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4/08/2018

El control social de la mente en la era digital


Marcos Roitman Rosenmann

Los dispositivos para el dominio de la mente y el cuerpo, con el fin de garantizar la sumisión al poder, se han reforzado en la era digital. Joseph Goebbels, a la sazón ministro de Ilustración y Propaganda en la Alemania del Tercer Reich, comprendió el significado de la difusión masiva de mensajes.
Goebbels hizo fabricar una radio de bajo costo para que fueran adquiridas por las clases trabajadoras y los sectores medios. Se le denominó la radio del pueblo. Limitada a la recepción de emisoras alemanas, en 1933 su producción incorporaba una esvástica encima del dial. Fue una revolución. Goebbels convenció a Hitler.
El control de la mente del pueblo alemán se extendió. Las ondas hertzianas fueron el mecanismo utilizado para penetrar en los hogares. Noticias, discursos, partes de guerra, concursos, música, etcétera. Todo estaba diligentemente seleccionado. El nazismo hizo del radiotransmisor un instrumento de control político. Era perfecto. Las familias arremolinadas frente al aparato recibían las instrucciones para acudir a manifestaciones, estar a la moda o participar en actos políticos.
Por primera vez los radioescuchas, en tiempo real, asistían a una transmisión deportiva. Nadie dudó de su eficacia. El pueblo alemán fue agradecido. Se transformó en un devoto nazi pasivo, gracias a este regalo envenenado de Goebbels.
En 1933, sólo 25 por ciento de hogares poseía una radio. En 1941, en plena ofensiva nazi, la proporción se elevó a 67 por ciento. Todos los fabricantes de aparatos de radiodifusión fueron obligados a producir el modelo. Su precio, 76 marcos, era una bicoca frente a los oscilantes 200 a 400 que costaban los convencionales.
Hoy, junto al ordenador personal, en sus diferentes modalidades, tabletas, smartphones, se hace posible dirigir, controlar, manipular y proyectar el mundo acorde con las grandes compañías del big data. Los vínculos existentes entre Microsoft y Apple con el poder y su complicidad se hacen patentes cuando se destapan los escándalos de la dominación informática. Tanto Bill Gates como el desaparecido Steve Jobs siguieron la senda inaugurada por el Tercer Reich.
Bajo una especie de mecenazgo, actos de filantropía, donan y reparten ordenadores a países dependientes, colegios públicos, instituciones públicas, ministerios, etcétera. A la par, crean aulas de informática en universidades de los cinco continentes. Todo bajo el sello de una obra en bien de la comunidad, ocultando la verdadera razón de tales comportamientos. Acceder a información global, antes insospechada y menos aún posible de almacenar, dirigir y manipular. Hoy, estas empresas construyen perfiles específicos para usuarios individualizados. La línea entre el espacio público, lo privado y lo íntimo ha desaparecido. Han penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser. No hace falta una orden de registro dictada por un juez para entrar en tu domicilio y realizar un registro. No es necesario abrir cajones, hurgar en el desván de tu casa para descubrir tus gustos de lectura, pasatiempos y amistades. La información se consigue de forma sibilina, menos tosca, sin violencia física. El control del cuerpo y la mente se hace global. De la biopolítica a la sicopolítica. El poder entró vía web. Se rastrean tus correos electrónicos, compras, cuentas bancarias, vacaciones. Con un algoritmo adecuado se construye el perfil que define tu personalidad, comportamiento, aficiones, ideología, si eres sumiso, dócil, conflictivo, etcétera. Gracias al GPS, la localización no es un problema.
Los estándares de la web están controlados. Google, Facebook, Amazon, Youtube y PayPal pertenecen al consorcio W3C, articulado al protocolo Http, sin el cual la World Wide Web no existiría. Los navegadores Chrome, Safari, Mozilla y Firefox tienen dueños: Microsoft y Apple. La informática de la dominación, ensamblada a los servicios de inteligencia, facilita el control de la mente. Por nuestras entradas editan perfiles exactos. No se trata sólo del uso de nuevas formas de identificación, como el reconocimiento facial. Saben los gustos, controlan nuestras emociones, sentimientos. Tienen acceso al conjunto de los ingresos, la ubicación. No es extraño que los dispositivos de hardware tengan como función prioritaria acceder a la web y sus servicios. Los nuevos amos de esta red, a decir del colectivo Ippolita, en su ensayo ¿La red es libre y democrática?, concluyen: Poseen los códigos del software que usamos, las informaciones que les regalamos, la potencia de cálculo y la mano de obra para mantener todo en constante movimiento (mano de obra gratuita de los usuarios). Los nuevos amos digitales han plasmado una mentalidad, han proporcionado una idea del mundo y cada día van anunciando la buena nueva de la web 2.0. Más de 20 años después de la puesta online del primer sitio www, nos descubrimos adeptos a una nueva religión, de la que desconocemos origen y estructura, pero cuya liturgia aplicamos cada día con meticulosa diligencia.
El capitalismo de la era digital articula un sistema totalitario, en el cual, curiosamente, nos sentimos cada vez más libres, creyendo que nuestras navegaciones en red acaban con el control social del poder analógico ejercido por una clase social o una élite dominante transversal. La gratuidad de los servicios de la web debería hacernos pensar. El capitalismo no regala nada a cambio de nada. Sin dudarlo, el complejo industrial, militar, tecnológico y financiero ha sido capaz de entrar en nuestra mente, minar la capacidad de resistencia, favoreciendo la adoración de nuevos dioses articulados a los dispositivos fetiches de la web.

