Red Nacional de Defensoras exige a Segob medidas de seguridad
Activistas
pidieron a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación (Segob), que garantice medidas de seguridad
para defensoras humanitarias del estado de Chihuahua, entre ellas Luz
Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres (Cedehm).
En una carta abierta, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos
en México denunció que son las propias autoridades quienes a través de
campañas de difamación se han referido a Castro Rodríguez como
“defensora de asesinos”, como lo afirmó Raymundo Romero Maldonado, quien
fuera secretario de Gobierno de la norteña entidad.
Ante ello, las activistas pidieron a la Segob que implemente de manera
cabal e inmediata las medidas provisionales de seguridad ordenadas en
2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a favor de
la defensora.
Y es que el pasado 23 de junio el organismo hemisférico reiteró la
obligación del Estado mexicano al respecto. Dicha resolución, aseguró la
Red, evidencia la prevalencia del riesgo en el que la defensora realiza
su labor, y que las medidas implementadas por el Estado mexicano no han
garantizado la continuidad de la labor de la activista en condiciones
de seguridad.
Tanto el Cedehm como la Comisión de Solidaridad y Defensa de los
Derechos Humanos (Cosyddhac) allegaron información a la CoIDH
manifestando que la evaluación de riesgo que hicieron las autoridades
mexicanas “contó con una serie de deficiencias y omisiones y no reflejó
el riesgo de la beneficiaria”.
Asimismo, la Red denunció que el Estado omitió reconocer y dimensionar
el contexto de violencia, el incremento de desapariciones forzadas e
involuntarias; y el riesgo que significa acompañar a las víctimas, la
mayoría mujeres desaparecidas o asesinadas, en una entidad caracterizada
por altos niveles de impunidad y la presencia del crimen organizado.
Por otra parte, la defensora Emilia González, integrante de Cosyddhac,
también cuenta con medidas provisionales de la CoIDH desde 2012, sin que
éstas sean implementadas a cabalidad.
En la misma situación están las defensoras Estela Ángeles Mondragón, de
Bowerasa; Patricia Galarza, del Centro de Derechos Humanos Paso del
Norte; Isela González, de Alianza Sierra Madre; así como otras y otros
integrantes del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, El Barzón y
del Cedehm.
Además reiteraron que el riesgo es latente, toda vez que de 2010 a la
fecha se ha documentado el asesinato de las activistas Josefina Reyes,
asesinada en enero de 2010; Marisela Escobedo, ultimada el 16 de
diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y quien
pedía justicia para su hija asesinada; y Manuelita Solís, defensora del
medio ambiente víctima de homicidio junto con su esposo Ismael Solorio,
el 22 de octubre de 2012.
La Red dijo que si bien las autoridades se comprometieron a realizar las
gestiones necesarias para la implementación de las medidas de
protección ordenadas por la Corte y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la situación de riesgo permanece, ya que continúa un
contexto de falta de condiciones que garanticen el derecho a defender
las garantías humanitarias en Chihuahua.
Por: la Redacción, Cimacnoticias | México, DF.-
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