Julio Hernández López: Astillero
La obra hoy en cartelera es una reposición de la comedia de engaños de 2006 llamada Felipe sabe rectificar. Al principio de aquel año, el que hasta entonces había sido actor secundario –e incluso susceptible de despido escandaloso, como el que le aplicó Fox Productions en 2005, al botarlo de la Secretaría de Energía– apareció en las marquesinas de alquiler de la mayoría de los medios de comunicación como ejemplo maravilloso de recomposición y relanzamiento electorales. Antes de las vacaciones decembrinas, Calderón iba muy abajo en las estimaciones públicas de viabilidad victoriosa, maltratado por Fox, Martita y Espino, rodeado de un equipo de ineptitud por debajo de lo grisáceo, y aventajado sostenida y marcadamente por Andrés Manuel López Obrador.
Pero, de golpe, en enero de 2006, Felipe fue elevado a las alturas en los medios amafiados que usaron, como presuntas pruebas científicas de ese giro inexplicable, las amañadas encuestas de opinión que le confeccionaron algunos de sus socios, como GEA-ISA, cuyos directivos luego fueron premiados con cargos como Pemex y el Cisen. El golpe demoscópico fue explicado como producto de una reflexión vacacional de Calderón que le habría llevado a hacer cambios en su equipo de trabajo y en su estrategia, y a lanzarse cabalgando sobre un cuaco de saliva hacia el frente, rumbo a un fraude electoral hoy comprobado simplemente por los catastróficos resultados políticos de una pandilla que, visto está, no tenía capacidad para ganar aquellas elecciones que llevaban perdidas, como no tiene hoy capacidad para conducir adecuadamente un aparato de gobierno que le ha quedado demasiado grande.
Luego de las elecciones de julio pasado, Felipe estaba otra vez en la lona. Derrotado escandalosamente por el priísmo dirigido por un ex presidente que retomaba los hilos del poder, el ocupante de Los Pinos era un fantasma político condenado a vagar durante más de tres años –en el mejor de los casos, suponiendo que pudiera terminar su encargo–, rodeado nuevamente por un equipo de ineptitudes, ahora encaramadas en el gabinete, arrinconado por las varias crisis que primero enfrentó con aire fanfarrón y ahora lo aplastaban a él y a la nación, con un país ensangrentado por una guerra sabidamente perdida contra el narco, y con los riesgos cantados de un estallido social ante tanto problema sin solución. Pero nuevamente los titiriteros recurrieron al expediente de los cambios y la fuga hacia adelante e impulsaron al actor Calderón a pronunciar un discurso de aceptación de culpabilidades acotadas y de propuestas de reformas profundas.
En realidad, lo que con enjundia declamatoria fue planteado este miércoles en Palacio Nacional es el reconocimiento del fin de ciclo del calderonismo y la disposición plena del panista michoacano a allanarse al poder de las nuevas fuerzas dominantes, específicamente el salinismo. Felipe el muy Breve no tiene fuerza para impulsar mayor cambio que el de sí mismo, es decir, el de darse personalmente por renunciado. Pero ahora actuará como presunto impulsor de un reformismo salado (bañado de aguas salinas) que tendrá dos vertientes fundamentales. Por un lado, la pretensión revanchista de sacar adelante ciertas modificaciones legales, privatizadoras e impopulares, que con un escenario institucional dominado por el prianismo reciban altas votaciones en las cámaras. Uno de esos objetivos será el energético, donde tratarán de afinar y ahondar lo que con letra chiquita lograron conseguir el año pasado, a pesar del esfuerzo del movimiento de resistencia civil pacífica. Otro, la aprobación de una reforma fiscal que exprima a la mayoría de los causantes pero conserve privilegios para los grandes empresarios.
El plan salinizado de las reformas descansa en su particular lectura política de que el lopezobradorismo está en una circunstancia desventajosa, dañado por la sostenida campaña de difamaciones contra el tabasqueño, tocado grotescamente por el episodio de Guanito, separado ruidosamente de los dueños chuchos de la estructura perredista, arropado por partidos que pueden ser volátiles (el factor Salinas puede mover el piso a cualquiera de los dos), defendido en San Lázaro por una bancada de pocos miembros y cada vez más aislado, en su postura de confrontación irreductible con el calderonismo, por los coqueteos abiertos de los antes mencionados chuchos y del precandidato presidencial Marcelo Ebrard Clic.
El acelerado rediseño político que se está dando en estos días pretende arrinconar a la resistencia civil pacífica, enfatizando en los medios aliados el carácter levantisco de una corriente que sería la única que se negara a negociar y compartir. En la guerra mediática, los locutores y escribanos oficialistas están desatados en el elogio de las presuntas virtudes políticas de Calderón, convertido de pronto en un estadista non, y en la exaltación de la necesidad imperiosa de llegar a esos acuerdos políticos (a los que la izquierda auténticamente preocupada por ¡Méxicooo! se suma sin mezquindades, como el carnal Marcelo Polaroid) que desemboquen en las reformas de vida y muerte que el comandante general de Los Pinos sacará adelante a como dé lugar, porque la Patria así lo reclama y ya no puede esperar. Sí señor.
Astillas
Realmente es justa y necesaria la protesta por el uso de mujeres para apartar lugares en la Cámara de Diputados que originalmente estaban destinados a varones. Pero la denuncia y el rechazo no deben quedarse en el terreno de los asuntos de género. El Partido Verde Ecologista de México, el principal involucrado en el escándalo desatado ayer en San Lázaro, negoció candidaturas, alguna de ellas mediante el truco de las renuncias femeninas para favorecer, por ejemplo, a algún personero de Televisa... Y, mientras Felipe se desmarca (tantito) de Elba Esther para poder arreglarse a fondo con el PRI, ¡feliz fin de semana, con este tecleador en plática sabatina, a las 7 de la noche, en el Centro de Artes y Oficios Escuelita Emiliano Zapata del barrio Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
La enjundiosa pieza oratoria del licenciado Calderón –con chicharrita detrás de la oreja, del mismo modelo que usa Obama, para que se creyera que estaba improvisando– tuvo la virtud de imantar, de reunir las voluntades de millones de mexicanos. Efectivamente, es indispensable un cambio; hay que impedir que el país se hunda más. Espontáneamente está surgiendo un movimiento sin estructura ni dirigentes que ha asumido el nombre de Tucam (Todos unidos por el cambio). La denominación de algún modo nos recuerda el Tucom (Todos unidos contra Madrazo), que sonó mucho en los meses previos a la elección presidencial. Sin embargo, hay grandes diferencias. El Tucom contramadracista fue un movimiento interno del PRI, expresaba la incoformidad de los otros aspirantes y sus seguidores: Manuel Ángel Núñez Soto, Enrique Martínez, Arturo Montiel, Enrique Jackson y Tomás Yarrington. El Tucam tiene otra mira: cambiar al partido en el gobierno, el PAN. Agrupa a militantes de todos los institutos políticos, inclusive a panistas honestos y congruentes que compartan la idea de que la salida del PAN de la Presidencia es requisito indispensable para que México comience a salir del atolladero. Son particularmente bienvenidos los empresarios –cualquiera que sea el tamaño de su negocio– y los desempleados. Es un movimiento pacífico, civilizado, no aspira a tirar al gobierno, pero sí a dar a otras agrupaciones –cualquiera menos el PAN– la oportunidad de tomar las riendas de los gobiernos estatales y municipales en los meses que siguen, hasta realizar el gran cambio en el 2012.