9/28/2016

Ayotzinapa es muestra que en México no hay “Estado fallido”, sino un Estado que planifica la represión: expertos


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En el marco de las jornadas “A dos años de Ayotzinapa: Homenaje a la memoria viva”, organizadas por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco y, durante el foro sobre desaparición forzada. Académicos, estudiantes, así como representantes del Comité Cerezo México y de Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP); coincidieron en el caso de los 43 normalistas está envuelto en una cadena de corrupción e impunidad, así como falta de justicia e incumplimiento de los derechos humanos.
 El representante del Comité Cerezo, Francisco Cerezo, señaló a Revolución TRESPUNTOCERO, que los inculpados en el caso Ayotzinapa, son juzgados de manera errónea, pues están siendo procesado por cargos de secuestro, sin embargo, los hechos apuntan a que se trató de un acto de desaparición forzada.
“El secuestro es un delito que es cometido por particulares, cuando se comete inclusive por funcionarios públicos, la pena aumenta, pero el secuestro es con el objetivo de obtener un bien material, en cambio la desaparición forzada no tiene ese objetivo, el objetivo es eliminar a la persona, que nadie, absolutamente, sepa dónde quedó, y la desaparición forzada, sí tiene que ver con agentes de estado”, puntualizó.
Añadió que la responsabilidad primordial recae en el Estado,  además indicó que el hecho de que hay pruebas de la participación de  policías municipales  y federales  en  Iguala, ya  es un signo irrefutable de que se trata de desaparición forzada, “ la responsabilidad es Estatal, en el sentido de que  hay una cadena de mando, no quiere decir que un solo municipal  se salió de sus cabales  y lo hizo, sino que hubo órdenes  en los diferentes  niveles que hacen que  todos sean cómplices  y responsables de la desaparición de los muchachos” refirió.
Durante el coloquio, también se hizo hincapié en que el concepto de “Estado fallido”, es una idea equivocada. Expusieron que el caso de México no es estado fallido, sino que se trata más, de una planeación para represión que se ha transformado a través del tiempo.  Cerezo explicó que, durante el sexenio de Felipe Calderón, se identificó al enemigo interno en la figura del crimen organizado, esto implicó que cualquier persona que fue abatida en el transcurso de ese periodo, era delincuente o simplemente un daño colateral.  “Calderón utilizó la estrategia de control social mediante el terror”.
 Por otra parte, se puntualizó que con Peña Nieto, el discurso oficial dio por terminada la guerra, y la cambio por la paz, es decir, hubo una reconfiguración del enemigo del Estado, con el “Mover a México”, los enemigos del Estado ya no son los criminales, sino todos aquellos que se oponen a las reformas estructurales, o bien, “los que no quieren mover a México”, señaló.
De acuerdo a cifras oficiales que fueron publicadas en octubre de 2014, cerca de 22.610 personas desaparecieron desde el 1 de diciembre de 2006, hasta 2014 seguían en paradero desconocido. Cabe destacar que el 50 por ciento de esas desapariciones sucedieron entre 2012 y 2014, durante el gobierno de EPN.
“En México se habla de cerca de 27 mil desaparecidos en cifras oficiales, pero el gobierno es muy tramposo, porque la palabra desaparecidos no nos dice mucho, desaparecidos, personas extraviadas y ausentes, entonces lo han mezclado todo para ocultar que, en México, sí existe la desaparición forzada”, comentó Francisco Cerezo.
Cerezo también abundó en que las principal  traba para las organizaciones defensoras de derechos humanos es la imagen que el Estado ha transmitido a la sociedad acerca de los defensores  en pro de los derechos humanos, comenta  que se ha generalizado el pensamiento  en las personas, acerca de que éstos  sólo defienden a delincuentes “tenemos un problema muy fuerte, incluso de aceptación de la gente, porque cuando llegamos y decimos “soy defensor de derechos humanos”, evidentemente  hay un rechazo, producto de este discurso de que los delincuentes son los que violan derechos humanos  y de que nosotros sólo defendemos delincuentes”, refirió.
Según informes de organizaciones sociales, la cifra de desaparición forzada, en cuanto a defensores de derechos humanos asciende a 187 personas desde el sexenio de Calderón. Cabe destacar que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves de los derechos humanos.
“En culturas como la mexicana no tener un cuerpo al cual llorar, es una tortura todos los días, hay personas que lo único que quieren es saber qué es lo que pasó con sus hijos. Es por eso que es una violación tan grave” sentenció Francisco.
Finalizó al argumentar que, en el contexto actual, no hay un eco generalizado en la sociedad, que permita frenar, en primera instancia, la desaparición forzada, además de otras violaciones grabes a los derechos humanos.  No obstante, se debe trabajar para revertir este hecho y   obligar al Estado a cumplir su obligación de investigar y sancionar a todos los responsables.

8/06/2016

Narco y feminicidios: el control en espacios abiertos



Raúl Zibechi
Las sociedades disciplinarias funcionan organizando grandes espacios de encierro por los cuales pasan todas las personas: desde la familia y la escuela hasta el cuartel y la fábrica, en ocasiones la cárcel y el hospital. Según Michel Foucault, quien estudió a fondo las técnicas disciplinarias, estos espacios comenzaron su andadura en el siglo de la revolución francesa, hasta volverse corrientes en el siglo siguiente, en plena expansión del capitalismo. La masacre era la forma con que el sistema intentaba aplacar a quienes no encajaban en la disciplina, como la mayor parte de los pueblos indígenas y negros, entre otros.

Las más diversas resistencias, desde los obreros, las mujeres y los jóvenes, hasta los pueblos oprimidos y los enfermos consiguieron neutralizar y desbordar los centros de encierro donde funcionaba la disciplina. La crisis de la familia nuclear, así como la de la fábrica fordista, llevaron al sistema a reconfigurar las formas de dominación. Cuando el encierro ya no funciona, comienza a ser sustituido por las llamadas sociedades de control, como las ha denominado Gilles Deleuze.

Según el filósofo, en su breve y excelente texto “ Post-scriptum sobre las sociedades de control”, el control al aire libre apela a tecnologías no fijas, que funcionan como un tamiz que varía en cada punto. El marketing, el consumismo, el endeudamiento, los sicofármacos y las máquinas informáticas, en vez de las máquinas simples, son algunas de las técnicas del control a cielo abierto, que poco a poco van componiendo un nuevo régimen de dominación. Hasta aquí, ninguna novedad.

