México: Terrible aplazamiento

Teodoro Rentería Arróyave
(especial para ARGENPRESS.info)

Cuando el pueblo en su conjunto estaba en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobara el dictamen del ministro ponente, José Ramón Cossío en el sentido de que los militares que cometan delitos contra la sociedad en sus tareas de seguridad deben ser juzgados por autoridades civiles y no castrenses en acatamiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque México es firmante de su creación y protocolos y máxime cuando se suceden más hechos mortales por parte de elementos castrenses, “la suprema” desechó el dictamen con el argumento falaz de que necesitan más tiempo para su estudio.

Revisaban los togados la sentencia de la Corte regional por el emblemático caso de Rosendo Radilla Pacheco de 60 años, miembro de la Brigada Agrarista Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en un retén militar instalado a la entrada de la colonia Cuauhtémoc, Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

La Corte Interamericana responsabilizó al Estado mexicano por los constantes actos donde los soldados se ven involucrados en muertes de inocentes, y no obstante que en la víspera ocurrió uno más, el Alto Tribunal mexicano, después de cuatro sesiones de discusión, acordó retirar el tema de su agenda de discusión, para elaborar un nuevo dictamen en el que se analice con mayor profundidad la sentencia del Alto Tribunal Interamericano.

Mientras tanto, como un error fue calificado el ataque perpetrado por integrantes del Ejercito Mexicano en contra de una familia en Nuevo León, donde fallecieran dos personas y otras cinco resultaran heridas, por parte del secretario general de gobierno de la entidad, Javier Treviño, pero eso sí, “conmovedor” se comprometió a que autoridades estatales pagarán los gastos funerarios y de hospitalización de las víctimas.

Lo anterior ocurrió después de que José Luis de León Castellano, hijo de Vicente de León Ramírez y hermano de Alejandro Gabriel de 15 años de edad, quienes fueron muertos por militares en la carretera a Monterrey-Nuevo Laredo, refutara que hubiera un reten militar que les hubiera marcado el alto a sus familiares, en entrevista aclaró, que sus parientes "por el sólo hecho de tratar de rebasar el convoy militar y al momento de hacerlo les dispararon”.

Por primera vez, de inmediato la Secretaría de la Defensa Nacional lamentó la muerte de las dos personas a consecuencia de los disparos de elementos del Ejército Mexicano en Escobedo, Nuevo León y anunció el inicio de una investigación para esclarecer los hechos.

Además, se agranda la situación cuando senadores de oposición responsabilizan al propio presidente Felipe Calderón Hinojosa de que continúen las muertes de civiles en el marco de la lucha contra el narcotráfico, pues advierten que envió al Ejército Mexicano a realizar tareas de policía, para las cuales no estaba capacitado.

Sin tomar en cuenta y sin importarles todo esto y los dos estudiantes del TEC de Monterrey también masacrados por elementos castrenses y otro muchos casos, el Pleno de “la suprema”, por 8 votos contra 3, decidió que no era “pertinente revisar”, por ahora, el caso Radilla, porque era necesario elaborar un nuevo dictamen, que incluyera diversas dudas que les surgieron a los ministros a lo largo de las primeras sesiones de discusión.

Son obvias las razones que motivan a los togados para actuar a espaldas del pueblo con su terrible aplazamiento. Si, aterradora moratoria porque va en ella la vida de muchos mexicanos.