LA JORNADA
Sheinbaum: faltan 2 millones de lugares en educación superior
Al inaugurar la tercera Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en esta entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó su compromiso de abrir por lo menos 350 mil espacios de educación superior durante su sexenio.
“Para que 55 por ciento de los jóvenes tengan acceso a la universidad hacen falta un millón de espacios más; o sea, son 2 millones para que todos los que desearan estudiar tuvieran esa posibilidad”, afirmó, sin dejar de reconocer que hay quienes a los 18 años deciden quedarse sólo con estudios de preparatoria.
Ayer se comprometió a que en cada uno de los 10 municipios de la zona oriente de este estado habrá por lo menos un plantel de la UNRC.
Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, dijo que el plantel inaugurado –que inició clases en septiembre pasado– ha sido todo un éxito, porque la demanda fue superior. Tiene capacidad para mil estudiantes y se inscribieron cinco veces más. De manera que 4 mil jóvenes estudian en línea.
La Presidenta aseveró que habrá más planteles universitarios, después de que “durante muchos años –en el periodo neoliberal– en México se abandonó la educación. Se crearon algunos politécnicos , pero las universidades dejaron de construirse”, entre otras razones porque tenían la visión de que la educación “era una mercancía, y que había que pagar para poder tener acceso”.
También resaltó que había rechazados, con el “falso” argumento de que no pasaron el examen.
Pero, sostuvo, es “obligación del Estado proveer la educación”, como lo establece el artículo tercero constitucional. Todos los jóvenes mexicanos tienen derecho a estudiar; “por eso vamos a hacer más preparatorias y más universidades para que realmente sea un derecho del pueblo de México”.
Recordó que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador creó 200 mil espacios más con las Universidades Benito Juárez del Bienestar, “y nosotros, con esas universidades, con el Politécnico, con el Tecnológico Nacional de México y con Universidad Nacional Rosario Castellanos, al menos, queremos llegar a 350 mil lugares”.
CONTRAPORTADA
Sonora: dos empleados muertos tras colapso en mina de Grupo México
Dos trabajadores murieron en un accidente en la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en el municipio de Cananea.
De acuerdo con los primeros informes, el siniestro ocurrió durante labores operativas y habría sido provocado por el colapso de una estructura en una área de extracción.
Tras el percance, personal de rescate interno y brigadas de seguridad minera acudieron para intentar auxiliar a los empleados identificados como Roberto Alonso Gil Navarro y Manuel Reyes Moroyoqui; sin embargo, ya habían fallecido.
En un comunicado, Grupo México Minería confirmó los decesos y expresó sus condolencias a sus familias a quienes ofreció acompañamiento y respaldo ante la tragedia; detalló que notificó de inmediato a los deudos y al sindicato.
Aunque la compañía no precisó la hora exacta ni las circunstancias del accidente, señaló que se avisó a las autoridades para realizar las indagatorias y se determinen las causas.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados preliminares por parte de la Fiscalía General de la República, que estará encargada del caso.
La mina Buenavista es una de las más grandes de México y uno de los principales centros productores de cobre a nivel mundial. En 2014, Grupo México provocó el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado procedente de dicha mina, que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22 mil habitantes de siete municipios.
EL UNIVERSAL
Megafarmacia, un bodegón vacío; plan nunca incluyó distribución
Una Megafarmacia como la solución al desabasto de medicamentos que se padece desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue sólo un discurso del expresidente.
De acuerdo con la evaluación socioeconómica del proyecto de inversión para el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis), realizada en 2023, desde el principio el megaproyecto se concibió como una bodega para concentrar los medicamentos de cinco almacenes de Birmex en el Estado de México (Tultitlán, Toluca, Lago de Guadalupe, Purificación y San Joaquín).
Es decir, el concepto de distibución sólo figuró en el nombre del megaproyecto, pero en sus tareas no se incluye entregar los medicamentos ni surtir medicinas que no se encuentren en los hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud.