Sin embargo, estas técnicas funcionan en el norte del mundo. O mejor, en las zonas del ser, donde la humanidad de las personas es reconocida y la mayor parte de la gente es controlable mediante las deudas, la televisión y el consumismo. Pero, ¿qué sucede en la zona del no-ser, donde esas técnicas no pueden obtener los mismos resultados? En estas zonas las relaciones sociales son bien diferentes, heterogéneas, respecto de las hegemónicas. No sólo son demasiado pobres para endeudarse, como destacaba Deleuze. Son diferentes.

La primera diferencia es la hegemonía de los valores de uso frente al predominio de los valores de cambio en la zona del ser. El capitalismo ha moldeado sólo parcialmente la vida cotidiana y las relaciones entre las familias, por lo que la ayuda mutua, la cooperación, el intercambio de bienes no mercantilizados y la solidaridad juegan un papel central. Incluso el dinero funciona como valor de uso, como enseñan los bancos populares que existen entre los de abajo.

La segunda es la potencia que tienen las relaciones comunitarias y de reproducción de la vida frente al individualismo y la producción que caracterizan la zona del ser. No sólo existen comunidades formales, sino relaciones sociales ancladas en los trabajos colectivos, tequio o minga, que producen bienes para el autoconsumo y el intercambio, sino que buena parte de esos trabajos están focalizados en la reproducción. Quizá podemos decir que en la zona del no-ser las diferencias y el antagonismo entre producción y reproducción son pequeñas.

La tercera diferencia se relaciona con la existencia de múltiples formas de trabajo: salario, reciprocidad, esclavitud, servidumbre y emprendimiento mercantil familiar. Esa diversidad se hace aún más compleja porque buena parte de los asalariados conviven con dos y hasta tres relaciones de trabajo distintas. De modo que no puede decirse que haya una forma central, sino un conjunto de relaciones laborales complementarias, aunque todas estén sometidas al régimen capitalista.

El abajo organizado es un mundo de afectos y de confianzas fuertes, que estrecha las posibilidades de control por medio de las deudas, por ejemplo, o del marketing, donde las solidaridades neutralizan los mecanismos de control. Entonces, ¿cómo se controla a cielo abierto a esta parte de la humanidad?

El régimen de control en la zona del no-ser tiene en el narco y en el feminicidio sus ejes centrales. Donde los jóvenes no son domesticables y las mujeres no obedecen ni al esposo ni al cura; donde ellas crearon formas de vida y reproducción de la vida en sus mercados autocontrolados y los jóvenes practican culturas diferentes, no integrables en los circuitos dominados por los monopolios del entretenimiento. El narco impide que los chicos desplieguen sus formas de vida y el feminicidio actúa contra las mujeres rebeldes. En ambos casos apuntan a revertir la crisis del patriarcado y el desborde de los espacios de encierro.

El narco tiene un carácter sistémico. El feminicidio también. Quien piense que son desviaciones o extravíos de pervertidos se pierde en el laberinto de los modos de dominación y queda sin posibilidades de reaccionar. Este carácter sistémico puede apreciarse en la no reacción de los estados-nación a la masacre que están provocando, porque les apuntalan la dominación en tiempos de crisis sistémica o, en lenguaje zapatista, cuando la tormenta empieza a desplegarse contra los de abajo.

El problema es que esta realidad (el papel del narco y del feminicidio) no se puede percibir desde la academia o desde las instituciones estatales. Hay que estar allí, en la favela o en la comunidad, para comprender hasta qué punto las autoridades son cómplices y, de modo muy particular, los aparatos armados del Estado. En muchos barrios los narcos se instalaron protegidos por policías o militares. Unos y otros trabajan en la misma dirección: neutralizar a los de abajo. La única forma de hacerlo, en este periodo, es mediante el exterminio masivo. Eso es la tormenta.

Se dice que las diferentes formas de opresión conllevan otras tantas formas de resistencia, y que éstas pueden desplegarse con mayor vigor en la medida en que las opresiones sean iluminadas. Por eso es importante discernir el papel que el narco y el feminicidio están jugando, como núcleo de las nuevas contrainsurgencias.

7/14/2016

Reformas de EPN profundizaron más la conflictividad social y generaron más violencia en comunidades: expertos


