No cabe duda que una de
las cosas que han quedado claras con el tema de Ayotzinapa, es que el
Estado mexicano no ha descartado ninguna forma de represión política de
las conocidas, con tal de cumplir su agenda de clase. La desaparición
forzada es uno de los crímenes de lesa humanidad más crueles, quien los
comete es capaz de todo, de matar a los desaparecidos o de mantenerlos
incomunicados o bajo tortura por largos períodos. Cualquier explicación
que puedan inventar los funcionarios de gobierno, más allá de su escasa
imaginación y capacidad para tramar coartadas creíbles, pasa a segundo
término, la exigencia no es que perfeccionen su capacidad de mentir,
sino que cesen la represión, y está muy claro que el Estado mexicano
está practicando desde hace tiempo una represión sistemática a las
Normales Rurales así como a otras agrupaciones que considera estorbosas.
Estado, jerarquías y represión
Para
poder abordar acertadamente el problema de la represión que está
ejerciendo el Estado mexicano, me parece necesario subrayar algunas
cuestiones de carácter estructural.
Las decisiones importantes en
cualquier Estado capitalista las toma la clase en el poder, y los
funcionarios de gobierno sólo toman decisiones secundarias que
intervienen únicamente en las variables de la aplicación de las medidas
tomadas por dicha clase; una decisión de clase, y por tanto de Estado
es, por ejemplo, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
mientras que los burócratas simplemente se dedican a buscar los
instrumentos jurídicos, propagandísticos, ideológicos y políticos para
poder aplicar su contenido. Las reformas estructurales, la política
monetaria y los principales criterios presupuestarios, también son
decisión de la clase en el poder.
El Estado, como aparato de
dominación, más allá de los gobiernos, tiene la misión de generar rutas,
instituciones y estrategias para la aplicación de las decisiones dela
burguesía imperialista. Es por ello que dentro del Estado no todas las
dependencias tienen la misma jerarquía, pues existen instituciones que
están particularmente blindadas ante posibles iniciativas de injerencia o
intervención por parte de algún burócrata, incluso un presidente de la
república que esté en turno. El ejército es la institución más blindada
dentro de un Estado y el mexicano no es la excepción, pero también
existen otras instituciones como el Banco de México, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación o la Policía Federal que también ocupan un lugar
significativo en ese sentido.
Así pues, aunque todos los detalles
son importantes, si no tenemos claro que el accionar estratégico del
Estado está encaminado a proteger los intereses de la clase dominante,
particularmente de su bloque hegemónico, y que dentro del Estado hay
instituciones que subordinan a otras, podemos extraviarnos en el nivel
que llamara Gramsci, de la pequeña política [1], el análisis
hueco de las coyunturas, el nivel del chisme político que pretende
explicar los fenómenos a partir de las pasiones y chismes de los
funcionarios.
Quien haya diseñado la estrategia mediática en el
tema de Ayotzinapa, confió en que por el hecho de que los análisis
periodísticos, aún los supuestamente críticos, se colocan en dicho nivel
de chisme político, iba a poder tejer una maraña de rumores que
explicaran el tema a partir de la historia de una pareja de alcaldes
dignos de alguna película de humor negro y de sus vínculos con el crimen
organizado, que iban a poder manipular la información para hacer
parecer que todo era una confusión y que la respuesta era muy simple; la
mayoría de los medios de comunicación, aún los críticos, se han
mantenido en ese nivel, pero la desconfianza de los padres de familia de
los 43, así como de gran parte del pueblo trabajador, es más profunda
[2]. Desde abajo, desde la posición del campesino, del trabajador, del
estudiante pobre, con un poco de experiencia política acumulada, el
suponer que lo que pasa sistemáticamente, pasa sistemáticamente por
error o coincidencia, es simplemente algo ilógico.
El Estado
mexicano tiene actualmente una serie de contradicciones que lo han
metido en un atolladero del cuál no encuentra una salida confiable, en
cada solución coyuntural hay un riesgo estructural.
Tras la
rebelión armada de principios del Siglo XX, el Estado mexicano sólo pudo
consolidarse combinando la represión con un gasto social que llegó a
ser significativo en comparación con otros países de la región e incluso
del mundo; la propuesta cardenista de funcionamiento del Estado
mexicano, dependía para lograrse de la expropiación petrolera, y de
mantener a PEMEX, más que como una empresa, como un instrumento de
financiamiento del Estado, y sobre todo de la política social; el Estado
mexicano tenía que garantizar a la clase en el poder que el petróleo se
usaría como un dinamizador de la producción de plusvalía tanto en
México como en Estados Unidos principalmente, pero al destinar parte de
la renta petrolera al gasto social, compraría algo fundamental,
estabilidad política.