“El proyecto busca establecer el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis), el cual permitirá concentrar los servicios de almacenamiento y preparación de pedidos (picking) que presta Birmex al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, logrando economías de escala que permitirán mayor eficiencia y una reducción de costos para la institución”, se detalla en el documento.
En una solicitud de información hecha a Birmex el 20 de noviembre de 2024, el organismo respondió: “La Megafarmacia del Bienestar no surte recetas al ser competencia de los institutos correspondientes”.
La respuesta oficial terminó con el ofrecimiento que hizo López Obrador el 29 diciembre de 2023, día que inauguró la Megafarmacia: “Si no se tiene un medicamento verificado se hará una indagatoria al interior de la dependencia que se trate, y si no se tiene se manda desde Huehuetoca y tiene que llegar en menos de 48 horas”, dijo ese día.
EXCÉLSIOR
Los criminales atentan contra la libertad de culto
La libertad de culto en América Latina registra un deterioro debido a persecuciones, violencia y delitos contra católicos y cristianos-evangélicos, alerta el Informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo 2025.
Elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés), el reporte auspiciado por el Vaticano pone focos rojos en países como Nicaragua, Haití, Venezuela y Cuba.
Por primera vez incluye a México en el apartado de “discriminación religiosa” ejercida por un grupo, en este caso las organizaciones delictivas, en contra de los creyentes. Ante esto, subraya la necesidad de visibilizar la violencia que enfrentan las comunidades religiosas y de reforzar mecanismos efectivos de protección.
Los cárteles, alerta, actúan “como agente de persecución en zonas” y regiones específicas, sobre todo en Chiapas, Guerrero y Jalisco.
La fe se vive entre la violencia y el miedo”, dice el reporte, que califica a México como “uno de los países más peligrosos del continente para el clero”.
Los criminales ven a los propios ministros de culto como objetivos para imponer el miedo y el silencio a los habitantes de los pueblos, lo que permite a los delincuentes seguir traficando con armas y drogas.
El informe de la ACN registra asesinatos de sacerdotes, catequistas y fieles; ataques y asaltos a obispos, agresiones y robos a templos o destrucción de patrimonio; desplazamiento de fieles y extorsiones a parroquias, así como cierre de iglesias por amenazas.
Destaca que en 2024 la Iglesia católica facilitó el diálogo que dio lugar a una tregua entre los cárteles de la droga en Guerrero.
Narco acosa a religiones
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada revela un deterioro para la libertad de culto en América Latina, incluido México
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés) presentó el Informe Sobre la Libertad Religiosa en el Mundo 2025 en el cual afirma que el crimen organizado constituye ya en México un agente de persecución contra católicos y cristianos-evangélicos.
EL HERALDO
Denuncia EU usan cárteles a menores en el contrabando
El gobierno de Estados Unidos advirtió que en México los cárteles utilizan a menores de edad y mujeres para el tráfico de armas, delincuencia forzada y explotación sexual.
En el 2025 Trafficking in Persons Report: Mexico, el Departamento de Estado de EU expone que niñas, niños y adolescentes mexicanos en territorios controlados por organizaciones delictivas corren un mayor riesgo de ser víctimas de trata y reclutamiento para actividades ilícitas.
Afirma que estas organizaciones también utilizan la dependencia y la adicción a las drogas de las personas para coaccionarlas a participar en actividades delictivas.
“Explotan a niños y adultos en la trata sexual y la delincuencia forzada, incluyendo la producción, cultivo, transporte y venta de drogas; extorsión; tráfico de armas; tráfico de inmigrantes; robo; y secuestro”, afirma el reporte.
Detalla que el crimen organizado usa anuncios de trabajo fraudulentos, manipulación económica o social, tortura, amenazas de asesinato, chantaje, intimidación o secuestro para obligar o coaccionar a adultos y niños a la trata sexual y el trabajo forzado, incluyendo la delincuencia.
