Denunció Centro de Periodismo y Ética Pública
“Poderes paralelos”, detrás de agresiones a Lydia y San Juana
Por Lourdes Godínez Leal
México, 10 marzo 08 (CIMAC).- Los casos de las periodistas Lydia Cacho y Sanjuana Martínez, amenazadas de muerte por sus trabajos periodísticos sobre pederastia eclesiástica y redes de pornografía en México, son ejemplos de las agresiones que actualmente ejercen los “poderes paralelos”, una nueva definición para los grupos de poder que se ocultan detrás del sistema político nacional, denunció hoy en conferencia de prensa el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET).
La periodista Lydia Cacho Ribeiro fue víctima de un atentado en su camioneta cuando llegaba de Cancún, al aeropuerto de la Ciudad de México escoltada por tres elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que formaban parte de su seguridad personal desde su demanda por su investigación sobre las redes de pornografía y pedofilia en la entidad.
Sanjuana Martínez, también periodista, ha recibido amenazas de muerte tras sus investigaciones por abuso sexual cometido por sacerdotes católicos y donde se involucra a altos jerarcas de la Iglesia de México y Estados Unidos.
De acuerdo con lo dicho por la periodista al CEPET, las amenazas comenzaron desde 2006, no obstante, las telefónicas y por correo electrónico se acentuaron luego de que publicara su libro “Manto púrpura”, que delata en una investigación periodística los abusos sexuales cometidos contra 90 menores de edad por el cura Nicolás Aguilar.
Durante la conferencia de prensa donde se dio a conocer un primer informe sobre la situación de la prensa nacional ante el clima de hostigamiento y violencia que enfrentan las y los reporteros y los medios desde los últimos tres años, el CEPET indicó que, en 2007, tres de cada diez agresiones contra la libertad de expresión fueron cometidas por los poderes paralelos, “que utilizan los vacíos legales y operan en la complicidad con los sectores sociales”.
La influencia de estos poderes se da a nivel local y tratan de infiltrar a las autoridades, según ha definido el especialista en temas de seguridad nacional y sobre fuerzas armadas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con el investigador, este tipo de poderes busca siempre utilizar los poderes legales y otros sectores sociales, como el empresarial, para sus actividades ilícitas, especialmente en lo que relacionado con lavado de dinero.
En el caso de México, entre estos poderes se encuentran el narcotráfico, los grandes cárteles y los minoristas, los secuestradores, traficantes de armas, comercio ilegal, pero también grupos de empresarios, religiosos, paramilitares y guerrillas.
En el informe financiado por el Programa de Extensión de la organización Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión (IFEX por sus siglas en inglés), destaca que en 2007 se registraron 52 agresiones contra periodistas, de las cuales 36 víctimas fueron hombres (82 por ciento) y 8 mujeres (18 por ciento).
La periodista Leonarda Reyes, quien coordinó el informe “Libertad de Expresión, poderes paralelos 2007”, observó que lo anterior se debe a que son los hombres quienes con frecuencia, cubren la “nota roja”, además que las mujeres sufren otro tipo de violencia, como despidos en represalia por lo publicado, decomiso de material periodístico e intimidación de funcionarios.
COMBATE A VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
En un foro realizado el 9 de marzo en la Cámara de Diputados, sobre libertad de expresión en México, Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sostuvo que actualmente hay un déficit en el ejercicio de los derechos humanos en materia de comunicación.
El Ombudsman capitalino coincidió con el informe de la CEPET presentado hoy en que los tres riesgos principales para los periodistas son: delincuencia organizada, abuso de poder y debilidad económica de algunos medios.
Convencido de que las instituciones mexicanas no están funcionando para hacerle frente a la violencia ejercida contra periodistas, Álvarez Icaza se congratuló por la apertura de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados ya que “uno de los desafíos principales para el ejercicio de la libertad radica en que las instituciones mexicanas no están funcionando”.
En tanto, ese mismo día, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la designación de Fernando Batista Jiménez como director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión, cuyo fin es supervisar que la libertad de expresión como derecho fundamental sea garantizada por el Estado.
