sin sanción, 25 funcionarios señalados por ONG
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 11 marzo 08 (CIMAC).- El Estado mexicano deberá responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por qué no ha sancionado a los 25 funcionarios señalados por organizaciones no gubernamentales (ONG) y familiares de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, como responsables de omisión, negligencia y complicidad en los feminicidios de Ciudad Juárez y Chihuahua, señaló en entrevista Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
En entrevista telefónica, la representante legal que llevó 3 casos del Campo Algodonero a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, informó que dentro del plazo que tenían --y que venció en febrero pasado-- para presentar más pruebas sobre el caso ante la Corte, se mandó un listado de “peticiones” a la CoIDH que deberá exigir al gobierno mexicano.
Entre éstas peticiones destacó el acceso al expediente completo que la Procuraduría General de la República integró para el caso de Campo Algodonero (donde se encontraron 8 cadáveres de mujeres) y que ésta regresara a la Procuraduría de Chihuahua tras considerar que la línea de investigación por delincuencia organizada y tráfico de órganos estaba agotada.
Karla Michel Salas informó también que pidieron todos los libros de registro y documentación de cuerpos de mujeres de 1993 a la fecha, así como los cuerpos no identificados que ingresaron al anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Asimismo solicitaron los dictámenes antropológicos y de causa de muerte realizados a las mujeres encontradas en estos lugares (Campo Algodonero y Cerro del Cristo Negro) realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Y finalmente, dijo que solicitaron que la CoIDH, donde por primera vez se revisa un caso de feminicidio, pida una explicación al Estado mexicano de por qué los 25 funcionarios que han sido señalados con nombres y apellidos por las madres de las víctimas y por las ONG no han sido sancionados.
Que la CoIDH conozca la falta de seriedad de las Procuradurías (local y federal) para investigar los casos y para sancionar realmente a quienes intervinieron con negligencia para aplicar la justicia, porque a la fecha no hay sentencias condenatorias para ningún funcionario, dijo la abogada.
Michel Salas informó que el Estado mexicano tendrá como plazo hasta abril próximo para dar una respuesta a la demanda interpuesta en la CIDH, así como a la “demanda de argumentos, solicitudes y pruebas” que presentó en diciembre pasado la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
El 21 de diciembre de 2007, la CoIDH notificó a Karla Michel Salas y David Peña, ambos representantes legales de las madres de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivete González y Laura Berenice Ramírez (encontradas en el Campo Algodonero en 2001) que tenía en sus manos el caso, el cual fue llevado ante la CIDH en marzo de 2002.
Desde 1993 han sido asesinadas en esta entidad fronteriza con Estados Unidos, según datos oficiales, más de 400 mujeres, mientras que en lo que va de este año se han registrado 12 asesinatos de mujeres tan sólo en Ciudad Juárez, mientras que las ONG ubican en 600 en número de las mujeres desaparecidas.
08/LGL/GG
Por Lourdes Godínez Leal
México DF, 11 marzo 08 (CIMAC).- El Estado mexicano deberá responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por qué no ha sancionado a los 25 funcionarios señalados por organizaciones no gubernamentales (ONG) y familiares de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, como responsables de omisión, negligencia y complicidad en los feminicidios de Ciudad Juárez y Chihuahua, señaló en entrevista Karla Michel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).
En entrevista telefónica, la representante legal que llevó 3 casos del Campo Algodonero a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, informó que dentro del plazo que tenían --y que venció en febrero pasado-- para presentar más pruebas sobre el caso ante la Corte, se mandó un listado de “peticiones” a la CoIDH que deberá exigir al gobierno mexicano.
Entre éstas peticiones destacó el acceso al expediente completo que la Procuraduría General de la República integró para el caso de Campo Algodonero (donde se encontraron 8 cadáveres de mujeres) y que ésta regresara a la Procuraduría de Chihuahua tras considerar que la línea de investigación por delincuencia organizada y tráfico de órganos estaba agotada.
Karla Michel Salas informó también que pidieron todos los libros de registro y documentación de cuerpos de mujeres de 1993 a la fecha, así como los cuerpos no identificados que ingresaron al anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Asimismo solicitaron los dictámenes antropológicos y de causa de muerte realizados a las mujeres encontradas en estos lugares (Campo Algodonero y Cerro del Cristo Negro) realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Y finalmente, dijo que solicitaron que la CoIDH, donde por primera vez se revisa un caso de feminicidio, pida una explicación al Estado mexicano de por qué los 25 funcionarios que han sido señalados con nombres y apellidos por las madres de las víctimas y por las ONG no han sido sancionados.
Que la CoIDH conozca la falta de seriedad de las Procuradurías (local y federal) para investigar los casos y para sancionar realmente a quienes intervinieron con negligencia para aplicar la justicia, porque a la fecha no hay sentencias condenatorias para ningún funcionario, dijo la abogada.
Michel Salas informó que el Estado mexicano tendrá como plazo hasta abril próximo para dar una respuesta a la demanda interpuesta en la CIDH, así como a la “demanda de argumentos, solicitudes y pruebas” que presentó en diciembre pasado la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
El 21 de diciembre de 2007, la CoIDH notificó a Karla Michel Salas y David Peña, ambos representantes legales de las madres de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivete González y Laura Berenice Ramírez (encontradas en el Campo Algodonero en 2001) que tenía en sus manos el caso, el cual fue llevado ante la CIDH en marzo de 2002.
Desde 1993 han sido asesinadas en esta entidad fronteriza con Estados Unidos, según datos oficiales, más de 400 mujeres, mientras que en lo que va de este año se han registrado 12 asesinatos de mujeres tan sólo en Ciudad Juárez, mientras que las ONG ubican en 600 en número de las mujeres desaparecidas.
08/LGL/GG
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