Ciudad de México. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) pidió a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados un incremento de 50 millones de pesos (mdp) al presupuesto para atender a mujeres víctimas de violación sexual, recursos que servirán para garantizarles medicamentos que eviten una infección de transmisión sexual; y en caso de ser necesario, el derecho a un aborto seguro.
En México cada año se registran más de medio millón de mujeres víctimas de violación sexual, pero sólo seis mil reciben medicamentos profilácticos en el sistema de salud público para prevenir un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual, incluido el VIH/Sida. Por esta razón el CNEGySR propuso un incremento de su presupuesto para atender, por lo menos, a todas las mujeres que denuncian en el sistema de justicia.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto el monto para salud de las mujeres va a la baja. En 2021 se proyecta entregar al Ramo de Salud, por medio del Anexo para la igualdad, 5 mil 026.6 mdp, mientras que este año recibió 5 mil 129 mdp. De estos recursos, en 2020 el programa de Salud sexual y reproductiva obtuvo 2 mil 448.1 mdp y para el siguiente año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público plantea entregarle 2 mil 026.8 mdp.
En una mesa de trabajo virtual que se realizó en septiembre entre legisladoras y funcionarias para revisar el proyecto de presupuesto para 2021, la directora general de Atención a la Violencia del CNEGySR, dependiente de la Secretaría de Salud, Erika Marisol Troncoso Saavedra, resaltó que con 50 mdp más la meta es cubrir la atención de 18 mil carpetas de investigación que en promedio se registran al año, por violación sexual.
La especialista dijo que es crítico garantizar que las víctimas lleguen a los servicios de salud para recibir medicamentos dentro de 72 horas desde que ocurre la agresión, a fin de prevenir daños en su salud. Agregó que la atención integral de la violencia sexual no sólo es en el terreno de la investigación, por ello afirmó que no se va a lograr si solo hay vinculacion con centros de justicia, estancias de las mujeres, Fiscalías y Ministerios Públicos.
Por otro lado, Troncoso Saavedra dijo que existe una necesidad de ampliar las acciones de prevención y atención de la violencia de género. Mencionó que de acuerdo con un monitoreo del presupuesto, el CNEGySR encontró que el año pasado una entidad pudo recibir 15 mdp para operar dos refugios y sólo una quinta parte de este monto, es decir, 3 mdp, para todas las actividades de salud de las mujeres.
La funcionaria reiteró lo que en julio pasado expresó Karla Berdichevsky Feldman directora del CNEGySR, en otra reunión con la Comisión de Igualdad de Género en la cual señaló que la inversión en salud sexual y reproductiva contribuye a mejorar indicadores como la muerte materna, defunciones que en su mayoría son prevenibles y resultado de violaciones a Derechos Humanos, por ello llamó la atención sobre la necesidad de ampliar el presupuesto en esta área.
En el encuentro de hace dos meses,Berdichevsky Feldman también expuso que las medidas de confinamiento domiciliario para evitar la propagación del COVID-19 han llevado a las mujeres a convivir de manera más cercana con un potencial agresor; una situación que calificó de crítica para las niñas. La doctora dijo que solo en 2019 hubo casi 10 mil embarazos en niñas de 10 a 14 años de edad como resultado de una violación sexual.
En este contexto de pandemia, agregó, se preve que al finalizar 2020 se registre un aumento de más de 150 mil mujeres con necesidad insatistecha de anticoncepción y 140 mil embarazos no deseados adicionales, con respecto a lo que se esperaba sin la pandemia; ademas aumentará 20 por ciento la necesidad insatisfecha de anticoncepción en mujeres menores de 19 años y se registrarán más de 20 mil embarazos no planeados en mujeres adolescentes.
Por otra parte, Erika Marisol Troncoso Saavedra, destacó que es necesario integrar el aborto seguro como un programa y una actividad en el presupuesto. El aborto, dijo, es una responsabilidad del sistema de salud que se debe asegurar bajo las condiciones de ley que existen en los estados, pero para ello se necesitan recursos para capacitación del personal, insumos y actividades de seguimiento, para que se atiendan los casos cuando se necesita no cuando se pueda.
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