08/LGL/GG/CV
“Poderes paralelos”, detrás de agresiones a Lydia y San Juana
Por Lourdes Godínez Leal
México, 10 marzo 08 (CIMAC).- Los casos de las periodistas Lydia Cacho y Sanjuana Martínez, amenazadas de muerte por sus trabajos periodísticos sobre pederastia eclesiástica y redes de pornografía en México, son ejemplos de las agresiones que actualmente ejercen los “poderes paralelos”, una nueva definición para los grupos de poder que se ocultan detrás del sistema político nacional, denunció hoy en conferencia de prensa el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET).
La periodista Lydia Cacho Ribeiro fue víctima de un atentado en su camioneta cuando llegaba de Cancún, al aeropuerto de la Ciudad de México escoltada por tres elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que formaban parte de su seguridad personal desde su demanda por su investigación sobre las redes de pornografía y pedofilia en la entidad.
Sanjuana Martínez, también periodista, ha recibido amenazas de muerte tras sus investigaciones por abuso sexual cometido por sacerdotes católicos y donde se involucra a altos jerarcas de la Iglesia de México y Estados Unidos.
De acuerdo con lo dicho por la periodista al CEPET, las amenazas comenzaron desde 2006, no obstante, las telefónicas y por correo electrónico se acentuaron luego de que publicara su libro “Manto púrpura”, que delata en una investigación periodística los abusos sexuales cometidos contra 90 menores de edad por el cura Nicolás Aguilar.
Durante la conferencia de prensa donde se dio a conocer un primer informe sobre la situación de la prensa nacional ante el clima de hostigamiento y violencia que enfrentan las y los reporteros y los medios desde los últimos tres años, el CEPET indicó que, en 2007, tres de cada diez agresiones contra la libertad de expresión fueron cometidas por los poderes paralelos, “que utilizan los vacíos legales y operan en la complicidad con los sectores sociales”.
La influencia de estos poderes se da a nivel local y tratan de infiltrar a las autoridades, según ha definido el especialista en temas de seguridad nacional y sobre fuerzas armadas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
De acuerdo con el investigador, este tipo de poderes busca siempre utilizar los poderes legales y otros sectores sociales, como el empresarial, para sus actividades ilícitas, especialmente en lo que relacionado con lavado de dinero.
En el caso de México, entre estos poderes se encuentran el narcotráfico, los grandes cárteles y los minoristas, los secuestradores, traficantes de armas, comercio ilegal, pero también grupos de empresarios, religiosos, paramilitares y guerrillas.
En el informe financiado por el Programa de Extensión de la organización Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión (IFEX por sus siglas en inglés), destaca que en 2007 se registraron 52 agresiones contra periodistas, de las cuales 36 víctimas fueron hombres (82 por ciento) y 8 mujeres (18 por ciento).
La periodista Leonarda Reyes, quien coordinó el informe “Libertad de Expresión, poderes paralelos 2007”, observó que lo anterior se debe a que son los hombres quienes con frecuencia, cubren la “nota roja”, además que las mujeres sufren otro tipo de violencia, como despidos en represalia por lo publicado, decomiso de material periodístico e intimidación de funcionarios.
COMBATE A VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS
En un foro realizado el 9 de marzo en la Cámara de Diputados, sobre libertad de expresión en México, Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, sostuvo que actualmente hay un déficit en el ejercicio de los derechos humanos en materia de comunicación.
El Ombudsman capitalino coincidió con el informe de la CEPET presentado hoy en que los tres riesgos principales para los periodistas son: delincuencia organizada, abuso de poder y debilidad económica de algunos medios.
Convencido de que las instituciones mexicanas no están funcionando para hacerle frente a la violencia ejercida contra periodistas, Álvarez Icaza se congratuló por la apertura de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados ya que “uno de los desafíos principales para el ejercicio de la libertad radica en que las instituciones mexicanas no están funcionando”.
En tanto, ese mismo día, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la designación de Fernando Batista Jiménez como director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión, cuyo fin es supervisar que la libertad de expresión como derecho fundamental sea garantizada por el Estado.
08/LGL/GG/CV
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