Peritajes oficiales imposibilitan comprobar el delito: CCTI
Castigar
la tortura en México es casi imposible porque los peritos encargados de
comprobar el delito –adscritos a la Procuraduría General de la
Republica (PGR) y a las procuradurías estatales– cometen
irregularidades, que van desde criminalizar a las víctimas hasta
aplicar pruebas psicológicas para desestimar las denuncias.
En vez de aplicar pruebas para correlacionar los hechos denunciados con
la sintomatología psicológica y física de mujeres y hombres
sobrevivientes de tortura, los peritos oficiales realizan estudios de
personalidad, interrogatorios de hasta 12 horas y exámenes médicos que
en vez de contribuir a la investigación denigran a las víctimas.
Esto es lo que ha visto Edith Escareño Granados, coordinadora de
Rehabilitación del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI),
una agrupación con sede en esta capital y en el estado de Guerrero, con
poco más de una década de experiencia en la aplicación del Protocolo de
Estambul, una serie de directrices para investigar tortura o tratos
crueles, inhumanos o degradantes.
Desde sus inicios en 2004 hasta 2015, el CCTI ha atendido 50 peticiones
para determinar la existencia de tortura; el grueso de solicitudes se
dio a partir de 2010, de éstas, en 41 casos se aplicó el Protocolo de
Estambul y en nueve se trató de mujeres, ocho de ellas torturadas
sexualmente.
A pesar de que pareciera que en los últimos tres años las denuncias por
tortura van a la baja, el CCTI cada vez recibe más peticiones para
indagar este crimen, por ello esta agrupación junto con otras
organizaciones civiles pide que la nueva Ley General de Tortura,
anunciada por Enrique Peña Nieto el pasado 2 de septiembre, garantice
la efectiva y oportuna participación de especialistas en la materia.
Al CCTI, explicó la también psicóloga, le preocupa que en la actualidad
quienes investigan ese crimen, estipulado en la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar la Tortura, que data de 1991, son peritos de la
PGR sin imparcialidad e independencia, a lo que se suma que las
víctimas enfrentan una odisea para que las autoridades acepten
peritajes de expertos independientes.
DECLARACIONES BAJO TORTURA
Escareño Granados dijo que como lo afirmó el relator especial de la ONU
sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, Juan E. Méndez, en su visita a México entre abril y mayo
de 2014, este crimen es un problema sistemático porque se usa
cotidianamente en las investigaciones del Ejército, Marina y fuerzas de
seguridad.
En este sentido, sostuvo que la tortura se usa en dos contextos: el
primero para amedrentar movimientos sociales, activistas, periodistas,
defensores de Derechos Humanos; y el segundo, en la guerra contra el
narcotráfico para presentar a presuntos delincuentes, cuyas
declaraciones fueron obtenidas mediante coerción.
Como ejemplo de la tortura en contextos sociales, está el caso de las
11 sobrevivientes de tortura sexual en los operativos policiacos del 3
y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, que
participaban en una movilización en contra de la privatización de la
tierra, y quienes mantienen una denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A ellas se sumaron las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y
Valentina Rosendo Cantú, quienes en 2002 fueron agredidas sexualmente
por militares en Guerrero. Ambas participaban en agrupaciones sociales
de la entidad donde la población indígena mantenía diversas luchas por
la tierra y la seguridad.
La especialista dijo que a partir de 2006, con Felipe Calderón en la
Presidencia, y ahora con Enrique Peña Nieto, aumentaron las detenciones
de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico pero torturadas,
quienes lo único que tienen en su contra son sus propias declaraciones,
por lo que el CCTI –que sólo se vinculaba en casos de tortura en
contextos sociales– ahora ha dado un giro para atender otras denuncias.
Los ejemplos de tortura para obtener declaraciones también ocurre en
mujeres, como le sucedió a Claudia Medina Tamariz, veracruzana
torturada por la Marina en 2012 y acusada de ser integrante del cártel
Jalisco Nueva Generación; o lo que le pasó a Belinda Garza Melo,
torturada por la Policía Federal Preventiva en 2007 en el estado de
Coahuila, y acusada de ser integrante del cártel del Golfo.
Ambas mujeres obtuvieron su libertad al no comprobarse su culpabilidad, pero el castigo a sus torturadores sigue pendiente.
Al respecto, abundó Escareño Granados: “Ahora la gente está buscando
más, investiga, intenta denunciar pero se encuentra con todos los
obstáculos: es intimidada por las autoridades, se les pregunta si están
seguros porque (los torturadores) saben dónde viven, porque son
policías, o porque es un trámite burocrático de ‘en esta venilla no
es’, no hay orientación, y hay maltrato hacia las personas que intentan
denunciar”.
INVESTIGACIÓN DEL DELITO
En junio pasado, la CIDH llamó a los países miembros de la Organización
de Estados Americanos (OEA) a investigar de oficio todas las denuncias
sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, o cualquier
situación donde haya una razón fundada para creer que se cometió un
acto de tortura.
