Por: Edgar Rosas
(07 de octubre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Con la intención
de dar a conocer el contexto de violaciones a los derechos humanos que
padece México, así como la impunidad que impera en casos como la masacre
de “El Charco”, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, realizó a finales de
septiembre un gira por el continente europeo. El clérigo sostuvo
encuentros con diversas organizaciones, en especial con el Comité de
Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en Ginebra, Suiza.
Este martes, en conferencia de prensa, el obispo detalló algunos de
los puntos planteados en esta visita al viejo continente; en primera
instancia manifestó que al equipo de Ejecuciones Extrajudiciales de la
ONU entregó “insumos” sobre los casos de la masacre de El Charco, así
como el asesinato del entonces diputado guerrerense, Armando Chavarría,
mismos que a 17 y 6 años respectivamente, siguen en la impunidad.
Vera expresó que en su gira hizo del conocimiento de la comunidad
europea, así como de los expertos de la ONU, el grave panorama que vive
México desde el inicio de la ‘llamada guerra contra el narcotráfico’ y
la subsecuente militarización del país. En este sentido, puntualizó la
responsabilidad del Ejército en varios casos de violaciones a los
derechos humanos y reprochó el hecho que a pesar que hay indicios claros
de la participación de fuerzas castrenses en la comisión de los
crímenes, estos no son investigados.
“Cuando presentamos los casos (en Europa) lo relacionamos con esta
situación que vive México desde que Felipe Calderón declaró una guerra
contra el crimen organizado, poniendo al Ejército en las calles. A
partir de entonces, vivimos una violación sistemática a los derechos
humanos, en donde en muchas ocasiones, el Ejército mexicano está
relacionado directamente.
“Ahora estamos en el contexto de Ayotzinapa, en donde el GIEI
designado por la CIDH, desde el primer momento recomendaron que se
investigará al ejército; el único al que no se ha podido investigar es
al ejército”, dijo.
En este sentido, cuestionó la actitud de las autoridades civiles y
los mandos castrenses que insisten en defender a los soldados a pesar de
los señalamientos que los involucran en la comisión de delitos. Añadió
que resulta peculiar que el batallón 27, al cual se ha negado investigar
sobre su presunta participación en el ataque a los normalistas de
Ayotzinapa, es el mismo que cometió la masacre de El Charco.
“Curiosísimamente el 27 batallón, que es el que precisamente está
ahorita en tela de juicio, al que no se quiere investigar, el que
perpetró la masacre de El Charco que sigue impune: la masacre del Charco
fue realizada a través de los elementos del Ejército que están en la
misma zona”, dijo.
Aunado a lo anterior, Raúl Vera sostuvo que en México, desde la
salida del Ejército a las calles, se ha implantado “la pena de muerte de
facto”, ya que, en lugar que el Ejército presente a los presuntos
delincuentes, “los anda ejecutando en las calles”.
“Sobre las miles de ejecuciones que ha habido en la calle nos dicen
que “fue el crimen organizado”. En México no hay pena de muerte, sin
embargo, el ejército anda ejecutando en la calle, en lugar de detener,
de llevar a los ministerios Públicos y que estas personas sean juzgadas.
Pero no, esto no existe en México, en este momento hay pena de muerte de facto.
“Estamos ante una situación sumamente delicada. Lo único que hizo el
señor Calderón y lo sigue haciendo el señor Peña Nieto, es el control
militar y policiaco de este país. No tenemos gobierno para nosotros, los
únicos que tienen gobierno son todas las personas a quienes se les
justifican sus fechorías, entre ellos los miembros del Ejército, y por
eso no se hace nada en el caso de El Charco, por eso no son investigados
en el caso Ayotzinapa”, manifestó.
La violencia: un medio de control social
Raúl Vera aseguró que en las reuniones con las diversas
organizaciones europeas “siempre estuvimos hablando de un contexto de
impunidad, de un contexto de criminalización a la lucha por los DD.HH.”.
El obispo manifestó que en este viaje al viejo continente, demandó
ante la comunidad de aquella región, que en México la violencia se ha
instalado como un “medio de control social por parte del Estado
mexicano”. Añadió que casos como el ataque a los normalistas de
Ayotzinapa confirman esta tesis.
“Lo que también denunciamos ante las instancias internacionales es
que en México la violencia es un medio de control de parte del Estado,
de control de la población, es un medio de contención contra todas las
injusticia que se están cometiendo por la aplicación del modelo
neoliberal, especialmente a partir del TLCAN. Esto también lo
denunciamos allá”, señaló.
En este sentido recordó que de acuerdo a la sentencia del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP), al igual que declaraciones de
personajes como Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la
Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), se confirma que en
el país hay un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos
humanos.
“Es muy importante que esto quede claro: las violaciones a los DD.HH.
en México vienen de una estructura creada por el Estado mexicano, y que
se asoma constantemente la presencia del Ejército en esta actitud
violenta contra la población (…) Es muy importante que quede claro que
es un mal estructural. Lo han dicho expertos, como Juan Méndez, sin
embargo todos los señalamientos son denostados por el Estado: viene la
CIDH, primero con el caos Ayotzinapa y son denostados, viene la CIDH a
escuchar a todos los grupos y viene otra vez la denostación del Estado
mexicanos, queriendo justificar y queriendo negar la observación
internacional”, manifestó.
No hay gobierno Fallido
Para Raúl Vera, hoy en día no se puede decir que en México hay un
gobierno fallido, por el contrario, existe una administración federal
que está haciendo bien las cosas, pero para su provecho.
“No me puse hablar de gobierno fallido, porque gobierno fallido es
que no pueden con las cosas y no, están muy bien organizados para
facilitar la entrada de las multinacionales, para facilitar las
inversiones, están gobernando muy bien para su provecho. En el TPP
comprobamos que en México se vive una desviación del poder, que los
gobernantes no gobiernan para el pueblo y eso está claro a través del
grado de impunidad en los más de 26 mil desaparecidos, o en el caso de
los 43”, indicó.
El obispo habló sobre el panorama que se avecina en la segunda etapa
del gobierno peñista. Dijo que de seguir por este camino en donde no se
garantiza el ejercicio de los derechos humanos, se presentará “un
deterioro terrible de la vida humana” en México. “El riesgo más grande,
el deterioro terrible de la vida humana, lo que significa de muerte. Por
ejemplo en la devastación natural los enfermos se multiplican, en el
tema del salario mínimo entra en pobreza que no tiene ni para llenar la
canasta básica”.
“¿Puede haber un estallido social? Eso hoy sería una locura, porque
los socios del gobierno para reprimir al pueblo también es el crimen
organizado y lo vemos en el caso de los migrantes, el crimen organizado
sirve para que lo migrantes no lleguen a EE.UU. y también al crimen
organizado se le deja ser, por eso permanecen impunes los asociados con
el crimen organizado, empezando por los funcionarios de gobierno, los
políticos”.
“El cambio sólo puede venir con una organización adecuada (…) Los
mexicanos nos debemos convencer que tenemos que ir todos en un solo
proyecto. Como dijo el TPP: México tiene que ser refundado y esto lo
encomendamos a la sociedad civil”, finalizó.
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