Nuño está en la disyuntiva de restaurar las condiciones de una verdadera reforma educativa o quedar como un simple demagogo.
lasillarota.com
Aurelio
Nuño, nuevo secretario de Educación Pública ha iniciado recorridos
simbólicos en alguna escuela primaria (le faltan más de 207 mil) pero
ha empezado a trastabillar y a contradecirse en sus promesas
iniciales. Ha ofrecido “diálogo totalmente público y transparente”
pero ha reiterado que a la única instancia que reconoce es al comité
del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación que encabeza el
agachado líder Juan Díaz de la Torre.
Un diálogo no debe condicionarse sino no es diálogo. Es convertir
una buena oferta en una perorata barata, en un discurso de un sólo lado
en el que se insista que la reforma educativa es perfecta e
inamovible. Aurelio Nuño dice que la reforma educativa no es punitiva,
pero desde su origen, desde su esencia misma destruye derechos
fundamentales de los docentes.
Desconoce al maestro su calidad de trabajador, de persona, lo
convierte en un simple objeto sin derechos y sólo con obligaciones. El
anular la bilateralidad es quitarle voz al profesor y a su organización
sindical. En la ley del servicio profesional docente simplemente no
existen para ser considerados de forma alguna.
¿Qué caso tiene iniciar un diálogo para que todo siga igual? Hacer
cumplir la ley del servicio profesional docente es aceptar que la única
palabra, opinión o razón es la que impone la autoridad. La nueva ley
docente permite a la autoridad separar a un maestro de forma inmediata
y cualquier aclaración o defensa que quiera hacer el afectado tendrá
que hacerlo en la calle despedido.
Dice Aurelio Nuño que la Ley docente no es punitiva, pero seguro no
quiere reconocer, porque el acepta haber participado en su diseño, que
si un profesor es separado tendrá que pelear en los vetustos tribunales
entre 7 o 10 años de litigio para demostrar que su separación fue
injustificada. ¿Es una ley justa? Desde luego que no.
Antes, todo maestro tenía derecho a que la autoridad laboral
revisara las acusaciones y pruebas de las autoridades educativas,
previo al cese o su despido. Antes se permitía que al levantar el acta
administrativa estuviera presente el Sindicato y el propio trabajador;
ahora la autoridad puede levantar actas de manera unilateral, sin la
intervención del trabajador ni la del sindicato.
Si se topa el docente con un funcionario abyecto y autoritario (de
los que hay muchos) este podrá levantar actas como le vengan en gana,
notificarle al trabajador para que responda las acusaciones por escrito
en diez días y al termino de ese periodo despedirlo de inmediato. La
única razón que vale es la del funcionario de cuarta. La ley docente
le da el derecho para que el caso lo revise ¡la misma autoridad que
decidió el cese! La autoridad educativa es juez y parte, lo que hace
de la ley del servicio profesional docente una norma totalmente
inequitativa.
¿Cómo ofrecer un diálogo para que todo siga igual? Por principio de
cuentas debe suspender los procesos de evaluación porque éstos se están
llevando a cabo con amenazas y abusos, sin dar a los docentes el
derecho a ser capacitados, tener los materiales adecuados para su
preparación y sin contar con tiempo razonable para su capacitación.
Como muestra de estos abusos en el Colegio de Bachilleres del
Distrito Federal fueron elegidos mil 500 docentes para ser examinados y
la institución que conduce Silvia Ortega Salazar sólo ha ofrecido
talleres intersemestrales del proceso de evaluación del aprendizaje a
través del portafolio de evidencias ¡únicamente para 20 profesores! y
un taller de preparación sobre el proceso de Evaluación del Desempeño
Docente para la academia con una capacidad de solo ¡30 docentes! Los
demás que se las arreglen como puedan. Eso si los maestros que
protestan y se oponen a este tipo de medidas arbitrarias son amenazados
con el despido.
Sería prudente que Aurelio Nuño también se acercará con los maestros
de educación media superior y se enterará porque que la ley docente es
punitiva. Debe saber que a pesar de que los maestros tienen
nombramientos de base con un horario definido, las autoridades los
alteran de manera unilateral para afectarlos e impedir que sigan
trabajando. Las horas que tienen que dejar los afectados las
autoridades se los entregan a sus incondicionales y eso no puede ser.
Incluso los amenazan a los profesores con el despido si se afilian al
Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de
Bachilleres.
Es inadmisible que en la página de Intranet diseñada por la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, de común
acuerdo con el INEE y a través del Sistema Nacional de Registro del
Servicio Profesional Docente para el registro de las evidencias,
aparezca la leyenda “¿Renuncia usted a las leyes anteriores?”. Esta leyenda representa un autoritarismo sin proporciones que debe ser retirada de inmediato.
Aurelio Nuño debe suspender los procesos de evaluación y corregirlos
de raíz con la participación de los docentes. Debe promover una reforma
constitucional que regrese a los maestros sus derechos laborales que de
ninguna manera se contraponen a los derechos de los menores a recibir
la mejor educación.
Si tiene interés en cambiar, debe hacer participar al magisterio
nacional y padres de familia en el diseño de una verdadera reforma
educativa. Hacer efectiva la educación gratuita y no como ahora sucede
que se impone a los padres de familia cuotas económicas para evitar
represalias en contra de sus hijos. Debe dignificar las aulas y
mobiliario de manera urgente.
Aurelio Nuño está en la disyuntiva de restaurar las condiciones de
una verdadera reforma educativa o quedar como un simple demagogo. Sus
acciones y no las palabras serán su mayor reto.
Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx Twitter: @Manuel_FuentesM
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