El del agua es hoy tema muy candente por ser vital para la existencia humana y cada vez más valioso y escaso debido al crecimiento de la población, las actividades económicas y el cambio climático. Sin embargo, ambos países han cumplido con la parte que les corresponde aun en los años en que México ha tardado en enviar el agua convenida.
Este año el asunto se complicó. En febrero un grupo de agricultores
trató de impedir el trasvase de líquido de la presa La Boquilla, en
Chihuahua, a Estados Unidos. Exigían claridad de las autoridades sobre
el volumen de líquido existente en la entidad y lo que les tocaba para
sus labores agropecuarias. El presidente López Obrador aseguró entonces
que su administración cumpliría con lo pactado por haber suficiente
líquido para entregar lo que le corresponde al vecino del norte y para
los usuarios locales. Y solicitó a los agricultores no dejarse
manipular, pues hay gente de Morena, PRI y PAN, involucrada en la
protesta, pues ya se acercan las elecciones y quieren presumir con
sombrero ajeno
. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) aclaró que los agricultores inconformes recibirían el agua
asignada para el ciclo agrícola de este año y la tienen garantizada para
el próximo. Lo reiteró la semana pasada.
Esa manipulación política se concretó este mes con las marchas, enfrentamientos con la fuerza pública y la ocupación violenta de La Boquilla, donde ocasionaron daños a su infraestructura. Los inconformes cuentan con abierto apoyo del llamado Frente Nacional Anti-AMLO, donde militan funcionarios estales y municipales en activo; algunos que lo fueron y gozan de bien ganada mala fama de corruptos. A ellos se suman legisladores federales del PAN, parte del Congreso estatal y, con su desidia, el actual mandatario, panista que suele culpar de los problemas de Chihuahua al gobierno federal. Asegura, por ejemplo, que el actual se debe a la corrupción imperante en la Conagua, sin ofrecer prueba de ello.
En cambio, los que alientan la oposición al trasvase ocultan el meollo del problema: en Chihuahua existen suficientes recursos hídricos para las actividades económicas. Provienen del manto freático y de sus cuencas hidrográficas. Pero están mal utilizados y/o acaparados por quienes tienen allí el poder político y económico. Ello, en perjuicio de miles de campesinos pobres. Hay, además, venta de derechos de agua y aprovechamiento ilegal del acuífero. Ejemplos notables de lo anterior son el clan LeBarón, la comunidad menonita y Altos Hornos de México. A la par, las presas tienen menos capacidad de almacenamiento por el azolve proveniente de la erosión que deja la tala de los bosques de la entidad.
Lo que ahora sucede en Chihuahua se repite en el resto de la frontera norte y en otras partes del país donde existen grandes obras hidráulicas para irrigar millones de hectáreas: la privatización del líquido por los intereses agroindustriales y mineros en perjucio de millones de pequeños productores. Para evitar que siga la privatización de un bien público, urge el tantas veces postergado nuevo marco jurídico que garantice el cumplimiento constitucional del derecho al agua y que sea un bien social.
López Obrador aseguró el viernes que se cumplirá la entrega de la cuota de agua, pues no hacerlo llevaría a revisar el tratado y México saldría perdiendo. El gobernador de Texas exige que se haga pronto. Es lo urgente para que Trump no tome el asunto del trasvase para ganar votos en el sur racista.
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