implementar el Consenso de Montevideo, así como la Agenda de Desarrollo 2030, y demás acuerdos a los que se adhieran las naciones de América Latina (AL) y el Caribe.

Como parte de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de AL y el Caribe, que se lleva a cabo en esta capital, se analizó la forma en la que los países deben asegurar el acceso de toda la población, especialmente las mujeres, a los servicios de salud sexual y reproductiva.

María Antonieta Alcalde, representante de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), señaló que la “Guía operacional” de cumplimiento del Consenso de Montevideo es resultado del trabajo de grupos civiles, academia y representantes oficiales, y busca dar elementos para implementar los compromisos internacionales, sobre todo en derechos sexuales y reproductivos.

Con el Consenso, los países se comprometieron a “garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad.

Asimismo, que deben prestar “particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas, y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos”.

María Alcalde enfatizó que hay temas con importantes avances en la región, pero también hay puntos en los que aún se requiere un mayor impulso, tales como el acceso igualitario a servicios de salud.

Al mismo tiempo indicó que “es indispensable” establecer al término de esta reunión un mecanismo de rendición de cuentas para el Consenso de Montevideo que vaya más allá de la presentación de informes oficiales.

Cristina González Vélez, representante de la Articulación Feminista Mercosur, dijo que el Consenso, además de garantizar y proteger los derechos sexuales y reproductivos, plantea que para lograr el acceso universal a la salud y avanzar en el desarrollo de la población se requieren de condiciones indispensables como la universalización de los derechos, el alto a la criminalización de los servicios de salud sexual, y de las conductas y formas de vida de todas las personas de la región.

Así como la laicidad del Estado y la eliminación de normas y reglamentos que restringen el acceso a servicios de salud, los enfoques de género, de interculturalidad e intergeneracionales, “pero sobre todo el respeto a la libertad y la toma de decisiones, es decir, la autonomía de las personas”.

En ese sentido subrayó que la autonomía de las mujeres es requisito indispensable para lograr el cumplimiento de todas las agendas y compromisos de Estado.

Las barreras que enfrentan miles de niñas, jóvenes y mujeres todos los días para acceder a los servicios “se asientan en las dificultades para acceder a los cambios, los nuevos retos de la región”, y se diferencian de acuerdo con su contexto.

“Mujeres rurales, campesinas, desplazadas, desaparecidas, víctimas de guerra”, son algunos de los contextos que definen a las mujeres latinoamericanas y caribeñas.

González Vélez propuso que más allá de los marcos normativos, las políticas y el fortalecimiento de los sistemas de educación e información, “para que se cumpla todo esto hagamos central el respeto a  la autonomía de las mujeres”.

Llamó a los países a prestar atención a las distintas violencias que enfrentan las mujeres, como la física, económica y psicológica, “pero también el acoso, el tráfico y la trata, así como las distintas violaciones que ocurren en ciertos contextos, como las cárceles y las personas migrantes”.

Al mismo tiempo advirtió que la sobrecarga de trabajo que enfrentan las mujeres representa un declive de su salud y de su integridad corporal y daña su autonomía física; “es decir –insistió– hay una íntima relación entre los derechos sexuales y reproductivos y la división social del trabajo”, que debe ser atendida y visibilizada.

La también defensora de Derechos Humanos resaltó que históricamente los “aspectos más críticos” en materia de salud de las mujeres siguen siendo los elevados índices de mortalidad materna, que se “asocian y son persistentes a las desigualdades”.

Esa mortalidad es más grave entre las indígenas, las afrodescendientes, las más jóvenes, las más pobres, y se asocia también a la violencia basada en género y al embarazo no deseado, remarcó.

Finalmente, Cristina González dijo: “El acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos es un tema de derechos, es un tema de democracia y requiere legitimidad y legalidad”.
 

CIMACFoto: César Martínez López

Por: Anaiz Zamora Márquez