Editorial La Jornada
y Clinton, afirmó que los cárteles de la droga en México están mostrando un nivel cada vez ma
yor de insurgencia. La funcionaria sustentó sus palabras con el hecho irrebatible de que las bandas de narcotraficantes controlan diversas regiones del territorio nacional, lo que –dijo– coloca a nuestro país en una situación parecida
a la Colombia
de hace 20 años.
Estas declaraciones resultan tan desafortunadas como improcedentes. En primer lugar, afirmar que la insurgencia y la delincuencia organizada son lo mismo porque ejercen control sobre franjas del territorio, confunde y distorsiona la comprensión de fenómenos sociales y delictivos.
En sus señalamientos, Hillary Clinton construye la identificación entre guerrillas y tráfico de drogas con base en una falacia: el ejercicio del poder sobre el territorio determinado implica que los grupos delictivos y los movimientos guerrilleros comparten un mismo medio –al cual recurren también otros actores, empezando por el Estado–, pero no los mismos fines: mientras que los grupos insurreccionales tienen objetivos de transformación política y social, las organizaciones criminales no protagonizan oposición política alguna al gobierno; su motivación es, en cambio, estrictamente mercantilista y de utilidad económica. Para la consecución de ese propósito, los grupos delictivos aprovechan las ventajas y condiciones que les otorga el modelo económico neoliberal –con sus principios de máxima rentabilidad, desregulación y globalización comercial– y la política de prohibición al consumo, producción y trasiego de narcóticos aplicada por el gobierno federal y promovida desde Washington.
Lo más preocupante del dislate de Clinton es que, al equiparar a las bandas de narcotraficantes con las organizaciones insurgentes, da fundamento a una confusión que alimenta, a su vez, la criminalización de movimientos y de activistas sociales con el pretexto de combatir a los cárteles de la droga. Recuérdese que en Colombia, Washington y los gobiernos nacionales acuñaron desde hace décadas el término narcoguerrilla, con el objetivo de dar un pretexto ideológico y moral a la contrainsurgencia y encubrir, por añadidura, la infiltración de altos organismos del Estado por parte del narcotráfico, por conducto de los paramilitares.
Ciertamente, el narcotráfico y los movimientos sociales –insurreccionales o no– que recorren el país tienen un origen común: ambos son consecuencia de la rapiña y la devastación neoliberales, si bien el primero capitaliza las consecuencias desastrosas del modelo económico vigente: da trabajo donde no lo hay, se convierte en autoridad ahí donde el Estado ha abdicado de sus responsabilidades y crea incluso mecanismos de beneficencia ante el desmantelamiento de las políticas de bienestar social. Fuera de eso, la única razón posible para identificar insurrección con narcotráfico es un inocultable designio contrainsurgente e injerencista.
s periódicos dicen abiertamente que elementos del Ejército asesinaron, sí, asesinaron a dos personas e hirieron a otras. La libertad de expresión, que hace 30 años no existía cabalmente, ahora se ejerce sin cortapisas. Que si esas personas rebasaron a un convoy militar o no atendieron un alto en un retén, es lo de menos. Les dispararon sin haber visto armas en manos de las víctimas, sin saber algo de ellas, es decir si eran o no sospechosas de ser delincuentes. Les dispararon porque sí. Este es el hecho. Y no es el primero y, como van las cosas, tampoco el último.Una disculpa y una indemnización no son suficientes para aliviar el dolor de los deudos y el trauma de los sobrevivientes. Lo que está ocurriendo debe detenerse. Las fuerzas militares, entrenadas para matar (si no, ¿para qué son soldados?), no deben jugar el papel de policías (que a veces también matan, como también muchos civiles).