Cuenta Fuerte de Banorte
La crisis ha hecho más reñida la competencia entre los bancos. Banorte anuncia su Cuenta Fuerte. Es un paquete integral de servicios que incluye: 1)una cuenta de banco global, 2) tarjeta de crédito, 3) inversión vista, 4) inversión a plazo, 5) seguro de vida, y algunas facilidades que son indispensables para que el cliente realice sus operaciones: banca por Internet, Banorte móvil y banca telefónica. Algunos atractivos adicionales: protección por sobregiro para cheques para que los recursos de los clientes siempre estén disponibles, y retiros y consultas ilimitados gratis en cajeros automáticos Banorte. No hay cobro por manejo de cuenta y no exige saldo promedio mínimo. El seguro de vida por muerte accidental es por 150 mil pesos. Es un buen producto el que Banorte está colocando en el mercado, iguala, y supera en algunos aspectos, a lo que ofrecen bancos de otros países.
Aeroméxico: celulares, no
En realidad no es tan necesario para muchos pasajeros utilizar un teléfono celular en pleno vuelo, pero sí sería útil que se les permitiera usar su computadora y conectarse a Internet. Sin embargo, por ahora, ni una cosa ni la otra serán posibles en los aviones de Aeroméxico y sus filiales Aeroméxico Connect y Aeroméxico Travel. Aun cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuló la norma que lo prohibía, la aerolínea anunció que sólo se permitirá el uso de celulares una vez que el avión haya aterrizado y desalojado la pista. Otras líneas aéreas ya equiparon sus aviones para que el cliente pueda hacer una doble navegación simultáneamente: la aérea y la internética.
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La pobreza aumentó a nivel nacional entre 2006 y 2008 según los datos de las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH), lo cual he venido analizando en las seis entregas precedentes (24 y 31 de julio, y 7, 14, 21 y 28 de agosto). En el DF, para el cual no se cuenta con datos representativos de 2006, la evolución que puede medirse con mayor grado de confiabilidad es entre 2004 y 2008, porque en ambos años (pero no en 2006) el gobierno del DF pagó al Inegi una muestra de mayor tamaño (más hogares encuestados) de la ENIGH que la que le sería aplicable para la muestra nacional. Hoy muestro, con algún detalle, los resultados de la medición de la pobreza 2004 a 2008 en el DF, con el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), pero primero comparo tales resultados con los que se obtienen con el método foxista que el Coneval ha decidido mantener permanentemente (según comunicación verbal de Agustín Escobar, integrante académico del Coneval) al lado de la medición multidimensional que por ley está obligada a aplicar, lo cual no ha hecho todavía. Espero analizar en detalle este asunto en próximas entregas.
La gráfica muestra la evolución 2004-2008 de la pobreza a nivel nacional, urbano-nacional, rural-nacional y en el DF, tanto por el método foxista como por el MMIP. Ahí se aprecia que el porcentaje de población que vive en pobreza en el DF aumentó entre 2004 y 2008 por ambos métodos (3.7 y 4.6 puntos porcentuales), mientras a nivel nacional la pobreza sólo aumentaba en dos décimas de punto porcentual en el método foxista, pero bajaba levemente en el MMIP. Estos resultados habrían derivado de movimientos contradictorios entre el medio urbano (cuya pobreza habría bajado por ambos métodos) y el rural (que habría subido en ambos).
Ambas mediciones usan las mismas bases de datos de las ENIGH, pero hay un sesgo en la muestra del DF, que se puede apreciar en el cuadro al comparar las ENIGH con el Conteo 2005, tomando en cuenta la tendencia observada entre 2000 y 2005. El sesgo aparece, sin embargo, desde la ENIGH2004, por lo cual sólo una parte del mismo afectaría la medición de la evolución 2004-2008. Sin embargo, resulta notable que el Inegi, habiéndose percatado del sesgo entre la ENIGH2004 y el Conteo 2005, no sólo haya dejado 32.3 por ciento que traía en 2004 para las delegaciones de pobreza alta (1.8 puntos porcentuales por arriba del dato del Conteo), sino que lo haya elevado a 33.1 por ciento (2.6 puntos porcentuales por arriba del Conteo; véase cuadro). La otra cara de la moneda de este sesgo es que, a pesar de que la proporción de población que vive en delegaciones de pobreza baja estaba ya subestimado en la ENIGH2004 en casi un punto porcentual respecto al Conteo 2005, se bajó todavía más, a 23.7 por ciento, quedando 2.5 puntos por debajo del Conteo.
La gráfica muestra la evolución 2004-2008 de la pobreza a nivel nacional, urbano-nacional, rural-nacional y en el DF, tanto por el método foxista como por el MMIP. Ahí se aprecia que el porcentaje de población que vive en pobreza en el DF aumentó entre 2004 y 2008 por ambos métodos (3.7 y 4.6 puntos porcentuales), mientras a nivel nacional la pobreza sólo aumentaba en dos décimas de punto porcentual en el método foxista, pero bajaba levemente en el MMIP. Estos resultados habrían derivado de movimientos contradictorios entre el medio urbano (cuya pobreza habría bajado por ambos métodos) y el rural (que habría subido en ambos).
Ambas mediciones usan las mismas bases de datos de las ENIGH, pero hay un sesgo en la muestra del DF, que se puede apreciar en el cuadro al comparar las ENIGH con el Conteo 2005, tomando en cuenta la tendencia observada entre 2000 y 2005. El sesgo aparece, sin embargo, desde la ENIGH2004, por lo cual sólo una parte del mismo afectaría la medición de la evolución 2004-2008. Sin embargo, resulta notable que el Inegi, habiéndose percatado del sesgo entre la ENIGH2004 y el Conteo 2005, no sólo haya dejado 32.3 por ciento que traía en 2004 para las delegaciones de pobreza alta (1.8 puntos porcentuales por arriba del dato del Conteo), sino que lo haya elevado a 33.1 por ciento (2.6 puntos porcentuales por arriba del Conteo; véase cuadro). La otra cara de la moneda de este sesgo es que, a pesar de que la proporción de población que vive en delegaciones de pobreza baja estaba ya subestimado en la ENIGH2004 en casi un punto porcentual respecto al Conteo 2005, se bajó todavía más, a 23.7 por ciento, quedando 2.5 puntos por debajo del Conteo.
Carlos Fernández-Vega: México SA
Quebrar una empresa, del tamaño que se imagine, es relativamente fácil. Todo depende de las carencias y excesos de su dueño o de quién esté a cargo de su administración, pero resulta verdaderamente complicado quebrar a un país, como lo ha hecho (uno de sus logros, hay que reconocerlo) Felipe Calderón y su muy buen equipo económico, tal vez uno de los mejores del mundo (según la atinada definición del propio inquilino de Los Pinos en la más reciente cumbre en Davos), quienes en vez de manejar las finanzas nacionales como tales y en beneficio de sus dueños, los mexicanos, lo han hecho como si se tratara de una empresa prestada, lejana.
