Delincuentes electorales
La justicia en México juega para el mejor postor, como reconoció Calderón, o si acaso por motivaciones políticas.
La justicia en México juega para el mejor postor, como reconoció Calderón, o si acaso por motivaciones políticas.
José A
ntonio Crespo
A la siempre crítica, siempre aguda, nunca doblegada, nunca comprada, pluma de Carlos Monsiváis.
No creo que hayan sorprendido a nadie las grabaciones telefónicas de Fidel Herrera que reflejan el uso de recursos públicos para impulsar a candidatos del PRI, pues confirman lo que todos intuíamos: que los gobernadores -de cualquier partido- son amos y señores en su respectivo feudo para hacer lo que les venga en gana sin tener que enfrentar ningún tipo de responsabilidad. Y que bajo ese poder en plenitud (ni siquiera acotado por el poder presidencial, como antaño), la tentación de utilizar los crecientes recursos públicos para fines electorales es irresistible. Es más que probable que instrucciones parecidas a las de Fidel haya sido emitidas -telefónicamente o no- por otros gobernadores. El PAN no debe sorprenderse en absoluto. Cuando a fines del año pasado, con el voto del blanquiazul se aprobó un importante incremento de recursos para los gobernadores, escribíamos aquí: "Ahora el PRI quiere mayor presupuesto para los gobernadores. Si el PAN acepta, que después no se queje si es abatido por el voto corporativo del PRI" (13/XI/09). Y aceptó.
El PAN no debe sorprenderse, pues el voto corporativo priista fue también utilizado a su favor en 2006, gracias a gestiones hechas por Manuel Espino, según él mismo ha aclarado, y por su aliada de lujo, Elba Esther Gordillo. Y justo dicha participación se conoció a través de grabaciones telefónicas como las que ahora incriminan a Fidel, donde Elba pide su voto corporativo al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, mismo que evidentemente no se mueve sino con fondos públicos. El delito implicaba también a miembros del gobierno federal, según se detecta en otra llamada cuando el entonces secretario Pedro Cerisola le agradece su "sobregirado" voto corporativo al gobernador tamaulipeco. Se cometieron también delitos electorales -a favor del PAN-, detectados igualmente a través de grabaciones telefónicas. Y por eso Felipe Calderón sugirió que lo importante era ganar, sin importar cómo.
Claramente dice el Código Penal Federal, en su artículo 407, que incurre en delito el servidor público que "destine de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo. al apoyo de un partido político o candidato", delito penado con cárcel por uno a nueve años y sin derecho a libertad provisional. Es cierto que las grabaciones implican la comisión de un delito, tampoco nunca penado. No necesariamente surgieron del gobierno, pues hay muchos que saben de esos menesteres (como el propio Miguel Ángel Yunes, candidato panista que representa muy bien aquello en que terminó el PAN: un partido sin cuadros propios, dispuesto a negociar con una parte del viejo priismo, y a adoptar sus usos y costumbres). Pero los delitos no se neutralizan a sí mismos: debieran investigarse y penalizarse ambos. Eso, en caso de que estuviéramos en un Estado democrático de derecho, que en México no existe todavía. Como siempre ocurre en estos casos, los protagonistas de las conversaciones niegan serlo o señalan haber sido víctimas de un truco. Eso puede aclararse técnicamente. Pero las grabaciones ilegales fueron declaradas por la Suprema Corte como no válidas para efectos penales. Sin embargo, también fueron consideradas como indicadores de ilícitos, permitiendo a las instancias correspondientes orientar su indagación.
Así, la Fepade, por ejemplo, podría investigar, sabiendo que va sobre seguro, y encontrar pruebas válidas de los delitos ahora develados. Pero la justicia en México juega para el mejor postor, como reconoció Calderón, o si acaso por motivaciones políticas. En 2006 la Fepade, siendo parte del Ejecutivo, era juez y parte (y ningún juez se condena a sí mismo).
Se podría pensar en que ahora la Fepade, no siendo juez y parte, y tras la ruptura de la vieja alianza entre el PAN y el PRI (cuyos arquitectos fueron Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari), quizá podría ahora sí actuar contra los delincuentes. No lo creo. Aunque Felipe Calderón no quiera entregar el poder al PRI en 2012, no le es recomendable aplicar a un priista "distinguido" como Fidel todo el peso de la ley. Si el PRI regresa a Los Pinos en 2012, podría cobrarle la afrenta abriéndole a su vez los expedientes. Ante esa eventualidad, más le convendría a Felipe limitarse a denunciar declarativamente el uso electoral de los fondos públicos, como ya lo hizo, y no aplicar la ley "caiga quien caiga", pues ésta podría volverse en su contra cuando deje el poder. A menos, claro, que no tenga nada que esconder.
ntonio CrespoA la siempre crítica, siempre aguda, nunca doblegada, nunca comprada, pluma de Carlos Monsiváis.