También expone que los cárteles reclutan a las y los migrantes centroamericanos para actividades delictivas y trabajo en el campo.
Los traficantes suelen explotar a jornaleros y a sus hijos en trabajos forzados en el sector agrícola mexicano, y la mayoría de las víctimas provienen de poblaciones económicamente vulnerables.
Las personas corren el riesgo de ser víctimas de trata en las regiones agrícolas en la cosecha de hortalizas, café, azúcar y tabaco. Los "enganchadores" realizan ofertas engañosas y cobran tarifas ilegales para colocar a trabajadores agrícolas en México y EU.
“A muchos trabajadores se les promete un salario digno y un buen nivel de vida, para luego obligarlos a realizar trabajos forzados mediante servidumbre por deudas, amenazas de violencia e impago. La mayoría de las víctimas extranjeras de trata en México provienen de Centroamérica y Sudamérica, en particular de El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela”, expone.
EL SOL DE MÉXICO
Leon Brener Hellmund: La misma mano que vende la bala, instala la cámara
Detrás de dos negocios que prosperan al amparo de la inseguridad aparece el mismo apellido. Leon Brener Hellmund, consejero presidente de Industrias Tecnos, fabricante de los cartuchos Águila, encarna un modelo que capitaliza todo el ciclo. En México además es accionista de Txat Latam, empresa que tributa por su actividad de comercio al por menor de artículos para el esparcimiento y comercio al por mayor de productos textiles, pero que en realidad vende tecnología de vigilancia y seguridad al gobierno. Esta investigación explora esa arquitectura: la misma mano que vende la bala ofrece la cámara y el software que la vigila
En un punto de control en Campeche, una cámara de alta definición captura la matrícula de un auto que se desplaza a tan alta velocidad que un ojo humano no es capaz de distinguir la placa. El dispositivo, montado sobre un gigantesco arco carretero, es una nueva herramienta de seguridad. Es uno de los ojos tecnológicos del proyecto “Campeche Seguro”, un contrato de 99.9 millones de pesos adjudicado de forma directa a la empresa Txat Latam. Su propósito es claro: vigilar, disuadir, registrar. Traer orden a un territorio a través de la tecnología.
A 800 kilómetros de distancia, en la zona industrial de Cuernavaca, Morelos, el zumbido de la maquinaria es constante. Dentro de la planta de Industrias Tecnos, una línea de producción arma, ceba y embala cartuchos calibre .22 LR. Son idénticos a los millones que la empresa exporta a Estados Unidos bajo su marca global, Aguila Ammunition. La fábrica, que para 2025 cuenta con permiso de la Defensa para producir 576 millones de balas al año, es un pilar de la industria de seguridad nacional.
Dos escenas que describen la inseguridad en México. Una es la solución tecnológica que vigila; la otra es el insumo regulado que, en las manos equivocadas, genera el caos.
Lo que no es evidente a simple vista es el vínculo que las une. Leon Brener Hellmund funge como consejero presidente de la fábrica de municiones Industrias Tecnos y, simultáneamente, es accionista de la integradora de seguridad tecnológica Txat Latam, junto con Luis Befeler Weiss y Alfredo Brener Gitler.
Esta investigación no trata sobre un solo incidente, sino sobre la arquitectura de un modelo de negocio que se beneficia de los dos extremos de la crisis de seguridad en México: la producción del riesgo y la venta de la solución. Es la historia de un ecosistema donde la misma mano que vende la bala, instala la cámara.
La noticia parece una de tantas de la sección policiaca. El robo del cargamento de un tráiler en medio de una carretera en el Bajío mexicano.