Como si no se hubiera dado cuenta, como si se tratara de algo imprevisto, de una suerte de rayo letal salido de quién sabe dónde, ahora Felipe Calderón advierte que la situación de las finanzas públicas es verdaderamente preocupante. Lerdo reconocimiento del inquilino de Los Pinos, que se añade al ya famoso shock que de las mismas recientemente reconoció el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, justo cuando aplicaba el segundo tijeretazo del presupuesto de egresos correspondiente a 2009.
Consciente como está de la gravedad del problema, al sorprendido Calderón no se le ocurrió mejor idea que lanzar la susodicha advertencia en pleno acto faraónico disfrazado de mensaje a la nación (al cual, por cierto, muy pocos mexicanos dedicaron tiempo y atención en televisión y radio; 1.7 puntos de rating, según los primeros resultados), el cual, de acuerdo con cifras conservadoras, costó al erario algo así como una tercia de cientos de millones de pesos (espots incluidos), lo que revela el elevadísimo grado de conciencia sobre la gravedad del estado de salud de las finanzas públicas.
Entre frase y frase (la de Calderón y la de Carstens) y en medio de una feroz crisis tardíamente reconocida por quienes debieron ser los primeros en actuar, alrededor de 85 mil millones de pesos fueron recortados del presupuesto de egresos correspondiente al presente año, y aplicaron la tijera justo donde no debían –algo usual en los gobiernos neoliberales mexicanos–, como por ejemplo el sector educativo, al que le borraron alrededor de 3 mil millones de pesos (para dar una idea, costó más el faraónico informe calderonista que el ahorro por el recorte a la UNAM). La justificación de ambos fue no hay dinero, luego entonces es necesario ahorrar y se fueron por los citados 85 mil millones de pesos.
Pues bien, como no hay dinero y la situación de las finanzas públicas es verdaderamente preocupante (Calderón dixit), una cantidad idéntica a la recortada presupuestalmente –85 mil millones de pesos– resulta de lo que los mexicanos pagaron por atender puntualmente las voluminosas, ofensivas, faraónicas prestaciones de los llamados servidores públicos (los sueldos y salarios se contabilizan aparte), en el entendido de que a mayor cargo, mayores beneficios.
Para el primer semestre del año el secretario Carstens anunció –luego de proceder, desde luego, y con la venia del inquilino de Los Pinos– un recorte al gasto público por 35 mil millones de pesos, es decir, el monto prácticamente exacto de lo que a los mexicanos les costó pagar, puntualmente, las prestaciones de los servidores públicos. Ya encarrilado, el doctor catarrito procedió a tijeretear 50 mil millones adicionales dadas las carencias reportadas en el segundo trimestre de 2009, monto por demás coincidente con los poco más de 50 mil millones de pesos que se pagaron, en igual lapso, a la heroica cuan resultona burocracia nacional por concepto de prestaciones.
Así es, la situación de las finanzas públicas es verdaderamente preocupante. En plena crisis, con el citado shock a todo lo que da, 85 mil millones de pesos en prestaciones no sólo es un insulto, sino una verdadera agresión a los mexicanos, y a ese monto falta agregar lo recibido –que no es poco– por los igualmente resultones integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, amén de las percepciones de quienes cobran en el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás organismos que también manejan los recursos de la nación.
Sólo por prestaciones, donde duerme el señor Calderón gastaron más de un millón de pesos diariamente (incluidos sábados, domingos y días festivos) a lo largo del primer semestre del año, de los que más de 85 por ciento se destinó al pago de las prestaciones de quienes ocupan las primeras posiciones en la nómina. Lo anterior sin considerar otros gastos corrientes, como la sedienta cuan multimillonaria adquisición de agua embotellada, refrescos y bebidas espirituosas; el oneroso mantenimiento de macetas, galletitas y café, entre tantos otros, que sin duda son prioritarios para la nación, al igual que el vergonzoso gasto en propaganda. Y si el recorrido se amplía a las dependencias del Ejecutivo, especialmente las principales oficinas del gabinetazo, las erogaciones son verdaderamente insultantes para quienes pagan al rey y su corte: los mexicanos, a los que ni siquiera tienen la delicadeza de recomendarles que coman pasteles.
México ocupa la última posición en la OCDE en calidad educativa; nuestros niños sufren, y mucho, cada que se presenta la prueba PISA; no levantan en ciencias, lectura y/o matemáticas, pero eso es lo de menos, porque la Secretaría de Educación Pública, con Josefina Vázquez Mota de encargada, se da el lujo de gastar 256 millones de pesos para celebrar el día del maestro 2009, mientras Elba Esther eroga 50 millones para comprar camionetas de lujo y distribuirlas entre sus cuates. ¿Y la capacitación del magisterio? Para eso no hay lana, ergo, nuestros niños sufrirán más y junto a ellos la nación. Y así por el estilo, donde uno apriete.
¿En serio no se dieron cuenta? Entonces, doblemente ineficientes, por llamarle de alguna manera.
Las rebanadas del pastel
Tanto que criticaron al gobierno obeso de los tiempos priístas, tanto que utilizaron ese calificativo para justificar el desmantelamiento del aparato productivo del Estado, la privatización a ultranza, la venta de garaje, y resulta que a la vuelta de la esquina, con ellos a cargo de la tienda, hoy más que nunca el gobierno no sólo es obeso, sino ineficiente y deleznable… El Club de Periodistas de México invita a su 57 Foro Balance a tres años: ¿mitad del camino o final del mandato?. Participan Manuel Bartlett Díaz, Jaime Cárdenas Gracia, Yuri Serbolov, Abraham García Ibarra y este tecleador. Moderan Celeste Sáenz de Miera y José Manuel Orozco Garibay. La cita es a las 18 horas en Filomeno Mata 8, Centro Histórico.
cfvmexico_sa@hotmail.com - mexicosa@infinitum.com.mx
Cuotas de género y simulación
A
dos días de que se inició formalmente el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, ocho legisladoras, pertenecientes a los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, solicitaron licencia por tiempo indefinido, sin exponer causas específicas, a efecto de que sus curules sean ocupadas por diputados suplentes, todos varones.
La pretensión de las diputadas –cuya renuncia reduciría la representación política de las mujeres en San Lázaro a 25 por ciento– generó severos cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios, a grado tal que el pleno de la Cámara de Diputados rechazó las solicitudes y las devolvió a la Junta de Coordinación Política.
El episodio resulta lamentable no sólo porque exhibe el empleo faccioso de las leyes en lo relativo a equidad de género, en este caso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) –que estipula que de las candidaturas que presenten los partidos políticos a las elecciones al menos 40 por ciento debe ser para aspirantes de un mismo género–, sino también porque pone en relieve la incapacidad de las autoridades competentes para corregir tales vicios. Significativamente, apenas el pasado 10 de agosto el titular del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, se felicitaba por el cumplimiento de las cuotas de género por parte de todos los partidos políticos en el proceso electoral del 5 de julio, habida cuenta de que, del total de candidatos y candidatas registrados, 43 por ciento habían sido mujeres. Hoy es claro que el requisito formal al que hizo alusión el funcionario pudo haberse cumplido, pero que ello no implicó satisfacer el propósito originario de la ley, que es justamente avanzar en la representación política de las mujeres y garantizar el pleno acceso de éstas a los espacios de toma de decisiones.
Por el contrario, las solicitudes de licencia comentadas dan cuenta de que, pese a las estipulaciones legales, en distintos círculos del poder político se mantiene un empeño por perpetuar, así sea a través de subterfugios, una estructura de dominio en esencia patriarcal, que a lo largo de la historia ha relegado a la población femenina a un plano secundario en prácticamente todos los ámbitos del ejercicio público.
