Gringos al ataque

John M. Ackerman

México y la política migratoria se han convertido en temas centrales en el debate político en Estados Unidos. El próximo 2 de noviembre, en el país vecino se disputarán las 435 curules de la Cámara de Representantes a escala federal, 37 gubernaturas muy importantes y 36 de los 100 asientos del Senado. En este contexto electoral existe una enorme presión tanto para los candidatos republicanos como para los demócratas por ver quiénes son más duros con México y los mexicanos.

De acuerdo con encuestas de Pew y CBS, entre 60 y 70 por ciento de los ciudadanos estadunidenses respalda la polémica ley Arizona que permite a policías detener y solicitar documentos a cualquier persona con apariencia de estar ilegalmente en el país. El senador John McCain, quien apenas hace unos años promovió la instauración de una reforma migratoria integral, hoy es uno de los más aguerridos en la materia. En un reciente espot televisivo (www.youtube.com/watch?v=r0lwusMxiHc) aparece junto a un comandante de la Border Patrol demandando el envío a la frontera de miles de tropas adicionales, así como la culminación de la construcción de la reja fronteriza con el fin de proteger Arizona de los mexicanos que él asocia al aumento de asesinatos, drogas e invasión de domicilios.

Una diversidad de candidatos al gobierno en 20 estados, incluyendo algunos demócratas, así como en entidades que ni siquiera se encuentran cerca de la frontera con México, han decidido hacer público su apoyo a la ley Arizona e incluso llegan a proponer políticas aún más duras. Por ejemplo, el candidato republicano en el estado de Iowa, Terry Branstad, ha propuesto que los hijos de los indocumentados ya no tengan derecho de acceso a la educación pública. La candidata republicana en Nuevo México, Susana Martínez, de ascendencia mexicana, propone revocar todas las licencias de conducir a los indocumentados.

En Washington, el senador Lindsey Graham se ha atrevido a proponer la modificación de la enmienda constitucional número 14, que garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadunidense. De acuerdo con Graham, este texto premia la inmigración ilegal y genera incentivos para que los migrantes tengan bebés ancla, con el fin de poder quedarse en el país. En una versión radical de esta postura, otros han expresado su preocupación de que terroristas islámicas tengan sus bebés en territorio nacional con el fin de que estos niños posteriormente puedan entrar sin problemas en Estados Unidos para cometer actos terroristas.

Otra perla de ultraderecha la tenemos con el columnista J.D. Longstreet, quien torpemente ha escrito en Right Side News: Ya basta. Es hora de que Estados Unidos imponga el peso completo de su fuerza militar sobre México... [Este país] es hoy una amenaza a nuestra seguridad nacional tanto como Al Qaeda y debería ser tratado de la misma manera. Es el momento preciso, una vez más, para invadir México.

Mientras, la popularidad del presidente Barack Obama va en picada. Hace cuatro meses que la cantidad de ciudadanos que desaprueban su gestión ha rebasado el de los que la aprueban. En las recientes semanas, el porcentaje de desaprobación ha rebasado la importante marca de cincuenta por ciento de la población (www.pollster.com/polls/us/jobapproval-obama.php).

Por otro lado, la polémica y ultraderechista ex candidata para la vice-presidencia Sarah Palin es actualmente la figura política mejor vista entre sus correligionarios. De acuerdo con la agencia Gallup, 76 por ciento de los republicanos tienen una opinión favorable sobre ella, lo cual rebasa por mucho a cualquiera de los otros posibles contendientes de este partido para la presidencia en 2013.

Esta situación parece no preocupar a Felipe Calderón. El pasado martes, 31 de agosto, un día antes de la entrega de su cuarto Informe y un día después de la extraña captura de La Barbie, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en algún lugar secreto de la ciudad de México inició operaciones la nueva Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida (OBS). Esta oficina operada por agentes de seguridad estadunidenses se abre con el fin de realizar consultas permanentes entre funcionarios de ambos gobiernos. El gobierno mexicano declara que la OBS es el primer ejercicio de esta naturaleza que realizan ambos gobiernos y refleja el nivel de confianza, fortaleza y profundidad que han alcanzado las relaciones bilaterales en materia de combate al crimen organizado trasnacional, construidas sobre los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a sus respectivas jurisdicciones.

Resulta difícil entender qué tipo de confianza mutua y respeto se pueda construir con una clase política estadunidense cada vez más antimexicana. Si hasta ahora Obama no ha sido precisamente un campeón de los derechos de los migrantes ni particularmente respetuoso de nuestro país, es altamente probable que la situación empeore rápidamente después de las elecciones de noviembre. Mientras, si el Partido Republicano gana las elecciones presidenciales de 2013, podemos estar seguros que el nuevo presidente (o presidenta) encontrará en la nueva Oficina Bilateral la punta de lanza perfecta para ampliar el intervencionismo estadunidense en México.

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