REFORMA ENERGÉTICA, VIOLENCIA
(14 de julio, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Reforma Energética impulsada por Enrique Peña Nieto se consumó el 21 de diciembre de 2013 y cuando fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, se definió ideológicamente por el PRI y sus partidarios como “la transformación del marco regulatorio que actualmente fija las reglas y administra el mercado de la generación y distribución de la energía para beneficio de los mexicanos”.
Para lograr una supuesta mejora en el mercado energético, la reforma impulsó, según sus defensores, la eficiencia económica, la protección al consumidor, la protección del medio ambiente, la justicia social y el desarrollo sustentable, todos y cada uno de los motivos eran de la misma importancia y debían forzosamente incluirse en una reforma energética.
Sin embargo la naturaleza de la Reforma Energética era en grosso modo permitir la  inversión extranjera y eliminar el monopolio de Pemex. Mientras que antes sólo existían contratos por servicios, en los que las compañías eran pagadas por los mismos y no podían contar con parte o ingresos derivados de los hidrocarburos producidos, la nueva reforma permite nuevos modelos de contratación: licencias, producción compartida y ganancias compartidas.
En el nuevo esquema presentado, Pemex se mantiene como propiedad del estado; sin embargo, se le da más autonomía en la parte presupuestaria y administrativa, y a su vez, se vuelve un competidor más por los nuevos proyectos. Asimismo, se abre la inversión privada en el sector eléctrico, por lo que las empresas estarán en posibilidades de generar y suministrar este tipo de energía y competir con CFE.
Crisis social por la tierra
Uno de los temas más polémicos en la Reforma Energética además de la división de la renta petrolera con las empresas particulares fue cuando el poder legislativo determinó que las actividades del sector energético serían de utilidad pública y una prioridad del Estado, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra. Sin duda, esto tiene repercusiones graves en lo que se refiere a derechos humanos, puesto que se afecta el derecho a la propiedad y la libertad de trabajo.
En este sentido Edmundo del Pozo, investigador del área derechos humanos de la organización Fundar Centro de Análisis, detalló a Revolución TRESPUNTOCERO que la crisis social ya estaba latente en México producto de la proliferación de grandes megaproyectos y obras de inversión en minería, hidroeléctrica, en materia de hidrocarburos que han afectado a diversas comunidades indígenas y campesinas desde la llegada de Enrique Peña Nieto al poder.
“Ya hay un contexto social muy complejo donde numerosos derechos humanos han sido vulnerados. Con esta Reforma Energética violentaron el derecho de estas comunidades a la autodeterminación, al territorio y generaron desplazamientos, contaminación del agua.
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“Esto ya venía de un marco legal propicio para la gran inversión privada que privilegia esos intereses por encima de las comunidades. Hablo de la ley minera y los tratados de libre comercio para América del Norte, la reforma al ejido, todo eso venía sembrándose en México. Cuando llega la Reforma Energética y estas reformas estructurales de aproximadamente 14 instrumentos derivados de esa Reforma, lo que hace es profundizarse y agudizarse ese conflicto social”.
Del Pozo precisó que dentro de la reforma se tomó como bandera una especie de falso interés público, “esta figura la uso Lázaro Cárdenas para expropiar a las petroleras norteamericanas, esa es la figura. Pero ahora se usa para todo lo contrario para entregar los recursos de la nación a las empresas privadas y compartir las utilidades petroleras del Estado con la iniciativa privada.
Por su parte Eduardo Parrilla Álvarez, abogado integrante del Colegio de Biólogos de México y experto en contaminación de suelos apoyó la tesis de que el Estado mexicano en su discurso y legislación se ha comprometido a respetar un marco de derechos humanos, que reconocen el derecho al territorio y de las comunidades a disponer sus recursos naturales… por lo menos en papel, porque en la realidad no es así.
“La constitución Mexicana reconoce el derecho a la autonomía y autodeterminación y eso es norma suprema. Por tanto es una cosa esquizofrénica que luego aprueben reformas que en su contenido son lesivas a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales que el Estado mexicano se comprometió a respetar.
20160713_130003“Hay información de que los pueblos indígenas y las comunidades quienes han logrado preservar durante siglos los recursos naturales y son justamente los territorios que han permanecido más vírgenes. El estado saqueó los recursos junto a las grandes empresas de lugares donde no había población indígena. Hoy donde quedan intactos algunos de estos recursos naturales es justo donde ellos habitan. Ahora los grandes capitales van y los despojan de su territorio. No son tomados en cuenta en estos proyectos de desarrollo, son ignorados, discriminados y obligados a desplazarse de sus lugares de origen desde hace siglos”, puntualizó Parrilla Álvarez.
Como es evidente nadie es dueño de la verdad ni tiene una bola de cristal para conocer el porvenir, sin embargo para estos dos abogados y activistas, “el futuro es sumamente incierto” y “pinta desfavorable con estas grandes reformas estructurales con las que se ve la profundización de un modelo neo extractivista en México que consume vorazmente los recursos naturales y en aras de obtener grandes ganancias pasan por encima de lo que sea.
“Estas reformas, sin lugar a duda, profundizan más la  conflictividad social y generan más violencia en las comunidades. El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en México, resaltó que en el caso de los pueblos y comunidades, la mayor violencia se ejerce con la implementación de grandes proyectos de desarrollo y por la vulneración de derechos”, opina Edmundo del Pozo.
Por su parte Parrilla Álvarez, augura, “aunque se eliminó la palabra ‘expropiación’, los dueños de la tierra no podrán evitar que su terreno sea para la industria, pues se aprobó el término ‘ocupación temporal’ cuando no se llegue a un acuerdo de compra-venta. Por lo anterior los dueños de la tierra quedan obligados a negociar un acuerdo con aquellos que deseen explotar los recursos energéticos de su terreno.
“El Estado ordenará los pagos que le corresponden a cada propietario. Se está hablando de una negociación forzada, en la que ineludiblemente el propietario tendrá que aceptar la ocupación temporal y aceptar una contraprestación por su tierra. La negación no está contemplada en la ley. Sus casos irían a tribunales agrarios en donde actualmente, el rezago de atención es del 85%”.
La conclusión de estos dos expertos es que la prioridad del sector energético pone en riesgo el resto de las actividades productivas, entre las cuales se encuentran la agricultura, la ganadería, el manejo forestal comunitario, los esquemas de pago por servicios ambientales e hidrológicos, así como la conservación de los ecosistemas en distintas zonas del país. A su vez, se arriesgan distintos hábitats y ecosistemas, así como los modos de vida de comunidades y pueblos indígenas que las habitan.