Resulta lamentable que las diputadas Carolina García, María Ivette Ezeta, Laura Elena Ledezma, Kattia Garza, Yulma Rocha, Ana María Rojas, Olga Luz Espinoza y Anel Nava se hayan prestado a un ejercicio de simulación, y que hayan exhibido con ello un sometimiento inaceptable a sus contrapartes masculinas, un nulo interés por el electorado y, lo que es peor aún, una notable falta de ética y un marcado desprecio por la ley y su espíritu.
Ante el panorama descrito, reviste especial importancia que los órganos electorales y los propios partidos políticos promuevan más y mejores candados en las normativas vigentes, a efecto de garantizar el cumplimiento efectivo de las cuotas de género en las instancias legislativas y evitar la repetición de escenarios vergonzosos como el que tuvo lugar ayer en San Lázaro.
A
dos días de que se inició formalmente el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, ocho legisladoras, pertenecientes a los partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, solicitaron licencia por tiempo indefinido, sin exponer causas específicas, a efecto de que sus curules sean ocupadas por diputados suplentes, todos varones.
La pretensión de las diputadas –cuya renuncia reduciría la representación política de las mujeres en San Lázaro a 25 por ciento– generó severos cuestionamientos de los distintos grupos parlamentarios, a grado tal que el pleno de la Cámara de Diputados rechazó las solicitudes y las devolvió a la Junta de Coordinación Política.
El episodio resulta lamentable no sólo porque exhibe el empleo faccioso de las leyes en lo relativo a equidad de género, en este caso el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) –que estipula que de las candidaturas que presenten los partidos políticos a las elecciones al menos 40 por ciento debe ser para aspirantes de un mismo género–, sino también porque pone en relieve la incapacidad de las autoridades competentes para corregir tales vicios. Significativamente, apenas el pasado 10 de agosto el titular del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, se felicitaba por el cumplimiento de las cuotas de género por parte de todos los partidos políticos en el proceso electoral del 5 de julio, habida cuenta de que, del total de candidatos y candidatas registrados, 43 por ciento habían sido mujeres. Hoy es claro que el requisito formal al que hizo alusión el funcionario pudo haberse cumplido, pero que ello no implicó satisfacer el propósito originario de la ley, que es justamente avanzar en la representación política de las mujeres y garantizar el pleno acceso de éstas a los espacios de toma de decisiones.
Por el contrario, las solicitudes de licencia comentadas dan cuenta de que, pese a las estipulaciones legales, en distintos círculos del poder político se mantiene un empeño por perpetuar, así sea a través de subterfugios, una estructura de dominio en esencia patriarcal, que a lo largo de la historia ha relegado a la población femenina a un plano secundario en prácticamente todos los ámbitos del ejercicio público.
Resulta lamentable que las diputadas Carolina García, María Ivette Ezeta, Laura Elena Ledezma, Kattia Garza, Yulma Rocha, Ana María Rojas, Olga Luz Espinoza y Anel Nava se hayan prestado a un ejercicio de simulación, y que hayan exhibido con ello un sometimiento inaceptable a sus contrapartes masculinas, un nulo interés por el electorado y, lo que es peor aún, una notable falta de ética y un marcado desprecio por la ley y su espíritu.
Ante el panorama descrito, reviste especial importancia que los órganos electorales y los propios partidos políticos promuevan más y mejores candados en las normativas vigentes, a efecto de garantizar el cumplimiento efectivo de las cuotas de género en las instancias legislativas y evitar la repetición de escenarios vergonzosos como el que tuvo lugar ayer en San Lázaro.
Acteal, ¿el último clavo?
Nos hemos convertido en un país de magnicidios, masacres y genocidios sin culpables; un país de inocentes. Un país de irresponsables que van por la vida sin rendirle cuentas a nadie; seres de una nación sumida en la impunidad. En el régimen anterior, antes del advenimiento de nuestro remedo de democracia, la impunidad era soberana, no ofrecía explicaciones. Actuaba porque sí. Hoy aparentamos preocupación por el Estado de derecho y recurrimos a nuestros tribunales; involucramos cada vez más a la Suprema Corte para demostrar que respetamos la norma jurídica. ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio? ¡Aburto!, respondemos todos a una como aldeanos de Fuenteovejuna. Aunque sepamos que hubo más de un asesino solitario (para desilusión del fiscal Miguel Montes).
En el caso Colosio, cuando reinaba Carlos Salinas de Gortari (hoy convertido en factótum del regreso del PRI) la culpabilidad del magnicidio se escondió tras una gruesa capa de información mediática destinada a desorientar. Allí no hubo más investigación independiente que una patética comisión de notables designada por Salinas, reconocido maestro del control de daños. (Aunque al día siguiente del magnicidio haya circulado el cuento de un oficial del Estado Mayor, que habiendo informado al Presidente de la tragedia recibió por única respuesta una insólita pregunta: ¿cómo, ya dieron las siete?)
En el caso de Tlatelolco el magistrado José Guadalupe Lima Altamirano, cuya tesis de amparo fue ratificada por el quinto colegiado, concluyó que no existía prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que demostrara que Echeverría preparó, concibió o ejecutó la matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas (o de las sepulturas, como la apodó Demetrio Vallejo, o de los sacrificios, como la llamó Octavio Paz). Sobre eso escribí en La Jornada (03/4/09) lo siguiente: “el magistrado (qué digo magistrado: ¡mago!) logró un milagro de proporciones bíblicas. Hubo genocidio, sí, pero no hubo culpables”. Lo dicho: ¡un país de inocentes!
Nuestros tribunales, impulsados por litigantes encorvados sobre la letra de la ley, no se detienen a analizar el impacto social del delito; dictan resoluciones descarnadas que rechazan cualquier elemento que no sea estrictamente jurídico.
Tras el triunfo aplastante del PRI (el partido que encubrió a los paramilitares de Chiapas), la primera sala de la Suprema Corte amparó y liberó a 20 de los implicados en la matanza de Acteal. De nuevo, el tecnicismo jurídico y la letra de la ley sobre la verdad histórica y el impacto social. No ha llegado aún a nuestro máximo tribunal la filosofía del verdadero significado de la división de poderes que prevalece en el sistema constitucional de Estados Unidos, del cual tomamos nuestra forma de gobierno. Mientras allá la corte suprema ha sido bastión de las garantías constitucionales, pero también motor de desarrollo social, de igualdad y democracia, nuestra Corte continúa atrapada entre las telarañas del poder y la tentación kelseniana: ¡la letra de la ley por encima de todo! En esa vena, la Corte amparó a paramilitares que fueron identificados por familiares y sobrevivientes, y que hoy transitan en libertad.
El controvertido fallo llegó siete días antes de que se revelaran documentos secretos de inteligencia militar en Estados Unidos (www.gwu.edu/~nsarchiv/), los cuales confirman lo que han venido diciendo sobre los paramilitares La Jornada y otros diarios, y obras como los testimonios dolorosos de Hermann Bellinghausen (Acteal, crimen de Estado).