El Estado mexicano sacó cuanto pudo a
PEMEX, sacó cuanto provecho pudo a su política social, sin embargo todo
se agota; si bien en los años treinta ningún capitalista dudaba de la
capacidad del pueblo mexicano para alzarse en armas, y si bien en años
posteriores la presión de la guerra fría y de las luchas de liberación
nacional y las revoluciones en América Latina los tenían preocupados,
ahora no ven argumentos suficientes para dejar una mina de petróleo tan
importante que arroja algunos réditos al gasto social. El capital
imperialista pudiera incluso conceder que una parte de PEMEX permanezca
como antes, pero disminuido en capital, su potencial como financiador de
un proyecto de Estado se disminuye también, lo cual se agrava con la
reciente caída en los precios internacionales del petróleo. A grandes
rasgos, la burguesía imperialista, el bloque hegemónico de la clase
dominante en México, tiene que decidir su apuesta, entre tomar los
riesgos de reducir el gasto social o debilitar su capacidad de controlar
las ganancias; ha decidido tomar los riesgos y se encuentra decidida a
no cambiar el rumbo económico, apostando a que podrá controlar la
inconformidad social bajo un esquema represivo. Así pues , los ajustes
propios del llamado neoliberalismo, lejos de lo que suponen los críticos
liberales quienes han hablado de la desaparición del Estado, están
profundamente relacionados con el fortalecimiento del Estado, sobre todo
en el aspecto que Lenin habría señalado como esencial, su carácter
represivo, y únicamente ha relajado su intervención en ciertos aspectos
de la vida productiva.
Un proyecto de clase, mismo que se traduce
en un proyecto de Estado, sólo puede concretarse parcialmente pues en
lo concreto, la fuerza de la lucha de clases le imprime un ritmo
peculiar; el proyecto de la burguesía puede aplicarse hasta donde el
proletariado se lo permita; así pues, el Estado funciona también como el
aparato de inteligencia política de la burguesía, y está obligado a
identificar los obstáculos del proyecto y despejarlos del camino. En
este caso, el Estado mexicano identifica algunos obstáculos económicos y
políticos; los primeros caracterizados por ser a sus ojos, costosos y
poco redituables, y los segundos caracterizados por ser un referente de
oposición a las medidas de Estado. El principal problema surge cuando
hay un gran obstáculo para su proyecto económico, defendido por un
obstáculo político.
De todos modos, en cualquier caso, existe
vigente una clara política de Estado para quitar del camino a todo grupo
de personas que represente una amenaza en el proyecto de clase, o bien,
que aun cuando por sí mismo no sea una amenaza, puede detonar otra
serie de procesos. Es ahí donde se han realizado las recientes
operaciones represivas de Estado a gran escala, de las cuales tenemos
tres referentes muy claros; la represión del 3 y 4 de Mayo de 2006 en
San Salvador Atenco, la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en Octubre de 2009 y la represión brutal a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.
A
diferencia de otros sucesos represivos como la intervención de la
policía Federal en Oaxaca en 2006 o la operación para desmantelar los
grupos de autodefensa en Michoacán, en los tres casos arriba
mencionados, no había una necesidad emergente de reprimir, se trató de
un ataque preventivo del Estado; algo de lo cual difícilmente se
obtendrá información muy específica, pues suele manejarse a altos
niveles, pero seguramente son situaciones que fueron diseñadas con
relativo cuidado y planificadas como una operación militar, por lo cual,
seguramente desde antes del ataque represivo, ya las altas esferas del
aparato estatal tenían herramientas para cubrir sus huellas.
Esas
tres operaciones, tienen además en común, el hecho de que fueron
difíciles de anticipar tanto por los analistas oficiales como por los
mismos pensadores de la izquierda organizada, quienes hasta cierto punto
supusieron que “eso sería demasiado” o que tal vez el gobierno no se
atrevería a llegar a tanto. En el 2006, con el ataque en Atenco, el
Estado frenó el paso de la Otra Campaña aun cuando estaba en una etapa
formativa, simplemente no se arriesgaron, y aprovecharon para dar un
duro golpe al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, un referente de
lucha que alentaba a otros campesinos del país a defender sus
territorios. En el caso del cierre de Luz y Fuerza, el Sindicato
Mexicano de Electricistas y sus aliados creían tener una fuerza
impenetrable, y aunque sabían que la reforma energética estaba siendo
impulsada, no vieron venir la magnitud del golpe preventivo; por su
parte la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México,
estaba acostumbrada a lidiar contra la represión que se ha vuelto
cotidiana en sus acciones, pero tampoco pudo prevenir la magnitud del
golpe. La enseñanza más elemental para la izquierda revolucionaria o de
abajo, es que no debe subestimarse la capacidad represiva del Estado,
debemos tener muy presente la Historia y la esencia del Estado para no
cometer errores propios del exceso de confianza. Quienes toman esas
decisiones dentro del aparato represivo, son capaces de eso y más, por
lo que también es necesario que elevemos nuestra capacidad de
organización, lucha y resistencia.
