ANAD presentará este viernes la demanda ciudadana nacional
La
Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) presentará este
viernes una demanda de amparo contra la Ley de Seguridad Interior por
ser una legislación que daría facultad al ejército para realizar tareas
de seguridad pública y violar los Derechos Humanos de las mujeres.
Gabriela Ivett Herrera Valdez, integrante de la ANAD y presidenta del
Comité estudiantil de Derecho de la Universidad de Sonora, anunció en
entrevista que en todos los estados de la República mañana se
presentarán demandas ciudadanas contra esta norma por considerarla
violatoria a los Derechos Humanos
Explicó que el Comité, en el que también participan Celeste Sagaste,
María Jesús Coronado y Yesenia Bernal, está recopilando firmas de
personas interesadas para presentar amparos contra esta norma, que
vulnera el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, ante
los tribunales correspondientes.
Herrera Valdez abundó que la ley otorga discrecionalidad al Ejecutivo
para utilizar al ejército para reprimir a la ciudadanía y además
preocupa que las fuerzas armadas se puedan utilizar para suplir las
responsabilidades de los cuerpos policiacos en lugar de capacitarlos y
ampliarlos.
Como ciudadanas, señaló, se niegan a aceptar que se den más
facultades al ejército, pues eso solo traería más violencia para la
ciudadanía.
En relación a las mujeres, Gabriela Herrera consideró que en regiones
con presencia de elementos militares el ejército ha hostigado, violado y
acosado a las mujeres sin que ninguna agresión sea castigada, impunidad
que significa que son intocables.
Ejemplo de esto, dijo, es la prohibición de que personal del
Ministerio Público entre a los cuarteles a realizar alguna notificación.
Herrera Valdez señaló que preocupa que con esta ley vigente los
movimientos feministas estén en riesgo o no puedan manifestarse en la
vía pública, a través de marchas y otras expresiones, porque podrían ser
reprimidos. “Estaríamos en mucha desventaja si no nos protegemos contra
esta ley”, opinó.
DE SEGURIDAD PÚBLICA A SEGURIDAD INTERIOR
El abogado, maestro del departamento de Derecho de la Universidad de
Sonora y representante en la entidad de la ANAD, Daniel Barrientos,
explicó antes el Estado mexicano es garante de la seguridad pública,
responsable de la tranquilidad, la paz y cierta armonía para transitar
de manera cotidiana en paz, pero alertó que con esta reforma se permite
utilizar la fuerza pública a discreción contra la población civil.
Al impartir una charla sobre el tema el académico dijo que con esta
reforma en materia de seguridad se trastocan algunas garantías y
derechos establecidos en la Constitución, razón por la cual todas las
secciones de la ANAD en el país interpondrán el amparo contra esta la
ley.
Expresó que con la Ley de Seguridad Interior el ejército
prácticamente sustituye a las policías. “Es oficializar la
militarización del país, puesto que las policías son civiles, no
militares”.
La justificación que utilizaron los legisladores para avalar la ley
es que hay regiones en donde el crimen organizado se ha apropiado del
territorio. Sin embargo, Daniel Barrientos opinó que el ejército lleva
prácticamente once años en estas regiones y la actuación del crimen
organizado ha aumentado.
“Desde (Felipe) Calderón el ejército está presente en supuestas
regiones en donde manda el crimen organizado y lo único que ha sucedido
es que ha aumentado la violencia”, por eso consideró que esta
experiencia ha demostrado que con los soldados aumentarían las muertes y
la violencia. “Los militares están entrenados para reprimir y matar”,
sentenció.
El académico dijo que con el amparo no se conseguirá cambiar eso,
pero sí será una medida de resistencia para expresar que la ciudadanía
no fue consultada sobre un tema que les afecta y en el que no están de
acuerdo.
Ante alumnas y alumnos de Derecho lamentó que los Congresos y
bancadas del poder Legislativo sean utilizados como un instrumento
político y no como aliado de la ciudadanía.
Comentó que si bien se han interpuesto Acciones de
Inconstitucionalidad por algunos municipios, éstas han sido desechadas
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es por eso que pretenden que la demanda sea ciudadana, colectiva y
masiva, pues es la población civil la que sería mayormente afectada.
El término para interponer la demanda de amparo contra la Ley de
Seguridad Interior vence el 6 de febrero, por lo que las demandas se
presentarán el viernes 2.
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