Estado mexicano mantiene cuestionadas líneas de investigación
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 15 may 12 (CIMAC).- A más de dos años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Campo Algodonero, las “investigaciones” del Estado mexicano para dar con los responsables de los asesinatos de tres mujeres y responder a la sentencia, son las mismas que las de 2001.
En el Segundo Informe de Cumplimiento de la Sentencia Dictada por la CoIDH en el caso “González y otras vs México” –conocido como Campo Algodonero– presentado por el Estado mexicano, se indica que las investigaciones están centradas en el círculo de amistades de Claudia Ivette González Banda, lograr entrevistarse con la tía de Laura Berenice Ramos Monárrez, y la captura “por cuarta ocasión” de Eduardo Chávez Marín por el asesinato de Esmeralda Herrera Monreal.
En el Segundo Informe –cuya copia tiene Cimacnoticias– hay un listado de oficios turnados para recuperar un camión, un vehículo y revisar fotografías de los hechos ocurridos en 2001.
El 10 de diciembre de 2009 la CoIDH concluyó que los homicidios de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra las mujeres, y que durante la indagación de los hechos existió impunidad, por lo que condenó al Estado mexicano.
Cabe recordar que las autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia (Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de Chihuahua, entre otras) se han caracterizado por declararse incompetentes en el caso, o declarar que la información está bajo reserva.
A fines de febrero pasado el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) hacer público este informe, luego de que una particular intentó tener acceso vía una solicitud de transparencia.
En relación con el cumplimiento de la Sentencia Campo Algodonero, mañana la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados se reunirá con autoridades federales, estatales y municipales.
En el reporte con sello de recibido por la CoIDH el 12 de diciembre de 2011 y firmado por la embajadora de México en Costa Rica, Zadalinda González, se indica que el 1 de diciembre del mismo año la Unidad Especializada en Investigación para Homicidios de Mujeres de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, detuvo a Eduardo Chávez Marín como presunto responsable del homicidio de Esmeralda Monreal, de 15 años de edad. Chávez se declaró “chivo expiatorio”.
Siete días después –8 de diciembre de 2011– se dictó auto de formal prisión contra Chávez Marín, quien se encuentra bajo proceso penal.
Esta fue la cuarta vez que se giró orden de presentación contra Chávez Marín para presentar su declaración, lo cual no se precisa en el informe. En su momento, la abogada Karla Michel Salas, quien litigó uno de los casos ante el Sistema Interamericano, advirtió que las autoridades buscan vincularlo con el homicidio de la joven pese a no tener pruebas jurídicamente probatorias (Cimacnoticias 2 de diciembre de 2011).
Para las organizaciones, esta detención fue otra cortina de humo y simulación de la Fiscalía para cumplir con la sentencia.
La Fiscalía General de Chihuahua señala que Eduardo Chávez Marín, de 33 años de edad, es el décimo detenido al cual se le acusa de haber cometido alguno de los asesinatos de las nueve mujeres encontradas sin vida en el Campo Algodonero en 2001. En años anteriores detuvo a nueve hombres más, sin embargo siete fueron declarados inocentes.
Entre ellos están Gustavo González, alias “La Foca”, quien murió en prisión en circunstancias no aclaradas, y Víctor García Uribe, “El Cerillo”, liberado hace dos años.
SIN LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
En el apartado III del informe titulado “Acciones efectuadas por el Estado para el cumplimiento de las medidas de reparación” se indica también el curso de las “investigaciones” por el homicidio de Claudia Ivette González, de 20 años de edad.
Se señala que el 10 de agosto de 2011 se solicitó la búsqueda de fotografías en archivo para “precisar los autos localizados en el lugar del hallazgo de cadáver…”.
Se hace referencia a un vehículo de la junta de Aguas de esta localidad y a un camión de transporte público que fue propiedad de Jesús Manuel Guardado, alias “El Tolteca”, consignado por homicidios dolosos de varias mujeres en Ciudad Juárez.
“El tolteca” fue detenido en 1999. Tras su captura denunció a otros cuatro inculpados, sin embargo después dijo en conferencia de prensa que tanto él como sus supuestos cómplices habían sido torturados por policías judiciales del estado para confesar. (Cimacnoticias 6 de abril de 1999).
El reporte entregado a la Corte sobre el caso de Ivette González finaliza diciendo que se “sigue investigando el entorno laboral de la víctima para determinar su círculo de amistades”.
En el caso de las investigaciones por el homicidio de Laura Berenice, de 17 años, en la página 37 del informe a la CoIDH el Estado mexicano señala que del 10 de mayo al 4 de julio de 2011, se narra el número de oficios girados entre procuradurías de Chihuahua y Tlaxcala para asegurar un vehículo relacionado con el caso.
En el reporte se explica que actualmente se trabaja en “la estructura de solicitud de asistencia jurídica internacional” para recabar el testimonio de María Sánchez, tía materna de Laura Berenice, de quien se sabe radica en Las Vegas, Nevada.
PENDIENTE APOYO INTERNACIONAL
Cabe recordar que las y los abogadas litigantes del caso ante la CoIDH han señalado en reiteradas ocasiones que los asesinos de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette siguieron el mismo “modus operandi”: las desaparecieron, torturaron, las privaron de la vida, y arrojaron los cuerpos en el mismo lugar.
En comentarios adicionales el Estado mexicano señala que el 13 de abril de 2011 los representantes legales de las víctimas externaron la necesidad de que las pesquisas de los tres casos fueran sometidas a un análisis por parte de un grupo de expertas y expertos internacionales, a fin de prever otras líneas de investigación.
Después de tres reuniones más, el 5 de diciembre de 2011, acordaron que las y los familiares de las víctimas a través de sus representantes enviarían un oficio dirigido a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), solicitando la intervención de las y los peritos internacionales en los expedientes “con el objetivo de requerir a la Fiscalía del Estado de Chihuahua su anuencia respecto de la colaboración referida”.
Diez años después de los hallazgos de Campo Algodonero, los asesinatos no han sido esclarecidos.
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