3/13/2016

Evaluación, control y reproducción social


El debate científico que durante largos siglos se ha hecho sobre la objetividad de la ciencia alcanza las concepciones que se tienen acerca del tema de la evaluación, quizás porque este sea un tópico de relevancia en la sociedad contemporánea, pero también porque efectivamente los fines y usos que de ella se han hecho obligan a adoptar una posición ética y política frente a lo que está sucediendo en nuestro país.
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Desde principios del siglo XX, la Escuela Crítica puso de manifiesto que la racionalidad instrumental es heredera de la visión positivista de la ciencia, la cual navega con bandera de imparcialidad ante un mundo que es consecuencia de la dinámica del capitalismo, hoy en franca crisis de viabilidad porque su mecanismo de “desarrollo” desigual se sustenta en el progreso material y económico, selectivo de muy pocos; su crecimiento se hace sobre la base de la explotación humana y el deterioro de la naturaleza.
Según esta perspectiva, se niega cualquier posibilidad de intervención subjetiva; es decir, de interpretación y comprensión de la realidad desde una visión histórica. El sujeto social que se educa y conoce, no puede ser protagonista de su propia realidad, está incapacitado para revertir, reorientar y transformar el devenir de la sociedad capitalista, que se presenta como la única opción posible.
Pretender que la ideología, la intención política y el sentido orientador de las acciones humanas sean parte de los procesos educativos, atentaría contra los principios de la objetividad científica. La lógica matemática es para la ciencia positivista la forma más sublime de representación del mundo: sólo aquello cuantificable es susceptible de alcanzar la cientificidad, lo válido y rescatable para considerarse conocimiento verdadero.
Al adentrarse al campo de la evaluación permea la misma idea, de tal modo que la medición sustituye incluso a la evaluación; para tal razonamiento se requiere un estándar comparable, un instrumento matemáticamente medible, que arroje números y no propuestas, estadísticas y no soluciones, panoramas y no acciones transformadoras.
La evaluación objetiva hace del instrumento evaluador su mayor carta para alcanzar la verdad casi absoluta, ella debe prescindir del sujeto, de sus intenciones y pasiones, porque contaminan y enturbian lo imparcial, lo vuelven subjetivo, entonces la evaluación positivista, convierte a los actores educativos en entes ajenos a su propio hacer pedagógico.
Los intereses, percepciones, vivencias, intenciones, opiniones y condiciones humanas de los actores educativos, son abruptamente soslayadas por la dictadura de la supuesta imparcialidad de los instrumentos de medición evaluativa a los que se les rinde culto, como si no fuesen creaciones humanas; se trata del imaginario instituyente que ha instalado la única verdad aceptada, la que viene de arriba, verticalmente impuesta por las instituciones que hasta han adoptado su carácter “autónomo” frente a las comunidades educativas y ese sólo adjetivo las purifica de cualquier humanidad corrompida.
De vez en cuando la sumisa academia desliza alguna crítica conservadora, al considerar la evaluación como un acto centrado en el currículo, como si el objetivo superior de la educación fuera aprender contenidos seleccionados a priori por un grupo hegemónico; se olvidan que se educa para la vida, para la democracia, la libertad o la justicia, para hacer de este mundo algo mejor para todos. Es ahí donde radica el carácter estratégico de lo educativo, cada paso en ese sendero constitutivo de un nuevo mundo es el que debe ser valorado, evaluado y visto en prospectiva.
La miopía de la evaluación se ha enclaustrado en las mentes herméticas de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), por tal motivo les parece fundamental que la fuerza creativa y vital de los maestros se suicide para ser capaces de resolver exámenes o, bien, de seguir instrucciones digitalizadas que individualizan la burocratización, controlan y entorpecen el tiempo pedagógico que debe ser socializado con todos los sujetos partícipes de lo educativo.
La evaluación instrumental, de fines puramente pragmáticos y de control social se presenta como un proceso exógeno, que se hace desde fuera de los contextos y de los protagonistas de la educación: cuanto más alejada esté de ellos, será mejor, porque de otro modo empodera, informa, concientiza, organiza y moviliza a estos actores, que no son sólo maestros, también son alumnos y padres de familia; entonces debilitará los mecanismos de sujeción de los grupos hegemónicos.
Esta evaluación está diseñada para fortalecer la gobernanza de una oligarquía a través del miedo constante. La promesa de una educación de fuertes pilares, garante de la movilidad social e impartida por maestros arraigados en añejos imaginarios como el nacionalismo, ahora se fundamenta en la constante incertidumbre. Mientras menos solidez se condense sobre la figura docente, su estabilidad laboral y preparación profesional a través de los procesos evaluativos, mayor es el grado de manipulación que se ejerce sobre la educación y sus principales actores.
La evaluación para el control social la hacen los investigadores del poder, la avalan los hombres de bien, los que entienden que la cultura y la educación son parte de la gran industria del siglo XXI que debe ser privatizada; la aplican y califican técnicos que nada saben de pedagogía, ni de planeación curricular o didáctica y mucho menos conocen el entramado de relaciones que se tejen en la comunidad escolar y su contexto social; pero la padecen, ajenamente a su vida cotidiana, los educadores, los alumnos y los padres de familia, quienes miran danzar cifras y números, como simples espectadores detrás del teatro escolar.
La evaluación crítica no niega el contexto histórico social, por el contrario es parte fundamental para emprender tan compleja tarea educativa, tampoco deslinda al sujeto de la necesidad y su capacidad para pensarse así mismo en la formación de sí como ser humano y su proyecto de vida. La evaluación técnica, instrumental, estandarizada y cuantitativa, de ningún modo puede abstraerse del contexto histórico, la acción y los instrumentos para evaluar son una construcción social cuyos fines pretenden ser ocultados por un sector hegemónico que quiere legitimar su visión dominante, tornándola supuestamente objetiva.
La evaluación, así como el acto educativo y la construcción científica implican una definición frente a la realidad concreta, aun cuando se representen matemáticamente, los fines son construidos predeterminada y deliberadamente por ciertos sujetos que, para nuestro sistema de relaciones de dominación y explotación, no son más que la reproducción del propio orden, es decir, la conservación del estado de cosas.
Una evaluación crítica se pregunta desde los sujetos que somos, desde nuestra geografía y condición social, no puede ser externa, necesariamente es parte de la reflexión sobre lo que consciente y colectivamente se quiere alcanzar a través del acto educativo; la comunidad escolar se autoevalúa por medios horizontales y dialógicos, desde la crítica y la autocrítica. Es por supuesto investigación que propone, transforma y construye nuevas realidades y conocimientos.
La evaluación no puede ser individualista, selectiva, excluyente, clasificadora, punitiva y mucho menos competitiva. Es lectura analítica del pasado, comprensión de la realidad presente que deriva en la toma de conciencia sobre las prospectivas para la proyección utopística de un futuro emancipatorio.
Despedir, intimidar, estresar, denostar, exhibir y clasificar no es evaluar, pero sí son componentes, procesos y resultados de formas de control social, como las que caracterizan a la propuesta regresiva que la SEP se ha empeñado en presentar como evaluación, pero que sólo se ha exhibido como mecanismo de terror educativo.
Lev Moujahid Velázquez Barriga*
*Doctor en Pedagogía Crítica y Educación Popular, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: EDUCATUVO]

10/07/2015

Violaciones sistemáticas a DH; con Ejército en las calles en México hay pena de muerte de facto: Raúl Vera


