En
el contexto de las detenciones arbitrarias de jóvenes estudiantes
(entre ellas tres mujeres) que marcharon el 20 de noviembre en la
capital del país en apoyo a Ayotzinapa, organizaciones civiles
exigieron al gobierno federal y capitalino que garantice el libre
ejercicio del derecho a la protesta y llamaron a la sociedad a
continuar manifestándose.
En rueda de prensa el día de hoy, organizaciones civiles como la Red
por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Amnistía
Internacional (AI) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y
Democracia, presentaron una campaña para redes sociales con los hashtag
#ProtestaLibre y #LibertadYa”.
Con la campaña se pretende evitar que en las próximas manifestaciones
(como las que se prevén para este 1 de diciembre, por los dos años que
Enrique Peña Nieto lleva al frente del Ejecutivo) elementos policiacos
repriman con violencia y detenciones arbitrarias, como sucedió el
pasado 20 de noviembre.
Cabe recordar que como resultado de estas acciones, 3 mujeres
estudiantes fueron detenidas con violencia, presentadas ante la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) y luego llevadas al penal federal número 4 (de
máxima seguridad) en Tepic, Nayarit, donde permanecen recluidas.
Mónica Oehler, responsable de estrategias jurídicas de Amnistía
Internacional, acusó que estos hechos buscan inhibir la protesta social
y se suman a las violaciones constantes a Derechos Humanos que se
cometen en México.
Agregó que deberá investigarse la tortura, los malos tratos y las
violaciones al debido proceso que denunciaron las 11 personas detenidas
el 20 de noviembre, las cuales ya fueron documentadas por las y los
defensores.
El padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos del Fray
Victoria, señaló que es necesario que el gobierno de la Ciudad de
México, al igual que la Comisión de Derechos Humanos (tanto nacional
como local), y las instituciones capitalinas, actúen de manera autónoma
al poder federal y se despliegue un operativo respetuoso de los DH que
realmente resguarde a la sociedad manifestante y no la criminalice.
Criticó que estas detenciones demuestran un desvío de poder en la
aplicación del derecho penal, ya que las autoridades “fingen que siguen
más o menos todos los pasos de un procedimiento del sistema de
justicia, pero no para hacer justicia sino para distorsionarla en
función de intereses económicos y políticos”.
“Queremos que haya órganos de procuración de administración de justicia derechos, no distorsionados”, llamó el activista.
Las organizaciones civiles recordaron que dos días antes de la marcha
del 20 de noviembre, el titular del Ejecutivo Federal dio un discurso
(a modo de advertencia) en el que informó sobre una supuesta intención
(sin especificar el sujeto) de desestabilizar al país y en él enfatizó
el derecho a utilizar la fuerza pública para inhibir la supuesta
“amenaza”.
Cinco días antes de estas detenciones, Jacqueline Santana (estudiante
de economía que participó pacíficamente en las movilizaciones sociales
#YoSoy132 y en asambleas universitarias), fue detenida afuera de su
casa (al igual que Bryan Reyes Rodríguez, quien fue uno de los
detenidos en la manifestación del 1 de diciembre en 2012) por policías
federales de inteligencia encubiertos.
Ambos fueron sometidos dentro de dos autos y acusados frente al
Ministerio Público del presunto robo de 500 pesos a una mujer policía,
delito por el que Jacqueline Santana se encuentra detenida en el
reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.
El abogado del caso, Sergio Soto, informó que será hasta el lunes
cuando el juzgado federal al que se turnó este asunto reciba el
expediente y evalúe nuevamente las pruebas desahogadas por ambas
partes, la denunciante y la acusada.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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