Por Carey L. Biron
La iniciativa llena vacíos en materia de financiación y salvaguardas
que aparecieron cuando la Ley sobre Violencia contra las Mujeres
(VAWA, por sus siglas en inglés) quedó en suspenso en septiembre de
2011.
La norma, aprobada finalmente el jueves 28 de febrero, también ofrece nuevas protecciones para las mujeres indígenas y las inmigrantes, independientemente de su situación legal, y por primera vez se amplía y ofrece garantías similares a las minorías sexuales.
"Este logro marca una de las raras ocasiones en que legisladores republicanos y demócratas se juntaron para garantizar en el código federal protecciones explícitas para ‘oriental sexual’ e ‘identidad de género’", declaró el jueves 28 de febrero la organización Human Rights Campaign.
"También es la primera vez que una disposición federal no discriminatoria incluye a la comunidad LGBT" (lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero), añadió.
El Senado, dominado por el gobernante Partido Demócrata, había aprobado una versión del proyecto que contó con el visto bueno de unos 1.300 grupos de profesionales a mediados de febrero. Pero la inacción de la Cámara de Representantes siguió impidiendo su aprobación.
Finalmente, un intento de último minuto de la Cámara de Representantes de aprobar una versión más débil fracasó el jueves de mañana, y los líderes republicanos permitieron que se votara el texto aprobado por el Senado.
La nueva versión, que fue aprobada con 286 votos a favor, 87 de ellos republicanos, y 138 en contra, será enviada al presidente Barack Obama para su promulgación.
"Desde hace más de dos décadas, la ley ha salvado incontables vidas y transformado la forma en que son tratadas las víctimas de abusos", señaló Obama, elogiando la votación. "La renovación de la ley es un paso importante para asegurarnos de que en Estados Unidos nadie es obligado a vivir con miedo".
"Fue un proceso muy difícil, pero nos alegramos de que finalmente todas las víctimas quedaran protegidas y ningún sector haya quedado afuera", dijo a IPS la directora de asuntos legales del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, Mony Ruiz-Velasco.
"Uno de los asuntos más importantes desde nuestra perspectiva es que el nuevo proyecto aclara disposiciones de la ley que permitirán que los hijos e hijas de víctimas de delitos puedan solicitar visas para permanecer con sus familias. También amplía la aplicación de la Ley para le Eliminación de la Violación en Prisión a los centros de detención de inmigrantes", remarcó.
Las inmigrantes han sufrido históricamente grados de violencia doméstica relativamente mayores, pero han contado con menos mecanismos judiciales, en especial si no tenían sus documentos en regla en Estados Unidos.
Las indígenas estaban en una situación potencialmente más perjudicial, pues no tenían forma de recurrir a la justica si sufrían una agresión sexual en su territorio por parte de alguien que no fuera miembro de la comunidad.
El cumplimiento de la mayoría de las leyes nacionales depende de sistemas de justicia tribales, pero estos no suelen tener jurisdicción para procesar a personas que no pertenezcan a la comunidad.
Sin embargo, una de cada tres indígenas tiene posibilidad de ser violada a lo largo de su vida y, en 86 por ciento de los casos, el agresor será un hombre fuera de la comunidad, según datos de Amnistía Internacional.
"Los tambores de la justicia resuenan en las comunidades indígenas para celebrar la reautorización de la VAWA", señaló Juana Majel Dixon, primera vicepresidenta del Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses.
Pero "más de 500 días es demasiado tiempo para no tener una ley para todas las mujeres de Estados Unidos. Durante un lapso inimaginable, quienes atemorizaron a nuestras mujeres quedaron impunes", añadió.
Apuntando a la población más vulnerable
Los legisladores aprobaron la VAWA por primera vez en 1994, cuando fue considerada una ley histórica, con el requisito de tener que ser re- autorizada cada cinco años. Hasta ahora había recibido un apoyo casi unánime de legisladores de ambos partidos.
Pero el año pasado, hubo una intensa politización del asunto, atribuida a un nuevo grupo de conservadores de línea dura, quienes expresaron sus reservas por la ampliación de las garantías legales a los inmigrantes sin documentos en regla y a las minorías sexuales. Algunos también se mostraron renuentes a dar más poderes a las autoridades tribales.
"La politización de esta re-autorización es, simple y llanamente, parte de la guerra contra las mujeres", dijo a IPS la profesora de sociología Lisa Brush, de la Universidad de Pittsburgh.
"Las objeciones de los republicanos fueron, claramente, parte de un intento de eliminar las características que hicieron que la VAWA fuera más inclusiva y menos racista", arguyó.
"Esas organizaciones, además de la comunidad LGBT, están entre los sectores más vulnerables a la violencia de género, y la posición del Partido Republicano básicamente equivale a decir que el Estado de derecho no las protegerá", añadió brush.
Brush es la autora del libro "Poverty, Battered Women, and Work in U.S. Public Policy" ("Pobreza, Mujeres Maltratadas y Trabajo en la Política Pública de Estados Unidos"). Ella sugiere que la lucha contra la VAWA revela un intento mayor de parte de los republicanos de fortalecer el "Estado policial" mientras destruyen el "Estado de bienestar".
"Lo que realmente ayudaría a reducir la violencia contra las mujeres sería asegurarse de que ellas tengan capacidad para formar hogares autónomos, controlar cuándo y cuántos hijos tienen y cómo los crían, así como de formar y deshacer relaciones con quien ellas quieran", añadió.
"Para ello necesitamos igual remuneración para trabajos comparables, así como cambiar totalmente la forma en que organizamos el trabajo, la familia y la responsabilidad personal de ganar dinero y del cuidado. Eso es lo que marcará realmente una diferencia, no solo mejorar la vigilancia. Pero eso es lo que obtenemos", añadió.