EJÉRCITO (1)
    
Por:  

(07 de octubre, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Con la intención de dar a conocer el contexto de violaciones a los derechos humanos que padece México, así como la impunidad que impera en casos como la masacre de “El Charco”, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, realizó a finales de septiembre un gira por el continente europeo. El clérigo sostuvo encuentros con diversas organizaciones, en especial con el Comité de Ejecuciones Extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.
Este martes, en conferencia de prensa, el obispo detalló algunos de los puntos planteados en esta visita al viejo continente; en primera instancia manifestó que al equipo de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU entregó “insumos” sobre los casos de la masacre de El Charco, así como el asesinato del entonces diputado guerrerense, Armando Chavarría, mismos que a 17 y 6 años respectivamente, siguen en la impunidad.
Vera expresó que en su gira hizo del conocimiento de la comunidad europea, así como de los expertos de la ONU, el grave panorama que vive México desde el inicio de la ‘llamada guerra contra el narcotráfico’ y la subsecuente militarización del país. En este sentido, puntualizó la responsabilidad del Ejército en varios casos de violaciones a los derechos humanos y reprochó el hecho que a pesar que hay indicios claros de la participación de fuerzas castrenses en la comisión de los crímenes, estos no son investigados.
“Cuando presentamos los casos (en Europa) lo relacionamos con esta situación que vive México desde que Felipe Calderón declaró una guerra contra el crimen organizado, poniendo al Ejército en las calles. A partir de entonces, vivimos una violación sistemática a los derechos humanos, en donde en muchas ocasiones, el Ejército mexicano está relacionado directamente.
“Ahora estamos en el contexto de Ayotzinapa, en donde el GIEI designado por la CIDH, desde el primer momento recomendaron que se investigará al ejército; el único al que no se ha podido investigar es al ejército”, dijo.
En este sentido, cuestionó la actitud de las autoridades civiles y los mandos castrenses que insisten en defender a los soldados a pesar de los señalamientos que los involucran en la comisión de delitos. Añadió que resulta peculiar que el batallón 27, al cual se ha negado investigar sobre su presunta participación en el ataque a los normalistas de Ayotzinapa, es el mismo que cometió la masacre  de El Charco.
“Curiosísimamente el 27 batallón, que es el que precisamente está ahorita en tela de juicio, al que no se quiere investigar, el que perpetró la masacre de El Charco que sigue impune: la masacre del Charco fue realizada a través de los elementos del Ejército que están en la misma zona”, dijo.
Aunado a lo anterior, Raúl Vera sostuvo que en México, desde la salida del Ejército a las calles, se ha implantado “la pena de muerte de facto”, ya que, en lugar que el Ejército presente a los presuntos delincuentes, “los anda ejecutando en las calles”.
“Sobre las miles de ejecuciones que ha habido en la calle nos dicen que “fue el crimen organizado”. En México no hay pena de muerte, sin embargo, el ejército anda ejecutando en la calle, en lugar de detener, de llevar a los ministerios Públicos y que estas personas sean juzgadas. Pero no, esto no existe en México, en este momento hay pena de muerte de facto.
“Estamos ante una situación sumamente delicada. Lo único que hizo el señor Calderón y lo sigue haciendo el señor Peña Nieto, es el control militar y policiaco de este país. No tenemos gobierno para nosotros, los únicos que tienen gobierno son todas las personas a quienes se les justifican sus fechorías, entre ellos los miembros del Ejército, y por eso no se hace nada en el caso de El Charco, por eso no son investigados en el caso Ayotzinapa”, manifestó.
La violencia: un medio de control social
Raúl Vera aseguró que en las reuniones con las diversas organizaciones europeas “siempre estuvimos hablando de un contexto de impunidad, de un contexto de criminalización a la lucha por los DD.HH.”.
El obispo manifestó que en este viaje al viejo continente, demandó ante la comunidad de aquella región, que en México la violencia se ha instalado como un “medio de control social por parte del Estado mexicano”. Añadió que casos como el ataque a los normalistas de Ayotzinapa confirman esta tesis.
“Lo que también denunciamos ante las instancias internacionales es que en México la violencia es un medio de control de parte del Estado, de control de la población, es un medio de contención contra todas las injusticia que se están cometiendo por la aplicación del modelo neoliberal, especialmente a partir del TLCAN. Esto también lo denunciamos allá”, señaló.
En este sentido recordó que de acuerdo a la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), al igual que declaraciones de personajes como Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), se confirma que en el país hay un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
“Es muy importante que esto quede claro: las violaciones a los DD.HH. en México vienen de una estructura creada por el Estado mexicano, y que se asoma constantemente la presencia del Ejército en esta actitud violenta contra la población (…) Es muy importante que quede claro que es un mal estructural. Lo han dicho expertos, como Juan Méndez, sin embargo todos los señalamientos son denostados por el Estado: viene la CIDH, primero con el caos Ayotzinapa y son denostados, viene la CIDH a escuchar a todos los grupos y viene otra vez la denostación del Estado mexicanos, queriendo justificar y queriendo negar la observación internacional”, manifestó.
No hay gobierno Fallido
Para Raúl Vera, hoy en día no se puede decir que en México hay un gobierno fallido, por el contrario, existe una administración federal que está haciendo bien las cosas, pero para su provecho.
“No me puse hablar de gobierno fallido, porque gobierno fallido es que no pueden con las cosas y  no, están muy bien organizados para facilitar la entrada de las multinacionales, para facilitar las inversiones, están gobernando muy bien para su provecho. En el TPP comprobamos que en México se vive una desviación del poder, que los gobernantes no gobiernan para el pueblo y eso está claro a través del grado de impunidad en los más de 26 mil desaparecidos, o en el caso de los 43”, indicó.
El obispo habló sobre el panorama que se avecina en la segunda etapa del gobierno peñista. Dijo que de seguir por este camino en donde no se garantiza el ejercicio de los derechos humanos, se presentará “un deterioro terrible de la vida humana” en México. “El riesgo más grande, el deterioro terrible de la vida humana, lo que significa de muerte. Por ejemplo en la devastación natural los enfermos se multiplican, en el tema del salario mínimo entra en pobreza que no tiene ni para llenar la canasta básica”.
“¿Puede haber un estallido social? Eso hoy sería una locura, porque los socios del gobierno para reprimir al pueblo también es el crimen organizado y lo vemos en el caso de los migrantes, el crimen organizado sirve para que lo migrantes no lleguen a EE.UU. y también al crimen organizado se le deja ser, por eso permanecen impunes los asociados con el crimen organizado, empezando por los funcionarios de gobierno, los políticos”.
“El cambio sólo puede venir con una organización adecuada (…) Los mexicanos nos debemos convencer que tenemos que ir todos en un solo proyecto. Como dijo el TPP: México tiene que ser refundado y esto lo encomendamos a la sociedad civil”, finalizó.