Calderón ha llevado al Ejército y a la Marina al desprestigio total. ¿Quién puede entender, con la información disponible, por qué a la señora Terroba, en su condominio de Ocotepec, municipio de Cuernavaca, le tiraron más de 100 balazos los de la Marina, mientras, por cierto, se les escapaba La Barbie, ahora tan famoso y sonriente? ¿Quién puede entender por qué a Beltrán Leyva los marinos lo asesinaron en un apartamento, también en Cuernavaca, le bajaron los pantalones y le pusieron billetes ensangrentados en la espalda, en tanto que La Barbie no presentó siquiera un moretón cuando fue detenido, y sigue riéndose? ¿Por qué uno sí y otros no? Nadie sabe, o tal vez lo que se sabe no conviene que se sepa más allá del círculo interno involucrado con esta guerra absurda.
Elementos del Ejército y de la Marina no sólo persiguen delincuentes, sin fundamento legal alguno, sino que asesinan gente. Y, en este caso, no importa si son delincuentes o blancas palomitas. Todos, incluso los peores asesinos, tienen derecho a un juicio. En esta guerra
no. Se les mata aunque no hayan sido encontrados en flagrancia o con un arma en la mano amenazando al enemigo. Y el problema es que ni siquiera se trata de una guerra legal. Y no es legal no sólo porque no ha sido declarada por el Congreso sino porque no hay un ejército contrario. Y esto no lo digo por los uniformes o distintivos, pues hay guerras legales en las que incluso los combatientes regulares no están obligados a usar vestimentas especiales que los distingan de los civiles. Los delincuentes no forman un ejército, por más armados que estén. Deben ser identificados, detenidos y enjuiciados por las autoridades civiles, y sólo en caso de defensa de éstas disparar para salvar su vida o para evitar desastres mayores.
Aceptando, sin conceder, que los militares han sido comisionados como coadyuvantes de la autoridad civil para perseguir delincuentes, su papel debiera ser análogo a la policía preventiva o ministerial, y no disparar a todo lo que se mueva. ¿Cuál es el argumento para disparar a un vehículo y sus ocupantes porque no respetan un retén ilegal (pues los retenes militares no tienen apoyo legal ni siquiera en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos) o porque rebasaron un convoy militar? Ninguno. Es que están entrenados para matar
, dijo el martes alguien en la radio. Esto no justifica nada. Si tengo un perro entrenado para el ataque y éste hiere o mata a una persona, el responsable soy yo, no el perro. Pero un perro es un animal, un soldado es una persona. Y aunque sea por sentido común (para no hablar de protocolos de guerra), si un soldado ve un vehículo sospechoso lo detiene, aunque sea ilegal (artículo 16 constitucional), lo revisa (aunque siga siendo ilegal) y lo pone a disposición del Ministerio Público (acto, éste sí, legal) para lo que proceda de acuerdo con la ley, o simplemente lo deja ir porque sus sospechas carecieron de fundamento. ¿Dispararle? ¿Por qué? ¿Porque los soldados están entrenados para matar? Muchos sicópatas también, pero deberían estar en un hospital siquiátrico y no darles armas. No hay excusa.
Si Calderón no entiende que su guerra ya se le fue de las manos, algo está muy mal. Debe detener esta guerra y cambiarla por otra estrategia. ¿O deberé ir a 40 kilómetros por hora si en mi camino a la universidad me topo con un convoy militar y no quiero que me disparen por rebasarlo?
¿Cuántos más, sobre los casi 30 mil, deberán morir para que Felipe Calderón se dé cuenta de que terminará su sexenio sin haber logrado su propósito de acabar con el crimen organizado? ¿Nadie, en el Ejército o en la Marina, podrá hablarle discretamente y a puerta cerrada al Presidente y decirle que esta película no tendrá un final feliz?
Vivimos en la indefensión y lo único que nos dejan, todavía, es el ejercicio de la libertad de expresión. Menos mal. Espero que no me traiga consecuencias. Por si las dudas, le aclaro a Calderón, quien me conoce de otros tiempos, que no trafico con drogas, que no ando armado y que sólo me dedico a trabajar lícitamente. Ni siquiera tengo infracciones de tránsito.
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