Tanto su nombramiento en la Secretaría de Estado como la visita que realiza Rex Tillerson por estos días a México y otros países latinoamericanos huelen a gas, petróleo e inmigración (por Trump). Este ex CEO de ExxonMobil, principal monopolio entre los grandes del big oil, fue empresa mecenas de la ciencia climática hasta que a sabiendas de las devastadoras que son las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) decidió no actuar según el interés humano y las advertencias de sus científicos sobre los efectos catastróficos del calentamiento atmosférico. Prefirió impulsar sus intereses vía el negacionismo climático para posponer toda regulación de los GEI. Ahora Tillerson articula junto al Pentágono un operativo diplomilitar con los combustibles fósiles (CF) de polo a polo en mente. Esa gestión trae cola nacional, hemisférica e inter-continental. También planetaria por la aceleración destructiva del business as usual, y peor aún, de la ampliación del principio de extracción máxima (PEM) del big oil.
Tillerson estará acá recién entregadas las joyas de la corona: grandes yacimientos de gas y petróleo en aguas profundas gracias a la (contra) reforma energética lanzada por Estados Unidos paso a paso por medio de empréstitos de ajuste estructural del FMI-BM-BID, con la obediencia macro y por rama por tres décadas de Los Pinos y sus hacendistas. Como se anunció a mediados de 2017, el 31 de enero de 2018 se realizaría la cuarta convocatoria de la ronda 2 para cerrar contratos de licencia para exploración y extracción de Hidrocarburos en 29 campos petroleros localizados en las áreas Perdido, Cuenca Salina y Cordilleras Mexicanas. Es un negociazo a ser desarrollado desde la óptica ya no del interés público mexicano, sino el del big oil encabezado por ExxonMobil, la petrolera con mayor capitalización de mercado del mundo, seguida por 25 empresas de 16 países BP, Chevron, China Offshore… (Dinero, La Jornada 29/1/18) más Shell y Total.
Agréguese a esto el trazo golpista y catastrófico del PEM, una línea de superexplotación llevada hasta el virtual agotamiento de la reserva mexicana por los neoliberales que pasarán a la historia como quintacolumnistas de nuevo giro, a sueldo en cuenta suiza. Una política de alta codicia antipopular y antinacional que fue rechazada por Hugo Chávez, lo que le valió un intento golpista en 2002 y el inexplicable desplome de la atlética condición física que gozaba ese héroe bolivariano, según me narró un amigo suyo. La agenda de Tillerson además de coincidir con un grave deterioro de la relación entre la Unión Europea y Venezuela, va más allá de gestionar
una política exterior que le permita a Estados Unidos, según planteó Melvin Conant en 1977, entonces vicepresidente de operaciones internacionales de Exxon,
controlar la producción petrolera de México y Venezuela. Ya tienen una. Van por la otra.
En los tiempos del Colapso Climático Antropogénico (CCA), el PEM resulta letal en lo atmosférico y también en lo político, militar y policial al estar asociado a la alta ganancia, no a la mano invisible, sino a la nazificación de la política exterior de Estados Unidos por su hiper militarismo y las guerras de agresión contra cualquier nacionalismo económico/petrolero, que no sea el suyo. La guerra de agresión, por cierto, es el crimen supremo bajo las normas de los Juicios de Nuremberg y de la Corte Penal Internacional (CPI, ICC en inglés) establecida en la Haya, Países Bajos, en 2002.
En 2006, Benjamin Ferencz, fiscal jefe sobre crímenes de guerra en el Tribunal Nuremberg, un juez que condenó a 22 oficiales nazis por orquestar escuadrones causantes de más de un millón de bajas civiles, luego de revisar amplia evidencia dijo que George W. Bush debía responder ante las cortes por la guerra que lanzó en marzo 2003 contra Irak. Aaron Glantz (One World, 25/8/ 2006) recuerda que menos de un año antes de la invasión de Irak, Bush retiró el endoso de Estados Unidos al tratado que sustenta la CPI y presionó a otros gobiernos para aprobar acuerdos bilaterales a fin de evitar la extradición de funcionarios estadunidenses por crímenes bajo la CPI. Bush también firmó una ley que prohibe a cualquier funcionario de su país cooperar con la CPI. Esa ley autorizó al presidente a
usar todos los medios necesarios y apropiados, incluyendo la invasión militar de los Países Bajos, para liberar a personal de Estados Unidos detenido o bajo custodia de la CPI” (Ibidem).
Recuerdo lo anterior y a Panamá en 1989 (con otro Bush), porque el entreguismo energético coloca a la región en relación con Estados Unidos ante escenarios bélicos y climáticos de alto riesgo. La misión de Tillerson es parte de la operación Venezuela Freedom 2, del Comando Sur con fase inicial contra Chávez a cargo del general John Kelly, hoy jefe del staff de Trump. Tillerson aboga por más apoyos a esa operación, en países colindantes con Venezuela, a través de AmazonLogo 2017 también del Comando Sur, que describí en La Jornada 21/12/17.
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