En un país como el nuestro, este tipo de asaltos pasan todos los días sin mayor atención mediática… pero este caso tiene algo de peculiar: se trata del robo de millones de cartuchos útiles, cargamento propiedad de uno de los proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
PIE DE PÁGINA
La resistencia civil frena el avance inmobiliario en Cuajimalpa
Vecinos de San Pedro Cuajimalpa realizaron una clausura ciudadana contra el Edificio Ancona, proyecto de Cornish Arquitectos, al denunciar daños en sus viviendas, tala de árboles y riesgos por la construcción en zona inestable. Exigen al gobierno capitalino detener la obra y proteger su territorio del avance inmobiliario
Un desarrollo inmobiliario de 20 departamentos volvió a encender las alarmas en el pueblo originario de San Pedro Cuajimalpa, en la capital del país. El proyecto, encabezado por Cornish Arquitectos, busca construir viviendas de lujo en el corazón de una comunidad que ha sido golpeada por la especulación y el encarecimiento de la vida. Ahora, los habitantes se organizan y dicen: “Aquí no los queremos”.
Como parte de las acciones de resistencia civil, los vecinos del predio ubicado en Tercera Cerrada de Coahuila número 18 realizaron una clausura ciudadana para demandar que el gobierno capitalino frene la obra. Denuncian que la construcción se encuentra en una zona con riesgo de colapso, como ya ha ocurrido en otras partes de Cuajimalpa. En octubre de 2023, por ejemplo, en la colonia Lomas de Chamizal se derrumbó una obra y cinco casas; algo similar ocurrió en septiembre de 2024, en la colonia San Pablo Chimalpa (calle Punta Ahuatenco), donde las fuertes lluvias provocaron el desplome de una estructura, causando daños a más de 15 casas y 20 vehículos.
Quienes corren mayor peligro son las familias que viven debajo del nuevo desarrollo, en el predio ubicado sobre avenida José María Castorena, quienes también han sido afectadas por la presencia del proyecto. Su hogar se convirtió en el tiradero de aguas residuales de la edificación; los techos se han agrietado por las vibraciones de la maquinaria y, además, el edificio ocupa algunos metros de su terreno.
En entrevista, uno de los afectados —un adulto joven que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias— narró la historia del lugar:
“El copropietario, Jorge Cornish Álvarez, comenzó a trabajar aproximadamente en 2016. Aquí antes era un terreno arbolado y él llegó y cometió un ecocidio: tumbó muchos árboles. Por eso lo suspendieron, pero después continuó. Luego le hicieron lo mismo otras dos veces, no sabemos por qué, y volvió a reanudarla, hasta que la clausuraron en 2022. Ahora vuelve a construir, no sabemos qué está pasando”.
REFORMA
Agrava corrupción en las aduanas.- IP
Más de cuatro años después de la militarización de las Aduanas del País, presuntamente para combatir la corrupción, el contrabando de mercancías y las pipas con huachicol fiscal se han agravado con la complicidad de las autoridades, denunciaron empresarios y cámaras de la iniciativa privada en la frontera de Tamaulipas.
Roberto Cruz Hernández, secretario de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco), una organización patronal que lleva años denunciando la corrupción en los cruces internacionales de Tamaulipas, advirtió que la ola de productos ilegales pone en riesgo a las empresas, los empleos y los consumidores en México.
"La verdad el problema empeora en los últimos años", afirmó Cruz Hernández.
"Reynosa y todo el País están inundados de productos, particularmente de origen chino, que ingresan de manera irregular, evadiendo el pago de impuestos, sin cumplir con regulaciones no arancelarias y mediante prácticas comerciales ilegales que distorsionan gravemente el mercado lícito", añadió.
El 1 de marzo del 2021, por órdenes del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, mandos de las fuerzas armadas tomaron la administración de las Aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, así como la de Colombia, Nuevo León, iniciando la militarización de los cruces internacionales de México, proceso que se completó ese año.
Empresarios tamaulipecos, que pidieron omitir sus nombres por seguridad, resaltaron que bajo la administración militar cruzan impunemente las pipas cargadas con huachicol fiscal, es decir, combustible que se importa sin pagar los impuestos correspondientes porque se declara como un hidrocarburo de menor calidad.
