Ciudad de México. El Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) advirtió que con la pandemia por COVID-19 se han profundizado las dificultades para acceder al aborto, a métodos anticonceptivos y a la atención adecuada del embarazo, desde el control prenatal, el parto y hasta el puerperio, por lo que reiteraron que los países deben garantizar estos servicios y considerarlos esenciales durante el confinamiento.
Como parte de la campaña “La Salud Reproductiva es vital” que lanzaron desde agosto y a propósito de una reciente declaración pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que también llamó a los Estados a garantizar estos servicios como esenciales, las expertas de CLACAI reiteraron importancia de que también sean accesibles y de calidad.
En un comunicado, la secretaria ejecutiva este consorcio que integra a más de 90 organizaciones de América Latina, Susana Chávez, recordó que las brechas de acceso, que ya persistían en la región se han profundizando frente a la pandemia, dejando atrás a las niñas, adolescentes y mujeres en situación de pobreza o a quienes han sido marginadas.
El 14 de septiembre la CIDH emitió un pronunciamiento en el que instó a los Estados a garantizar los servicios de salud reproductiva en este contexto. “La Comisión reitera la naturaleza esencial y carácter imprescindible de estos servicios para la efectividad de los derechos de las mujeres y niñas a la vida, igualdad y no discriminación, integridad personal, salud, dignidad, acceso a la información, entre otros”, señaló.
Al respecto, la académica de la Universidad de Palermo e investigadora de CLACAI, Agustina Ramón Michel, señaló: “Recibimos este comunicado de manera positiva, pues levanta una preocupación en toda la región. En muchos sitios de América Latina los servicios de salud reproductiva han quedado relegados, en ocasiones producto de la desidia y la improvisación más que por las condiciones impuestas por la pandemia”.
La experta señaló que la falta de atención en este ámbito dejará consecuencias imborrables de corto, mediano y largo plazo para niñas con embarazos forzados, mujeres que no accedieron a cuidados prenatales adecuados y adolescentes que no pueden acceder a anticonceptivos.
La abogada destacó el carácter esencial de estos servicios. “Coincidimos con la CIDH en su preocupación por la suspensión temporal de programas de atención prenatal y destacamos su énfasis en señalar que la salud reproductiva es esencial”. Agregó que la Resolución 01/20 del organismo interamericano sobre pandemia y Derechos Humanos también dice que los Estados deben garantizar, entre otros servicios, la anticoncepción de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo, cuando sea aplicable.
Al respecto, distintos organismos han enfatizado las implicaciones de la falta de estos servicios. Por ejemplo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que en 6 meses de confinamiento intermitente se estimaron alrededor de 7 millones más de embarazos no planeados, y entre 13 millones y 51 millones de mujeres que no accedieron a anticonceptivos modernos.
Para CLACAI es vital la planificación, implementación y presupuesto de las políticas públicas que garantizan el acceso a estos procedimientos. “Ante la actual emergencia y la respuesta limitada por parte de los Estados, surge la necesidad de posicionar, desde la sociedad civil organizada, una agenda de derechos reproductivos que tenga un enfoque de género y una mirada interseccional para la gestión de las políticas públicas orientadas a su garantía”, agregó Susana Chávez.
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