La norma, aprobada finalmente el jueves 28 de febrero, también ofrece nuevas protecciones para las mujeres indígenas y las inmigrantes, independientemente de su situación legal, y por primera vez se amplía y ofrece garantías similares a las minorías sexuales.
"Este logro marca una de las raras ocasiones en que legisladores republicanos y demócratas se juntaron para garantizar en el código federal protecciones explícitas para ‘oriental sexual’ e ‘identidad de género’", declaró el jueves 28 de febrero la organización Human Rights Campaign.
"También es la primera vez que una disposición federal no discriminatoria incluye a la comunidad LGBT" (lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero), añadió.
El Senado, dominado por el gobernante Partido Demócrata, había aprobado una versión del proyecto que contó con el visto bueno de unos 1.300 grupos de profesionales a mediados de febrero. Pero la inacción de la Cámara de Representantes siguió impidiendo su aprobación.
Finalmente, un intento de último minuto de la Cámara de Representantes de aprobar una versión más débil fracasó el jueves de mañana, y los líderes republicanos permitieron que se votara el texto aprobado por el Senado.
La nueva versión, que fue aprobada con 286 votos a favor, 87 de ellos republicanos, y 138 en contra, será enviada al presidente Barack Obama para su promulgación.
"Desde hace más de dos décadas, la ley ha salvado incontables vidas y transformado la forma en que son tratadas las víctimas de abusos", señaló Obama, elogiando la votación. "La renovación de la ley es un paso importante para asegurarnos de que en Estados Unidos nadie es obligado a vivir con miedo".
"Fue un proceso muy difícil, pero nos alegramos de que finalmente todas las víctimas quedaran protegidas y ningún sector haya quedado afuera", dijo a IPS la directora de asuntos legales del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, Mony Ruiz-Velasco.
"Uno de los asuntos más importantes desde nuestra perspectiva es que el nuevo proyecto aclara disposiciones de la ley que permitirán que los hijos e hijas de víctimas de delitos puedan solicitar visas para permanecer con sus familias. También amplía la aplicación de la Ley para le Eliminación de la Violación en Prisión a los centros de detención de inmigrantes", remarcó.
Las inmigrantes han sufrido históricamente grados de violencia doméstica relativamente mayores, pero han contado con menos mecanismos judiciales, en especial si no tenían sus documentos en regla en Estados Unidos.
Las indígenas estaban en una situación potencialmente más perjudicial, pues no tenían forma de recurrir a la justica si sufrían una agresión sexual en su territorio por parte de alguien que no fuera miembro de la comunidad.
El cumplimiento de la mayoría de las leyes nacionales depende de sistemas de justicia tribales, pero estos no suelen tener jurisdicción para procesar a personas que no pertenezcan a la comunidad.
Sin embargo, una de cada tres indígenas tiene posibilidad de ser violada a lo largo de su vida y, en 86 por ciento de los casos, el agresor será un hombre fuera de la comunidad, según datos de Amnistía Internacional.
"Los tambores de la justicia resuenan en las comunidades indígenas para celebrar la reautorización de la VAWA", señaló Juana Majel Dixon, primera vicepresidenta del Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses.
Pero "más de 500 días es demasiado tiempo para no tener una ley para todas las mujeres de Estados Unidos. Durante un lapso inimaginable, quienes atemorizaron a nuestras mujeres quedaron impunes", añadió.
Apuntando a la población más vulnerable
Los legisladores aprobaron la VAWA por primera vez en 1994, cuando fue considerada una ley histórica, con el requisito de tener que ser re- autorizada cada cinco años. Hasta ahora había recibido un apoyo casi unánime de legisladores de ambos partidos.
Pero el año pasado, hubo una intensa politización del asunto, atribuida a un nuevo grupo de conservadores de línea dura, quienes expresaron sus reservas por la ampliación de las garantías legales a los inmigrantes sin documentos en regla y a las minorías sexuales. Algunos también se mostraron renuentes a dar más poderes a las autoridades tribales.
"La politización de esta re-autorización es, simple y llanamente, parte de la guerra contra las mujeres", dijo a IPS la profesora de sociología Lisa Brush, de la Universidad de Pittsburgh.
"Las objeciones de los republicanos fueron, claramente, parte de un intento de eliminar las características que hicieron que la VAWA fuera más inclusiva y menos racista", arguyó.
"Esas organizaciones, además de la comunidad LGBT, están entre los sectores más vulnerables a la violencia de género, y la posición del Partido Republicano básicamente equivale a decir que el Estado de derecho no las protegerá", añadió brush.
Brush es la autora del libro "Poverty, Battered Women, and Work in U.S. Public Policy" ("Pobreza, Mujeres Maltratadas y Trabajo en la Política Pública de Estados Unidos"). Ella sugiere que la lucha contra la VAWA revela un intento mayor de parte de los republicanos de fortalecer el "Estado policial" mientras destruyen el "Estado de bienestar".
"Lo que realmente ayudaría a reducir la violencia contra las mujeres sería asegurarse de que ellas tengan capacidad para formar hogares autónomos, controlar cuándo y cuántos hijos tienen y cómo los crían, así como de formar y deshacer relaciones con quien ellas quieran", añadió.
"Para ello necesitamos igual remuneración para trabajos comparables, así como cambiar totalmente la forma en que organizamos el trabajo, la familia y la responsabilidad personal de ganar dinero y del cuidado. Eso es lo que marcará realmente una diferencia, no solo mejorar la vigilancia. Pero eso es lo que obtenemos", añadió.
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