En el portal mencionado apareció el 20 de agosto de 2009 un documento titulado Rompiendo el silencio: el Ejército Mexicano y la masacre de Acteal de 1997. Ahí aparece un cable del agregado militar de Estados Unidos en México, confirmando que en 1997 oficiales de inteligencia del Ejército Mexicano supervisaban grupos de paramilitares enquistados en las comunidades de Chiapas donde ocurrió la tragedia. El ejército les aseguraba armas, impunidad, y protección contra las autoridades civiles. (Eso explica por qué la policía apareció en Acteal muchas horas después de consumada la masacre.) Los grupos de paramilitares, formados en 1994 por instrucciones del presidente Salinas, continuaron operando durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en cuyo mandato ocurrió la tragedia.
Kate Doyle, encargada del Proyecto México The National Security Archive, dice que solicitó a la Presidencia información sobre Acteal, y que ésta la envió al Archivo General de la Nación, donde encontró una montaña desordenada de archivos y documentos sin clasificar. Frente a esta frustrante falta de interés oficial, el reciente fallo de la Corte pudiera ser el último clavo que selle un crimen de Estado que permanecerá, como tantos otros, perdido en nuestro creciente mar de impunidad.
La composición fotográfica de La Jornada después del fallo de la Corte (13/8/09) fue desgarradora. Al lado de la joven indígena con el rostro bañado en lágrimas, aparece la imagen de un togado ministro, José Ramón Cossío, cubriéndose la cara con ambas manos: ¿vergüenza?
http://www.jorgecamil.com - http://twitter.com/jorgecamil
Nos hemos convertido en un país de magnicidios, masacres y genocidios sin culpables; un país de inocentes. Un país de irresponsables que van por la vida sin rendirle cuentas a nadie; seres de una nación sumida en la impunidad. En el régimen anterior, antes del advenimiento de nuestro remedo de democracia, la impunidad era soberana, no ofrecía explicaciones. Actuaba porque sí. Hoy aparentamos preocupación por el Estado de derecho y recurrimos a nuestros tribunales; involucramos cada vez más a la Suprema Corte para demostrar que respetamos la norma jurídica. ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio? ¡Aburto!, respondemos todos a una como aldeanos de Fuenteovejuna. Aunque sepamos que hubo más de un asesino solitario (para desilusión del fiscal Miguel Montes).
En el caso Colosio, cuando reinaba Carlos Salinas de Gortari (hoy convertido en factótum del regreso del PRI) la culpabilidad del magnicidio se escondió tras una gruesa capa de información mediática destinada a desorientar. Allí no hubo más investigación independiente que una patética comisión de notables designada por Salinas, reconocido maestro del control de daños. (Aunque al día siguiente del magnicidio haya circulado el cuento de un oficial del Estado Mayor, que habiendo informado al Presidente de la tragedia recibió por única respuesta una insólita pregunta: ¿cómo, ya dieron las siete?)
En el caso de Tlatelolco el magistrado José Guadalupe Lima Altamirano, cuya tesis de amparo fue ratificada por el quinto colegiado, concluyó que no existía prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que demostrara que Echeverría preparó, concibió o ejecutó la matanza estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas (o de las sepulturas, como la apodó Demetrio Vallejo, o de los sacrificios, como la llamó Octavio Paz). Sobre eso escribí en La Jornada (03/4/09) lo siguiente: “el magistrado (qué digo magistrado: ¡mago!) logró un milagro de proporciones bíblicas. Hubo genocidio, sí, pero no hubo culpables”. Lo dicho: ¡un país de inocentes!
Nuestros tribunales, impulsados por litigantes encorvados sobre la letra de la ley, no se detienen a analizar el impacto social del delito; dictan resoluciones descarnadas que rechazan cualquier elemento que no sea estrictamente jurídico.
Tras el triunfo aplastante del PRI (el partido que encubrió a los paramilitares de Chiapas), la primera sala de la Suprema Corte amparó y liberó a 20 de los implicados en la matanza de Acteal. De nuevo, el tecnicismo jurídico y la letra de la ley sobre la verdad histórica y el impacto social. No ha llegado aún a nuestro máximo tribunal la filosofía del verdadero significado de la división de poderes que prevalece en el sistema constitucional de Estados Unidos, del cual tomamos nuestra forma de gobierno. Mientras allá la corte suprema ha sido bastión de las garantías constitucionales, pero también motor de desarrollo social, de igualdad y democracia, nuestra Corte continúa atrapada entre las telarañas del poder y la tentación kelseniana: ¡la letra de la ley por encima de todo! En esa vena, la Corte amparó a paramilitares que fueron identificados por familiares y sobrevivientes, y que hoy transitan en libertad.
El controvertido fallo llegó siete días antes de que se revelaran documentos secretos de inteligencia militar en Estados Unidos (www.gwu.edu/~nsarchiv/), los cuales confirman lo que han venido diciendo sobre los paramilitares La Jornada y otros diarios, y obras como los testimonios dolorosos de Hermann Bellinghausen (Acteal, crimen de Estado).
En el portal mencionado apareció el 20 de agosto de 2009 un documento titulado Rompiendo el silencio: el Ejército Mexicano y la masacre de Acteal de 1997. Ahí aparece un cable del agregado militar de Estados Unidos en México, confirmando que en 1997 oficiales de inteligencia del Ejército Mexicano supervisaban grupos de paramilitares enquistados en las comunidades de Chiapas donde ocurrió la tragedia. El ejército les aseguraba armas, impunidad, y protección contra las autoridades civiles. (Eso explica por qué la policía apareció en Acteal muchas horas después de consumada la masacre.) Los grupos de paramilitares, formados en 1994 por instrucciones del presidente Salinas, continuaron operando durante el sexenio de Ernesto Zedillo, en cuyo mandato ocurrió la tragedia.
Kate Doyle, encargada del Proyecto México The National Security Archive, dice que solicitó a la Presidencia información sobre Acteal, y que ésta la envió al Archivo General de la Nación, donde encontró una montaña desordenada de archivos y documentos sin clasificar. Frente a esta frustrante falta de interés oficial, el reciente fallo de la Corte pudiera ser el último clavo que selle un crimen de Estado que permanecerá, como tantos otros, perdido en nuestro creciente mar de impunidad.
La composición fotográfica de La Jornada después del fallo de la Corte (13/8/09) fue desgarradora. Al lado de la joven indígena con el rostro bañado en lágrimas, aparece la imagen de un togado ministro, José Ramón Cossío, cubriéndose la cara con ambas manos: ¿vergüenza?
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El Correo Ilustrado
In memoriam
En la vida de Margarita se dieron duros avatares que a cualquier otro ser humano, justificadamente, habrían abatido. A ella ni siquiera la hermosa sonrisa que siempre habitó en su rostro lograron opacarle. Paradoja: en su pequeña figura no hubo resquicio para la amargura, el desánimo, la insensibilidad, el resentimiento o la incuria. Eran, en cambio, inagotables el compromiso, el entusiasmo, la entrega, el arrojo, la persistencia y la honorabilidad con que vivía, y nos contagiaba. Luchó en el bando de los libres y los buenos, en nuestro país, en Nicaragua y en Cuba. Jóvenes como Suzán, en la segunda mitad del pasado siglo, conquistaron para nuestras tierras el bello título de continente en llamas. No tengo ni idea dónde estará Margarita en estos trágicos días, pero sí sé, con certeza, lo que está haciendo: militar.
