Hay muchas razones para celebrar el centenario del Ejército. Cito solamente tres. La primera es que, a pesar de todos los problemas, las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución del Estado mejor valorada por los ciudadanos. A diferencia de lo ocurrido en muchos países latinoamericanos, donde las relaciones cívico-militares se vieron fracturadas por el golpismo de los militares de esos países y la represión desatada contra los opositores, en México el Ejército siempre estuvo bajo el mando de civiles, por lo menos desde Miguel Alemán a la fecha. Los episodios de sangre (el 68 o la Guerra Sucia) no fueron decisiones unilaterales del Ejército y mucho menos actuaciones contrarias a la voluntad del comandante supremo en turno. Por esta razón, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría o Carlos Salinas de Gortari son responsables de los episodios represivos ocurridos en su administración.
La segunda razón para celebrar el centenario es la lealtad que el Ejército le ha tributado a los distintos personajes que han gobernado el país. Tenemos ya una colección variopinta de administraciones con orientaciones ideológicas diferentes y temperamentos variados y en todos los casos el denominador común ha sido la lealtad al Ejecutivo. En un subcontinente en el que los pronunciamientos y los golpes de Estado han sido cosa rutinaria, no es un asunto que debamos decir en voz baja. La tercera razón es que después de ejercer el poder con desmesura, (Álvaro Obregón, por ejemplo) los militares fueron retirándose del escenario político y el Ejército siguió la ruta de la profesionalización e institucionalización. Los frutos se han cosechado a lo largo de décadas y el prestigio acumulado que tiene entre los ciudadanos es el mejor reflejo de esta acertada decisión.
Toda celebración implica una lectura de los asuntos que deberían atenderse en los próximos años y (para no agotar la paciencia del amable lector) señalo sólo tres y empiezo por el menos importante. El Ejército requiere un mayor contacto con sus contrapartes en el exterior y sigo sin entender los argumentos que impiden a nuestras tropas participar en alguna operación de Naciones Unidas en la que el interés nacional lo preconice. El segundo tiene que ver con la función del Ejército como semillero. Me parece lógico que las entidades federativas dispongan de coroneles y generales en retiro para convertirlos en secretarios de Seguridad Pública o mandos policiacos en un sentido más amplio.
Es previsible que el Ejecutivo disponga de cerca de 10 mil efectivos para formar la gendarmería nacional. El problema estriba en la incapacidad de las restantes estructuras del Estado para formar sus propios cuadros y agentes federales. La enorme ayuda que el Ejército presta (como lo hizo para formar la PFP) no puede ocultar que seguimos padeciendo una congénita incapacidad para reclutar funcionarios directivos y operativos para las funciones de seguridad. El tercero es la utilización del Ejército en el combate al crimen organizado. El presidente EPN ha dicho que seguirán prestando este servicio al país mientras no se desarrollen las instituciones civiles apropiadamente. La pregunta es: ¿Cuándo va a ocurrir esto? Como sabemos que la respuesta no es de corto plazo es imperativo que la legislación establezca los límites y responsabilidades de cada actor cuando las Fuerzas Armadas se desplieguen en el territorio de un Estado para auxiliar al gobernador en las tareas de seguridad. A mí me parece que la Ley de Seguridad Nacional debe ser clara en este punto y al mismo tiempo reitero que el despliegue federal debería revisarse anualmente de manera similar a la forma en que la ONU revisa el mandato de sus operaciones y la función del Consejo de Seguridad la debería asumir una Comisión de senadores.
@leonardocurzio
Analista político
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