Crece repudio social por inacción de autoridad ante asesinatos
Luego
de que el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos
de Puebla (Odesyr) denunciara la falta de interés del gobierno estatal
para detener la violencia contra las mujeres y asegurar a las víctimas
de feminicidio el acceso a la justicia, el procurador local, Víctor
Carrancá Bourget, lejos de mostrar un compromiso para resolver el
problema descalificó el trabajo de la organización civil.
El Odesyr emitió un comunicado para denunciar el subregistro de casos
de feminicidio en la entidad, así como la falta de investigación,
consignación y sanción del delito, al informar que sólo 12.5 por ciento
de los asesinatos de mujeres que ocurren en el estado de Puebla son
consignados como feminicidio, y de 2013 a la fecha sólo existe una
sentencia condenatoria por este crimen.
El Observatorio explicó que su seguimiento de los casos de feminicidio
sólo es posible con un monitoreo a los medios de comunicación, que a su
vez representa “un primer filtro informativo, pues sólo sabemos de
aquellos que trascienden mediáticamente”.
Así, la organización tiene el registro de 145 casos de feminicidio en
el estado de 2013 a septiembre de 2015. Todos ellos son “crímenes
dolosos, donde las víctimas han recibido tratos degradantes, sus
cuerpos han sido exhibidos en la vía pública, se sospecha o se tiene
certeza de que sus asesinos fueron parejas o ex parejas, hubo violencia
extrema, violencia sexual, ellas estuvieron desaparecidas”, condiciones
que derivarían en una línea de investigación por feminicidio, sostuvo
el Odesyr.
En contraste, la Procuraduría General de Justicia del estado sólo ha
iniciado 17 procesos por ese delito en el mismo lapso, mientras que los
demás procesos se iniciaron por homicidio, es decir, sólo 12.5 por
ciento de los asesinatos dolosos de mujeres son consignados como
feminicidio por la autoridad.
De esos 17 casos, el Poder Judicial “al parecer” sólo ha emitido una
sentencia, aunque la información sobre la misma “no es confiable”, pues
de manera oficial vía transparencia el Poder Judicial respondió dos
cosas distintas (“un caso sentenciado” y “ninguno”) a diferentes
ciudadanos que consultaron a través de solicitudes de información.
· Ante ello, el Observatorio propuso como medidas para atender
el feminicidio que el Congreso estatal, en conjunto con la Comisión de
Derechos Humanos local, integre una comisión revisora de todos los
casos consignados por el Ministerio Público como homicidios dolosos de
mujeres, registrados desde que existe el tipo penal de feminicidio para
el estado de Puebla, así como de las sentencias por los mismos casos
emitidas por el Poder Judicial.
·
· El Odesyr también planteó que se deben homologar las fuentes
de información y los indicadores para generar un diagnóstico amplio
sobre prevención, detección, atención y erradicación de la violencia
contra las mujeres, que sea realizado por grupos civiles, instituciones
académicas y agencias de la ONU, y con base en el cual se reformulen
las políticas públicas, sus presupuestos y los indicadores cualitativos
de las mismas.
Luego de que este lunes 14 de septiembre decenas de personas marcharon
por las principales calles de la ciudad de Puebla, capital del estado,
para exigir a las autoridades acciones concretas para acceder a la
justicia en los casos de feminicidio, el procurador Víctor Carrancá
desestimó los datos difundidos por el Observatorio.
Entrevistado por medios locales el martes 15 de septiembre, Carrancá
Bourget dijo que la cifra reportada por el Odesyr “está manipulada” y
“fuera de la realidad”, y aunque no precisó el número de casos dijo que
todos habían sido resueltos y los responsables estaban detenidos.
Apenas el pasado 9 de septiembre, los partidos del Trabajo y Movimiento
Ciudadano presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso local
una iniciativa para adicionar el artículo 338 Quáter al Código Penal
poblano, y para reformar la letra K Bis del artículo 69 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social, para elevar las penas “en
contra de quien o quienes cometan homicidio en agravio de mujeres que
se encuentren en estado de embarazo”.
Con la iniciativa turnada a las comisiones de Procuración y
Administración de Justicia y de Igualdad de Género se pretende
sancionar el feminicidio hasta con 70 años de prisión.
La iniciativa se presentó tras los asesinatos de Karla López Albert,
Iraís Ortega y Paulina Camargo –perpetrado éste último en agosto
pasado–, quienes fueron ultimadas por sus parejas cuando presentaban
embarazos.
El feminicidio en Puebla –una de las 10 entidades del país más
violentas para las mujeres, según un reporte del Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF)– fue tipificado penalmente en noviembre
de 2012 y actualmente se castiga con penas de 30 a 50 años de prisión. (Cimacnoticias 19 enero 2015)
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.- 
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