En los tres casos también hay
una clara relación entre la organización agredida y los planes que el
proyecto económico tenía en puerta; en el caso de Atenco, el Estado
utilizó el terror y el encarcelamiento cruel y prolongado de sus
dirigentes para generar las condiciones necesarias para finalmente echar
a andar la construcción del Aeropuerto internacional del Valle de
México. El caso del golpe al SME tuvo una doble función en cuanto a las
reformas se refiere, pues al expulsar de sus centros de trabajo al único
sindicato con una posición independiente que tenía acceso a un sector
estratégico de la producción, allanó el camino tanto para la aplicación
de la reforma laboral como de la reforma energética. Por su parte, el
caso Ayotzinapa no sólo está enmarcado dentro de la iniciativa de
Reforma educativa del Estado mexicano, sino que también se da cuando hay
aún más proyectos en puerta que pueden detonar focos de resistencia,
los cuales suelen encontrar prontamente la solidaridad de la FECSM.
Así
pues, con estos elementos podemos llamar la atención hacia algunas
situaciones que nos permitan prever los criterios represivos del Estado
mexicano.
- Por su posición de ventaja, el Estado mexicano
evitará a toda costa que el movimiento social organizado y con
perspectivas independientes, pase a la ofensiva y que transite a
posiciones revolucionarias, siendo capaz de montar cualquier tipo de
provocación que le sirva para disfrazar un ataque preventivo de uno
defensivo tal como lo hizo en Atenco.
- En los casos donde exista
un aspecto económicamente estratégico detrás, se valdrá de cualquier
método no sólo para despejar a opositores con perspectivas políticas más
profundas, sino incluso para hacer a un lado a cualquier brote de
resistencia.
- Tenemos que estar atentos y saber que una de las
cosas que expuso a los normalistas rurales, es por realizar una labor
solidaria y combativa muy distinguida en medio de una situación en donde
prevalece, aún en el movimiento social organizado, una tendencia al
gremialismo que motiva a que difícilmente un sindicato, comunidad,
organización de colonos, etc, arriesgue un poco su seguridad por
proteger a otro movimiento u organización con mayor vulnerabilidad. La
solidaridad debe ser por tanto más generalizada, decidida y organizada,
tenemos que pasar de lo simbólico a lo real.
- Son muchas las
cosas que el Estado tiene en puerta, además de la privatización de los
servicios de salud, sigue sintiendo que ha cedido mucho políticamente en
espacios tan importantes como la UNAM o las comunidades indígenas de
Chiapas, y existen un sinnúmero de proyectos relacionados con la
explotación minera y la industria portuaria, aeroportuaria y turística,
pero además, no podemos descartar el gigantesco negocio de la economía
ilegal.
- Cada que el Estado asesta un golpe de las
características aquí descritas, nos resta a las organizaciones de abajo y
de izquierda revolucionaria o independiente, instrumentos y referentes
de lucha, nos dificulta o cuando menos retrasa los brotes de
resistencia, o bien, los mantiene en una posición relativamente
controlable. Revertir la situación por tanto supone el reforzar, sin
esperar coyunturas ruidosas, cada referente de organización y lucha,
reforzar cada espacio de coordinación, reforzar todos los mecanismos de
solidaridad política e ir construyendo a través de acciones concretas,
la conciencia de clase y la unidad en la acción. Aun así habrá
represión, pues en la naturaleza del Estado está inscrito, pero cuando
menos podemos seguir resistiendo a pesar de ella y podemos evitar la
efectividad de la misma para poder seguir adelante en la construcción de
nuestro propio proyecto de sociedad y de futuro.
Notas:
[1] Gramsci. A. Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado Moderno. Juan Pablos Editores. Pág 175.
[2] Periodistas incluso como Carmen Aristegui, Denise Dresser, Javier
Solórzano o Denise Merker y la revista Proceso, a pesar de algunas
críticas, se mantienen en ese nivel, pues omiten en sus análisis el
carácter esencialmente represivo del Estado, lo cual los coloca a lo
más, en un plano de crítica liberal.
Andrés Avila Armella es miembro del Buró Político del Partido Comunista de México (PCdeM) www.partidocomunistademexico.
Sociólogo y Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad
Nacional Autónoma de México donde actualmente se desempeña como
profesor.
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