"Han surgido empresas que ahora sólo viven de importar aceite mineral (para equipos de refrigeración)", explicó un empresario.
"Todos los días pasan por la Aduana de Reynosa o la de Matamoros", explicó, "cientos de pipas cargadas con estos productos y es mínima la que sí declara llevar combustibles.
"Es extraño que esto no levante sospechas (de los militares)", cuestionó.
Otra fuente recordó que la iniciativa privada en Tamaulipas ha denunciado desde hace años el contrabando de combustibles, pero ni las autoridades civiles ni las militares hicieron algo.
Una de las voces que denunció reiteradamente la corrupción en las Aduanas, señaló el empresario, fue Julio Almanza Armas, presidente de la Fecanaco, quien fue asesinado el 31 de julio del 2024 afuera de sus oficinas en Matamoros.
UNOMASUNO
ASF detecta irregularidades de Ministra Norma Piña por 272.4 mdp en CJF
La ASF detectó graves irregularidades CJF Norma Piña, hallando un probable daño a la Tesorería por 272.4 mdp debido a pagos sin comprobación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto en evidencia un presunto daño a la Tesorería por 272.4 millones de pesos, detectado en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante el periodo en que fue encabezado por Norma Piña Hernández. Estas graves irregularidades del CJF bajo Norma Piña, reveladas en el análisis de la Cuenta Pública 2024, marcan un cierre polémico para el extinto organismo.
Boquete financiero en la judicatura federal
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en su penúltimo año de funciones y cuando era presidido por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), incumplió la ley en materia de contrataciones públicas. Una revisión forense exhaustiva determinó que el organismo judicial incurrió en un probable daño a la Tesorería por un total de 272.4 millones de pesos.
La ASF, en el informe incluido en la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, concluyó que el organismo realizó pagos millonarios a diversos proveedores. Estos desembolsos se ejecutaron sin la documentación necesaria que pudiera acreditar de forma fehaciente la prestación de los servicios correspondientes.
A raíz de estas y otras anomalías detectadas, la Auditoría Superior de la Federación inició un total de 11 procedimientos específicos para investigar, determinar responsabilidades y sancionar a los funcionarios implicados.
Pagos sin justificación y violación de leyes
El monto pendiente por aclarar determinado por la ASF asciende exactamente a 272 millones 437 mil 450 pesos. La fiscalización reveló que el extinto CJF realizó pagos a proveedores por servicios que no fueron justificados debidamente:
21.4 millones de pesos: Correspondientes a servicios de seguridad y vigilancia de sus inmuebles, sin la acreditación documental pertinente.
49.4 millones de pesos: Destinados a trabajos de mantenimiento y limpieza, de los cuales no se justificó la realización.
201 millones de pesos: Por servicios de alta especialización, incluyendo tecnología, impresión, digitalización y soporte especializado, sin contar con la documentación comprobatoria requerida por la ley.
Además de los montos señalados, el órgano que tenía a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal (PJF) mostró deficiencias en el control financiero al no hacer efectiva una póliza de fianza que ascendía a 431 mil pesos. Este monto se derivó de la suspensión del servicio de comedor en sus instalaciones de Toluca, provocado por el proveedor durante dos meses.
Incumplimiento de la normatividad
La ASF precisó que el CJF comprobó violaciones a distintas normas federales, destacando el incumplimiento de los requisitos de comprobación del ejercicio presupuestal. Entre las leyes transgredidas se encuentran:
La Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La conclusión de la ASF señala que, si bien el CJF había emprendido acciones para intentar fortalecer su sistema de control interno, estas no fueron suficientes para garantizar el cumplimiento cabal de sus objetivos ni la observancia de la ley, lo que vulnera directamente los principios fundamentales de transparencia, control y rendición de cuentas.
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