Militarización y violencia son un “medio de control” en México: obispo Vera


El obispo de Saltillo, Raúl Vera. Foto: Víctor Hugo Valdivia

MÉXICO, D.F. (apro).- En México la militarización y la violencia “son un medio de control y de contención” frente a los reclamos sociales del pueblo, denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, durante su reunión con el Comité de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas.
El fundador de la Red Solidaria Década contra la Impunidad acudió a Ginebra en septiembre pasado para presentar dos casos que permanecen impunes: la masacre de El Charco, Guerrero, donde diez indígenas y un estudiante universitario fueron asesinados por personal militar, y la ejecución del presidente del Congreso de esa entidad, Armando Chavarría Barrera.
Los militares, dijo, han estado involucrados en violaciones graves a derechos humanos, y la vida de los familiares y víctimas corre riesgo por denunciarlos.
En conferencia de prensa, Vera López dijo este martes que durante sus entrevistas con integrantes del Comité de Ejecuciones Extrajudiciales y de otras organizaciones en Europa, entre ellas France Libertés-Fondation Danielle Mitterrand, advirtió que “las violaciones a derechos humanos forman parte de la estructura del Estado mexicano, y en ellas se asoma de manera permanente la presencia del Ejército”.
Al hacer un breve recuento de los casos en que se han violado los derechos humanos, el obispo resaltó que en los más graves aparece el Ejército “en esta actitud violenta contra la población, y otro cuerpo que está en esto –dijo– es la Policía Federal”.
Luego de que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, se negara a dar acceso a los militares que participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, Vera López lamentó que no se pueda investigar al Ejército porque eso, subrayó, alimenta la impunidad.
También criticó que tras la publicación de diversos informes, entre ellos el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, la posición del gobierno de Enrique Peña Nieto sea “denostar”. Lo hizo con el relator especial de la ONU sobre tortura, Juan Méndez, y con el grupo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puntualizó.
Para el sacerdote, la estrategia del gobierno ha sido “justificar y negar la observación internacionales”, en tanto que se criminaliza a los familiares y a las víctimas.
Y luego de señalar que México es el país “más observado del mundo”, Vera López destacó que el crimen organizado opera a favor del Estado, lo que explica que los migrantes centroamericanos sean detenidos en el camino a la frontera norte, remató.

6/02/2015

EPN, responsable directo de crímenes de lesa humanidad; Ejército utilizado para control social: expertos


    