No creo que hayan sorprendido a nadie las grabaciones telefónicas de Fidel Herrera que reflejan el uso de recursos públicos para impulsar a candidatos del PRI, pues confirman lo que todos intuíamos: que los gobernadores -de cualquier partido- son amos y señores en su respectivo feudo para hacer lo que les venga en gana sin tener que enfrentar ningún tipo de responsabilidad. Y que bajo ese poder en plenitud (ni siquiera acotado por el poder presidencial, como antaño), la tentación de utilizar los crecientes recursos públicos para fines electorales es irresistible. Es más que probable que instrucciones parecidas a las de Fidel haya sido emitidas -telefónicamente o no- por otros gobernadores. El PAN no debe sorprenderse en absoluto. Cuando a fines del año pasado, con el voto del blanquiazul se aprobó un importante incremento de recursos para los gobernadores, escribíamos aquí: "Ahora el PRI quiere mayor presupuesto para los gobernadores. Si el PAN acepta, que después no se queje si es abatido por el voto corporativo del PRI" (13/XI/09). Y aceptó.
El PAN no debe sorprenderse, pues el voto corporativo priista fue también utilizado a su favor en 2006, gracias a gestiones hechas por Manuel Espino, según él mismo ha aclarado, y por su aliada de lujo, Elba Esther Gordillo. Y justo dicha participación se conoció a través de grabaciones telefónicas como las que ahora incriminan a Fidel, donde Elba pide su voto corporativo al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, mismo que evidentemente no se mueve sino con fondos públicos. El delito implicaba también a miembros del gobierno federal, según se detecta en otra llamada cuando el entonces secretario Pedro Cerisola le agradece su "sobregirado" voto corporativo al gobernador tamaulipeco. Se cometieron también delitos electorales -a favor del PAN-, detectados igualmente a través de grabaciones telefónicas. Y por eso Felipe Calderón sugirió que lo importante era ganar, sin importar cómo.
Claramente dice el Código Penal Federal, en su artículo 407, que incurre en delito el servidor público que "destine de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo. al apoyo de un partido político o candidato", delito penado con cárcel por uno a nueve años y sin derecho a libertad provisional. Es cierto que las grabaciones implican la comisión de un delito, tampoco nunca penado. No necesariamente surgieron del gobierno, pues hay muchos que saben de esos menesteres (como el propio Miguel Ángel Yunes, candidato panista que representa muy bien aquello en que terminó el PAN: un partido sin cuadros propios, dispuesto a negociar con una parte del viejo priismo, y a adoptar sus usos y costumbres). Pero los delitos no se neutralizan a sí mismos: debieran investigarse y penalizarse ambos. Eso, en caso de que estuviéramos en un Estado democrático de derecho, que en México no existe todavía. Como siempre ocurre en estos casos, los protagonistas de las conversaciones niegan serlo o señalan haber sido víctimas de un truco. Eso puede aclararse técnicamente. Pero las grabaciones ilegales fueron declaradas por la Suprema Corte como no válidas para efectos penales. Sin embargo, también fueron consideradas como indicadores de ilícitos, permitiendo a las instancias correspondientes orientar su indagación.
Así, la Fepade, por ejemplo, podría investigar, sabiendo que va sobre seguro, y encontrar pruebas válidas de los delitos ahora develados. Pero la justicia en México juega para el mejor postor, como reconoció Calderón, o si acaso por motivaciones políticas. En 2006 la Fepade, siendo parte del Ejecutivo, era juez y parte (y ningún juez se condena a sí mismo).
Se podría pensar en que ahora la Fepade, no siendo juez y parte, y tras la ruptura de la vieja alianza entre el PAN y el PRI (cuyos arquitectos fueron Diego Fernández de Cevallos y Carlos Salinas de Gortari), quizá podría ahora sí actuar contra los delincuentes. No lo creo. Aunque Felipe Calderón no quiera entregar el poder al PRI en 2012, no le es recomendable aplicar a un priista "distinguido" como Fidel todo el peso de la ley. Si el PRI regresa a Los Pinos en 2012, podría cobrarle la afrenta abriéndole a su vez los expedientes. Ante esa eventualidad, más le convendría a Felipe limitarse a denunciar declarativamente el uso electoral de los fondos públicos, como ya lo hizo, y no aplicar la ley "caiga quien caiga", pues ésta podría volverse en su contra cuando deje el poder. A menos, claro, que no tenga nada que esconder.
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