Alerta de violencia de género

Utopía

Eduardo Ibarra Aguirre

 

Hace una década fue aprobada la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y como parte de ella, como instrumento para atender su gran propósito explícito, fue aprobada la alerta de violencia de género.

La declaración de alerta de género por los órganos competentes –bajo la égida de la Secretaría de Gobernación en tanto que responsable de las políticas para atajar la violencia de género–, en uno u otro estado es un reclamo creciente de las organizaciones de mujeres, acompañadas por organismos de diverso tipo y género en una batalla muy desigual, pues junto a la violencia machista está la indiferencia de autoridades de municipios, estados y la Federación para asumir obligaciones estampadas en la ley.

Hasta hoy fueron atendidas 12 de las 27 peticiones de alerta solicitadas para igual número de estados, pero se decretó sólo para una parte de sus municipios. Y en Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo –entidad que gobernó el titular de Gobernación–, no existe registro de solicitud de alerta y ningún municipio cuenta con ella a pesar de que los tres primeros estados son del grupo puntero en homicidios dolosos y secuestros.

Los argumentos de las autoridades varían en cada caso, pero el más recurrente es el que alegaron respecto al estado de México, la tierra que gobernó Enrique Peña Nieto: la “politización” de la solicitud, como hasta el sábado adujo sin sonrojarse Miguel Ángel Osorio, precandidato presidencial priista que no cuenta con la simpatía del grupo gobernante.

Qué entenderán por “politizar” cuando cualquier decisión que se toma desde el gobierno y atañe a los gobernados que ocupan la plaza pública por supuesto que es política. En todo caso querrán decir “partidizar”, pero allá ellos y su dura cabeza politiquera.

Otro argumento recurrente del sistema nacional que investiga los casos y decidió no emitir la alerta en siete entidades federativas, es que “los gobiernos atendieron las recomendaciones” para Baja California, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, pero sin dar cuentas puntuales a la sociedad civil. Sin embargo, Gobernación reconoce que existen 31 solicitudes de alerta para 27 estados, en los que vive 84 por ciento de la población mexicana y en la que 52 por ciento son mujeres.

De los 27 estados con altos niveles de violencia contra las mujeres, 12 tienen alerta,en siete se determinó no emitirla y en ocho se encuentra en trámite, según información de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Los 12 que disponen de alerta son: estado de México –el primero en el país, pero se desconoce el resultado del seguimiento a la situación de violencia–, Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.

Para Osorio Chong “Son muchas las acciones que se han venido tomando, y (…) estamos avanzando mucho en ese tema. No es una tarea fácil pero creemos que estamos presentando bases sólidas para erradicar la violencia contra las mujeres”, dijo ante la Cámara de Diputados y concluyó: “El mayor número de feminicidios se da por la propia pareja”. Concepto jurídico que causa irritación en brillantes penalistas tan machos que ya hablan de “joticidio”.

Los especialistas polemizan sobre si es el mecanismo de la alerta el que no funciona, porque es insuficiente ante el desbordamiento de la violencia estimulada desde el oligopolio mediático, o es la implementación la que resulta inadecuada.

Acuse de recibo

“Trascendente pronunciamiento de la Unesco que debe recordar a las autoridades en los niveles local y federal que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), firmado por México en la ONU, establece que el Estado debe garantizar, entre otros, educación de alta calidad y de resultados patentemente satisfactorios, meta que naturalmente no se cumple si el mismo Estado no proporciona la infraestructura y los sistemas (implementados objetiva y no políticamente) suficientes y eficaces para que los educandos se superen y alcancen las mejores metas por el bienestar común. Desde la firma de dicho tratado, el gobierno acata, pero no cumple –más bien ignora–, este derecho. El PIDESC (que cubre trabajo estable y remunerativo, salud accesible y de alta calidad y no discriminación, además de la educación) es otra razón más que los ciudadanos debemos considerar para obtener, así sea con enorme esfuerzo, un gobierno que garantice con estos derechos el bien común”. La opinión es de Laura Cervantes sobre Te lo digo aldea para que lo oiga México, 27-X-17… Texto que agradecen Antonio del Campo Gordillo (Comalcalco, Tabasco) y el doctor Luis Willars… En Forum: Garantías para las estudiantes de la Normal Rural de Tlaxcala (Ángel Lueza Ruiz); Carta abierta de Pedro Miguel a Ricardo Monreal; RM “está más solo que un político en desgracia” (Arturo Sandoval). Enlaces:

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