(02 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Cuando uno juzga… uno siempre trata de encontrar justificación. Los militares tratan, simplemente, de cubrirse unos a otros.” Viuda de un joven asesinado por soldados, duda que la justicia militar sea imparcial.
Diversas luchas han encontrado soporte en la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ahí es donde el Estado mexicano ha sido juzgado por su responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos, tales como las cometidas en contra de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
“Los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, nos muestran la crueldad con que han actuado elementos militares en comunidades indígenas, donde las mujeres son vistas como botín de guerra”, afirman activistas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Asegurando que eran comunidades donde se gestaba un movimiento de resistencia pacífica para reivindicar derechos colectivos y denunciar los abusos de las fuerzas armadas. “El Ejército, acostumbrado a la impunidad, nunca imaginó que Valentina e Inés tuvieran la fuerza y el coraje para denunciar y exigir castigo a los perpetradores de estos crímenes”.
El primer caso se refiere a la violación sexual y tortura de la indígena Me’phaa, Valentina Rosendo Cantú, ocurrida el 16 de febrero de 2002. Ella tenía 17 años cuando fue violada y torturada por elementos del Ejército, mientras se encontraba lavando ropa en un arroyo cerca de su casa en la comunidad de Barranca Bejuco, perteneciente al municipio de Acatepec.
La violación se produjo mientras era interrogada sobre la ubicación de varios hombres de la comunidad, señalados por los militares como “encapuchados”. En los días posteriores a los hechos le fue negada la atención médica en la clínica de salud pública, por lo cual tuvo que caminar durante ocho horas hasta la ciudad de Ayutla de los Libres para ser atendida en un hospital, en el que nuevamente le negaron la atención médica que requería. Desde el 2 de febrero de 2010, Valentina y su hija cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de una serie de amenazas y actos de hostigamiento en su contra, que se reactivaron una vez que el caso se presentó ante dicha instancia.
El segundo caso es la violación sexual y tortura de la mujer indígena Me’phaa Inés Fernández Ortega, nuevamente por parte de elementos militares que allanaron su domicilio en Barranca Tecuani, una comunidad de la zona serrana de Ayutla de los Libres, el 22 de marzo de 2002. Hasta hoy ni éste, ni el caso anterior han recibido justicia, porque aunque existe una sentencia por parte de la Corte Interamericana, el Estado no la ha acatado.
En el curso de los ocho años posteriores a los hechos, tanto Inés como sus familiares, integrantes activos de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco/Me’phaa (OPIM), y sus defensores han sido objeto de ataques y actos de hostigamiento.
Según los activistas de Human Right Watch, “aunque México ha implementado operativos en contra del narcotrafico, los cuales incluyen a las fuerzas armadas, en los últimos dos sexenios dichas acciones se incrementaron de manera drástica, donde en un principio se habló de un despliegue del Ejército como una de las estrategias clave del Estado, supuestamente para mejorar la seguridad pública, aunque ésta tenia un mejor panorama antes de realizar dicha acción”.
Y explican que en México, el tema central es la voluntad política para asegurar que los casos de abusos cometidos por el Ejército contra civiles sean juzgados donde corresponde, sin embargo eso no sucede, por lo tanto no son escuchados en tribunales civiles, donde existe la garantía de independencia judicial y el escrutinio público necesarios para que las víctimas puedan obtener justicia.
La abogada Araceli Olivos, Coordinadora del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos PRO Juárez, asegura que “el ejército es una de las instituciones, incluso antes de la Marina, que tiene mayor número de quejas por violaciones a derechos humanos. De las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, al menos tres de las cuatro que existen, han sido cometidas a manos de elementos del ejército”.
Olivos agrega que “el foco de atención de la Corte Interamericana, tiene que ver con la ininterrumpida situación deshonesta que vive el país en cuanto a la reforma de justicia del código militar, hecha en abril de 2014, en donde las víctimas no son reconocidas como parte del proceso, lo que significa que no pueden obtener una mínima información de lo que sucede, desde la etapa de averiguación previa y una vez llegada la sentencia, mucho menos pueden reclamar la protección de sus derechos”.
Además segura que, una de las críticas más relevantes de la Reforma, tiene que ver con la violación del principio de continencia de causa, que significa que pueden seguirse dos investigaciones paralelas, tanto del fuero militar como en el fuero civil, una puerta de salida que le dejó el poder legislativo a la Sedena,  que implicaba que las violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles, iban a ser atraídas a la jurisdicción civil, pero también se investigarían en el terreno militar, aún cuando está estipulado que no pueden haber resoluciones contradictorias y tampoco investigaciones paralelas sobre los  mismos hechos y los mismos responsables, a fin de garantizar el adecuado acceso la justicia para las víctimas”.
Por su parte el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara asegura que “Tlatlaya es el mejor ejemplo de cómo actúa el gobierno a través del ejército. Por medio de las ejecuciones sumarias-extrajudiciales, ha provocado en el pueblo un ambiente de desconfianza. Muchos nos manifestamos en contra desde que Calderón, quien sacó al ejército en las calles, porque sabíamos que iba a existir una descomposición de dichas instituciones, porque ahora militares y las otras fuerzas de seguridad son cuestionados  por cometer crímenes de lesa humanidad”.
Al mismo tiempo comenta que la impunidad del ejército existe y va en aumento, notándolo en casos como el de Tanhuato, que refieren a acciones que de ninguna manera tienen que ver con el ejercicio del combate a la delincuencia, pero sí a una demostración de fuerza extralimitada, por medio de circunstancias que son reprobables, introduciendo al país en una crisis humanitaria a nivel internacional.
“Siendo Enrique Peña Nieto quien comanda y ordena el actuar del ejército y Fuerzas Armadas, en estricto sentido tanto político como militar, y basándonos en dichas leyes, es el responsable directo y quien ha implementado de forma permanente los mecanismos de represión que existen, tales como la desaparición forzada, tortura y ejecuciones sumarias, reitero, ejemplos de delitos de lesa humanidad”, explica el diputado Manuel Huerta.
Además asegura que el ejército es una institución generadora de violaciones a derechos humanos, que se puede constatar con tres de los muchos ejemplos que existen: Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato, casos que a decir por Manuel Huerta, presentan el modus operandi de esa institución castrense.
Manuel Huerta comenta: “sus mecanismos no son disuasivos, son ya lo que yo calificó terrorismo de Estado. Esto porque el escenario que se visualiza demuestra que son violaciones a derechos humanos provocadas, y no son simples acciones que se dispararon por algún mando regional. Es así como el ejército se encuentra en primera línea, provocando la debacle en el país, donde el combate al narcotráfico no era una guerra, sino que debió producirse el cambio de la política económica, una gran inversión social en las comunidades y sobretodo en programas sociales que brindaran apoyo a los jóvenes con el lema: becarios sí, sicarios no”.
Al mismo tiempo argumenta que, “tristemente el ejército goza de impunidad, es así como su modus operandi es solapado y no hay poder que pueda impedirlo. Yo lo viví cuando se presentó la investigación sobre el caso de Tlatlaya en la Cámara,  el asunto no tuvo manera de ser debatido, en el pleno varios compañeros se dieron cuenta del tema y secuestraron el debate, fue así como se quedó sin revisión dicha problemática”.
“La impunidad es tanto incentivo como resultado. El hecho que no se castiguen las violaciones a derechos humanos cometidos por militares, es un incentivo para que se sigan cometiendo estos actos, y por lo tanto el Estado mexicano sigue siendo responsable de esas violaciones al no garantizar la investigación. Tampoco garantiza la sanción de los responsables. La impunidad es más que un tema de venganza, o de mero castigo, tiene que ver con una lucha histórica de las víctimas para garantizarse así mismas, a pesar de que es obligación del Estado, la no repetición de estos actos y en ese sentido la impunidad respecto al ejército es absoluta”.
El activista social Michael Chamberlain asegura que “el ejército solamente sabe actuar en situaciones de guerra, es por ello que irremediablemente va a violar derechos humanos en donde no hay una situación de guerra. Sí dicha institución goza intrínsecamente de impunidad,  porque desde su creación, no solamente los últimos dos sexenios, fue creado para ejercer un control social.  Es decir, actúa hacia dentro, porque no piensa defender al país de fuerzas extranjeras, como sería en otros países, sino que es utilizado para controlar, es por ello que necesita tener impunidad, y todos esos tipos de abusos que comete forman parte de una política establecida”.
Para Chamberlain, el Estado falla en garantizar los derechos humanos y al mismo tiempo provoca las violaciones. Y comenta que en los últimos dos sexenios, el gobierno ha echado a andar una política de control, que va enfocado a mantener los privilegios de cierto sector (empresarios y altas esferas del poder), por medio de un mecanismo de detención, que no son más que las violaciones a derechos humanos.