En contraste, en México los ministerios públicos no investigan de
oficio la tortura, y en la mayoría de los casos son las víctimas
quienes inician la denuncia y la propia indagación, por lo que el CCTI
ha documentado casos y detectado que la tortura sexual ocurre en
prácticamente todos los casos, de hombres y de mujeres.
Aunque en las mujeres es recurrente la violación sexual, este tipo de
violencia está presente en todos los casos. La activista señaló:
“Decimos que hay violencia sexual por el sólo hecho de desnudar a las
personas, que haya tocamientos o toques eléctricos en genitales o en
cualquier parte del cuerpo. Incluso las humillaciones y amenazas, o los
insultos con contenido sexual”.
Otra característica importante es que los perpetradores de la tortura
son funcionarios de todos los niveles de seguridad, policías, marinos,
miembros del Ejército, Policía Federal, Policía Ministerial, estatal, y
también quienes están alrededor, que la permiten o participan de manera
indirecta en las humillaciones.
“La gente que no certifica las lesiones, que cuando las personas les
dicen que fueron golpeadas, las desestiman y no les hacen caso; los
ministerios públicos que ordenan regresar a la persona si no dice lo
que se le dijo que dijera (…). Aunque son los menos investigados, hay
que ponerlos ahí porque son los responsables de denunciar y de fomentar
la tortura”, advirtió Edith Escareño.
A tales obstáculos se suma que desde que una víctima solicita un
Protocolo de Estambul independiente pueden pasar muchos años, “ya que
no logran cómo identificar quién puede realizarlo; pasa tiempo para que
la autoridad acepte el perito independiente, y en otros casos no ha
trascendido la denuncia o la gente no tiene defensa (abogados), o saben
que existe la prueba pero no saben en qué momento del proceso
presentarla, o en qué va a ayudar en su defensa”.
Así que la especialista apuntó que el tiempo también es un factor en
contra porque entre más pase es más difícil comprobar los hechos, más
si se toma en cuenta que los protocolos de las procuradurías consideran
que si no hay huellas físicas entonces no hay tortura, y en la parte
psicológica, si no están bien documentados los síntomas de estrés
postraumático, “no hay tortura”.
Se agrega que de acuerdo con datos del CCTI, para 2013 en la PGR había
162 médicos y 49 psicólogos atendiendo los casos de tortura en todo el
país, y aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los
organismos estatales pueden tener sus propios equipos para hacer los
estudios, éstos no se toman como pruebas en una investigación.
PROTOCOLO DE ESTAMBUL
Una buena documentación puede encontrar la sintomatología
correspondiente aunque no haya marcas, golpes, choques eléctricos o
ahogamiento, es decir, lesiones físicas; para ello el CCTI da mayor
importancia al dicho de la víctima y a encontrar huellas de lo
sucedido, aunque no necesariamente haya laceraciones en el cuerpo.
“La mayoría, si no es que todos los protocolos oficiales, niegan que
haya impacto psicológico o físico. Hay una parte del protocolo (de
Estambul) que es el estudio de otros análisis médicos; (pero) ellos
(peritos oficiales) no lo hacen. Lo hacen poco”, por ejemplo revisar la
historia clínica antes del hecho.
En tanto que el equipo del CCTI considera factores como el hormigueo
permanente en manos o rodillas de una persona que estuvo esposada o de
rodillas, los sueños o los pensamientos recurrentes de las víctimas, o
los sobresaltos que remiten al hecho de tortura o encarcelamiento. “Por
eso hablamos de investigaciones de calidad de alguien que alega se
torturado”, sostuvo Escareño Granados.
“Las procuradurías se centran mucho en la historia familiar, pero la
utiliza para decir que justo por el ambiente familiar (las personas)
son mentirosas o están llamando la atención, y por eso están diciendo
que fueron torturados, y no propiamente para investigar cómo estaban
emocional y físicamente; es básicamente para ver si son imputables o
no”, agregó.
Es importante mencionar que también se ha detectado que los peritos
oficiales pueden hacer largos interrogatorios de hasta 12 horas, sin
descanso, sin agua para beber y sin permiso para salir al baño, y en
sus análisis retoman las declaraciones del expediente penal o mezclan
todas las corrientes psicológicas y los resultados se dejan a la
interpretación.
“Nuestro principal elemento en el Protocolo de Estambul es el
testimonio, escuchar a la persona, relatar lo que sucedió; los
psicólogos tenemos la herramienta de la escucha y la observación
clínica, eso es fundamental porque al momento de relatar hay un
revivir, hay sensaciones físicas y psicológicas que nos hacen ver y
correlacionar lo que pasó con lo que sintió y está sintiendo la
persona”.
Edith Escareño aseguró que una propuesta de los grupos civiles para la
nueva Ley General de Tortura, es la creación de un centro o institución
forense independiente de las procuradurías, porque los peritajes deben
ser realizados por médicos de la Secretaría de Salud o de la academia.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario