Como se evidenció hace 13 años, víctimas pasan inadvertidas
Los
recientes datos de feminicidio que reveló el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) evidencian que continúa una mala
clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres pues de acuerdo con
los datos proporcionados por las fiscalías de cada estado, se observa
que, o todo asesinato lo clasifican como feminicidio o todos como
homicidios.
Según dio a conocer el 20 de enero el Secretariado Ejecutivo, en tres
años, de 2015 a 2017, se abrieron mil 640 carpetas de investigación por
el delito de feminicidio en México, cifras que contrastan con las
presentadas recientemente por ONU Mujeres en su informe “La violencia
feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, elaborado a
partir de los certificados de defunciones de mujeres de la Secretaría
de Salud para conocer cuántos asesinatos se aproximan a la categoría de
feminicidio por la descripción de la causal de muerte.
De acuerdo con este informe de ONU Mujeres, solo en 2016, de las 2
mil 746 defunciones de mujeres con presunción de homicidio, se encontró
que en 17.2 por ciento de los crímenes se perpetraron ahorcando a la
víctima, otro 16.6 por ciento con un objeto cortante, 1.4 por ciento con
sustancias nocivas o fuego y 48.4 por ciento con armas de fuego. Estos
indicadores que exponen la saña y brutalidad con la que son asesinadas
las mujeres, dan pistas de cuántos podrían encajar en un feminicidio,
pero que fueron clasificados como homicidios.
En el extremo, están los datos del Secretariado, en donde las
siguientes procuradurías califican todos los asesinatos de mujeres como
homicidios dolosos; Baja California Sur con 211 casos; Aguascalientes 9
y en Querétaro 45. Todas reportaron no tener casos de feminicidio en
2017.
Mientras Tamaulipas apenas da cuenta de un feminicidio ocurrido el
año pasado y Tlaxcala –estado reconocido mundialmente por la trata de
mujeres con fines de explotación sexual- reporta dos casos de
feminicidio.
LA DANZA DE LAS CIFRAS
La ausencia de información sobre las víctimas de feminicidio no es
una novedad en México, el primer acercamiento a la estadística para
conocer la dimensión de la violencia feminicida en el país, la hizo la
antropóloga feminista, Marcela Lagarde y de los Ríos durante su gestión
como diputada feminista en la LIX legislatura, en el periodo de
2003-2006.
Al encabezar la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a
las investigaciones relacionadas con los feminicidios, exploró con otras
expertas en 10 entidades, los registros de homicidios dolosos de
mujeres realizados por las procuradurías del país.
En ese entonces, de los resultados obtenidos por las dependencias, la
legisladora evidenció que no existía una sistematización de la
información sobre los asesinatos dolosos de mujeres en los estados y que
la clasificación de las averiguaciones de muertes violentas de mujeres
no era clara, muchas no sabían las edades de las víctimas, ni los
municipios donde fueron asesinadas, tampoco su nivel socioeconómico y
otros datos que permitieran conocer quiénes eran.
A 13 años de este primer acercamiento, los datos del Secretariado
Ejecutivo dan cuenta de la misma historia. Las procuradurías continúan
clasificando los asesinatos como homicidios, pese a que existe toda una
normativa para definir si se trató de un feminicidio como los protocolos
de investigación de feminicidio.
La existencia de datos certeros sobre el tema ha sido una exigencia
desde la LIX legislatura con el diagnóstico realizado por Lagarde,
petición que se reprodujo en la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 2009 contra el Estado Mexicano, por el caso del
feminicidio en “Campo Algodonero”, la cual mandata al Estado mexicano a
crear una base de datos que contenga la información personal disponible
de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, otra que contenga
información genética y muestras celulares, de los familiares de las
personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para
que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto
de localizar a la persona desaparecida.
DETECTAR UN FEMINICIDIO
En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estipuló en
la sentencia del feminicidio de Mariana Lima Buendía (554/2013), los
elementos que deben considerar las autoridades ministeriales para
determinar por medio de la investigación si el asesinato de una mujer
encaja en patrones de violencia por razón de género, es decir, acreditar
un feminicidio.
La forma de la muerte de la mujer, el lugar donde se encontró el
cuerpo, la ubicación física de los hechos (lugar público o privado), las
características y gravedad de las heridas o signos de violencia sexual,
son elementos que se deben considerar al momento de iniciar una
investigación por todo asesinato doloso de mujeres.
Otros aspectos son las circunstancias del asesinato; si la mujer
había denunciado violencia previa, el victimario tenía una relación
sentimental o de confianza con la víctima, o que haya sido incomunicada.
Estas siete causales también están especificadas en el Código Penal
Federal en la tipificación del delito de feminicidio y los códigos de
las 32 entidades de la República (el último estado en tipificar el
feminicidio fue Chihuahua en septiembre de 2017).
Además, el máximo tribunal de justicia mexicano detalló que los
Ministerios Públicos (MP) deben considerar todas las líneas de
investigación -incluso si consideran fue un suicidio- , hasta que
respalden una teoría con pruebas objetivas suficientes y concluir si
están frente a un caso de feminicidio.
ENTIDADES CON AVG, SIN REGISTRO DE FEMINICIDIO
Entre las cifras del Secretariado destaca que los estados que cuentan
con Alerta de Violencia de Género (AVG) -el mecanismo de emergencia que
decreta la Secretaría de Gobernación (Segob) por la alta cantidad de
casos de feminicidio- apenas reportan algunos asesinatos de mujeres por
razón de género.
Particularmente, Quintana Roo, Colima y Nayarit -en donde está
vigente la AVG desde hace un año- reportaron menos de cuatro casos de
feminicidio en 2017.
Lo mismo sucede en otras entidades con Alerta de Género; Michoacán
reportó únicamente 17 casos de feminicidio y San Luis Potosí 18.
En el caso de Guerrero, donde también está vigente la AVG, reportó
219 homicidios dolosos y únicamente 13 casos de feminicidio, así como el
Estado de México que reportó 301 homicidios dolosos y 57 casos de
feminicidio.
Los 12 estados que actualmente tienen AVG no solo están obligados a
prevenir, erradicar y sancionar de forma urgente el feminicidio, sino
también a crear bases de datos que registren la violencia contra las
mujeres, pero las cifras distan mucho de las presentadas en informes y
con los propios registros que llevan las organizaciones civiles.
Por ejemplo, según el SESNP en 2017 en Puebla ocurrieron 27 casos de
feminicidio, en contraste la agrupación poblana, el Observatorio
Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) documentó en el
mismo año, 100 casos de feminicidio.
EVITAN INVESTIGAR FEMINICIDIO
Del otro lado están las entidades que clasifican todos los asesinatos
como feminicidio, sin investigar previamente. De acuerdo con los
registros del SESNP, en 2017 el estado de Sinaloa repuntó con la tasa
más alta de feminicidio en el país: 5.33 casos por cada 100 mil mujeres,
quintuplicando la media nacional, que se ubicó en 1.06.
La razón, aclara el Secretariado en su metodología, es que la
procuraduría de justicia de Sinaloa “califica toda muerte violenta de
una mujer como feminicidio”, por lo que es imposible conocer si después
de una investigación apegada a los protocolos especializados, se
determinó que corresponde a las causales de este delito.
Con ello, el dato de homicidios dolosos de mujeres en Sinaloa es de cero en 2017.
VÍCTIMAS SIN IDENTIDAD
Como hace 13 años, las procuradurías siguen sin determinar las edades
de las víctimas de violencia de género. Destaca el estado de Veracruz
en donde de 80 víctimas de feminicidio, se desconoce la edad en 39 por
ciento de los casos, al igual que en Oaxaca, donde de 63 víctimas, se
desconoce la edad de 9 mujeres.
De las 696 víctimas de feminicidio que reportaron las procuradurías estatales del 2017, se desconoce la edad de 84 de ellas.
Mientras los datos del Secretariado Ejecutivo, muestran que la
violencia extrema contra las mujeres, el feminicidio, incrementó un 72
por ciento en los últimos tres años; el informe de ONU Mujeres sostiene
que en los últimos 32 años (1985 a 2016) se cometieron en México 52 mil
210 asesinatos de mujeres, los cuales se incrementaron a partir de 2010.
Según la dependencia de Segob en 2015 ocurrieron 389 casos de
feminicidio, crecieron a 580 en 2016 y para el 2017 culminó en 617
casos, por lo que el feminicidio representó el año pasado solo 0.04 por
ciento del total de los incidentes delictivos de alto impacto en México.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
| Ciudad de México.-
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