A pesar que el gobierno estadounidense ha calificado al actual gobierno de facto de Honduras como ilegal, la Agencia Estadounidense para Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés) tiene programado proveer a Honduras con cerca de 47 millones de dólares en fondos para el año fiscal 2009, que finalizará el próximo 30 de septiembre.
"USAID está evitando tomar acciones que socavarían e interferirían con programas humanitarios que benefician directamente a la gente de Honduras y actividades de buena gobernabilidad con organizaciones no gubernamentales que son vitales para asegurar un fuerte imperio de la ley", dijo Lisa Hibbert-Simpson, oficial de prensa de USAID, a medios de comunicación esta semana.
"Siguiendo los eventos del 28 de junio en Honduras, Usaid suspendió actividades y proyectos financiados previamente totalizando 3.7 millones de dólares en educación básica, planificación familiar y algunas actividades ambientales", aseguró.
Por su parte, la vocera del Departamento de Estado estadounidense, Laura Tischler, expresó que su país ha adoptado una política de "suspender programas que tendría que finiquitar legalmente" si Washington declara la situación en Honduras como golpe militar bajo la sección 7008 de la Ley de Operaciones Extranjeras de los Estados Unidos.
Sien embargo, reiteró que como el gobierno aún no ha definido el golpe de Estado de Honduras legalmente como tal, todavía no está asignada la suspensión de todo este tipo de fondos.
De acuerdo al Departamento de Estado, la sección 7008 no previene a las agencias estadounidenses el continuar proveyendo asistencia al gobierno del país que es considerado como violador de la provisión.
Un vocero del Departamento de Estado estadounidense explicó que todavía el país centroamericano de Honduras está siendo provisto, dentro de otras cosas, de toda la asistencia que apoye las ayudas de raciones de comida, VIH/SIDA y prevención de otras enfermedades, supervivencia infantil, y asistencia de desastres, como también asistencia electoral para facilitar elecciones presidenciales libres y justas; aún cuando sectores que se oponen al régimen de Roberto Micheletti indican que cualquier esperanza de elecciones abiertas y libres sería contrario a lo establecido en el marco de la constitucionalidad.
En un reporte de auditoría emitido el pasado mes de junio de la Oficina del Inspector General (OIG) del USAID se indica que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras ha recibido asistencia técnica del Consorcio para Procesos Electorales y Políticos, al cual le fue otorgado un acuerdo por 1.8 millones de dólares por USAID, para llevar a cabo las elecciones hondureñas.
Este organismo electoral del país centroamericano jugó un papel importante en en planteamiento de las justificaciones legales que condujeron al secuestro y derrocamiento del presidente de Honduras, Manuel Zelaya.
Entidades como la USAID y su par, la Fundación Nacional para la Democracia (NED, en inglés) financiadas por el contribuyente común estadounidense, han sido el centro de atención en el pasado por supuestamente jugar roles en financiar grupos de oposición a Hugo Chávez vinculados al fallido golpe de estado contra él en Venezuela en 2002.
De igual forma, la NED es también un actor en el juego de la llamada "buena gobernabilidad" en Honduras y en su sitio web enlista las subvenciones que, según la fundación, promueven el avance de la democracia en América Latina, incluida Honduras, dentro de lo que se destaca la promoción de grupos de presión para impulsar a partidos políticos que desarrollen posiciones concretas en temas clave que resultarán en iniciativas para la campaña electoral de noviembre próximo, todo esto con una partida casi un millón de dólares.
Según las investigaciones de muchos medios estadounidenses, estas instituciones encargadas de financiar diferentes movimientos políticos en Latinoamérica han servido de sostén al actual régimen de facto que gobierna a Honduras, defendiendo las acciones del golpe de Estado del pasado 28 de junio donde Zelaya fue sacado del poder y llevado a Costa Rica.
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