Gloria Leticia Díaz
MÉXICO,
D.F. (apro).- En México la militarización y la violencia “son un medio
de control y de contención” frente a los reclamos sociales del pueblo,
denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, durante su reunión con
el Comité de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas.
El
fundador de la Red Solidaria Década contra la Impunidad acudió a Ginebra
en septiembre pasado para presentar dos casos que permanecen impunes:
la masacre de El Charco, Guerrero, donde diez indígenas y un estudiante
universitario fueron asesinados por personal militar, y la ejecución del
presidente del Congreso de esa entidad, Armando Chavarría Barrera.
Los militares, dijo, han estado involucrados en violaciones graves a
derechos humanos, y la vida de los familiares y víctimas corre riesgo
por denunciarlos.
En conferencia de prensa, Vera López dijo este
martes que durante sus entrevistas con integrantes del Comité de
Ejecuciones Extrajudiciales y de otras organizaciones en Europa, entre
ellas France Libertés-Fondation Danielle Mitterrand, advirtió que “las
violaciones a derechos humanos forman parte de la estructura del Estado
mexicano, y en ellas se asoma de manera permanente la presencia del
Ejército”.
Al hacer un breve recuento de los casos en que se han
violado los derechos humanos, el obispo resaltó que en los más graves
aparece el Ejército “en esta actitud violenta contra la población, y
otro cuerpo que está en esto –dijo– es la Policía Federal”.
Luego
de que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
Salvador Cienfuegos Zepeda, se negara a dar acceso a los militares que
participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en
septiembre de 2014, Vera López lamentó que no se pueda investigar al
Ejército porque eso, subrayó, alimenta la impunidad.
También
criticó que tras la publicación de diversos informes, entre ellos el del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el
caso Ayotzinapa, la posición del gobierno de Enrique Peña Nieto sea
“denostar”. Lo hizo con el relator especial de la ONU sobre tortura,
Juan Méndez, y con el grupo creado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), puntualizó.
Para el sacerdote, la
estrategia del gobierno ha sido “justificar y negar la observación
internacionales”, en tanto que se criminaliza a los familiares y a las
víctimas.
Y luego de señalar que México es el país “más observado
del mundo”, Vera López destacó que el crimen organizado opera a favor
del Estado, lo que explica que los migrantes centroamericanos sean
detenidos en el camino a la frontera norte, remató.
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