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Luis Javier Garrido
El país está, a menos de la mitad de uno de los gobiernos más desastrosos en la historia nacional, a merced de las turbias negociaciones que está haciendo una clase política que ha extraviado el rumbo y que se halla subordinada en un marco de ilegalidad al gobierno panista de facto, sin entender que lo que está en juego es el futuro de la nación.
1. El Informe presidencial de 2009, que de acuerdo con el mandato constitucional es el mecanismo por el cual el Ejecutivo a través del Congreso hace saber a los mexicanos el estado que guarda la administración pública, se terminó por un verdadero desastre institucional, ya que Felipe Calderón se negó a presentarlo personalmente a los legisladores, como lo obliga el artículo 69 constitucional, y organizó una pachanga privada en Palacio Nacional, a la que mediante la fuerza pública negó el acceso a los legisladores que no eran de su agrado y que no pudieron asistir al que no fue otra cosa que un mal organizado acto de propaganda.
2. El mensaje del gobernante ilegítimo que tiene México no constituyó más que una parodia del Informe al que estaba obligado, pues junto con una serie de patéticos lamentos, que evidencian la impotencia de quienes pretenden gobernar, aparecieron absurdas promesas que parecían de campaña, como señalaron los medios. Calderón no informó, desde luego, del marco de ilegalidad en el que las fuerzas armadas y policiales prosiguen realizando todo tipo de tropelías ni de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que cometen los elementos de su gobierno, ni de los paramilitares que prosiguen haciendo valer su ley en diversas regiones del país ni mucho menos del porqué mantiene en las cárceles del país a presos políticos como los de Atenco, lo que le ha merecido la condena internacional.
3. Las contrarreformas constitucionales de 2008 al artículo 69, que pretendieron eximir al Presidente de la República de leer personalmente el Informe, fueron mal redactadas, pero aun así no le retiraron a éste la obligación de entregar personalmente su mensaje, como pretendieron interpretar los aterrados panistas, lo que llevó a Calderón a violar deliberadamente el texto constitucional, que aun ahora sigue abriendo la vía para un diálogo institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.
4. Las mal redactadas modificaciones a este texto, presentadas hace un año como un avance para terminar con el presidencialismo al acabar con el día del Presidente, fueron en realidad una contrarreforma de carácter presidencialista, pues se hicieron en un momento histórico en el que se discutía la necesidad de instaurar un verdadero diálogo abierto entre el titular del Ejecutivo y el Legislativo, y para fortalecer este mecanismo dándole la relevancia que tiene en los regímenes parlamentarios europeos, y, en vez de hacer esto posible, los legisladores retiraron al jefe de Estado y de gobierno la obligación de informar cabalmente a los mexicanos a través del Congreso lo que ha sido su gestión, y someterse a su juicio, con lo que ahora ese acto de rendición de cuentas se está transformando en demagogia del poder y de burla a la ciudadanía.
5. El hecho de que miembros del Estado Mayor Presidencial impidieran con lujo de brutalidad el acceso al acto, por muy mediocre que fuera, a un grupo de legisladores del PRD y el PT que acudían a la invitación extendida, es de enorme gravedad, pues no se veían en México este tipo de vejaciones a integrantes del Legislativo desde los años de Victoriano Huerta. El desprecio de los panistas a las formas es ya absoluto, pero al cometer estas tropelías Calderón y sus amigos se olvidaron de que un legislador no es el representante de un partido, sino de la nación conforme a las leyes mexicanas, y que a todos debe respeto por igual y un trato similar.
6. El autoritarismo fascistoide mostrado por el gobierno panista de facto antes de cumplirse la primera mitad del sexenio, que ahora se evidencia con un renovado desprecio a las instituciones constitucionales, no presagia nada bueno para los mexicanos, en particular por venir de un grupo de individuos mediocres e insignificantes políticamente, y a este respecto no hay que olvidar las lecciones de la historia. La mayor parte de los gobiernos totalitarios del siglo XX, desde el de Antonio Oliveira Salazar, en Portugal (1932-1968), hasta los múltiples casos que se han dado en América Latina en el siglo XX, han tenido rasgos similares a los de México, pues estos individuos no han sido otra cosa que instrumentos de los poderes fácticos.
7. No es de sorprender, por ello, que Felipe Calderón pretenda una vez más engañar a los mexicanos con unas cuantas cifras maquilladas de forma grosera y pretenda situarse más allá de toda responsabilidad por estar hundiendo a México en una de las mayores crisis de su historia, pretendiendo que el actual desastre es consecuencia de la crisis financiera internacional, de la influenza A/H1N1, del cambio climático o de la falta de visión de la oposición.
8. La mal redactada cantaleta de Calderón no escondió la tarea que le tienen encomendada los poderes trasnacionales para el final del sexenio, y que es la misma que ha sido su exigencia desde un principio, pues para ellos el fracaso del panista está en no haberla llevado a cabo, y que es el desmantelamiento más acelerado de la nación mexicana, pues eso, y no otra cosa, son las reformas, cambios estructurales o paquete estratégico que una y otra vez estos poderes han exigido que se terminen de aprobar en México.
9. El mismo proyecto fracasado en todo el continente y repudiado en el mundo es el que Calderón con su patético lamento pretende que le aprueben todas las fuerzas políticas, sosteniendo que si no se implementan las contrarreformas constitucionales demandadas por el capital trasnacional, el país no va a salir adelante, por lo que hay que entregar el petróleo y los recursos estratégicos de la nación a las corporaciones extranjeras y cancelar por completo los derechos sociales que se incorporaron a la Constitución tras la Revolución Mexicana. Ése y no otro es el sentido de su Informe.
10. El país tiene, como en 1810 y en 1910, un régimen contrario a los intereses de las mayorías, y en los próximos meses se va a ver si sigue teniendo un pueblo digno de su propio destino.
El país está, a menos de la mitad de uno de los gobiernos más desastrosos en la historia nacional, a merced de las turbias negociaciones que está haciendo una clase política que ha extraviado el rumbo y que se halla subordinada en un marco de ilegalidad al gobierno panista de facto, sin entender que lo que está en juego es el futuro de la nación.
1. El Informe presidencial de 2009, que de acuerdo con el mandato constitucional es el mecanismo por el cual el Ejecutivo a través del Congreso hace saber a los mexicanos el estado que guarda la administración pública, se terminó por un verdadero desastre institucional, ya que Felipe Calderón se negó a presentarlo personalmente a los legisladores, como lo obliga el artículo 69 constitucional, y organizó una pachanga privada en Palacio Nacional, a la que mediante la fuerza pública negó el acceso a los legisladores que no eran de su agrado y que no pudieron asistir al que no fue otra cosa que un mal organizado acto de propaganda.
2. El mensaje del gobernante ilegítimo que tiene México no constituyó más que una parodia del Informe al que estaba obligado, pues junto con una serie de patéticos lamentos, que evidencian la impotencia de quienes pretenden gobernar, aparecieron absurdas promesas que parecían de campaña, como señalaron los medios. Calderón no informó, desde luego, del marco de ilegalidad en el que las fuerzas armadas y policiales prosiguen realizando todo tipo de tropelías ni de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que cometen los elementos de su gobierno, ni de los paramilitares que prosiguen haciendo valer su ley en diversas regiones del país ni mucho menos del porqué mantiene en las cárceles del país a presos políticos como los de Atenco, lo que le ha merecido la condena internacional.
