Estudio del Senado detecta que se da
manos libresal Ejército y la Marina
Las fuerzas armadas sólo deberán rendir cuentas al Ejecutivo y a una comisión del Congreso
Podrían surgir tensiones entre los poderes por la ambigüedad en la declaración de
amenazas
Un documento elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado
admite que la Ley de Seguridad Interior afecta la libertad de tránsito,
el derecho ciudadano a no ser molestado en su persona o propiedad y la
protección de datos personales, entre otras cuestiones
La aplicación de la Ley de Seguridad Interior implica la suspensión de facto
de derechos constitucionales, ya que el Ejército podrá instalar retenes
en vías públicas, revisar automóviles y otras propiedades, así como
requerir, sin mandato judicial, todo tipo de información sobre
particulares a los órganos autónomos, como el Instituto Federal de
Telecomunicaciones (Ifetel).
Todo ello vulnera diversos artículos de la Carta Magna, en la cual se
consagra el respeto a los derechos humanos, entre ellos los apartados
11, 14, 16 y 29, referidos a la libertad de tránsito, a no ser
molestados en su persona o propiedades y en la protección de datos
personales, se advierte en un estudio del Instituto Belisario Domínguez
(IBD), del Senado.
En su estudio, el IBD resalta que la Ley de Seguridad Interior faculta a las fuerzas armadas a realizar
actividades de inteligenciay a
hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información, con lo que abre la posibilidad de que puedan solicitar datos de particulares, no sólo a órganos autónomos.
Acceso total a información
El artículo 31 de esa legislación indica que
en materia de seguridad interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran los integrantes de las fuerzas armadas.
Tal redacción propicia que además del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai), el Ifetel, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y
el Instituto Nacional Electoral (INE), también el Congreso y el Poder
Judicial estén obligados a dar al Ejército y la Marina todos los datos
que les pidan, recalca el IBD.
Los únicos mecanismos de rendición de cuentas de las fuerzas armadas
que contempla esa Ley de Seguridad Interior son la presentación de
informes al Presidente de la República y a la Comisión Bicameral de
Seguridad Nacional, del Congreso. Además de que el contenido de tales
informes se reserva.
En el documento, el IBD resalta que la distinción entre
amenazaso
riesgos a la seguridad interiores un aspecto central de la ley, ya que marca la diferencia entre la actuación permanente o temporal de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada.
La ley impone que en caso de amenaza, el Presidente de la República
podrá disponer, por sí mismo o a petición de legislaturas locales, que
el Ejército y la Marina realicen labores policiacas, en alguna entidad o
región, previo a una declaratoria de seguridad interior, que implica
todo un procedimiento.
Sin embargo, en caso de que las amenazas representen un
grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales del gobierno, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatasa las fuerzas federales y las fuerzas armadas.
Ello podrá generar tensiones con los poderes estatales y municipales, resalta el IBD.
En el estudio se hace notar que frente a los cuestionamientos que
organismos defensores de derechos humanos nacionales y extranjeros han
formulado a la Ley de Seguridad Interior, en el Congreso se discuten
desde hace tiempo diversas alternativas para mejorar la seguridad
pública en México.
Entre ellas una reforma que fortalezca las corporaciones policiacas
de todos los niveles en el país. Consolidar la reforma de justicia
penal, incluyendo la transformación integral de la procuración de
justicia, fortalecimiento del Poder Judicial y reglamentación del
artículo 29 constitucional, sobre los casos de suspensión de garantías
individuales.
Asimismo, cumplimiento de las sentencias y recomendaciones en materia
de seguridad, justicia y uso de las fuerzas armadas, emitidas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Foto Carlos Ramos Mamahua
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
No hay comentarios.:
Publicar un comentario