3. Las contrarreformas constitucionales de 2008 al artículo 69, que pretendieron eximir al Presidente de la República de leer personalmente el Informe, fueron mal redactadas, pero aun así no le retiraron a éste la obligación de entregar personalmente su mensaje, como pretendieron interpretar los aterrados panistas, lo que llevó a Calderón a violar deliberadamente el texto constitucional, que aun ahora sigue abriendo la vía para un diálogo institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.
4. Las mal redactadas modificaciones a este texto, presentadas hace un año como un avance para terminar con el presidencialismo al acabar con el día del Presidente, fueron en realidad una contrarreforma de carácter presidencialista, pues se hicieron en un momento histórico en el que se discutía la necesidad de instaurar un verdadero diálogo abierto entre el titular del Ejecutivo y el Legislativo, y para fortalecer este mecanismo dándole la relevancia que tiene en los regímenes parlamentarios europeos, y, en vez de hacer esto posible, los legisladores retiraron al jefe de Estado y de gobierno la obligación de informar cabalmente a los mexicanos a través del Congreso lo que ha sido su gestión, y someterse a su juicio, con lo que ahora ese acto de rendición de cuentas se está transformando en demagogia del poder y de burla a la ciudadanía.
5. El hecho de que miembros del Estado Mayor Presidencial impidieran con lujo de brutalidad el acceso al acto, por muy mediocre que fuera, a un grupo de legisladores del PRD y el PT que acudían a la invitación extendida, es de enorme gravedad, pues no se veían en México este tipo de vejaciones a integrantes del Legislativo desde los años de Victoriano Huerta. El desprecio de los panistas a las formas es ya absoluto, pero al cometer estas tropelías Calderón y sus amigos se olvidaron de que un legislador no es el representante de un partido, sino de la nación conforme a las leyes mexicanas, y que a todos debe respeto por igual y un trato similar.
6. El autoritarismo fascistoide mostrado por el gobierno panista de facto antes de cumplirse la primera mitad del sexenio, que ahora se evidencia con un renovado desprecio a las instituciones constitucionales, no presagia nada bueno para los mexicanos, en particular por venir de un grupo de individuos mediocres e insignificantes políticamente, y a este respecto no hay que olvidar las lecciones de la historia. La mayor parte de los gobiernos totalitarios del siglo XX, desde el de Antonio Oliveira Salazar, en Portugal (1932-1968), hasta los múltiples casos que se han dado en América Latina en el siglo XX, han tenido rasgos similares a los de México, pues estos individuos no han sido otra cosa que instrumentos de los poderes fácticos.
7. No es de sorprender, por ello, que Felipe Calderón pretenda una vez más engañar a los mexicanos con unas cuantas cifras maquilladas de forma grosera y pretenda situarse más allá de toda responsabilidad por estar hundiendo a México en una de las mayores crisis de su historia, pretendiendo que el actual desastre es consecuencia de la crisis financiera internacional, de la influenza A/H1N1, del cambio climático o de la falta de visión de la oposición.
8. La mal redactada cantaleta de Calderón no escondió la tarea que le tienen encomendada los poderes trasnacionales para el final del sexenio, y que es la misma que ha sido su exigencia desde un principio, pues para ellos el fracaso del panista está en no haberla llevado a cabo, y que es el desmantelamiento más acelerado de la nación mexicana, pues eso, y no otra cosa, son las reformas, cambios estructurales o paquete estratégico que una y otra vez estos poderes han exigido que se terminen de aprobar en México.
9. El mismo proyecto fracasado en todo el continente y repudiado en el mundo es el que Calderón con su patético lamento pretende que le aprueben todas las fuerzas políticas, sosteniendo que si no se implementan las contrarreformas constitucionales demandadas por el capital trasnacional, el país no va a salir adelante, por lo que hay que entregar el petróleo y los recursos estratégicos de la nación a las corporaciones extranjeras y cancelar por completo los derechos sociales que se incorporaron a la Constitución tras la Revolución Mexicana. Ése y no otro es el sentido de su Informe.
10. El país tiene, como en 1810 y en 1910, un régimen contrario a los intereses de las mayorías, y en los próximos meses se va a ver si sigue teniendo un pueblo digno de su propio destino.
El juvenicidio, porque no puede llamarse de otra forma a la masacre de 17 jóvenes en el Centro de Rehabilitación Aliviane en Ciudad Juárez, revela, no el estallido social de todos tan temido, sino el estallido estatal: la dispersión, divergencia e incluso contradicción entre los órdenes de gobierno, como sucede en Chihuahua ante la inseguridad rampante.
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Nos hemos convertido en un país de magnicidios, masacres y genocidios sin culpables; un país de inocentes. Un país de irresponsables que van por la vida sin rendirle cuentas a nadie; seres de una nación sumida en la impunidad. En el régimen anterior, antes del advenimiento de nuestro remedo de democracia, la impunidad era soberana, no ofrecía explicaciones. Actuaba porque sí. Hoy aparentamos preocupación por el Estado de derecho y recurrimos a nuestros tribunales; involucramos cada vez más a la Suprema Corte para demostrar que respetamos la norma jurídica. ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio? ¡Aburto!, respondemos todos a una como aldeanos de Fuenteovejuna. Aunque sepamos que hubo más de un asesino solitario (para desilusión del fiscal Miguel Montes).
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Gilberto López y Rivas
Al cierre de la convocatoria emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fueron registradas 24 personas para contender por la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Es alentador que exista un amplio abanico de posibilidades para determinar quién dirigirá esa comisión en el próximo periodo, siempre y cuando el proceso sea honesto y transparente, y en consecuencia no existan candidatos de consigna y la ALDF delibere no en función de los intereses de grupúsculos, corrientes y autoridades, sino en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.
Entre los aspirantes se encuentra Enrique González Ruiz, quien tiene una trayectoria destacada en la lucha social y en el ámbito académico. En el inicio de la década de los 80, siendo rector de la Universidad de Guerrero, jugó un papel importante en la solidaridad de las autoridades universitarias de educación superior con los procesos de lucha y resistencia de Nicaragua y El Salvador. Recuerdo que en 1980 nos tomamos la embajada salvadoreña en protesta por el asesinato del rector mártir de la Universidad de El Salvador: Félix Ulloa.
Al lado de Rosario Ibarra de Piedra, Enrique fue fundador del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) e impulsor del Frente Nacional de Abogados Democráticos; igualmente, en la región mixteca colaboró en la creación del Movimiento de Unificación y Lucha (MULT) en la misma década. Actualmente asesora a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de la Represión en México (AFADEM) y defiende a los familiares de las víctimas de la matanza de El Charco y de la represión en Atenco.
Después de una búsqueda afanosa por parte de los organizadores, aceptó fungir como fiscal en el juicio que organizó el Tribunal Internacional Benito Juárez en 2004 para juzgar los crímenes cometidos por el gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo y del gobierno de Cuba, llevando personalmente la acusación a la embajada estadunidense en México.
Su activa participación política y social lo llevó a formar parte de la Comisión de Mediación entre el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) y el gobierno federal para el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
González Ruiz también se ha destacado en la academia y la docencia. Me toco ser su lector y sinodal para la obtención del doctorado en ciencias políticas, y ahora es candidato a doctor en derecho constitucional y administrativo en la UNAM. El 18 de agosto presentó una obra colectiva importante que coordinó: Balance de los derechos humanos en el sexenio del cambio, y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México su trabajo ha sido intenso como organizador de actividades de docencia y extensión relacionadas con los derechos humanos.
Asimismo, coordinó la elaboración del plan de estudios de la carrera de derecho que se imparte en el Programa de Educación en Centros de Readaptación Social de la Universidad de la Ciudad de México, así como de la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos y de la propuesta de doctorado en derechos humanos que actualmente analiza el consejo universitario de la misma institución.
En la conferencia de prensa del 12 de agosto González Ruiz afirmó que en caso de ganar la titularidad de la CDHDF, su labor al frente de este organismo estará basada en tres principios fundamentales: a) la plena autonomía del organismo; b) un trabajo informado, responsable de los estudios de caso y la aplicación sensible de la ley, y c) la entrega y dedicación al cargo.
Sin desconocer los esfuerzos del todavía presidente de la comisión, y de los anteriores titulares, es claro que el trabajo realizado por la CDHDF hasta la fecha se ha cargado por los derechos individuales, con menosprecio de los colectivos. No se ha insistido lo suficiente en el reconocimiento y la materialización de los derechos de los pueblos indígenas en el Distrito Federal y se ha trabajado más con los grupos de la sociedad civil que con los movimientos sociales.
El modelo económico y político impuesto ha profundizado la violación de todos los derechos en perjuicio de los más pobres, en particular los derechos económicos, social-culturales y colectivos de los pueblos indígenas, no obstante que éstos han sido el reclamo generalizado en los distintos foros que la propia comisión ha efectuado.
Esta situación se agrava cuando se constata que no se han realizado las reformas legislativas necesarias para hacer exigibles estos derechos procesalmente, tal como dispone el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en la materia. La importancia de estos derechos se incrementa cuando se sufren los efectos de la más grave crisis económica del capitalismo desde los años 30.
La experiencia de Enrique González en la materia, pero sobre todo su compromiso social y su congruencia política son garantías de que el cargo de defensor del pueblo sea ocupado por una persona capaz, firme en sus convicciones e independiente en la toma de las decisiones que competen a la titularidad de la CDHDF.
Al cierre de la convocatoria emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fueron registradas 24 personas para contender por la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Es alentador que exista un amplio abanico de posibilidades para determinar quién dirigirá esa comisión en el próximo periodo, siempre y cuando el proceso sea honesto y transparente, y en consecuencia no existan candidatos de consigna y la ALDF delibere no en función de los intereses de grupúsculos, corrientes y autoridades, sino en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.
Entre los aspirantes se encuentra Enrique González Ruiz, quien tiene una trayectoria destacada en la lucha social y en el ámbito académico. En el inicio de la década de los 80, siendo rector de la Universidad de Guerrero, jugó un papel importante en la solidaridad de las autoridades universitarias de educación superior con los procesos de lucha y resistencia de Nicaragua y El Salvador. Recuerdo que en 1980 nos tomamos la embajada salvadoreña en protesta por el asesinato del rector mártir de la Universidad de El Salvador: Félix Ulloa.
Al lado de Rosario Ibarra de Piedra, Enrique fue fundador del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) e impulsor del Frente Nacional de Abogados Democráticos; igualmente, en la región mixteca colaboró en la creación del Movimiento de Unificación y Lucha (MULT) en la misma década. Actualmente asesora a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de la Represión en México (AFADEM) y defiende a los familiares de las víctimas de la matanza de El Charco y de la represión en Atenco.
Después de una búsqueda afanosa por parte de los organizadores, aceptó fungir como fiscal en el juicio que organizó el Tribunal Internacional Benito Juárez en 2004 para juzgar los crímenes cometidos por el gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo y del gobierno de Cuba, llevando personalmente la acusación a la embajada estadunidense en México.
Su activa participación política y social lo llevó a formar parte de la Comisión de Mediación entre el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) y el gobierno federal para el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
González Ruiz también se ha destacado en la academia y la docencia. Me toco ser su lector y sinodal para la obtención del doctorado en ciencias políticas, y ahora es candidato a doctor en derecho constitucional y administrativo en la UNAM. El 18 de agosto presentó una obra colectiva importante que coordinó: Balance de los derechos humanos en el sexenio del cambio, y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México su trabajo ha sido intenso como organizador de actividades de docencia y extensión relacionadas con los derechos humanos.
Asimismo, coordinó la elaboración del plan de estudios de la carrera de derecho que se imparte en el Programa de Educación en Centros de Readaptación Social de la Universidad de la Ciudad de México, así como de la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos y de la propuesta de doctorado en derechos humanos que actualmente analiza el consejo universitario de la misma institución.
En la conferencia de prensa del 12 de agosto González Ruiz afirmó que en caso de ganar la titularidad de la CDHDF, su labor al frente de este organismo estará basada en tres principios fundamentales: a) la plena autonomía del organismo; b) un trabajo informado, responsable de los estudios de caso y la aplicación sensible de la ley, y c) la entrega y dedicación al cargo.
Sin desconocer los esfuerzos del todavía presidente de la comisión, y de los anteriores titulares, es claro que el trabajo realizado por la CDHDF hasta la fecha se ha cargado por los derechos individuales, con menosprecio de los colectivos. No se ha insistido lo suficiente en el reconocimiento y la materialización de los derechos de los pueblos indígenas en el Distrito Federal y se ha trabajado más con los grupos de la sociedad civil que con los movimientos sociales.
El modelo económico y político impuesto ha profundizado la violación de todos los derechos en perjuicio de los más pobres, en particular los derechos económicos, social-culturales y colectivos de los pueblos indígenas, no obstante que éstos han sido el reclamo generalizado en los distintos foros que la propia comisión ha efectuado.
Esta situación se agrava cuando se constata que no se han realizado las reformas legislativas necesarias para hacer exigibles estos derechos procesalmente, tal como dispone el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en la materia. La importancia de estos derechos se incrementa cuando se sufren los efectos de la más grave crisis económica del capitalismo desde los años 30.
La experiencia de Enrique González en la materia, pero sobre todo su compromiso social y su congruencia política son garantías de que el cargo de defensor del pueblo sea ocupado por una persona capaz, firme en sus convicciones e independiente en la toma de las decisiones que competen a la titularidad de la CDHDF.
El avance de la informática abre la posibilidad de procesar volúmenes de datos, inimaginable hace pocas décadas. Esta posibilidad depende, sin embargo, de que se recoleccione información fidedigna y correctamente clasificada. El resultado de los datos procesados refleja fielmente la calidad o falta de calidad de los datos originales. Cierto manejo de éstos permite además manipularlos y hacer muy difícil su interpretación.
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Hace casi medio siglo, en el barrio de San Marcos, en Xochimilco, murió el pintor Francisco Goitia, en la misma casa humilde de piso de tierra donde vivió las últimas décadas de su vida. Allí fue velado por vecinos y religiosos en la madrugada del 26 de marzo de 1960, con la ausencia total de pintores, intelectuales o funcionarios culturales de la época.
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Cristina de Peretti en su ensayo Después de la tempestad viene la calma: Derrida y Habermas (publicado en Conjunciones: Derrida y compañía, Grupo Decontra. Dyckinson, S.L. Madrid, 2005) relata aspectos interesantes y bien documentados de la compleja relación que existió entre ambos filósofos.
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